ENTREGA ESPECIAL
A Esmeralda le robaron su inocencia y quedó embarazada; mientras «El Moro», el hombre que la violó sigue libre porque nunca lo denunciaron, por ignorancia; y para el sistema de salud, la menor nunca fue una víctima de violación, sino una paciente más
Esmeralda, una niña de 14 años de edad a quien le arrebataron su inocencia y su virginidad, descubrió que estaba embarazada cuando la familia la llevó al centro de salud que está a la vuelta de su casa, ellos lo descubrieron por lo abultado de su vientre, pero nadie se sorprendió.
Ninguno de los médicos o enfermeras se detuvo a observar los detalles del embarazo. Nadie dio importancia a su retraso cognitivo y de aprendizaje, tampoco se fijó en la talla de la niña: mide un metro con 32 centímetros, pesa 37 kilos; la pequeñez de su cabeza y sus manos dan la apariencia de tener menos edad, pero ninguno observó la desnutrición ni su contexto de pobreza.
Nadie se cuestionó si una niña como Esmeralda decidió su embarazo o era víctima de violación. Era la primera consulta y tenía 20 semanas de gestación.
Del centro de salud la remitieron al hospital Donato Alarcón por el alto riesgo que representaba su estado de gravidez. Cuando llegó ahí, Esmeralda comenzó su control prenatal, y otra vez ninguno de los médicos y/o trabajadoras sociales observó los detalles de su embarazo.
La familia de Esmeralda la integran sus abuelos, su madre Rosa Elena y sus hermanos Margarita, de 14 años, y Vinicio, de 11. Todos son analfabetas.
Del agresor
“El Moro”, es el apodo de aquel hombre que violó a Esmeralda, la niña de 14 años. Era del pueblo donde viven la niña y su familia.
Cada que quería llegaba a la casa de Esmeralda y amenazaba con que se la llevaría. Una vez lo intentó. Los abuelos la escondieron y le prohibieron que se le acercara. Entonces amenazó con que si le negaban verla los mataría o los enterraría vivos.
Los abuelos le dijeron a Rosa Elena, la madre de Esmeralda, que tenía que irse de la casa y del pueblo para evitar que El Moro cumpliera su amenaza.
Rosa Elena buscó opciones, pero no tuvo dinero para sobrevivir sola con sus hijos, tampoco encontró refugio con un familiar, así que se quedaron, sin saber cuál sería su destino.
Cuando Esmeralda estaba embarazada, ninguno de los médicos dio importancia a su retraso cognitivo ni a que medía 1.32 metros y pesaba 37 kilos
Una tarde de marzo de 2018, en la casa estaban sólo Esmeralda y sus dos hermanos menores, Vinicio y Margarita. Se estaba bañando cuando El Moro llegó, fue al baño y se la llevó.
Vinicio corrió a buscar ayuda. Encontró a un primo. Fueron a buscarla por el rumbo que tomó El Moro. No tardaron: los hallaron en una barranca cercana. El hombre violaba a Esmeralda.
Vinicio y su primo le tiraron piedras hasta que la dejó. El Moro huyó y dejó a Esmeralda tirada en la barranca, desnuda y temblando.
Vinicio tiene muy nítida la escena. No la olvida. Esmeralda, en cambio, nunca ha podido contar lo que pasó.
Vulnerables
Para el sistema de salud en Guerrero, Esmeralda nunca fue una víctima de violación, sino una paciente más. La médica Cristina Romero fue quien notó la vulnerabilidad de la niña.
Cristina formaba parte del equipo de Médicos Sin Fronteras que ofrecía ayuda a mujeres violentadas en el hospital de Renacimiento. El caso de Esmeralda llamó su atención. Hizo lo que otros ignoraron: observó su vulnerabilidad.
A dos años de haber sido víctima de abuso, la adolescente sigue igual de vulnerable y sin recibir ayuda como víctima.
Intentó acercarse a Esmeralda, no quiso hablar, entonces lo hizo con Rosa Elena, quien le contó lo que hizo El Moro con su hija.
La atendió para prevenir alguna enfermedad de transmisión sexual. Después le explicó a la madre que la menor necesitaba atención sicológica y médica, también le habló de la interrupción del embarazo. Rosa Elena descartó la posibilidad; ella —dijo— no sería capaz de “matar” a su nieta.
Cristina descubrió que en el control prenatal les realizaron ultrasonidos, y en alguna ocasión a las dos las dejaron escuchar el latido del corazón de la niña. Eso, dice Cristina, estableció un lazo sentimental.
