Internacionales
Luisa González o Daniel Noboa: Ecuador busca rumbo entre múltiples urgencias
Ecuador decidirá este domingo 13 de abril entre dos propuestas de país que intentan resolver la crisis a varias bandas que atraviesa el país latinoamericano.
A la izquierda, la abogada y exasambleísta Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, partido político liderado por el expresidente Rafael Correa, y que hoy busca la revancha tras perder en las elecciones anticipadas de 2023.
Para esta segunda vuelta alcanzó un acuerdo con el partido del movimiento indígena para recibir su apoyo. Pero tendrá un respaldo fragmentado porque algunos líderes indígenas anunciaron que no seguirán esa línea.
A la derecha, el empresario e hijo de una de las familias más ricas de Ecuador, Daniel Noboa, el actual mandatario que asumió el poder hace 14 meses para terminar el periodo del expresidente Guillermo Lasso, que aplicó la muerte cruzada en 2023. Hoy, busca gobernar un período completo de cuatro años.
Al cierre de sus campañas electorales, los candidatos centraron su atención en una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos: la seguridad. Los votantes exigen acciones para enfrentar la creciente violencia relacionada con el crimen organizado y el narcotráfico.
A este problema se suma la crisis energética que, según expertos, aún causa incertidumbre por la falta de soluciones a largo plazo. Aunque ya no hay cortes de luz, en 2024 se reportaron apagones de hasta 14 horas por día. Esto golpeó la ya delicada situación económica.
Este es el Ecuador que recibirá el próximo presidente o presidenta.
Robos, secuestros extorsivos y masacres por disputas territoriales marcan el día a día en el país más violento de América Latina. Esto, pese a estar en medio de una militarización y con una declaración de un “conflicto interno armado” por parte del presidente Daniel Noboa, a través de un decreto el 9 de enero de 2023, cuando nombró a 22 organizaciones criminales como “terroristas”.
El Gobierno aprobó el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 15% para utilizar este excedente, según el presidente, en el combate contra la delincuencia.
Sin embargo, los dos primeros meses de 2025 llegan a los mismos niveles de violencia que el 2023, que fue, hasta ese momento, el año más violento en la historia del país. Ecuador pasó rápidamente de ser un territorio pacífico a encabezar los titulares por los altos niveles de criminalidad.
Internacionales
Capturan a mujer que fingía embarazo con prótesis para traficar más de 5.600 dosis de cocaína
Una mujer de 27 años fue detenida en el sur de Cali, Colombia, tras ser descubierta utilizando una faja de látex que simulaba un embarazo para ocultar más de 5.600 dosis de cocaína.
El hecho se registró en el barrio Ciudad 2000, donde unidades de investigación criminal interceptaron a la sospechosa en el marco de un operativo de seguimiento. La mujer, que se movilizaba en taxi, planeaba continuar su viaje hasta Bogotá en transporte público, aparentando estar embarazada.
Sin embargo, su estrategia fue desmantelada cuando los agentes notaron irregularidades en su vientre y descubrieron que se trataba de una elaborada prótesis tipo “narcobarriga”, confeccionada con materiales similares a los utilizados en disfraces y efectos especiales.
Según las autoridades, este tipo de implementos puede costar hasta tres millones de pesos colombianos (aproximadamente 730 dólares) y se están convirtiendo en una nueva modalidad empleada por redes de narcotráfico para el transporte de estupefacientes sin levantar sospechas.
La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y un juez le impuso medida de aseguramiento intramural por el delito de tráfico de drogas. La investigación continúa para establecer si forma parte de una estructura criminal más amplia.
Internacionales
¿Quién era María Fernanda Benítez, la joven embarazada hallada calcinada frente a la casa de su pareja?
María Fernanda Benítez, una adolescente paraguaya de 17 años y con seis meses de embarazo, fue hallada calcinada el pasado 1 de junio en un terreno baldío, cinco días después de haber sido reportada como desaparecida. El cuerpo fue localizado frente a la vivienda de su pareja, principal sospechoso del crimen.
El informe preliminar del médico forense Pablo Lemir, citado por medios locales, indica que el cadáver presentaba quemaduras en el 70 % de su superficie, además de signos de descomposición avanzada, lo que ha dificultado establecer la causa exacta de muerte. Sin embargo, se encontraron indicios de intoxicación por monóxido de carbono, lo que sugiere que la víctima pudo haber estado viva, aunque inconsciente, al momento de ser quemada.
También se detectaron golpes en la cabeza y fracturas en el brazo derecho, aunque no se ha determinado si ocurrieron antes o después del fallecimiento.
El Ministerio Público ha calificado el caso como feminicidio. Los principales sospechosos son su pareja, identificado como Bernardo, y una amiga cercana de la víctima, Mikhaela. La Fiscalía reveló mensajes entre ambos que evidencian una posible planificación del crimen. En uno de los textos, Bernardo expresa angustia por el avance del embarazo y plantea asesinar a María Fernanda. Mikhaela habría respondido con una sugerencia explícita sobre cómo hacerlo.
Las autoridades continúan investigando el caso, que ha generado conmoción en Paraguay. La familia de la víctima exige justicia y el máximo castigo para los responsables.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la prohibición de ingreso al país para la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en respuesta a las órdenes de captura emitidas contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa, Iván Velásquez.
“Se prohíbe su entrada por denostar gente honesta colombiana y por burlarse de la dignidad colombiana”, expresó Petro durante un consejo de ministros televisado, en el que instruyó a la canciller Laura Sarabia a emitir el acto administrativo correspondiente.
Las capturas fueron ordenadas por el fiscal Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, bajo acusaciones de asociación ilícita, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y colusión, vinculadas al caso Odebrecht.
El fiscal guatemalteco acusa a Camargo y Velásquez, excomisionado de la CICIG —entidad respaldada por la ONU— de integrar una estructura criminal que habría favorecido a Odebrecht, ocasionando pérdidas al Estado guatemalteco por más de $400 millones.
En respuesta, el secretario general de la ONU, António Guterres, recordó que ambos funcionarios gozan de inmunidad judicial por sus funciones en la CICIG, una protección que sigue vigente incluso después de finalizado su mandato.
La medida del gobierno colombiano profundiza las tensiones diplomáticas entre ambos países en torno al legado de la lucha contra la corrupción en Centroamérica.
