Judicial
Fiscalía es señalada por sustracción, robo y destrucción de información en casos de corrupción
Según información confidencial y otra que circula en las redes sociales, la Fiscalía General de la República (FGR) pudiera estar seriamente comprometida en la sustracción, robo y destrucción de información relacionada a casos especiales de corrupción y otros delitos contra el Estado.
Aseguran que la documentación extraviada o robada corresponde a los juicios que se siguen contra el expresidente de la República Mauricio Funes y el ex fiscal Luis Antonio Martínez, según la información que circula.
Además, según los denunciantes, los expedientes sustraídos pertenecen a los juicios «Destape a la Corrupción», «Saqueo Público» y «Corruptela», entre otros.
De acuerdo a las informaciones, los saqueadores pertenecen al personal administrativo y fiscal de la FGR que “han participado en la fabricación y “armado” de procesos durante el periodo del ex fiscal Douglas Meléndez”. A cambio les han ofrecido beneficios como testigos naturales y de testigos criteriados pero, al parecer, esos beneficios les han sido retirados por la actual administración, razón por la cual temen por su seguridad.
Existen versiones no aclaradas sobre otros documentos y archivos que supuestamente fueron quemados en la azotea de la FGR el mismo día en que Meléndez dejó la Fiscalía.
También ha trascendido que personal que han trabajado desde cuando Félix Garrid Safie era fiscal, está siendo investigado porque supuestamente pertenecen al grupo de “manzanas podridas” al que se ha referido el actual fiscal, Raúl Melara, y porque colaboran con organismos de inteligencia del Estado.
La ex Primera Dama de la nación, señora Vanda Pignato, denunció recientemente que individuos enmascarados que supuestamente se hacían pasar por agentes de la PNC, efectuaron un allanamiento en la residencia donde guarda arresto domiciliario en busca de documentos que sustrajeron sin autorización judicial.
La señora Pignato asegura en su denuncia que uno de los abogados que la defiende en los procesos en judiciales en su contra fue objeto de actos de intimidación por los tres hombres que llegaron a su casa, haciéndose pasar por policías, y que además, habrían robado documentos y equipo electrónico.
Al parecer, de lo que se trata es de atemorizar a los abogados que defienden a los acusados en los casos de operación Destape a la corrupción, Saqueo Público y Corruptela.
El expresidente Mauricio Funes aclaró desde Nicaragua que “Al robar información valiosa del juicio que se sigue en este caso pretenden bloquear el trabajo de la defensa, sobre todo después que en más de dos años de investigaciones y acusaciones arbitrarias la FGR no ha podido demostrar ninguno de los delitos imputados”.
Entre la documentación que supuestamente se ha extraviado o se han robado de la FGR, está la que se relaciona al caso de Camagro, la denuncia por coacción, falso testimonio y actos arbitrarios que fue hecha contra el ex fiscal Douglas Meléndez por el expresidente Funes, declaraciones de testigos en el caso Corruptela, informes provenientes de los Estados Unidos que eran favorables para Chepe Diablo y expedientes relacionados con la primera dama Vanda Pignato.
En repetidas ocasiones se ha dicho a través de las redes sociales que el ex fiscal Meléndez, antes de dejar el cargo, trasladó a su casa, cajas repletas de documentos importantes, libros y expedientes y que durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo de ese año ordenó incinerar en la azotea del edificio Farmavida, otros archivos y expedientes relacionados con los casos “Estrella” con los que pretendía reelegirse como Fiscal General de la República, cosa que no ocurrió.
Entre los documentos incinerados supuestamente estaba un expediente abierto contra Roberto Rubio, (FUNDE), y la investigación hecha por los 13 fiscales que participaron en el caso Corruptela.
Con Información de: Diario Latino
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
