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Abogado penalista: “No existe persona más hipócrita y con doble moral que el exmagistrado Carlos Sánchez, aplica justicia selectiva y a conveniencia”
La frase “justicia selectiva”, ha sido bien aplicada por el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Ernesto Sánchez Escobar, quien ahora a su conveniencia afirma que las resoluciones internacionales sí son de obligatorio cumplimiento, pero hay una razón de interés por medio, ya que, busca que el sistema de justicia interamericano emita un fallo a su favor para volver a la Sala de lo Constitucional, de la que fue removido el 1 de mayo.
Tras la publicación en el Diario de Hoy, la reacción no se hizo esperar por parte de los abogados penalistas en el país. Uno de ellos que habló bajo condición de anonimato, dijo que las afirmaciones del exmagistrado son “hipócritas y de doble moral”, y agregó que “no existe persona más hipócrita y de doble moral que el exmagistrado Carlos Ernesto Sánchez”.
Sánchez Escobar fue destituido el pasado 1 de mayo como magistrado de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, junto a otros funcionarios, acusado por la nueva Asamblea Legislativa de aplicar justicia de manera selectiva y obstaculizar con sus fallos el trabajo del Gobierno particularmente del Ministerio de Salud durante la pandemia y, además, por responder a intereses políticos y partidarios.
La Cámara Primera de lo Penal, de la que Carlos Sánchez fue miembro, anuló la orden de captura en contra del hermano de Sigfrido Reyes, Earle René Reyes Morales, por considerar que no fue debidamente notificado del proceso en su contra.
También, liberó al primo de la exprimera Dama de la República, Ana Ligia de Saca y quien es vinculado a un caso de lavado de dinero. Fue beneficiado con el arresto en casa mientras el proceso en su contra seguía ventilándose.
Esa misma cámara en la que administró justicia Carlos Sánchez, también anuló la orden de captura contra Norman Quijano y dejó sin efecto la orden de arresto contra el empresario Adán Salazar Umaña, a quien la Fiscalía acusa de lavado de dinero por medio de unas 30 empresas.
El año pasado, la cámara de Carlos Sánchez rechazó juzgar al exdiputado Roberto Silva Pereira argumentando que éste ya no era funcionario. Silva Pereira es acusado de sobornar alcaldes para obtener fondos públicos e introducir al sistema financiero $14 millones ilegales.
Esa misma cámara autorizó este año que el diputado de ARENA, Arturo Magaña, conciliara con las víctimas de un aparatoso accidente que él causó. En este caso hubo un muerto.
Pero ahora, el exmagistrado Carlos Sánchez quiere aplicar la justicia a su beneficio dice el abogado penalista, cuando en el pasado desmeritó resoluciones internacionales, tal es el caso del empresario Enrique Rais, a inicio de este año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicó en su página oficial un dictamen emitido por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (GTDA) , en el que se indicaba que las órdenes de detención emitidas por las autoridades judiciales de El Salvador y la persecución penal promovida por la FGR en contra del empresario Enrique Rais son arbitrarias por violentar disposiciones contenidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El GTDA es el único órgano del sistema internacional de derechos humanos al que la antigua Comisión de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas han confiado el mandato específico de recibir y examinar casos de privación arbitraria de la libertad. A este título el GTDA ha interpretado y aplicado las normas. Es jurídicas internacionales sobre privación de libertad promulgadas a nivel nacional, regional e internacional desde 1991.
Pero como acudir a instancias internacionales, se ha vuelto de interés para el exmagistrado Sánchez Escobar, ahora con toda contundencia afirma que los tratados internaciones son de obligatorio cumplimiento. En la entrevista concedida a El Diario de Hoy, asegura que acudirá al sistema de justicia interamericano, por las reformas a la Ley de la Carrera Judicial ejecutadas por el Gobierno “Afecta normas constitucionales y la independencia de los jueces. Hay un vicio de origen, una tara, una herida de muerte en este decreto por ser violatorio de la Constitución. Vamos a proceder tanto internamente como externamente porque no puede haber jueces a la carta”, expresó el exmagistrado. Por: @lanoticiasv
Enero cerró con más eventos de vientos nortes de lo habitual y un descenso de temperaturas hacia finales del mes, especialmente durante las noches y madrugadas, así lo informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
De acuerdo con el resumen meteorológico, en enero se registraron 6 eventos de vientos y la temperatura más baja fue de 5 °C en la estación Las Pilas, Chalatenango.
Mientras que, el 24 de enero se registró la temperatura más alta del mes con 39.9 °C en la estación de Santa Rosa de Lima, La Unión.
En cuanto al acumulado de lluvias, se reportó un 26 % arriba de lo normal, pues fue de 3.1 milímetros; y el acumulado máximo del mes fue de 17 milímetros en la estación de Ilobasco, Cabañas.
Por otra parte, en enero, se registraron 213 sismos en El Salvador, tanto por fallas locales como frente a la costa. De los cuales 26 fueron sentidos por la población.
El 77 % ocurrió en la costa de El Salvador o países vecinos y el 23 % dentro del territorio por activación de fallas geológicas locales.
El sismo regional de mayor magnitud fue de 5.8 y ocurrió el 16 de enero en el territorio de Honduras. Mientras que, el sismo local de mayor intensidad fue de 3.3 en el distrito de Juayúa, en Sonsonate Centro, el 9 de enero; y en el distrito El Carmen, La Unión, el 23 del mismo mes.
Entre los sismos por fallas geológicas locales, 15 ocurrieron entre la zona de Los Naranjos, Apaneca y Juayúa; 13 entre la zona de Tecapa, Berlín y Alegría; y 9 en San Lorenzo y alrededores.