En el sistema de salud en Guerrero hay resistencia para aplicar la interrupción del embarazo, incluso, en casos de violación, pese a la vigencia de la Norma Ocial Mexicana para la violencia familiar, sexual contra las mujeres, (NOM046).
La norma indica que, en caso de embarazo por violación, las instituciones públicas de servicios médicos deberán interrumpir el embarazo.
El problema, dice Cristina, es que muchos médicos no están capacitados para aplicar el precepto y han normalizado la violencia contra la mujer.
“Muchos ven normal que una niña se embarace de un hombre mayor, justifican que son usos y costumbres”, comenta Cristina.
Además, señala, hay médicos que prefieren acatar el Código Penal de Guerrero, que condiciona la interrupción de embarazo por violación, a la autorización de un Ministerio Público (MP).
El problema de violencia sexual contra mujeres en Guerrero es profundo.
En 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizó 345 denuncias por violación. Una mujer fue violada al día.
Esmeralda estudió hasta quinto de primaria, pero la sacaron por inquieta, dice su madre; mientras que su hermano Vinicio quiere estudiar la secundaria.
Para las niñas es más agudo. En octubre de 2019, Inmujeres reportó que en México 11 mil menores de 14 años se convertían en madres al año; 32 menores se embarazaban al día. La mayoría, dijo el instituto, producto de violación.
En 2017, la OCDE colocó a México en el primer lugar en abuso sexual, violación y homicidios contra los niños y niñas: registró 4.5 millones de menores violentados.
La cifra puede ser mucho mayor mucho En México el principal violador de los niños y niñas está en su círculo íntimo: son los papás, tios, primos, y esas agresiones casi no se denuncian.
Cadena de desamparo
La familia de Esmeralda la integran su madre, Rosa Elena, de 37 años, y sus hermanos Margarita, de 14, y Vinicio, de 11. Los cuatro tienen discapacidad intelectual. Ninguno sabe leer ni escribir. Todos tienen problemas de desnutrición y viven en la casa de los abuelos.
La vivienda es un cuarto de ocho por cuatro metros. Una parte del techo es de lámina de cartón, otra de bolsas de plástico. No tienen cocina ni refrigerador. Cuentan con dos camas para todos.
Se mantienen con lo que gana el abuelo vendiendo botes de plástico y empleándose de cargador, pero no es suficiente.
Otra parte del ingreso lo obtienen de los programas sociales que reciben los niños y Rosa Elena, pero hay riesgo de que se los quiten porque los menores dejaron la escuela.
Vinicio quiere estudiar la secundaria; Rosa Elena no lo inscribió porque no pudo pagar las cooperaciones, los útiles y los uniformes, aunque se sincera: tampoco iba a poder pagar los pasajes.
Hay otra razón importante: Vinicio no sabe leer ni escribir.
Esmeralda estudió hasta el quinto grado de primaria. Su madre dice que la sacaron porque era muy inquieta y la mandaron a terapias psicológicas.
A las sesiones fue un tiempo, después ya no se pudo, pues llevarla costaba 200 pesos, así que no titubearon en decidir entre las terapias o la comida.
La familia vive con los abuelos desde hace cuatro años, cuando Rosa Elena decidió dejar a su esposo. El hombre no trabajaba y casi siempre que llegaba borracho la golpeaba. Huyó cuando la familia de su esposo lo ingresó a un centro de rehabilitación.
Desde hace cuatro años la familia de Esmeralda se fue a vivir con sus abuelos porque Rosa Elena, la madre, sufría violencia por parte de su esposo
La historia de Rosa Elena también es de violencia y violación: su esposo se la robó, se la llevó a vivir con él y la puso a trabajar en una cantina.
En estos tres años, los abuelos se han hecho cargo de los cuatro, pero la abuela ya se va porque su esposo la maltrata.
Piden alerta de género
Viridiana Gutiérrez es la coordinadora del Observatorio Ciudadano de Violencia hacia las Mujeres en Guerrero. Desde hace años centra su energía para que se homologue el artículo 159 del Código Penal con la NOM046.
El año pasado, el Observatorio solicitó la segunda Alerta de Género en Guerrero, esta vez, por agravio comparado, para que las autoridades homologuen el código con la norma. La alerta fue admitida, pero las reformas no llegan.
