ENTREGA ESPECIAL
A Esmeralda le robaron su inocencia y quedó embarazada; mientras «El Moro», el hombre que la violó sigue libre porque nunca lo denunciaron, por ignorancia; y para el sistema de salud, la menor nunca fue una víctima de violación, sino una paciente más

Esmeralda, una niña de 14 años de edad a quien le arrebataron su inocencia y su virginidad, descubrió que estaba embarazada cuando la familia la llevó al centro de salud que está a la vuelta de su casa, ellos lo descubrieron por lo abultado de su vientre, pero nadie se sorprendió.
Ninguno de los médicos o enfermeras se detuvo a observar los detalles del embarazo. Nadie dio importancia a su retraso cognitivo y de aprendizaje, tampoco se fijó en la talla de la niña: mide un metro con 32 centímetros, pesa 37 kilos; la pequeñez de su cabeza y sus manos dan la apariencia de tener menos edad, pero ninguno observó la desnutrición ni su contexto de pobreza.
Nadie se cuestionó si una niña como Esmeralda decidió su embarazo o era víctima de violación. Era la primera consulta y tenía 20 semanas de gestación.
Del centro de salud la remitieron al hospital Donato Alarcón por el alto riesgo que representaba su estado de gravidez. Cuando llegó ahí, Esmeralda comenzó su control prenatal, y otra vez ninguno de los médicos y/o trabajadoras sociales observó los detalles de su embarazo.

La familia de Esmeralda la integran sus abuelos, su madre Rosa Elena y sus hermanos Margarita, de 14 años, y Vinicio, de 11. Todos son analfabetas.
Del agresor
“El Moro”, es el apodo de aquel hombre que violó a Esmeralda, la niña de 14 años. Era del pueblo donde viven la niña y su familia.
Cada que quería llegaba a la casa de Esmeralda y amenazaba con que se la llevaría. Una vez lo intentó. Los abuelos la escondieron y le prohibieron que se le acercara. Entonces amenazó con que si le negaban verla los mataría o los enterraría vivos.
Los abuelos le dijeron a Rosa Elena, la madre de Esmeralda, que tenía que irse de la casa y del pueblo para evitar que El Moro cumpliera su amenaza.
Rosa Elena buscó opciones, pero no tuvo dinero para sobrevivir sola con sus hijos, tampoco encontró refugio con un familiar, así que se quedaron, sin saber cuál sería su destino.

Cuando Esmeralda estaba embarazada, ninguno de los médicos dio importancia a su retraso cognitivo ni a que medía 1.32 metros y pesaba 37 kilos
Una tarde de marzo de 2018, en la casa estaban sólo Esmeralda y sus dos hermanos menores, Vinicio y Margarita. Se estaba bañando cuando El Moro llegó, fue al baño y se la llevó.
Vinicio corrió a buscar ayuda. Encontró a un primo. Fueron a buscarla por el rumbo que tomó El Moro. No tardaron: los hallaron en una barranca cercana. El hombre violaba a Esmeralda.
Vinicio y su primo le tiraron piedras hasta que la dejó. El Moro huyó y dejó a Esmeralda tirada en la barranca, desnuda y temblando.
Vinicio tiene muy nítida la escena. No la olvida. Esmeralda, en cambio, nunca ha podido contar lo que pasó.
Vulnerables
Para el sistema de salud en Guerrero, Esmeralda nunca fue una víctima de violación, sino una paciente más. La médica Cristina Romero fue quien notó la vulnerabilidad de la niña.
Cristina formaba parte del equipo de Médicos Sin Fronteras que ofrecía ayuda a mujeres violentadas en el hospital de Renacimiento. El caso de Esmeralda llamó su atención. Hizo lo que otros ignoraron: observó su vulnerabilidad.

