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Capturan a militares acusados de asesinar cuatro periodistas holandeses en 1982
Por orden del Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, departamento de Chalatenango, han sido capturados el general retirado Guillermo García, exministro de Defensa y a Francisco Antonio Morán, exdirector de la exPolicía de Hacienda, por el asesinato de cuatro periodistas holandeses ocurrido el 17 de marzo de 1982.
La jueza también giró orden de captura para los militares retirados Mario Adalberto Reyes Mena y Rafael Flores Mina; así como Mario Canizales Espinoza, a quienes la Fiscalía General de la República señala por el mismo delito.
En el caso de García y Flores Lima, son señalados de asesinato en comisión por omisión, mientras que los otros tres como autores mediatos y serán procesados bajo las reglas del Código Penal de 1973 ya derogado.
Los periodistas Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk Ter Laag y Hohannes Jan Wilemsen, fueron asesinados en La Lomona, jurisdicción de Santa Rita, Chalatenango en horas de la tarde.
Según consta en el expediente los periodistas iban acompañados de unos miembros del FMLN quienes los guiaban hacia un campamento guerrillero dónde harían un reportaje ya que trabajaban para la televisora holandesa Ikon.
Las víctimas en ese reportaje del campamento guerrillero también iban a incluir información sobre alguna zona de influencia del FMLN en San Salvador.
En el proceso se detalla que fuentes diplomáticas dijeron que era del conocimiento general que los periodistas holandeses estaban trabajando un reportaje favorable a la guerrilla similar al que habían realizado en 1980.
Previo a la fecha del ingreso a la zona conflictiva de Chalatenango, el 7 de marzo de 1982 visitaron en el penal de Mariona en San Salvador a fin de entrevistar y filmar a presos acusados de pertenecer a la guerrilla, tomaron videos en los cuales reclusos mostraban cicatrices de tortura a las que habían sido sometidos, según el informe de la Comisión de la Verdad.
El periodista Koster hizo los primeros contactos con el FMLN reuniéndose con un miembro de ellos, dicho periodista le entregó un papel con su nombre, nacionalidad y lugar donde podían ubicarlos.
Después de esa reunión el guerrillero fue seguido por unos hombres y al saltar una cerca para huir se le cayó su cédula dónde se encontraba guardado el papel que Koster le había entregado, de esa manera los periodistas entre ellos Koster fueron después identificados por Morán, el hotel donde se hospedaban fue cateado y cuando iban a grabar el reportaje fueron asesinados.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
