Judicial
Supuesta líder de “Las Viudas Negras” asegura que testigo clave y policías la extorsionaban por ser cuñada del pastor Toby
“Esta es la historia de la sirvienta que te roba, te daña y te va a ponerse como víctima ante la policía”, esa fue la frase que Esmeralda Flores, la supuesta líder de “Las Viudas Negras”, utilizó para referirse a su proceso judicial en el que es señalada de obligar a mujeres jóvenes a contraer matrimonio para luego matarlos y cobrar sus seguros de vida. Ella, al igual que el resto de los imputados, dice no pertenecer a la pandilla y se declara inocente.
Esmeralda llegó con la frente en alto a su primer día de audiencia ante el Tribunal Especializado de Sentencia «A» de San Salvador. Esposada de sus manos y vestida como prisionera mostró una pequeña sonrisa ante el ojo de los periodistas que llegaron a cubrir el juicio. De las cuatro mujeres que estaban sentadas en el banquillo de los acusados, era la que única que se erguía como quien sale a defenderse de algún ataque.
La audiencia que estaba agendada para que iniciara a las 8:30 de la mañana comenzó una hora después. En la sala se rumoraba que esta se suspendería, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) no había logrado ubicar a cuatro de sus testigos con régimen de protección, entre ellos uno de nombre “Mónica”, quien es la que puso al descubierto la red –en 2017- y quien aseguró que fue obligada a casarse a la fuerza.
Dos horas más tarde, la representación fiscal confirmó este percance y solicitó al juez reprogramar la audiencia, y así fue. Según lo dicho por la Fiscalía, este último testigo era una “declaración de vital importancia”, pero habría salido del país ilegalmente debido a una serie de amenazas por parte de personas que son parte de esta estructura.
Tras conocer la nueva fecha de la vista pública, Esmeralda fue esposada y enlazada con otra de sus compañeras, mientras esto pasaba hablaban con sus abogados. Su compañera de prisión observó a otro de los imputados y este al seguirle la mirada le dio un beso en la mejía cuando se despedía. Ambos sonrieron.
Se abrieron las puertas de la sala y todos los imputados salieron caminando y arrastrando sus cadenas. “Esmeralda, ¿Cómo se declara ante las acusaciones?”, pregunté mientras bajamos las escaleras del centro judicial rumbo a las bartolinas.
“Inocente, este es un montaje de la policía. Donde lo único que hacen es llamar la atención de los medios y a la larga posiblemente una condena. Lo hacen ver a uno como el peor de los monstruos, más aún cuando tiene problemas con la Policía, quienes se encargan de hacerle complicada la vida”, señaló con tranquilidad. También negó ser parte de Mara Salvatrucha como lo ha mencionado en reiteradas ocasiones la acusación fiscal.
La sirvienta que informaba a la DCI
Con tono firme y sin titubear explicó que todo esto nació luego que contratara a “Mónica” para que cuidara a sus hijos en su casa, pero tiempo después comenzó a recibir llamadas extrañas de supuestos policías que le exigían dinero a cambio de no involucrarla con pandillas ya que, por alguna razón, se enteraron que su hermana menor era la esposa del pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista, Edgar López Bertrand, mejor conocido como el hermano Toby.
“Todo esto se ha dado por cuestiones de dinero, en los cuales hay policías implicados. Yo puse la denuncia ante la central de investigaciones de la PNC que estaba siendo extorsionada. Se me decía que yo estaría involucrada en homicidios si yo no pagaba. Ellos (los policías) están conscientes de todo esto. No hicieron nada, lo que sí hicieron fue hacer más grande este montaje”, explicó ya un tanto indignada y molesta a unos cuantos metros de las bartolinas.
Esmeralda dijo que se dio cuenta que toda la información que los supuestos policías sabían era gracias a que “Mónica” era pariente cercana de un miembro de la División Central de Investigaciones (DCI) de la PNC. Estos sabían la ubicación de ella todos los días, los lugares que frecuentaba con sus hijos y hasta la ropa que vestía el día que recibía las llamadas.
“Todo se llegó a saber porque al final uno llega a determinar quién es la persona que te está afectando y a la larga fue ella (Mónica) y por miedo a que fuera ella la dañada en todo esto le dio vuelta a la situación. No tengo nada que ver con la mara”, sentenció mientras seguíamos caminando.
En la conversación de siete minutos, ella reiteró en varias ocasiones ser inocente y de ser una “persona normal y civil”, al igual que el resto de las personas que la acompañan en el proceso.
“Puede haber muertos, una viuda, pero cómo van a probar las víctimas que las han obligado casarse. Nadie puede ser casado a la fuerza, usted está disponible a ir a la delegación más cercana y cualquiera le puede ayudar”, dijo frunciendo la frente.
La relación con su familia
Luego de que Esmeralda fuera detenida y llevada a prisión, la relación con su familia afuera terminó en una ruptura debido a que fue ella misma quien pidió mantenerlas alejadas de todo este proceso y de la vista de los medios de comunicación.
Gabriela Guadalupe Flores, ahora viuda del religioso y hermana de Esmeralda, dijo a El Salvador Times en noviembre de 2018 que se sentía afectada por todas las conjeturas que las personas hacían sobre ella y el matrimonio con el popular pastor.
Cuando se le preguntó a la detenida sobre esto dijo: “He tenido grandes problemas con mi familia porque esto no es grato para nadie. Nosotros no tenemos contacto con ella (Gabriela) porque sentimos que es lo mejor, ella tiene una situación complicada a raíz de todo esto”. Aclaró que no recibió dinero del religioso y que no le interesa.
A pocos metros de que ingresara a la detención espera salir libre del juicio junto con el resto de personas que, según ella, son inocentes de todos los delitos por los que son judicializados. Al preguntarle cuáles eran sus actividades favoritas dentro del centro penitenciario señaló que gusta de la lectura e ir a la iglesia.
“Las delincuentes son las víctimas, por dinero nos están haciendo este daño. Yo no tengo nada que avergonzarme porque en este país uno está sujeto a todo esto”, concluyó mientras entraba a su celda.
Los siete imputados están procesados por los delitos de homicidio agravado, trata de personas en modalidad matrimonio forzado, explotación sexual, agrupaciones ilícitas y estafa. El juez determinó que la vista pública se realizará el 8 y 9 de abril donde se espera que comparezcan los testigos.
Por: El Salvador Times.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