A dos años de haber sido víctima de abuso, la adolescente sigue igual de vulnerable y sin recibir ayuda como víctima.
Intentó acercarse a Esmeralda, no quiso hablar, entonces lo hizo con Rosa Elena, quien le contó lo que hizo El Moro con su hija.
La atendió para prevenir alguna enfermedad de transmisión sexual. Después le explicó a la madre que la menor necesitaba atención sicológica y médica, también le habló de la interrupción del embarazo. Rosa Elena descartó la posibilidad; ella —dijo— no sería capaz de “matar” a su nieta.
Cristina descubrió que en el control prenatal les realizaron ultrasonidos, y en alguna ocasión a las dos las dejaron escuchar el latido del corazón de la niña. Eso, dice Cristina, estableció un lazo sentimental.
En el sistema de salud en Guerrero hay resistencia para aplicar la interrupción del embarazo, incluso, en casos de violación, pese a la vigencia de la Norma Ocial Mexicana para la violencia familiar, sexual contra las mujeres, (NOM046).
La norma indica que, en caso de embarazo por violación, las instituciones públicas de servicios médicos deberán interrumpir el embarazo.
El problema, dice Cristina, es que muchos médicos no están capacitados para aplicar el precepto y han normalizado la violencia contra la mujer.
“Muchos ven normal que una niña se embarace de un hombre mayor, justifican que son usos y costumbres”, comenta Cristina.
Además, señala, hay médicos que prefieren acatar el Código Penal de Guerrero, que condiciona la interrupción de embarazo por violación, a la autorización de un Ministerio Público (MP).
El problema de violencia sexual contra mujeres en Guerrero es profundo.
En 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizó 345 denuncias por violación. Una mujer fue violada al día.

Esmeralda estudió hasta quinto de primaria, pero la sacaron por inquieta, dice su madre; mientras que su hermano Vinicio quiere estudiar la secundaria.
Para las niñas es más agudo. En octubre de 2019, Inmujeres reportó que en México 11 mil menores de 14 años se convertían en madres al año; 32 menores se embarazaban al día. La mayoría, dijo el instituto, producto de violación.
En 2017, la OCDE colocó a México en el primer lugar en abuso sexual, violación y homicidios contra los niños y niñas: registró 4.5 millones de menores violentados.
La cifra puede ser mucho mayor mucho En México el principal violador de los niños y niñas está en su círculo íntimo: son los papás, tios, primos, y esas agresiones casi no se denuncian.
Cadena de desamparo
La familia de Esmeralda la integran su madre, Rosa Elena, de 37 años, y sus hermanos Margarita, de 14, y Vinicio, de 11. Los cuatro tienen discapacidad intelectual. Ninguno sabe leer ni escribir. Todos tienen problemas de desnutrición y viven en la casa de los abuelos.
La vivienda es un cuarto de ocho por cuatro metros. Una parte del techo es de lámina de cartón, otra de bolsas de plástico. No tienen cocina ni refrigerador. Cuentan con dos camas para todos.
Se mantienen con lo que gana el abuelo vendiendo botes de plástico y empleándose de cargador, pero no es suficiente.
Otra parte del ingreso lo obtienen de los programas sociales que reciben los niños y Rosa Elena, pero hay riesgo de que se los quiten porque los menores dejaron la escuela.
Vinicio quiere estudiar la secundaria; Rosa Elena no lo inscribió porque no pudo pagar las cooperaciones, los útiles y los uniformes, aunque se sincera: tampoco iba a poder pagar los pasajes.
Hay otra razón importante: Vinicio no sabe leer ni escribir.
Esmeralda estudió hasta el quinto grado de primaria. Su madre dice que la sacaron porque era muy inquieta y la mandaron a terapias psicológicas.
A las sesiones fue un tiempo, después ya no se pudo, pues llevarla costaba 200 pesos, así que no titubearon en decidir entre las terapias o la comida.
La familia vive con los abuelos desde hace cuatro años, cuando Rosa Elena decidió dejar a su esposo. El hombre no trabajaba y casi siempre que llegaba borracho la golpeaba. Huyó cuando la familia de su esposo lo ingresó a un centro de rehabilitación.