Hace dos años, propusieron al secretario de Salud, Carlos de la Peña Pinto, que dé certeza jurídica a los médicos para aplicar la NOM046 ante el temor de meterse en problemas legales, con una circular en la que autorice la interrupción del embarazo.
“Nosotros hemos dicho que apliquen el criterio pro-persona, que cuando se cruzan dos leyes, se le dé preferencia a la ley que más protege a las personas. Es decir, si el Estado no pudo evitar que las violaran, por lo menos que las atienda adecuadamente”, dice Viridiana.
En octubre de 2017 entregaron al funcionario la circular redactada para que sólo fuera firmada, incluso, ofrecieron capacitar al personal de salud de forma gratuita. Siguen sin respuesta.
De parte del secretario han encontrado resistencia. Viridiana cuenta cómo en un taller que impartían a personal de salud le explicaron la necesidad de rmar la circular. El secretario se negó: “En Guerrero no se hacen abortos si no vienen con denuncia”, recuerda la respuesta del funcionario.
Hasta ahora, pese a que está activa la segunda Alerta de Género, lo que han logrado es que en Guerrero apliquen la NOM046 dos hospitales, el Donato Alarcón, en Acapulco, y el Raymundo Abarca, en Chilpancingo.
Esto, dice Viridiana, es importante pero insuficiente: de 81 municipios que tiene Guerrero, sólo en dos se aplica la norma; y población, como la indígena, sigue sin ese derecho.
La familia se mantiene con lo que gana el abuelo vendiendo botes de plástico y empleándose de cargador. Vinicio ayuda en la recolección.
La resistencia no sólo es del Sector Salud, también de los ministerios públicos. Viridiana recuerda el caso de una chica de 16 años que fue violada en el municipio de Ometepec. Decidió abortar y junto con sus padres asistió al MP a denunciar y a obtener la autorización para la interrupción del embarazo.
La agente trató de convencerla y puso muchos obstáculos, incluso, ofreció adoptar al niño si decidía tenerlo, luego la hostigó. La amenazó: si descubrían que no fue violada la iban encarcelar. Tras la autorización, la agente envió patrullas al domicilio de la chica hasta que se realizó la interrupción.
“En estos dos años, el Estado es el responsable de que niñas y mujeres estén pariendo hijos de sus violadores”, reclama Viridiana, y añade que es importante la aplicación de la norma porque eso implica que el Estado asume la reparación del daño de las mujeres violadas.
En Guerrero, que las mujeres violadas queden embarazadas es una realidad y eso lo sabe la Secretaría de Salud.
A través de una solicitud de información, la dependencia informó que en hospitales y centros de salud de Guerrero, en 2019 se realizaron 29 interrupciones de embarazo, nueve fueron niñas de entre 13 y 17 años.
Las 29 mujeres fueron violadas.
Niña dando a luz en su casa
Eran las cuatro de la mañana del 3 de septiembre de 2018. Esmeralda comenzó a sentir dolores, estaba en trabajo de parto. Despertó a su mamá y a su abuela. Las dos ayudaron a Esmeralda, quien se convirtió en madre a los 14 años.
Rosa Elena tomó a Esmeralda y a la niña, salieron caminando a la carretera federal Acapulco-Oaxaca para encontrar un taxi que las llevara al hospital. Era urgente: Esmeralda tenía una crisis de pulmonía y la bebé se ponía “morada”. Las dos niñas estuvieron internadas cuatro días.
El último día, los médicos informaron a Rosa Elena que su nieta había muerto. Murió, según el acta de defunción, de un choque séptico, sepsis neonatal y de neumonía. Tenía 27 semanas de gestación. Midió 37 centímetros y pesó un kilo 185 gramos. La nombraron Karla.
Los médicos también pidieron que buscara una funeraria. La mujer no contaba con el dinero para ese servicio.
Médicos y trabajadores se cooperaron para pagarle un taxi que las llevara hasta su casa de forma clandestina. Rosa Elena, Esmeralda y la niña salieron por la puerta trasera del hospital.
A dos años, Esmeralda sigue igual de vulnerable y sin recibir ayuda como víctima. Rosa Elena aún piensa que iba a “sacar adelante” a su nieta, pese a la pobreza en la que viven. El Moro sigue libre porque nunca lo han denunciado.
Por: Arturo de Dios Palma/El Universal,México/GDA
En medio de los escombros y la tragedia en Cali, una historia de esperanza conmovió a la comunidad luego de que Bomberos de Cali rescataran con vida a un perrito que permaneció atrapado durante más de 24 horas.
