Judicial
Denuncia públicamente a la FGR ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
Eduardo Vásquez Bécker realizó una denuncia pública de la Fiscalía General de la República (FGR) ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Además hizo extenso su llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Europea de Derechos Humanos, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), y a la señora Embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica en El Salvador, Jean Manes.
Dicha denuncia fue publicada tal cual por el diario Colatino, en la cual expresa una serie de “atropellos a la libertad de Prensa y Libre Expresión” por parte del titular del Ministerio Público, Douglas Meléndez.
Este es el escrito íntegro, tomado del portal web de dicho medio informativo:
Señora Presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa, María Elvira Domínguez
Presente.
Por este medio me dirijo a usted como máxima representante de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP, de la cual honrosamente ha sido elegida su nueva presidenta, para exponer el atropello a la libertad de Prensa y Libre Expresión por parte del señor Fiscal General de la República de El Salvador, Douglas Arquímedes Meléndez.
Antecedentes: Soy Eduardo Vázquez Bécker, de 83 años de edad, de los cuales 60 los he dedicado al difícil ejercicio del periodismo en sus diversas ramas.
Premio “Periodismo Educativo, Científico Y Cultural” 1976. Corresponsal de la agencia noticiosa The Asociated Press (AP), durante el conflicto armado en Centroamérica y particularmente en El Salvador. Corresponsal para el periódico “La Prensa”, de México, durante dicho conflicto; Corresponsal de la agencia Notimex, Corresponsal de WXTV, New York, Director del periódico Cultura y Pueblo, Presidente del Círculo de Periodismo Científico y presidente de la Asociación de Periodistas de Centroamérica y Panamá (1972-1975) y actualmente Director Propietario del periódico digital Diario Latino (diariolatino.net) y Editor Jefe del periódico digital LaGaceta503.com. Analista y asesor de imagen en el ejercicio particular de la profesión de comunicólogo.
Es el caso, Honorable Señora Presidenta, que desde hace aproximadamente dos años, la defensa técnica de los imputados en un caso sobre averiguar corrupción, denominado Rais-Martínez, hizo pública una denuncia contra la Fiscalía General de la República (FGR), en la cual denunciaban una supuesta “fabricación” de pruebas judiciales por parte de empleados y funcionarios de la FGR, citando elementos concretos y nombres precisos de los responsables. Enrique Rais es un reconocido empresario salvadoreño y Luis Martínez ha sido Fiscal General de la República.
Dada la aparente veracidad de los denunciantes y la indiferencia del Fiscal General de la República, Licenciado Douglas Arquímedes Meléndez, nuestros medios electrónicos, diariolatino.net y LaGaceta503.com, se dieron a la tarea de investigar y divulgar las denuncias de los abogados del caso Rais-Martínez, seguros de que con ello contribuimos al fortalecimiento del debido proceso y al Estado de Derecho Constitucional de Derecho de la República de El Salvador.
Nuestra línea editorial ha sido una permanente exhortación al Fiscal Meléndez para que diga públicamente, si los hechos que le atribuyen los abogados del caso Rais-Martínez carecen o no, de veracidad; es decir, si son o no falsos. El titular solo se refiere al caso para lanzar improperios a diestro y siniestro.
El ex fiscal Luis Antonio Martínez, se encuentra detenido desde hace más de dos años sin ser juzgado y ante la posibilidad de que pudiese obtener su libertad, la Fiscalía General “fabricó”, y esto es una afirmación de su servidor, un nuevo caso contra el ex fiscal Martínez, acusándole de una serie de delitos, suficientes para mantener encarcelado indefinidamente al ex funcionario Martínez, mientras el actual titular del ramo busca ser reelecto por un nuevo periodo.
El “hallazgo” de un contrato suscrito por la FGR y este servidor, para prestar servicios profesionales de asesoría de imagen al ex fiscal Martínez, fue pretexto para que el Fiscal Meléndez me vinculara al nuevo proceso con carácter de cómplice necesario en el delito de Peculado, atribuido al ex funcionario Martínez.
Para ser sujeto activo de dicho delito, en cualquiera de sus formas, se requiere indispensablemente ser funcionario o empleado, sometido a una relación de obediencia y dependencia del Estado. Yo no soy ni lo uno ni lo otro.
Ese fue el pretexto, pero la razón principal y la causa real para “armar” un caso en mi contra, ha sido la línea editorial que he mantenido por más de dos años y la publicación de “campos pagados” con críticas y denuncias graves contra el actual Fiscal General de la República, Licenciado Douglas Arquímedes Meléndez.
Durante la Audiencia preliminar, efectuada el pasado sábado 20 de octubre, la honorable juez cuarto de paz, licenciada Nelly Posada, consideró que los argumentos con los que se me vinculó al caso eran “incongruentes” y faltos de justificación jurídica, por lo que ordenó mi inmediata libertad, de manera irrestricta; es decir, sin medidas sustitutivas de ninguna naturaleza a la detención. Esto fue luego de mantenerme bajo prisión por siete días.
Coincidentemente en el momento que era puesto en libertad, el periódico DiarioLatino.net del que, además de propietario soy director general, y LaGaceta503.com han sido saboteados y sacados de la nube, causándome agravios de incalculable importancia por no poder cumplir mis compromisos con la sociedad salvadoreña como con los miles de mis seguidores en distintos lugares del mundo.
Señora Presidenta: las actitudes del Fiscal General de la República de El Salvador, Douglas Meléndez, son un flagrante atropello a la Libertad de Prensa y al libre ejercicio de la libre expresión; razón por la que, de la manera más respetuosa, le solicito:
1º. Solicitar al Fiscal General de El Salvador, Douglas Arquímedes Meléndez, que investigue quién y por orden de quién, realizó el sabotaje y paralización de los medios electrónicos diariolatino.net y que cese todo tipo de persecución política en mi contra.
2º. Hacer del conocimiento de la comunidad periodística interamericana, el atropello del que estoy siendo víctima y de la supresión de los medios digitales de los que soy director editorial.
4º. Prevenir al Fiscal General de la República, señor Douglas Arquímedes Meléndez, en el sentido de que sus acciones en mi contra constituyen una violación a la Libertad de Prensa Continental y la libre expresión contenida en la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas, ONU.
Respetuosamente: Eduardo Vázquez Bécker, con identificación Documento Personal de Identificación, DPI 2931 990350101. República de Guatemala, Centroamérica.
Cito para oír notificaciones mi dirección electrónica: evazquezbecker@diariolatino.biz.
San Salvador, El Salvador, 24 de octubre de 2018
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