Desde hace cuatro años la familia de Esmeralda se fue a vivir con sus abuelos porque Rosa Elena, la madre, sufría violencia por parte de su esposo
La historia de Rosa Elena también es de violencia y violación: su esposo se la robó, se la llevó a vivir con él y la puso a trabajar en una cantina.
En estos tres años, los abuelos se han hecho cargo de los cuatro, pero la abuela ya se va porque su esposo la maltrata.
Piden alerta de género
Viridiana Gutiérrez es la coordinadora del Observatorio Ciudadano de Violencia hacia las Mujeres en Guerrero. Desde hace años centra su energía para que se homologue el artículo 159 del Código Penal con la NOM046.
El año pasado, el Observatorio solicitó la segunda Alerta de Género en Guerrero, esta vez, por agravio comparado, para que las autoridades homologuen el código con la norma. La alerta fue admitida, pero las reformas no llegan.
Hace dos años, propusieron al secretario de Salud, Carlos de la Peña Pinto, que dé certeza jurídica a los médicos para aplicar la NOM046 ante el temor de meterse en problemas legales, con una circular en la que autorice la interrupción del embarazo.
“Nosotros hemos dicho que apliquen el criterio pro-persona, que cuando se cruzan dos leyes, se le dé preferencia a la ley que más protege a las personas. Es decir, si el Estado no pudo evitar que las violaran, por lo menos que las atienda adecuadamente”, dice Viridiana.
En octubre de 2017 entregaron al funcionario la circular redactada para que sólo fuera firmada, incluso, ofrecieron capacitar al personal de salud de forma gratuita. Siguen sin respuesta.
De parte del secretario han encontrado resistencia. Viridiana cuenta cómo en un taller que impartían a personal de salud le explicaron la necesidad de rmar la circular. El secretario se negó: “En Guerrero no se hacen abortos si no vienen con denuncia”, recuerda la respuesta del funcionario.
Hasta ahora, pese a que está activa la segunda Alerta de Género, lo que han logrado es que en Guerrero apliquen la NOM046 dos hospitales, el Donato Alarcón, en Acapulco, y el Raymundo Abarca, en Chilpancingo.
Esto, dice Viridiana, es importante pero insuficiente: de 81 municipios que tiene Guerrero, sólo en dos se aplica la norma; y población, como la indígena, sigue sin ese derecho.

La familia se mantiene con lo que gana el abuelo vendiendo botes de plástico y empleándose de cargador. Vinicio ayuda en la recolección.
La resistencia no sólo es del Sector Salud, también de los ministerios públicos. Viridiana recuerda el caso de una chica de 16 años que fue violada en el municipio de Ometepec. Decidió abortar y junto con sus padres asistió al MP a denunciar y a obtener la autorización para la interrupción del embarazo.
La agente trató de convencerla y puso muchos obstáculos, incluso, ofreció adoptar al niño si decidía tenerlo, luego la hostigó. La amenazó: si descubrían que no fue violada la iban encarcelar. Tras la autorización, la agente envió patrullas al domicilio de la chica hasta que se realizó la interrupción.
“En estos dos años, el Estado es el responsable de que niñas y mujeres estén pariendo hijos de sus violadores”, reclama Viridiana, y añade que es importante la aplicación de la norma porque eso implica que el Estado asume la reparación del daño de las mujeres violadas.
En Guerrero, que las mujeres violadas queden embarazadas es una realidad y eso lo sabe la Secretaría de Salud.
A través de una solicitud de información, la dependencia informó que en hospitales y centros de salud de Guerrero, en 2019 se realizaron 29 interrupciones de embarazo, nueve fueron niñas de entre 13 y 17 años.
Las 29 mujeres fueron violadas.
Niña dando a luz en su casa
Eran las cuatro de la mañana del 3 de septiembre de 2018. Esmeralda comenzó a sentir dolores, estaba en trabajo de parto. Despertó a su mamá y a su abuela. Las dos ayudaron a Esmeralda, quien se convirtió en madre a los 14 años.
Rosa Elena tomó a Esmeralda y a la niña, salieron caminando a la carretera federal Acapulco-Oaxaca para encontrar un taxi que las llevara al hospital. Era urgente: Esmeralda tenía una crisis de pulmonía y la bebé se ponía “morada”. Las dos niñas estuvieron internadas cuatro días.
El último día, los médicos informaron a Rosa Elena que su nieta había muerto. Murió, según el acta de defunción, de un choque séptico, sepsis neonatal y de neumonía. Tenía 27 semanas de gestación. Midió 37 centímetros y pesó un kilo 185 gramos. La nombraron Karla.
Los médicos también pidieron que buscara una funeraria. La mujer no contaba con el dinero para ese servicio.
Médicos y trabajadores se cooperaron para pagarle un taxi que las llevara hasta su casa de forma clandestina. Rosa Elena, Esmeralda y la niña salieron por la puerta trasera del hospital.
A dos años, Esmeralda sigue igual de vulnerable y sin recibir ayuda como víctima. Rosa Elena aún piensa que iba a “sacar adelante” a su nieta, pese a la pobreza en la que viven. El Moro sigue libre porque nunca lo han denunciado.
Por: Arturo de Dios Palma/El Universal,México/GDA
ENTREGA ESPECIAL
Ella es Rute Cardoso, la esposa del futbolista Diogo Jota y madre de sus tres hijos: así fue su historia de amor

