Judicial
Supuesta líder de “Las Viudas Negras” asegura que testigo clave y policías la extorsionaban por ser cuñada del pastor Toby
“Esta es la historia de la sirvienta que te roba, te daña y te va a ponerse como víctima ante la policía”, esa fue la frase que Esmeralda Flores, la supuesta líder de “Las Viudas Negras”, utilizó para referirse a su proceso judicial en el que es señalada de obligar a mujeres jóvenes a contraer matrimonio para luego matarlos y cobrar sus seguros de vida. Ella, al igual que el resto de los imputados, dice no pertenecer a la pandilla y se declara inocente.
Esmeralda llegó con la frente en alto a su primer día de audiencia ante el Tribunal Especializado de Sentencia «A» de San Salvador. Esposada de sus manos y vestida como prisionera mostró una pequeña sonrisa ante el ojo de los periodistas que llegaron a cubrir el juicio. De las cuatro mujeres que estaban sentadas en el banquillo de los acusados, era la que única que se erguía como quien sale a defenderse de algún ataque.
La audiencia que estaba agendada para que iniciara a las 8:30 de la mañana comenzó una hora después. En la sala se rumoraba que esta se suspendería, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) no había logrado ubicar a cuatro de sus testigos con régimen de protección, entre ellos uno de nombre “Mónica”, quien es la que puso al descubierto la red –en 2017- y quien aseguró que fue obligada a casarse a la fuerza.
Dos horas más tarde, la representación fiscal confirmó este percance y solicitó al juez reprogramar la audiencia, y así fue. Según lo dicho por la Fiscalía, este último testigo era una “declaración de vital importancia”, pero habría salido del país ilegalmente debido a una serie de amenazas por parte de personas que son parte de esta estructura.
Tras conocer la nueva fecha de la vista pública, Esmeralda fue esposada y enlazada con otra de sus compañeras, mientras esto pasaba hablaban con sus abogados. Su compañera de prisión observó a otro de los imputados y este al seguirle la mirada le dio un beso en la mejía cuando se despedía. Ambos sonrieron.
Se abrieron las puertas de la sala y todos los imputados salieron caminando y arrastrando sus cadenas. “Esmeralda, ¿Cómo se declara ante las acusaciones?”, pregunté mientras bajamos las escaleras del centro judicial rumbo a las bartolinas.
“Inocente, este es un montaje de la policía. Donde lo único que hacen es llamar la atención de los medios y a la larga posiblemente una condena. Lo hacen ver a uno como el peor de los monstruos, más aún cuando tiene problemas con la Policía, quienes se encargan de hacerle complicada la vida”, señaló con tranquilidad. También negó ser parte de Mara Salvatrucha como lo ha mencionado en reiteradas ocasiones la acusación fiscal.
La sirvienta que informaba a la DCI
Con tono firme y sin titubear explicó que todo esto nació luego que contratara a “Mónica” para que cuidara a sus hijos en su casa, pero tiempo después comenzó a recibir llamadas extrañas de supuestos policías que le exigían dinero a cambio de no involucrarla con pandillas ya que, por alguna razón, se enteraron que su hermana menor era la esposa del pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista, Edgar López Bertrand, mejor conocido como el hermano Toby.
“Todo esto se ha dado por cuestiones de dinero, en los cuales hay policías implicados. Yo puse la denuncia ante la central de investigaciones de la PNC que estaba siendo extorsionada. Se me decía que yo estaría involucrada en homicidios si yo no pagaba. Ellos (los policías) están conscientes de todo esto. No hicieron nada, lo que sí hicieron fue hacer más grande este montaje”, explicó ya un tanto indignada y molesta a unos cuantos metros de las bartolinas.
Esmeralda dijo que se dio cuenta que toda la información que los supuestos policías sabían era gracias a que “Mónica” era pariente cercana de un miembro de la División Central de Investigaciones (DCI) de la PNC. Estos sabían la ubicación de ella todos los días, los lugares que frecuentaba con sus hijos y hasta la ropa que vestía el día que recibía las llamadas.
“Todo se llegó a saber porque al final uno llega a determinar quién es la persona que te está afectando y a la larga fue ella (Mónica) y por miedo a que fuera ella la dañada en todo esto le dio vuelta a la situación. No tengo nada que ver con la mara”, sentenció mientras seguíamos caminando.
En la conversación de siete minutos, ella reiteró en varias ocasiones ser inocente y de ser una “persona normal y civil”, al igual que el resto de las personas que la acompañan en el proceso.
“Puede haber muertos, una viuda, pero cómo van a probar las víctimas que las han obligado casarse. Nadie puede ser casado a la fuerza, usted está disponible a ir a la delegación más cercana y cualquiera le puede ayudar”, dijo frunciendo la frente.
La relación con su familia
Luego de que Esmeralda fuera detenida y llevada a prisión, la relación con su familia afuera terminó en una ruptura debido a que fue ella misma quien pidió mantenerlas alejadas de todo este proceso y de la vista de los medios de comunicación.
Gabriela Guadalupe Flores, ahora viuda del religioso y hermana de Esmeralda, dijo a El Salvador Times en noviembre de 2018 que se sentía afectada por todas las conjeturas que las personas hacían sobre ella y el matrimonio con el popular pastor.
Cuando se le preguntó a la detenida sobre esto dijo: “He tenido grandes problemas con mi familia porque esto no es grato para nadie. Nosotros no tenemos contacto con ella (Gabriela) porque sentimos que es lo mejor, ella tiene una situación complicada a raíz de todo esto”. Aclaró que no recibió dinero del religioso y que no le interesa.
A pocos metros de que ingresara a la detención espera salir libre del juicio junto con el resto de personas que, según ella, son inocentes de todos los delitos por los que son judicializados. Al preguntarle cuáles eran sus actividades favoritas dentro del centro penitenciario señaló que gusta de la lectura e ir a la iglesia.
“Las delincuentes son las víctimas, por dinero nos están haciendo este daño. Yo no tengo nada que avergonzarme porque en este país uno está sujeto a todo esto”, concluyó mientras entraba a su celda.
Los siete imputados están procesados por los delitos de homicidio agravado, trata de personas en modalidad matrimonio forzado, explotación sexual, agrupaciones ilícitas y estafa. El juez determinó que la vista pública se realizará el 8 y 9 de abril donde se espera que comparezcan los testigos.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