De acuerdo con el relato, al sentir la presencia de los rescatistas, el animal comenzó a ladrar repetidamente, como si intentara alertarlos de que se encontraba bajo los escombros y necesitaba ayuda.
Los equipos de rescate, junto con miembros de la comunidad, trabajaron para llegar hasta el lugar donde permanecía atrapado y finalmente lograron sacarlo con vida y ponerlo a salvo.
La mirada del perrito, marcada por el miedo, pero también por la esperanza, se convirtió en uno de los momentos que recuerdan que, en medio de una tragedia, cada vida importa.
El animal permaneció más de 24 horas entre los escombros antes de volver a estar a salvo y recibir nuevamente el contacto de las personas que participaron en su rescate.
ENTREGA ESPECIAL
De fuente protegida de El Faro a capturado: cae “Little Man”, pandillero que acusó a Bukele de pactos con la 18
Remberto Ismael Colindres Rajo apareció en una investigación periodística haciendo graves señalamientos sobre supuestos acuerdos políticos con pandillas. Más de un año después, fue localizado en México y trasladado nuevamente a El Salvador. Su captura ha reabierto una polémica que ahora también alcanza al papel de los periodistas que lo entrevistaron.
La historia de Remberto Ismael Colindres Rajo, alias “Little Man”, dio un giro que difícilmente pasará inadvertido en la discusión política salvadoreña. El hombre que en 2025 apareció como una de las fuentes utilizadas para sostener explosivas acusaciones sobre supuestos pactos entre políticos y la Pandilla 18 fue localizado en México y terminó nuevamente bajo custodia de las autoridades salvadoreñas.
El Ministerio de Gobernación de Guatemala confirmó que Colindres Rajo, de 37 años, se encontraba entre cinco salvadoreños entregados por autoridades mexicanas en la frontera de El Carmen, San Marcos. La institución guatemalteca los identificó como presuntos integrantes de estructuras de pandillas y posteriormente los trasladó hacia la frontera con El Salvador. En el caso de “Little Man”, Guatemala indicó que registra antecedentes por agrupaciones ilícitas y extorsión agravada en grado de tentativa.
Pero el nombre de Colindres Rajo ya había trascendido mucho antes de esta operación.
En 2025, “Little Man” apareció como fuente en una investigación difundida por El Faro y N+ Univision sobre presuntos acuerdos entre dirigentes políticos y miembros de la Pandilla 18. En aquel trabajo, el pandillero sostuvo que la estructura criminal había utilizado su control territorial para presionar a comunidades y conseguir respaldo electoral para Nayib Bukele durante su ascenso político.
Su testimonio fue particularmente polémico. “Little Man” afirmó que desde la estructura se giraban instrucciones para obligar a familiares y habitantes de comunidades controladas por la pandilla a votar por Bukele bajo amenazas. También aseguró que durante determinados períodos existió un entendimiento para reducir enfrentamientos y que Carlos Marroquín, funcionario vinculado a la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, habría tenido contacto con integrantes de la organización. Bukele negó públicamente aquellas acusaciones.
El personaje utilizado como fuente tampoco fue presentado por los propios reportajes como un ciudadano ajeno a las estructuras criminales. Publicaciones de la época describieron a “Little Man”, también identificado con el alias “Tasmania”, como un integrante con peso dentro del Barrio 18 y señalaron que su rostro y ubicación no serían revelados durante la publicación del material.
Ese detalle cobra una dimensión distinta después de su captura.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aprovechó la detención para atacar directamente al medio que entrevistó al pandillero. El funcionario lo describió como uno de los sujetos a los que El Faro habría dado espacio en sus investigaciones y fue todavía más lejos: afirmó que periodistas involucrados en el reportaje supuestamente ofrecieron gestionar para Colindres Rajo asilo y tranquilidad en México a cambio de su participación.
Precisamente ahí aparece la nueva controversia.
Una cosa es que un periodista proteja la identidad o ubicación de una fuente —una práctica utilizada habitualmente cuando revelar esa información puede poner en peligro a quien proporciona datos— y otra muy distinta sería colaborar activamente para que una persona requerida por la justicia escape de las autoridades. La primera pertenece al terreno de la protección de fuentes; la segunda, de comprobarse, plantearía cuestionamientos de naturaleza completamente diferente. Por ahora, la acusación pública del ministro no permite confundir ambas situaciones.
