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Capturan a militares acusados de asesinar cuatro periodistas holandeses en 1982
Por orden del Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, departamento de Chalatenango, han sido capturados el general retirado Guillermo García, exministro de Defensa y a Francisco Antonio Morán, exdirector de la exPolicía de Hacienda, por el asesinato de cuatro periodistas holandeses ocurrido el 17 de marzo de 1982.
La jueza también giró orden de captura para los militares retirados Mario Adalberto Reyes Mena y Rafael Flores Mina; así como Mario Canizales Espinoza, a quienes la Fiscalía General de la República señala por el mismo delito.
En el caso de García y Flores Lima, son señalados de asesinato en comisión por omisión, mientras que los otros tres como autores mediatos y serán procesados bajo las reglas del Código Penal de 1973 ya derogado.
Los periodistas Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk Ter Laag y Hohannes Jan Wilemsen, fueron asesinados en La Lomona, jurisdicción de Santa Rita, Chalatenango en horas de la tarde.
Según consta en el expediente los periodistas iban acompañados de unos miembros del FMLN quienes los guiaban hacia un campamento guerrillero dónde harían un reportaje ya que trabajaban para la televisora holandesa Ikon.
Las víctimas en ese reportaje del campamento guerrillero también iban a incluir información sobre alguna zona de influencia del FMLN en San Salvador.
En el proceso se detalla que fuentes diplomáticas dijeron que era del conocimiento general que los periodistas holandeses estaban trabajando un reportaje favorable a la guerrilla similar al que habían realizado en 1980.
Previo a la fecha del ingreso a la zona conflictiva de Chalatenango, el 7 de marzo de 1982 visitaron en el penal de Mariona en San Salvador a fin de entrevistar y filmar a presos acusados de pertenecer a la guerrilla, tomaron videos en los cuales reclusos mostraban cicatrices de tortura a las que habían sido sometidos, según el informe de la Comisión de la Verdad.
El periodista Koster hizo los primeros contactos con el FMLN reuniéndose con un miembro de ellos, dicho periodista le entregó un papel con su nombre, nacionalidad y lugar donde podían ubicarlos.
Después de esa reunión el guerrillero fue seguido por unos hombres y al saltar una cerca para huir se le cayó su cédula dónde se encontraba guardado el papel que Koster le había entregado, de esa manera los periodistas entre ellos Koster fueron después identificados por Morán, el hotel donde se hospedaban fue cateado y cuando iban a grabar el reportaje fueron asesinados.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un pandillero de la MS-13 en la frontera El Amatillo, ubicada en La Unión Norte, cuando intentaba salir del país.
De acuerdo con la institución, durante la intervención los agentes identificaron tatuajes en el cuerpo del detenido alusivos a la estructura criminal. Asimismo, al inspeccionar el teléfono celular que portaba, encontraron varias imágenes que lo vinculaban con la pandilla, entre ellas fotografías en las que presuntamente aparecía realizando señas alusivas a la organización y presumiendo su pertenencia a la misma.
El capturado fue identificado por las autoridades como Santos Humberto Pineda, de 25 años de edad, señalado como homeboy de la MS-13.
La PNC informó que al detenido le fue incautado el teléfono celular y será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
