Judicial
Fiscalía es señalada por sustracción, robo y destrucción de información en casos de corrupción
Según información confidencial y otra que circula en las redes sociales, la Fiscalía General de la República (FGR) pudiera estar seriamente comprometida en la sustracción, robo y destrucción de información relacionada a casos especiales de corrupción y otros delitos contra el Estado.
Aseguran que la documentación extraviada o robada corresponde a los juicios que se siguen contra el expresidente de la República Mauricio Funes y el ex fiscal Luis Antonio Martínez, según la información que circula.
Además, según los denunciantes, los expedientes sustraídos pertenecen a los juicios «Destape a la Corrupción», «Saqueo Público» y «Corruptela», entre otros.
De acuerdo a las informaciones, los saqueadores pertenecen al personal administrativo y fiscal de la FGR que “han participado en la fabricación y “armado” de procesos durante el periodo del ex fiscal Douglas Meléndez”. A cambio les han ofrecido beneficios como testigos naturales y de testigos criteriados pero, al parecer, esos beneficios les han sido retirados por la actual administración, razón por la cual temen por su seguridad.
Existen versiones no aclaradas sobre otros documentos y archivos que supuestamente fueron quemados en la azotea de la FGR el mismo día en que Meléndez dejó la Fiscalía.
También ha trascendido que personal que han trabajado desde cuando Félix Garrid Safie era fiscal, está siendo investigado porque supuestamente pertenecen al grupo de “manzanas podridas” al que se ha referido el actual fiscal, Raúl Melara, y porque colaboran con organismos de inteligencia del Estado.
La ex Primera Dama de la nación, señora Vanda Pignato, denunció recientemente que individuos enmascarados que supuestamente se hacían pasar por agentes de la PNC, efectuaron un allanamiento en la residencia donde guarda arresto domiciliario en busca de documentos que sustrajeron sin autorización judicial.
La señora Pignato asegura en su denuncia que uno de los abogados que la defiende en los procesos en judiciales en su contra fue objeto de actos de intimidación por los tres hombres que llegaron a su casa, haciéndose pasar por policías, y que además, habrían robado documentos y equipo electrónico.
Al parecer, de lo que se trata es de atemorizar a los abogados que defienden a los acusados en los casos de operación Destape a la corrupción, Saqueo Público y Corruptela.
El expresidente Mauricio Funes aclaró desde Nicaragua que “Al robar información valiosa del juicio que se sigue en este caso pretenden bloquear el trabajo de la defensa, sobre todo después que en más de dos años de investigaciones y acusaciones arbitrarias la FGR no ha podido demostrar ninguno de los delitos imputados”.
Entre la documentación que supuestamente se ha extraviado o se han robado de la FGR, está la que se relaciona al caso de Camagro, la denuncia por coacción, falso testimonio y actos arbitrarios que fue hecha contra el ex fiscal Douglas Meléndez por el expresidente Funes, declaraciones de testigos en el caso Corruptela, informes provenientes de los Estados Unidos que eran favorables para Chepe Diablo y expedientes relacionados con la primera dama Vanda Pignato.
En repetidas ocasiones se ha dicho a través de las redes sociales que el ex fiscal Meléndez, antes de dejar el cargo, trasladó a su casa, cajas repletas de documentos importantes, libros y expedientes y que durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo de ese año ordenó incinerar en la azotea del edificio Farmavida, otros archivos y expedientes relacionados con los casos “Estrella” con los que pretendía reelegirse como Fiscal General de la República, cosa que no ocurrió.
Entre los documentos incinerados supuestamente estaba un expediente abierto contra Roberto Rubio, (FUNDE), y la investigación hecha por los 13 fiscales que participaron en el caso Corruptela.
Con Información de: Diario Latino
Judicial
Hombre acumuló una deuda de $7,550 tras 12 años sin pagar pensión alimenticia
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
Judicial
Prisión para esposos por tráfico ilícito de drogas en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
Judicial
PNC El Salvador captura a dos personas con marihuana en La Libertad Costa







