Judicial
«Como cobardía» calificó Antonio Salaverría, ausencia en los tribunales de Juan Wrigth, pide sea declarado en rebeldía para responder por difamación

Tomado de la Noticia SV
«Como una cobardía» calificó el empresario Antonio Salaverría, la ausencia del señor Juan Tennant Wrigth, a la audiencia de conciliación programada para este martes por el juez 3° de Sentencia de San Salvador.
«Yo esperaría que tenga la hombría de presentarse, no puede seguir jugando con el sistema judicial», reiteró Salaverría sobre la no comparecencia del imputado de maneta personal, sino a través de su abogado defensor.
Juan Tennant Wrigth, padre del diputado por el partido Nuestro Tiempo, Johnny Wright, fue acusado por el empresario Antonio Salaverría por el delito de difamación.
En declaraciones a medios de comunicación, el señor Juan Wrigth expreso que Antonio Salaverría «había ganado un juicio al banco por más de $40 millones, por las buenas relaciones que tiene en el sistema judicial”.
Estos señalamientos fueron considerados por Salaverría como “muy graves”, dando paso a la acusación.
“Son daños al honor, a la familia y las implicaciones que eso trae el prestigio del empresario”, manifestaron abogados de Antonio Salaverría, antes de ingresar a la audiencia programada por el juez.
“Lo más delicado de esto es que ante esos dos señalamientos, el Estado salvadoreño podría perder un juicio internacional y pagar millones por la demanda interpuesta por un banco”, advirtieron los demandantes. «Y saldrá afectado todo el país por andar hablando sandeces y mentiras», manifestó Antonio Salaverría, al referirse a los alcances de las declaraciones hechas por Juan Wrigth ante varios medios de comunicación.
En la audiencia de este martes, en la fase de incidencias, el abogado defensor del señor Wrigth, Arnau Baulenas, presentó una solicitud de revocatoria de la audiencia de conciliación, pero el Juez resolvió que no había lugar o no procede la petición.
«Esto es una estrategia para dilatar el proceso y no enfrentar la audiencia», explicaron los abogados del empresario Salaverría.
Esta tarde el juez 3° de Sentencia resolverá sobre otra solicitud de nulidad del proceso de denuncia presentada por el abogado defensor de Juan Wrigth.
Judicial
Demandarán a Manuel Flores por $250,000

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
Judicial
Tribunal condena a dos personas por vender una propiedad que no les pertenecía

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.