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Capturan a militares acusados de asesinar cuatro periodistas holandeses en 1982
Por orden del Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, departamento de Chalatenango, han sido capturados el general retirado Guillermo García, exministro de Defensa y a Francisco Antonio Morán, exdirector de la exPolicía de Hacienda, por el asesinato de cuatro periodistas holandeses ocurrido el 17 de marzo de 1982.
La jueza también giró orden de captura para los militares retirados Mario Adalberto Reyes Mena y Rafael Flores Mina; así como Mario Canizales Espinoza, a quienes la Fiscalía General de la República señala por el mismo delito.
En el caso de García y Flores Lima, son señalados de asesinato en comisión por omisión, mientras que los otros tres como autores mediatos y serán procesados bajo las reglas del Código Penal de 1973 ya derogado.
Los periodistas Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk Ter Laag y Hohannes Jan Wilemsen, fueron asesinados en La Lomona, jurisdicción de Santa Rita, Chalatenango en horas de la tarde.
Según consta en el expediente los periodistas iban acompañados de unos miembros del FMLN quienes los guiaban hacia un campamento guerrillero dónde harían un reportaje ya que trabajaban para la televisora holandesa Ikon.
Las víctimas en ese reportaje del campamento guerrillero también iban a incluir información sobre alguna zona de influencia del FMLN en San Salvador.
En el proceso se detalla que fuentes diplomáticas dijeron que era del conocimiento general que los periodistas holandeses estaban trabajando un reportaje favorable a la guerrilla similar al que habían realizado en 1980.
Previo a la fecha del ingreso a la zona conflictiva de Chalatenango, el 7 de marzo de 1982 visitaron en el penal de Mariona en San Salvador a fin de entrevistar y filmar a presos acusados de pertenecer a la guerrilla, tomaron videos en los cuales reclusos mostraban cicatrices de tortura a las que habían sido sometidos, según el informe de la Comisión de la Verdad.
El periodista Koster hizo los primeros contactos con el FMLN reuniéndose con un miembro de ellos, dicho periodista le entregó un papel con su nombre, nacionalidad y lugar donde podían ubicarlos.
Después de esa reunión el guerrillero fue seguido por unos hombres y al saltar una cerca para huir se le cayó su cédula dónde se encontraba guardado el papel que Koster le había entregado, de esa manera los periodistas entre ellos Koster fueron después identificados por Morán, el hotel donde se hospedaban fue cateado y cuando iban a grabar el reportaje fueron asesinados.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) recibió oficialmente este miércoles la certificación bajo la norma internacional ISO 37001:2016 del Sistema de Gestión Antisoborno, otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).
El reconocimiento fue entregado al titular de la institución, Romeo Rodríguez, por el director general de AENOR para Centroamérica, Arnulfo Pino.
«Esto marca el inicio de una mejora continua que tenemos que realizar en el ministerio. Siempre asegurando principios como la tolerancia cero al soborno y a la corrupción, la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas, la ética institucional y la protección a los denunciantes», dijo el ministro del MOP.
Durante el acto, el ministro destacó que esta certificación representa un avance en el cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, específicamente el artículo 16, que establece la obligación de las instituciones estatales de implementar sistemas antisoborno.
Rodríguez señaló que el MOP cuenta con diferentes mecanismos para recibir denuncias relacionadas con posibles actos de corrupción o soborno, y entre ellos mencionó el WhatsApp: 7620-5505 y la línea telefónica: 2528-3345. Además, el correo denuncias.soborno@mop.gob.sv.
«El Salvador está siendo pionero al establecer por ley que las instituciones de Gobierno implementen, mantengan y certifiquen un Sistema de Gestión Antisoborno. Ningún país lo había hecho y El Salvador ha dado un paso al frente», agregó Arnulfo Pino.
Ciento quince nuevos voluntarios en la Cruz Roja Salvadoreña se suman a la noble misión de prevenir y aliviar el sufrimiento humano.
Tras completar satisfactoriamente los cursos de primeros auxilios, acceso más seguro, doctrina básica, estatutos y reglamentos de Cruz Roja Salvadoreña, 115 estudiante de la Licenciatura en Anestesiología de la Universidad de El Salvador (UES) oficializaron su incorporación como nuevos voluntarios.
En un acto protocolario, los participantes recibieron su respectivo diploma en compañía de autoridades de ambas instituciones quienes destacaron el compromiso, la solidaridad y el espíritu de servicio de esa nueva generación de voluntarios.
Con entusiasmo y vocación estos jóvenes se preparan para aportar su conocimiento al servicio humanitario y ayudar a las personas en emergencias.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional en contra de Héctor Antonio Zelaya Hernández, de 32 años, quien es acusado de portar ilegalmente un arma de fuego, que iba a entregar a un pandillero, en San Salvador.
De acuerdo a las investigaciones, el pasado 11 de mayo la inteligencia policial fue informada que en la colonia Esmeralda en el Barrio San Jacinto había un sujeto que se disponía a trasladar un arma de fuego a un integrante de una estructura criminal.
Aproximadamente las 9 de la noche, una patrulla policial intervino a Zelaya Hernández, quien ese momento paseaba un perro y quien al ver la presencia de los agentes, mostró una actitud nerviosa.
«Intentó darse a la fuga, motivo por el que (los policías) decidieron intervenirlo mediante tácticas y técnicas de defensa personal. Al registrarlo, le encontraron un arma de fuego tipo pistola calibre 40, con un cargador y diez cartuchos, de la que no pudo presentar documentación que acreditara su legalidad», reza el expediente judicial.
También le encontraron una porción de marihuana. Durante ese procedimiento, según las investigaciones, una persona se acercó e informó que Zelaya Hernández la había amenazado de muerte debido a que no quiso acompañarlo a entregar el arma de fuego a un pandillero.
Durante la audiencia, el Tribunal determinó que existe abundante prueba para ser acusado por los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, amenazas con agravación especial y posesión y tenencia.
