Judicial
Supuesta líder de “Las Viudas Negras” asegura que testigo clave y policías la extorsionaban por ser cuñada del pastor Toby
“Esta es la historia de la sirvienta que te roba, te daña y te va a ponerse como víctima ante la policía”, esa fue la frase que Esmeralda Flores, la supuesta líder de “Las Viudas Negras”, utilizó para referirse a su proceso judicial en el que es señalada de obligar a mujeres jóvenes a contraer matrimonio para luego matarlos y cobrar sus seguros de vida. Ella, al igual que el resto de los imputados, dice no pertenecer a la pandilla y se declara inocente.
Esmeralda llegó con la frente en alto a su primer día de audiencia ante el Tribunal Especializado de Sentencia «A» de San Salvador. Esposada de sus manos y vestida como prisionera mostró una pequeña sonrisa ante el ojo de los periodistas que llegaron a cubrir el juicio. De las cuatro mujeres que estaban sentadas en el banquillo de los acusados, era la que única que se erguía como quien sale a defenderse de algún ataque.
La audiencia que estaba agendada para que iniciara a las 8:30 de la mañana comenzó una hora después. En la sala se rumoraba que esta se suspendería, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) no había logrado ubicar a cuatro de sus testigos con régimen de protección, entre ellos uno de nombre “Mónica”, quien es la que puso al descubierto la red –en 2017- y quien aseguró que fue obligada a casarse a la fuerza.
Dos horas más tarde, la representación fiscal confirmó este percance y solicitó al juez reprogramar la audiencia, y así fue. Según lo dicho por la Fiscalía, este último testigo era una “declaración de vital importancia”, pero habría salido del país ilegalmente debido a una serie de amenazas por parte de personas que son parte de esta estructura.
Tras conocer la nueva fecha de la vista pública, Esmeralda fue esposada y enlazada con otra de sus compañeras, mientras esto pasaba hablaban con sus abogados. Su compañera de prisión observó a otro de los imputados y este al seguirle la mirada le dio un beso en la mejía cuando se despedía. Ambos sonrieron.
Se abrieron las puertas de la sala y todos los imputados salieron caminando y arrastrando sus cadenas. “Esmeralda, ¿Cómo se declara ante las acusaciones?”, pregunté mientras bajamos las escaleras del centro judicial rumbo a las bartolinas.
“Inocente, este es un montaje de la policía. Donde lo único que hacen es llamar la atención de los medios y a la larga posiblemente una condena. Lo hacen ver a uno como el peor de los monstruos, más aún cuando tiene problemas con la Policía, quienes se encargan de hacerle complicada la vida”, señaló con tranquilidad. También negó ser parte de Mara Salvatrucha como lo ha mencionado en reiteradas ocasiones la acusación fiscal.
La sirvienta que informaba a la DCI
Con tono firme y sin titubear explicó que todo esto nació luego que contratara a “Mónica” para que cuidara a sus hijos en su casa, pero tiempo después comenzó a recibir llamadas extrañas de supuestos policías que le exigían dinero a cambio de no involucrarla con pandillas ya que, por alguna razón, se enteraron que su hermana menor era la esposa del pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista, Edgar López Bertrand, mejor conocido como el hermano Toby.
“Todo esto se ha dado por cuestiones de dinero, en los cuales hay policías implicados. Yo puse la denuncia ante la central de investigaciones de la PNC que estaba siendo extorsionada. Se me decía que yo estaría involucrada en homicidios si yo no pagaba. Ellos (los policías) están conscientes de todo esto. No hicieron nada, lo que sí hicieron fue hacer más grande este montaje”, explicó ya un tanto indignada y molesta a unos cuantos metros de las bartolinas.
Esmeralda dijo que se dio cuenta que toda la información que los supuestos policías sabían era gracias a que “Mónica” era pariente cercana de un miembro de la División Central de Investigaciones (DCI) de la PNC. Estos sabían la ubicación de ella todos los días, los lugares que frecuentaba con sus hijos y hasta la ropa que vestía el día que recibía las llamadas.
“Todo se llegó a saber porque al final uno llega a determinar quién es la persona que te está afectando y a la larga fue ella (Mónica) y por miedo a que fuera ella la dañada en todo esto le dio vuelta a la situación. No tengo nada que ver con la mara”, sentenció mientras seguíamos caminando.
En la conversación de siete minutos, ella reiteró en varias ocasiones ser inocente y de ser una “persona normal y civil”, al igual que el resto de las personas que la acompañan en el proceso.
“Puede haber muertos, una viuda, pero cómo van a probar las víctimas que las han obligado casarse. Nadie puede ser casado a la fuerza, usted está disponible a ir a la delegación más cercana y cualquiera le puede ayudar”, dijo frunciendo la frente.
La relación con su familia
Luego de que Esmeralda fuera detenida y llevada a prisión, la relación con su familia afuera terminó en una ruptura debido a que fue ella misma quien pidió mantenerlas alejadas de todo este proceso y de la vista de los medios de comunicación.
Gabriela Guadalupe Flores, ahora viuda del religioso y hermana de Esmeralda, dijo a El Salvador Times en noviembre de 2018 que se sentía afectada por todas las conjeturas que las personas hacían sobre ella y el matrimonio con el popular pastor.
Cuando se le preguntó a la detenida sobre esto dijo: “He tenido grandes problemas con mi familia porque esto no es grato para nadie. Nosotros no tenemos contacto con ella (Gabriela) porque sentimos que es lo mejor, ella tiene una situación complicada a raíz de todo esto”. Aclaró que no recibió dinero del religioso y que no le interesa.
A pocos metros de que ingresara a la detención espera salir libre del juicio junto con el resto de personas que, según ella, son inocentes de todos los delitos por los que son judicializados. Al preguntarle cuáles eran sus actividades favoritas dentro del centro penitenciario señaló que gusta de la lectura e ir a la iglesia.
“Las delincuentes son las víctimas, por dinero nos están haciendo este daño. Yo no tengo nada que avergonzarme porque en este país uno está sujeto a todo esto”, concluyó mientras entraba a su celda.
Los siete imputados están procesados por los delitos de homicidio agravado, trata de personas en modalidad matrimonio forzado, explotación sexual, agrupaciones ilícitas y estafa. El juez determinó que la vista pública se realizará el 8 y 9 de abril donde se espera que comparezcan los testigos.
Por: El Salvador Times.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
