Judicial
Denuncia públicamente a la FGR ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
Eduardo Vásquez Bécker realizó una denuncia pública de la Fiscalía General de la República (FGR) ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Además hizo extenso su llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Europea de Derechos Humanos, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), y a la señora Embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica en El Salvador, Jean Manes.
Dicha denuncia fue publicada tal cual por el diario Colatino, en la cual expresa una serie de “atropellos a la libertad de Prensa y Libre Expresión” por parte del titular del Ministerio Público, Douglas Meléndez.
Este es el escrito íntegro, tomado del portal web de dicho medio informativo:
Señora Presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa, María Elvira Domínguez
Presente.
Por este medio me dirijo a usted como máxima representante de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP, de la cual honrosamente ha sido elegida su nueva presidenta, para exponer el atropello a la libertad de Prensa y Libre Expresión por parte del señor Fiscal General de la República de El Salvador, Douglas Arquímedes Meléndez.
Antecedentes: Soy Eduardo Vázquez Bécker, de 83 años de edad, de los cuales 60 los he dedicado al difícil ejercicio del periodismo en sus diversas ramas.
Premio “Periodismo Educativo, Científico Y Cultural” 1976. Corresponsal de la agencia noticiosa The Asociated Press (AP), durante el conflicto armado en Centroamérica y particularmente en El Salvador. Corresponsal para el periódico “La Prensa”, de México, durante dicho conflicto; Corresponsal de la agencia Notimex, Corresponsal de WXTV, New York, Director del periódico Cultura y Pueblo, Presidente del Círculo de Periodismo Científico y presidente de la Asociación de Periodistas de Centroamérica y Panamá (1972-1975) y actualmente Director Propietario del periódico digital Diario Latino (diariolatino.net) y Editor Jefe del periódico digital LaGaceta503.com. Analista y asesor de imagen en el ejercicio particular de la profesión de comunicólogo.
Es el caso, Honorable Señora Presidenta, que desde hace aproximadamente dos años, la defensa técnica de los imputados en un caso sobre averiguar corrupción, denominado Rais-Martínez, hizo pública una denuncia contra la Fiscalía General de la República (FGR), en la cual denunciaban una supuesta “fabricación” de pruebas judiciales por parte de empleados y funcionarios de la FGR, citando elementos concretos y nombres precisos de los responsables. Enrique Rais es un reconocido empresario salvadoreño y Luis Martínez ha sido Fiscal General de la República.
Dada la aparente veracidad de los denunciantes y la indiferencia del Fiscal General de la República, Licenciado Douglas Arquímedes Meléndez, nuestros medios electrónicos, diariolatino.net y LaGaceta503.com, se dieron a la tarea de investigar y divulgar las denuncias de los abogados del caso Rais-Martínez, seguros de que con ello contribuimos al fortalecimiento del debido proceso y al Estado de Derecho Constitucional de Derecho de la República de El Salvador.
Nuestra línea editorial ha sido una permanente exhortación al Fiscal Meléndez para que diga públicamente, si los hechos que le atribuyen los abogados del caso Rais-Martínez carecen o no, de veracidad; es decir, si son o no falsos. El titular solo se refiere al caso para lanzar improperios a diestro y siniestro.
El ex fiscal Luis Antonio Martínez, se encuentra detenido desde hace más de dos años sin ser juzgado y ante la posibilidad de que pudiese obtener su libertad, la Fiscalía General “fabricó”, y esto es una afirmación de su servidor, un nuevo caso contra el ex fiscal Martínez, acusándole de una serie de delitos, suficientes para mantener encarcelado indefinidamente al ex funcionario Martínez, mientras el actual titular del ramo busca ser reelecto por un nuevo periodo.
El “hallazgo” de un contrato suscrito por la FGR y este servidor, para prestar servicios profesionales de asesoría de imagen al ex fiscal Martínez, fue pretexto para que el Fiscal Meléndez me vinculara al nuevo proceso con carácter de cómplice necesario en el delito de Peculado, atribuido al ex funcionario Martínez.
Para ser sujeto activo de dicho delito, en cualquiera de sus formas, se requiere indispensablemente ser funcionario o empleado, sometido a una relación de obediencia y dependencia del Estado. Yo no soy ni lo uno ni lo otro.
Ese fue el pretexto, pero la razón principal y la causa real para “armar” un caso en mi contra, ha sido la línea editorial que he mantenido por más de dos años y la publicación de “campos pagados” con críticas y denuncias graves contra el actual Fiscal General de la República, Licenciado Douglas Arquímedes Meléndez.
Durante la Audiencia preliminar, efectuada el pasado sábado 20 de octubre, la honorable juez cuarto de paz, licenciada Nelly Posada, consideró que los argumentos con los que se me vinculó al caso eran “incongruentes” y faltos de justificación jurídica, por lo que ordenó mi inmediata libertad, de manera irrestricta; es decir, sin medidas sustitutivas de ninguna naturaleza a la detención. Esto fue luego de mantenerme bajo prisión por siete días.
Coincidentemente en el momento que era puesto en libertad, el periódico DiarioLatino.net del que, además de propietario soy director general, y LaGaceta503.com han sido saboteados y sacados de la nube, causándome agravios de incalculable importancia por no poder cumplir mis compromisos con la sociedad salvadoreña como con los miles de mis seguidores en distintos lugares del mundo.
Señora Presidenta: las actitudes del Fiscal General de la República de El Salvador, Douglas Meléndez, son un flagrante atropello a la Libertad de Prensa y al libre ejercicio de la libre expresión; razón por la que, de la manera más respetuosa, le solicito:
1º. Solicitar al Fiscal General de El Salvador, Douglas Arquímedes Meléndez, que investigue quién y por orden de quién, realizó el sabotaje y paralización de los medios electrónicos diariolatino.net y que cese todo tipo de persecución política en mi contra.
2º. Hacer del conocimiento de la comunidad periodística interamericana, el atropello del que estoy siendo víctima y de la supresión de los medios digitales de los que soy director editorial.
4º. Prevenir al Fiscal General de la República, señor Douglas Arquímedes Meléndez, en el sentido de que sus acciones en mi contra constituyen una violación a la Libertad de Prensa Continental y la libre expresión contenida en la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas, ONU.
Respetuosamente: Eduardo Vázquez Bécker, con identificación Documento Personal de Identificación, DPI 2931 990350101. República de Guatemala, Centroamérica.
Cito para oír notificaciones mi dirección electrónica: evazquezbecker@diariolatino.biz.
San Salvador, El Salvador, 24 de octubre de 2018
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