Rute Cardoso, esposa del futbolista portugués Diogo Jota y madre de sus tres hijos, ha sido una figura clave en la vida del jugador del Liverpool, con quien compartió más de una década de relación. La pareja comenzó su historia de amor en 2013, cuando ambos eran estudiantes en Portugal, y desde entonces construyeron una sólida relación basada en el apoyo mutuo.
En 2017, Rute se trasladó con Jota a Inglaterra tras su fichaje por el Wolverhampton Wanderers, acompañándolo en su carrera profesional. Tras nueve años de relación, el futbolista le propuso matrimonio en 2022 y, finalmente, se casaron en junio de 2025, apenas unas semanas antes de la tragedia que acabó con su vida.
La pareja ya había formado una familia: su primer hijo nació en 2021, el segundo en 2023 y una hija en noviembre de 2024. A pesar de sus compromisos deportivos, Diogo Jota se destacó por su dedicación como padre y esposo. En una de sus últimas publicaciones, compartió un video con imágenes de su boda, acompañado por el mensaje: “Un día que nunca olvidaremos”.
El futbolista falleció este jueves 3 de julio, a los 28 años, en un accidente de tránsito ocurrido en la provincia de Zamora, España, donde también perdió la vida su hermano menor, André Silva. La noticia ha conmocionado al mundo del deporte y ha dejado un vacío profundo en su familia y seguidores.
ENTREGA ESPECIAL
FOTOS | Se cumplen 17 años de la tragedia de la Málaga que cobró la vida de 32 personas de la iglesia Elim

Este 3 de julio se conmemoran 17 años de una de las tragedias más dolorosas provocadas por la naturaleza en la historia reciente de El Salvador: el arrastre de un autobús por la repunta del río Arenal de Monserrat, en las cercanías de la colonia La Málaga, que dejó 32 víctimas mortales.
El suceso ocurrió la noche del jueves 3 de julio de 2008, cuando un autobús con 33 miembros de la Iglesia Misión Cristiana Elim retornaba a sus hogares tras una actividad religiosa. Cerca de las 8:00 p. m., la repentina crecida del río alcanzó al vehículo, provocando que el motor se apagara y quedara a merced de la corriente.
En el bus viajaban niños, mujeres y adultos mayores. En medio del caos, dos jóvenes intentaron escapar trepando al techo del autobús, pero solo uno de ellos, Fabricio Montoya, logró sobrevivir gracias a un lazo que un vecino le lanzó desde un punto seguro.
El resto de los ocupantes fueron arrastrados por la fuerte corriente. El primer día solo se recuperaron la mitad de los cuerpos, mientras que las demás víctimas fueron encontradas en los días siguientes, en distintos puntos a lo largo del cauce del río y sus afluentes.
La tragedia de La Málaga se convirtió en un símbolo del riesgo que representan las lluvias intensas para comunidades asentadas cerca de ríos y quebradas. Años después, sigue siendo un recordatorio de la importancia de la prevención y la respuesta rápida ante emergencias de origen natural.
ENTREGA ESPECIAL
15 años del horror en Mejicanos: la masacre del microbús que marcó a El Salvador

Foto: Cortesía
Este 20 de junio se cumplen 15 años de la masacre del microbús en Mejicanos, uno de los ataques más atroces perpetrados por las pandillas en la historia moderna de El Salvador. En la tarde de 2010, miembros de la Mara 18 secuestraron la ruta 47, la desviaron hacia la colonia Jardín, dispararon contra los pasajeros y luego incendiaron el vehículo con gasolina, dejando a decenas atrapados.