El clima de negocios impulsado por las estrategias estatales se vio materializado en la constitución de 8,373 nuevas empresas en 2025, así lo informó el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros.
De esa cifra, 4,551 fueron Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), y 2,742 sociedades jurídicas, y 1,080 sociedades individuales.
El funcionario señaló que esta cantidad de nuevas unidades de negocios supera el récord alcanzado en 2024 cuando se tuvo 6,042; y que solo la sumatoria de esos dos años supera la cantidad de registros que tenía el país en los gobiernos del pasado.
«En dos años llevamos alrededor de 15,000 empresas creadas. En 2024 y 2025, del segundo mandato del presidente Nayib Bukele, se ha logrado más que en 10 años de gobierno del FMLN», dijo.
«Esto es importante enmarcarlo porque habla del compromiso del Gobierno de El Salvador, eso incluye a la Asamblea Legislativa que ha facilitado y ha permitido materializar cambios normativos que ahora se ven reflejados en el número de empresas», agregó.
Para Trigueros es importante analizar que estos no son números fríos, sino que son indicativos de creación de empleos, de inversión, y de consolidación de metas.
Por otro lado, mencionó que, en general 2025, fue un año destacable en cuanto a dinamización económica relacionada con los servicios que ofrece el CNR, lo que se refleja en el incremento del 11.1 % en la demanda de atenciones que la institución brinda.
Con datos hasta el 31 de enero de este año, El Salvador contabiliza 7,274 Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), detalló Trigueros. Este modelo se implementó en febrero de 2022.
Esta modalidad fue creada para incentivar la formalización empresarial, y consiste en un proceso simplificado que no requiere de servicios notariales, puede ser inscrita con un solo socio, y requiere de $1 para ser constituida.
Trigueros afirmó que este despliegue de formalización de negocios representa un capital social total de $18.4 millones, inversiones que materializan la visión del Gobierno del presidente Nayib Bukele de empujar el desarrollo económico de El Salvador.
«En el país está sucediendo un cambio de visión a partir de que el presidente Bukele nos dice ‘vamos a centrarnos en la reactivación económica’», comentó.
El funcionario ahondó que la implementación de las SAS brindó a la matriz económica salvadoreña una forma ágil y rápida de construir empresas formales, y que esta visión antiburocrática se ha convertido en un incentivo para la inversión.
«Cuando los trámites demoran demasiado, o son muy complejos desincentivan las iniciativas de crear empresas, por el contrario, períodos cortos de tiempo, siendo efectivos en el mismo, permiten como país atraer a inversionistas nacionales y extranjeros que quieren abrir su empresa», acotó.
Con 56 votos, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul, con la que se establece una nueva institución responsable de planificar y ejecutar políticas públicas de pesca, acuicultura y actividades conexas, orientadas al aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y de agua dulce.
La normativa da paso a la creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA), una institución autónoma, con patrimonio propio y adscrita al Ministerio de Economía, que ejercerá la rectoría del sector pesquero y acuícola del país.
El enfoque de economía azul se refiere a integrar la sostenibilidad y la gestión responsable de los océanos con el desarrollo económico, utilizando la tecnología y la innovación para maximizar los beneficios de los recursos marinos y costeros sin agotarlos.
El objetivo de la ley es diseñar e implementar políticas públicas de pesca, acuicultura y actividades conexas con enfoque de economía azul; garantizar la seguridad alimentaria y nutricional; fomentar el crecimiento del sector; asegurar el uso racional de los recursos hidrobiológicos y promover la sostenibilidad ambiental, la innovación y la cooperación entre los sectores público, privado y académico.
El diputado de Nuevas Ideas, Ricardo Rivas, expuso que con el marco legal se busca impulsar la inversión, proteger los recursos marinos y agrícolas, modernizar y hacer más sostenible la pesca, dinamizando la economía de quienes dependen de este rubro. “Hay más de 5,000 acuicultores en el país, además de 30,000 pescadores de mar abierto que serán beneficiados con la creación de esta Autoridad Salvadoreña de Economía Azul”, manifestó.
Añadió que dicha autoridad impulsará el desarrollo productivo del sector, a través del fortalecimiento de la cadena de valores, el acceso a los distintos mercados, la innovación y la transferencia de tecnología.
La ley establece la creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul como el ente rector de la política, planificación y regulación de la pesca, la acuicultura y las actividades conexas con enfoque de economía azul, responsable de aplicar la normativa nacional en la materia y de coordinar las relaciones del sector a nivel nacional e internacional.
La ASEA asumirá las funciones que, actualmente, desempeñan el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA). Además, ejercerá la rectoría y gobernanza del sector pesquero y acuícola, velando por el cumplimiento de la normativa vigente y de la Ley General de Ordenación y Promoción de la Pesca y Acuicultura.
Asimismo, regulará el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, promoviendo su uso sostenible y la conservación de los ecosistemas. Para ello, autorizará, supervisará e inspeccionará las actividades del sector, con el propósito de garantizar la trazabilidad, la calidad y la inocuidad de los productos pesqueros, impulsando prácticas responsables y sostenibles.
De igual manera, la ASEA fomentará la investigación científica, la transferencia tecnológica y el fortalecimiento de capacidades, mediante la coordinación con instituciones públicas, el sector privado y organismos internacionales. La entidad se financiará con fondos del Presupuesto General del Estado, ingresos por servicios, cooperación internacional, donaciones y otros recursos. Su gestión estará sujeta a la fiscalización de la Corte de Cuentas, además de auditorías externas cuando se considere necesario.
