Judicial
Supuesta líder de “Las Viudas Negras” asegura que testigo clave y policías la extorsionaban por ser cuñada del pastor Toby
“Esta es la historia de la sirvienta que te roba, te daña y te va a ponerse como víctima ante la policía”, esa fue la frase que Esmeralda Flores, la supuesta líder de “Las Viudas Negras”, utilizó para referirse a su proceso judicial en el que es señalada de obligar a mujeres jóvenes a contraer matrimonio para luego matarlos y cobrar sus seguros de vida. Ella, al igual que el resto de los imputados, dice no pertenecer a la pandilla y se declara inocente.
Esmeralda llegó con la frente en alto a su primer día de audiencia ante el Tribunal Especializado de Sentencia «A» de San Salvador. Esposada de sus manos y vestida como prisionera mostró una pequeña sonrisa ante el ojo de los periodistas que llegaron a cubrir el juicio. De las cuatro mujeres que estaban sentadas en el banquillo de los acusados, era la que única que se erguía como quien sale a defenderse de algún ataque.
La audiencia que estaba agendada para que iniciara a las 8:30 de la mañana comenzó una hora después. En la sala se rumoraba que esta se suspendería, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) no había logrado ubicar a cuatro de sus testigos con régimen de protección, entre ellos uno de nombre “Mónica”, quien es la que puso al descubierto la red –en 2017- y quien aseguró que fue obligada a casarse a la fuerza.
Dos horas más tarde, la representación fiscal confirmó este percance y solicitó al juez reprogramar la audiencia, y así fue. Según lo dicho por la Fiscalía, este último testigo era una “declaración de vital importancia”, pero habría salido del país ilegalmente debido a una serie de amenazas por parte de personas que son parte de esta estructura.
Tras conocer la nueva fecha de la vista pública, Esmeralda fue esposada y enlazada con otra de sus compañeras, mientras esto pasaba hablaban con sus abogados. Su compañera de prisión observó a otro de los imputados y este al seguirle la mirada le dio un beso en la mejía cuando se despedía. Ambos sonrieron.
Se abrieron las puertas de la sala y todos los imputados salieron caminando y arrastrando sus cadenas. “Esmeralda, ¿Cómo se declara ante las acusaciones?”, pregunté mientras bajamos las escaleras del centro judicial rumbo a las bartolinas.
“Inocente, este es un montaje de la policía. Donde lo único que hacen es llamar la atención de los medios y a la larga posiblemente una condena. Lo hacen ver a uno como el peor de los monstruos, más aún cuando tiene problemas con la Policía, quienes se encargan de hacerle complicada la vida”, señaló con tranquilidad. También negó ser parte de Mara Salvatrucha como lo ha mencionado en reiteradas ocasiones la acusación fiscal.
La sirvienta que informaba a la DCI
Con tono firme y sin titubear explicó que todo esto nació luego que contratara a “Mónica” para que cuidara a sus hijos en su casa, pero tiempo después comenzó a recibir llamadas extrañas de supuestos policías que le exigían dinero a cambio de no involucrarla con pandillas ya que, por alguna razón, se enteraron que su hermana menor era la esposa del pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista, Edgar López Bertrand, mejor conocido como el hermano Toby.
“Todo esto se ha dado por cuestiones de dinero, en los cuales hay policías implicados. Yo puse la denuncia ante la central de investigaciones de la PNC que estaba siendo extorsionada. Se me decía que yo estaría involucrada en homicidios si yo no pagaba. Ellos (los policías) están conscientes de todo esto. No hicieron nada, lo que sí hicieron fue hacer más grande este montaje”, explicó ya un tanto indignada y molesta a unos cuantos metros de las bartolinas.
Esmeralda dijo que se dio cuenta que toda la información que los supuestos policías sabían era gracias a que “Mónica” era pariente cercana de un miembro de la División Central de Investigaciones (DCI) de la PNC. Estos sabían la ubicación de ella todos los días, los lugares que frecuentaba con sus hijos y hasta la ropa que vestía el día que recibía las llamadas.
“Todo se llegó a saber porque al final uno llega a determinar quién es la persona que te está afectando y a la larga fue ella (Mónica) y por miedo a que fuera ella la dañada en todo esto le dio vuelta a la situación. No tengo nada que ver con la mara”, sentenció mientras seguíamos caminando.
En la conversación de siete minutos, ella reiteró en varias ocasiones ser inocente y de ser una “persona normal y civil”, al igual que el resto de las personas que la acompañan en el proceso.
“Puede haber muertos, una viuda, pero cómo van a probar las víctimas que las han obligado casarse. Nadie puede ser casado a la fuerza, usted está disponible a ir a la delegación más cercana y cualquiera le puede ayudar”, dijo frunciendo la frente.
La relación con su familia
Luego de que Esmeralda fuera detenida y llevada a prisión, la relación con su familia afuera terminó en una ruptura debido a que fue ella misma quien pidió mantenerlas alejadas de todo este proceso y de la vista de los medios de comunicación.
Gabriela Guadalupe Flores, ahora viuda del religioso y hermana de Esmeralda, dijo a El Salvador Times en noviembre de 2018 que se sentía afectada por todas las conjeturas que las personas hacían sobre ella y el matrimonio con el popular pastor.
Cuando se le preguntó a la detenida sobre esto dijo: “He tenido grandes problemas con mi familia porque esto no es grato para nadie. Nosotros no tenemos contacto con ella (Gabriela) porque sentimos que es lo mejor, ella tiene una situación complicada a raíz de todo esto”. Aclaró que no recibió dinero del religioso y que no le interesa.
A pocos metros de que ingresara a la detención espera salir libre del juicio junto con el resto de personas que, según ella, son inocentes de todos los delitos por los que son judicializados. Al preguntarle cuáles eran sus actividades favoritas dentro del centro penitenciario señaló que gusta de la lectura e ir a la iglesia.
“Las delincuentes son las víctimas, por dinero nos están haciendo este daño. Yo no tengo nada que avergonzarme porque en este país uno está sujeto a todo esto”, concluyó mientras entraba a su celda.
Los siete imputados están procesados por los delitos de homicidio agravado, trata de personas en modalidad matrimonio forzado, explotación sexual, agrupaciones ilícitas y estafa. El juez determinó que la vista pública se realizará el 8 y 9 de abril donde se espera que comparezcan los testigos.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
