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Capturan a militares acusados de asesinar cuatro periodistas holandeses en 1982
Por orden del Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, departamento de Chalatenango, han sido capturados el general retirado Guillermo García, exministro de Defensa y a Francisco Antonio Morán, exdirector de la exPolicía de Hacienda, por el asesinato de cuatro periodistas holandeses ocurrido el 17 de marzo de 1982.
La jueza también giró orden de captura para los militares retirados Mario Adalberto Reyes Mena y Rafael Flores Mina; así como Mario Canizales Espinoza, a quienes la Fiscalía General de la República señala por el mismo delito.
En el caso de García y Flores Lima, son señalados de asesinato en comisión por omisión, mientras que los otros tres como autores mediatos y serán procesados bajo las reglas del Código Penal de 1973 ya derogado.
Los periodistas Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk Ter Laag y Hohannes Jan Wilemsen, fueron asesinados en La Lomona, jurisdicción de Santa Rita, Chalatenango en horas de la tarde.
Según consta en el expediente los periodistas iban acompañados de unos miembros del FMLN quienes los guiaban hacia un campamento guerrillero dónde harían un reportaje ya que trabajaban para la televisora holandesa Ikon.
Las víctimas en ese reportaje del campamento guerrillero también iban a incluir información sobre alguna zona de influencia del FMLN en San Salvador.
En el proceso se detalla que fuentes diplomáticas dijeron que era del conocimiento general que los periodistas holandeses estaban trabajando un reportaje favorable a la guerrilla similar al que habían realizado en 1980.
Previo a la fecha del ingreso a la zona conflictiva de Chalatenango, el 7 de marzo de 1982 visitaron en el penal de Mariona en San Salvador a fin de entrevistar y filmar a presos acusados de pertenecer a la guerrilla, tomaron videos en los cuales reclusos mostraban cicatrices de tortura a las que habían sido sometidos, según el informe de la Comisión de la Verdad.
El periodista Koster hizo los primeros contactos con el FMLN reuniéndose con un miembro de ellos, dicho periodista le entregó un papel con su nombre, nacionalidad y lugar donde podían ubicarlos.
Después de esa reunión el guerrillero fue seguido por unos hombres y al saltar una cerca para huir se le cayó su cédula dónde se encontraba guardado el papel que Koster le había entregado, de esa manera los periodistas entre ellos Koster fueron después identificados por Morán, el hotel donde se hospedaban fue cateado y cuando iban a grabar el reportaje fueron asesinados.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
