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Capturan a militares acusados de asesinar cuatro periodistas holandeses en 1982
Por orden del Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, departamento de Chalatenango, han sido capturados el general retirado Guillermo García, exministro de Defensa y a Francisco Antonio Morán, exdirector de la exPolicía de Hacienda, por el asesinato de cuatro periodistas holandeses ocurrido el 17 de marzo de 1982.
La jueza también giró orden de captura para los militares retirados Mario Adalberto Reyes Mena y Rafael Flores Mina; así como Mario Canizales Espinoza, a quienes la Fiscalía General de la República señala por el mismo delito.
En el caso de García y Flores Lima, son señalados de asesinato en comisión por omisión, mientras que los otros tres como autores mediatos y serán procesados bajo las reglas del Código Penal de 1973 ya derogado.
Los periodistas Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk Ter Laag y Hohannes Jan Wilemsen, fueron asesinados en La Lomona, jurisdicción de Santa Rita, Chalatenango en horas de la tarde.
Según consta en el expediente los periodistas iban acompañados de unos miembros del FMLN quienes los guiaban hacia un campamento guerrillero dónde harían un reportaje ya que trabajaban para la televisora holandesa Ikon.
Las víctimas en ese reportaje del campamento guerrillero también iban a incluir información sobre alguna zona de influencia del FMLN en San Salvador.
En el proceso se detalla que fuentes diplomáticas dijeron que era del conocimiento general que los periodistas holandeses estaban trabajando un reportaje favorable a la guerrilla similar al que habían realizado en 1980.
Previo a la fecha del ingreso a la zona conflictiva de Chalatenango, el 7 de marzo de 1982 visitaron en el penal de Mariona en San Salvador a fin de entrevistar y filmar a presos acusados de pertenecer a la guerrilla, tomaron videos en los cuales reclusos mostraban cicatrices de tortura a las que habían sido sometidos, según el informe de la Comisión de la Verdad.
El periodista Koster hizo los primeros contactos con el FMLN reuniéndose con un miembro de ellos, dicho periodista le entregó un papel con su nombre, nacionalidad y lugar donde podían ubicarlos.
Después de esa reunión el guerrillero fue seguido por unos hombres y al saltar una cerca para huir se le cayó su cédula dónde se encontraba guardado el papel que Koster le había entregado, de esa manera los periodistas entre ellos Koster fueron después identificados por Morán, el hotel donde se hospedaban fue cateado y cuando iban a grabar el reportaje fueron asesinados.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
El Juzgado de Instrucción de Soyapango resolvió que Flor Marina Romero Orellana, acusada del delito de hurto en perjuicio de una empresa financiera, enfrente vista pública.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República, la mujer, quien fungía en la empresa como jefa de la agencia del distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, se aprovechó de su cargo para sustraer una alta cantidad de dinero.
«Aprovechándose de su cargo, el 10 de octubre de 2025 la mujer sustrajo al menos $29,030 de la caja fuerte de la sociedad. Además, la imputada contrató un servicio de transporte, por medio de aplicación móvil, para mandarle una parte del dinero a otra persona, quién se presume es cómplice; el resto del monto total lo depositó en una cuenta de criptomonedas», mencionó el ministerio público.
La imputada fue detenida en flagrancia, luego de la denuncia de las autoridades de la empresa financiera. Posteriormente, este caso fue judicializado por el ministerio público en 2025.