Carlos Oswaldo Alvarado, uno de los pandilleros que incendió el microbús de la ruta 47 para vengar el asesinato de uno de sus hermanos, fue condenado a 410 años de prisión, en marzo de 2016. Foto EDH/ Archivo
La tarde se tiñó de horror: al menos 17 personas murieron calcinadas, 15 quedaron heridas —muchas con quemaduras severas de tercer grado— y otras huyeron baleadas mientras intentaban escapar. Testimonios desgarradores narran el sacrificio de madres intentando salvar a sus hijos, solo para que los agresores les dispararan impunemente .

En septiembre de 2013, el pandillero Gustavo Ernesto López Huezo fue condenado a 66 años por ser el autor intelectual de la quema del microbús con 17 personas adentro. Foto EDH/ Archivo

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El presidente de entonces, Mauricio Funes, calificó los hechos como “terrorismo puro” y subrayó la necesidad de reforzar la seguridad nacional. Las autoridades apresaron a ocho pandilleros, incluido el autor intelectual, y tras largos juicios fueron condenados a penas mayores de 66 a 400 años de cárcel.

Foto: Cortesía

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Este ataque no ocurrió en el vacío, sino dentro de un ciclo de violencia entre pandillas —Mara 18 y MS‑13— que marcó a El Salvador desde los años 90, cuando esos grupos se afianzaron tras la guerra civil y las deportaciones desde Estados Unidos.

Foto: Cortesía

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En los últimos 30 años, las pandillas han dejado una enorme huella de dolor: se estima que entre 1992 y 2022, El Salvador sufrió cientos de miles de asesinatos violentos, muchos directamente relacionados con estas estructuras criminales. La tasa de homicidios alcanzó un pico de más de 140 por cada 100 000 habitantes en 1995 y luego un segundo pico en 2015 con 105 por cada 100 000, sumando alrededor de 7 977 y 6 656 homicidios en esos años, respectivamente.
Hoy se cumplen 15 años de uno de los peores atentados terroristas de las maras. Les dejo el testimonio de este milagro de vida de 3 sobrevivientes. 💙
Porque hoy es tiempo de ver, oír y hablar para nunca regresar al pasado.
🔗 Video completo 👇https://t.co/J0s5znBt9b pic.twitter.com/vxsx980QE6
— Christian Guevara 🇸🇻 (@ChrisGuevaraG) June 20, 2025

Foto: Cortesía
Desde 2019, bajo la gestión de Nayib Bukele con el Plan de Control Territorial y regímenes de excepción, las cifras de homicidios se desplomaron: de 52 por 100 000 en 2018 a menos de 8 en 2022, y un récord histórico de 114 homicidios totales en 2024 (1.9 por 100 000), el menor nivel desde los Acuerdos de Paz.
Sin embargo, el contraste entre la actualidad y aquel pasado atroz no debe ocultar que la violencia estructural persiste. La imposición de Estados de excepción ha implicado arrestos masivos (más de 78 000 sospechosos detenidos entre 2022 y 2024), y ha habido denuncias por derechos humanos . La derrota visible de las pandillas plantea ahora el desafío de una seguridad sostenible y respetuosa del Estado de Derecho.
Hoy, la conciencia social exige recordar el horror de Mejicanos no como un capítulo aislado, sino como una advertencia: sin inversión en educación, reconciliación comunitaria y oportunidades, la estructura delincuencial podría resurgir. El dolor de aquellas familias –en algunos casos apelando al perdón, en otros pidiendo justicia– vive en nuestra memoria colectiva .
A 15 años, las heridas siguen abiertas. Los rostros de los 17 muertos y de sus seres cercanos piden nuevas generaciones de salvadoreños que no se acostumbren a un ambiente de miedo. La esperanza radica en un país que vea la seguridad no solo como la ausencia de violencia, sino como la presencia de oportunidades para todos.
Que este aniversario renueve el compromiso: no solo con la memoria, sino con una sociedad que impida que hechos iguales o peores vuelvan a repetirse.