La captura también coloca bajo una nueva lupa las declaraciones que “Little Man” realizó en 2025. Haber sido detenido o poseer antecedentes no demuestra por sí solo que aquello que declaró fuera falso; del mismo modo, que haya participado como fuente tampoco convierte automáticamente sus afirmaciones en hechos comprobados. Su testimonio debía ser —y continúa debiendo ser— evaluado frente a documentos, otras fuentes y evidencias independientes.
El caso resulta todavía más explosivo porque El Faro ha publicado durante años investigaciones sobre supuestas negociaciones entre distintos gobiernos salvadoreños y estructuras criminales. En 2021, por ejemplo, el medio publicó información basada en documentos de una investigación de la Fiscalía denominada “Catedral”, en la que se señalaban reuniones entre funcionarios y representantes de las principales pandillas dentro de centros penitenciarios.
Ahora, sin embargo, uno de los hombres que apareció contando desde adentro su versión sobre esos supuestos entendimientos ya no está oculto ni fuera del alcance de las autoridades salvadoreñas.
“Little Man” pasó de fuente protegida a detenido.
Y con su regreso a El Salvador se abre una interrogante que probablemente continuará alimentando el enfrentamiento entre el Gobierno y uno de sus medios más críticos: ¿la captura servirá únicamente para procesar al presunto pandillero por los delitos que las autoridades le atribuyen, o también permitirá comprobar —o desmontar— algunas de las acusaciones que durante meses colocaron su testimonio en el centro de la tormenta política?
Por ahora hay una certeza: el hombre cuya identidad y ubicación fueron protegidas mientras hacía acusaciones capaces de sacudir al poder político salvadoreño ya está en manos de ese mismo Estado.
ENTREGA ESPECIAL
Ella es Cinthya, una joven que venció el cáncer gracias al apoyo de la fundación donde era voluntaria
Hasta hace unos meses, Cinthya García dedicaba parte de su tiempo a acompañar y orientar a personas con cáncer como voluntaria de la Fundación Edificando Vidas. A sus 24 años, la residente de Soyapango y estudiante de Relaciones Públicas y Marketing conocía de cerca las historias de quienes enfrentaban la enfermedad, pero nunca imaginó que ella también recibiría ese diagnóstico.
«Me diagnosticaron cáncer de ovarios germinal. Este es un cáncer más que todo hormonal. Cuando recibí el diagnóstico fue tan de la nada, nunca me imaginé que me iban a decir eso», relató Cinthya.
La joven recordó que el primer síntoma que notó fue un inesperado brote de acné. Posteriormente, el tratamiento que recibió para esa condición le provocó gastritis, por lo que acudió a otros especialistas. Tras varias consultas y exámenes, fue diagnosticada con cáncer de ovarios germinal.
«Cuando recibí la noticia de que yo tenía cáncer fue un golpe realmente muy fuerte», expresó.
Cinthya señaló que inicialmente dudó en someterse a la cirugía y al tratamiento. Sin embargo, aseguró que encontró el apoyo necesario en la misma fundación donde colaboraba como voluntaria.
«Al principio pensé en no hacerlo, pero gracias a Marcella Carrillo, fundadora de Edificando Vidas, pude tener valor de someterme al tratamiento. Cuando me operaron, el cáncer ya estaba en etapa dos», contó.
La joven afirmó que el proceso no fue fácil, ya que recibió quimioterapia y experimentó el agotamiento físico y emocional que anteriormente había escuchado describir a otros pacientes. Además, indicó que uno de los momentos más difíciles fue aceptar la caída del cabello.
«Aprendí a tener más seguridad conmigo misma porque como mujer es un choque muy impactante que te digan que se te va a caer el pelo. Marcella siempre estuvo guiándome y diciéndome que el cabello no me define», manifestó.
La Fundación Edificando Vidas brinda atención integral a pacientes con todo tipo de cáncer y desarrolla iniciativas orientadas a promover la detección temprana, así como el acompañamiento durante el proceso de diagnóstico y tratamiento.
Entre los servicios que ofrece se encuentra una clínica especializada en diagnóstico temprano de cáncer. Además, proporciona apoyo emocional a pacientes y sus familias, ofrece apoyo espiritual e impulsa una clínica móvil de tamizaje y educación sobre el cáncer, la cual se desplaza a comunidades rurales y de difícil acceso para realizar pruebas de detección temprana y jornadas de sensibilización.
Con información de Diario El Salvador.
