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Judicial

Fiscalía es señalada por sustracción, robo y destrucción de información en casos de corrupción

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Según información confidencial y otra que circula en las redes sociales, la Fiscalía General de la República (FGR) pudiera estar seriamente comprometida en la sustracción, robo y destrucción de información relacionada a casos especiales de corrupción y otros delitos contra el Estado.

Aseguran que la documentación extraviada o robada corresponde a los juicios que se siguen contra el expresidente de la República Mauricio Funes y el ex fiscal Luis Antonio Martínez, según la información que circula.

Además, según los denunciantes, los expedientes sustraídos pertenecen a los juicios «Destape a la Corrupción», «Saqueo Público» y «Corruptela», entre otros.

De acuerdo a las informaciones, los saqueadores pertenecen al personal administrativo y fiscal de la FGR que “han participado en la fabricación y “armado” de procesos durante el periodo del ex fiscal Douglas Meléndez”. A cambio les han ofrecido beneficios como testigos naturales y de testigos criteriados pero, al parecer, esos beneficios les han sido retirados por la actual administración, razón por la cual temen por su seguridad.

Existen versiones no aclaradas sobre otros documentos y archivos que supuestamente fueron quemados en la azotea de la FGR el mismo día en que Meléndez dejó la Fiscalía.

También ha trascendido que personal que han trabajado desde cuando Félix Garrid Safie era fiscal, está siendo investigado porque supuestamente pertenecen al grupo de “manzanas podridas” al que se ha referido el actual fiscal, Raúl Melara, y porque colaboran con organismos de inteligencia del Estado.

La ex Primera Dama de la nación, señora Vanda Pignato, denunció recientemente que individuos enmascarados que supuestamente se hacían pasar por agentes de la PNC, efectuaron un allanamiento en la residencia donde guarda arresto domiciliario en busca de documentos que sustrajeron sin autorización judicial.

La señora Pignato asegura en su denuncia que uno de los abogados que la defiende en los procesos en judiciales en su contra fue objeto de actos de intimidación por los tres hombres que llegaron a su casa, haciéndose pasar por policías, y que además, habrían robado documentos y equipo electrónico.

Al parecer, de lo que se trata es de atemorizar a los abogados que defienden a los acusados en los casos de operación Destape a la corrupción, Saqueo Público y Corruptela.

El expresidente Mauricio Funes aclaró desde Nicaragua que “Al robar información valiosa del juicio que se sigue en este caso pretenden bloquear el trabajo de la defensa, sobre todo después que en más de dos años de investigaciones y acusaciones arbitrarias la FGR no ha podido demostrar ninguno de los delitos imputados”.

Entre la documentación que supuestamente se ha extraviado o se han robado de la FGR, está la que se relaciona al caso de Camagro, la denuncia por coacción, falso testimonio y actos arbitrarios que fue hecha contra el ex fiscal Douglas Meléndez por el expresidente Funes, declaraciones de testigos en el caso Corruptela, informes provenientes de los Estados Unidos que eran favorables para Chepe Diablo y expedientes relacionados con la primera dama Vanda Pignato.

En repetidas ocasiones se ha dicho a través de las redes sociales que el ex fiscal Meléndez, antes de dejar el cargo, trasladó a su casa, cajas repletas de documentos importantes, libros y expedientes y que durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo de ese año ordenó incinerar en la azotea del edificio Farmavida, otros archivos y expedientes relacionados con los casos “Estrella” con los que pretendía reelegirse como Fiscal General de la República, cosa que no ocurrió.

Entre los documentos incinerados supuestamente estaba un expediente abierto contra Roberto Rubio, (FUNDE), y la investigación hecha por los 13 fiscales que participaron en el caso Corruptela.

Con Información de: Diario Latino

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Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció

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El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.

El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.

Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.

Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.

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Judicial

Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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Judicial

PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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