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Judicial

Denuncia públicamente a la FGR ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)

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Eduardo Vásquez Bécker realizó una denuncia pública de la Fiscalía General de la República (FGR) ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Además hizo extenso su llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Europea de Derechos Humanos, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Asociación  de Periodistas de Guatemala (APG), y a la señora Embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica en El Salvador, Jean Manes.

Dicha denuncia fue publicada tal cual por el diario Colatino, en la cual expresa una serie de “atropellos a la libertad de Prensa y Libre Expresión” por parte del titular del Ministerio Público, Douglas Meléndez.

Este es el escrito íntegro, tomado del portal web de dicho medio informativo:

 

Señora Presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa, María Elvira Domínguez

Presente.

Por este medio me dirijo a usted como máxima representante de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP, de la cual honrosamente ha sido elegida su nueva presidenta, para exponer el atropello a la libertad de Prensa y Libre Expresión por parte del señor Fiscal General de la República de El Salvador, Douglas Arquímedes Meléndez.

Antecedentes: Soy Eduardo Vázquez Bécker, de 83 años de edad, de los cuales 60 los he dedicado al difícil ejercicio del periodismo en sus diversas ramas.

Premio “Periodismo Educativo, Científico Y Cultural” 1976. Corresponsal de la agencia noticiosa The Asociated Press (AP), durante el conflicto armado en Centroamérica y particularmente en El Salvador. Corresponsal para el periódico “La Prensa”, de México, durante dicho conflicto; Corresponsal de la agencia Notimex, Corresponsal de WXTV, New York, Director del periódico Cultura y Pueblo, Presidente del Círculo de Periodismo Científico y presidente de la Asociación de Periodistas de Centroamérica y Panamá (1972-1975) y actualmente Director Propietario del periódico digital Diario Latino (diariolatino.net) y Editor Jefe del periódico digital LaGaceta503.com. Analista y asesor de imagen en el ejercicio particular de la profesión de comunicólogo.

Es el caso, Honorable Señora Presidenta, que desde hace aproximadamente dos años, la defensa técnica de los imputados en un caso sobre averiguar corrupción, denominado Rais-Martínez, hizo pública una denuncia contra la Fiscalía General de la República (FGR), en la cual denunciaban una supuesta “fabricación”  de pruebas judiciales por parte de empleados y funcionarios de la FGR, citando elementos concretos y nombres precisos de los responsables. Enrique Rais es un reconocido empresario salvadoreño y Luis Martínez ha sido Fiscal General de la República.

Dada la aparente veracidad de los denunciantes y la indiferencia del Fiscal General de la República, Licenciado Douglas Arquímedes Meléndez, nuestros medios electrónicos, diariolatino.net y LaGaceta503.com, se dieron a la tarea de investigar y divulgar las denuncias de los abogados del caso Rais-Martínez, seguros de que con ello contribuimos al fortalecimiento del debido proceso y al Estado de Derecho Constitucional de Derecho de la República de El Salvador.

Nuestra línea editorial ha sido una permanente exhortación al Fiscal Meléndez para que diga públicamente, si los hechos que le atribuyen los abogados del caso Rais-Martínez carecen o no, de veracidad; es decir, si son o no falsos. El titular solo se refiere al caso para lanzar improperios a diestro y siniestro.

El ex fiscal Luis Antonio Martínez, se encuentra detenido desde hace más de dos años sin ser juzgado y ante la posibilidad de que pudiese obtener su libertad, la Fiscalía General “fabricó”, y esto es una afirmación de su servidor, un nuevo caso contra el ex fiscal Martínez, acusándole de una serie de delitos, suficientes para mantener encarcelado indefinidamente al ex funcionario Martínez, mientras el actual titular del ramo busca ser reelecto por un nuevo periodo.

El “hallazgo” de un contrato suscrito por la FGR y este servidor,  para prestar servicios profesionales de asesoría de imagen al ex fiscal Martínez, fue pretexto para que el Fiscal Meléndez me vinculara al nuevo proceso con carácter de cómplice necesario en el delito de Peculado, atribuido al ex funcionario Martínez.

Para ser sujeto activo de dicho delito, en cualquiera de sus formas, se requiere indispensablemente ser funcionario o empleado, sometido a una relación de obediencia y dependencia del Estado. Yo no soy ni lo uno ni lo otro.

Ese fue el pretexto, pero la razón principal y la causa real para “armar” un caso en mi contra, ha sido la línea editorial que he mantenido por más de dos años y la publicación de “campos pagados” con críticas y denuncias graves contra el actual Fiscal General de la República, Licenciado Douglas Arquímedes Meléndez.

Durante la Audiencia preliminar, efectuada el pasado sábado 20 de octubre, la honorable juez cuarto de paz, licenciada Nelly Posada, consideró que los argumentos con los que se me vinculó al caso eran “incongruentes” y faltos de justificación jurídica, por lo que ordenó mi inmediata libertad, de manera irrestricta; es decir, sin medidas sustitutivas de ninguna naturaleza a la detención. Esto fue luego de mantenerme bajo prisión por siete días.

Coincidentemente en el momento que era puesto en libertad, el periódico DiarioLatino.net del que, además de propietario soy director general, y LaGaceta503.com han sido saboteados y sacados de la nube, causándome agravios de incalculable importancia por no poder cumplir mis compromisos con la sociedad salvadoreña como con los miles de mis seguidores en distintos lugares del mundo.

Señora Presidenta: las actitudes del Fiscal General de la República de El Salvador, Douglas Meléndez, son un flagrante atropello a la Libertad de Prensa y al libre ejercicio de la libre expresión; razón por la que, de la manera más respetuosa, le solicito:

1º. Solicitar al Fiscal General de El Salvador, Douglas Arquímedes Meléndez, que investigue quién y por orden de quién, realizó el sabotaje y paralización de los medios electrónicos diariolatino.net y que cese todo tipo de persecución política en mi contra.

2º. Hacer del conocimiento de la comunidad periodística interamericana, el atropello del que estoy siendo víctima y de la supresión de los medios digitales de los que soy director editorial.

4º. Prevenir al Fiscal General de la República, señor Douglas Arquímedes Meléndez, en el sentido de que sus acciones en mi contra constituyen una violación a la Libertad de Prensa Continental y la libre expresión contenida en la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas, ONU.

Respetuosamente: Eduardo Vázquez Bécker, con identificación Documento Personal de Identificación, DPI 2931 990350101. República de Guatemala, Centroamérica.

Cito para oír notificaciones mi dirección electrónica: evazquezbecker@diariolatino.biz.

 

San Salvador, El Salvador, 24 de octubre de 2018

Por: El Blog

Judicial

314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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Judicial

22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Judicial

Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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