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Abogado penalista: “No existe persona más hipócrita y con doble moral que el exmagistrado Carlos Sánchez, aplica justicia selectiva y a conveniencia”
La frase “justicia selectiva”, ha sido bien aplicada por el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Ernesto Sánchez Escobar, quien ahora a su conveniencia afirma que las resoluciones internacionales sí son de obligatorio cumplimiento, pero hay una razón de interés por medio, ya que, busca que el sistema de justicia interamericano emita un fallo a su favor para volver a la Sala de lo Constitucional, de la que fue removido el 1 de mayo.
Tras la publicación en el Diario de Hoy, la reacción no se hizo esperar por parte de los abogados penalistas en el país. Uno de ellos que habló bajo condición de anonimato, dijo que las afirmaciones del exmagistrado son “hipócritas y de doble moral”, y agregó que “no existe persona más hipócrita y de doble moral que el exmagistrado Carlos Ernesto Sánchez”.
Sánchez Escobar fue destituido el pasado 1 de mayo como magistrado de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, junto a otros funcionarios, acusado por la nueva Asamblea Legislativa de aplicar justicia de manera selectiva y obstaculizar con sus fallos el trabajo del Gobierno particularmente del Ministerio de Salud durante la pandemia y, además, por responder a intereses políticos y partidarios.
La Cámara Primera de lo Penal, de la que Carlos Sánchez fue miembro, anuló la orden de captura en contra del hermano de Sigfrido Reyes, Earle René Reyes Morales, por considerar que no fue debidamente notificado del proceso en su contra.
También, liberó al primo de la exprimera Dama de la República, Ana Ligia de Saca y quien es vinculado a un caso de lavado de dinero. Fue beneficiado con el arresto en casa mientras el proceso en su contra seguía ventilándose.
Esa misma cámara en la que administró justicia Carlos Sánchez, también anuló la orden de captura contra Norman Quijano y dejó sin efecto la orden de arresto contra el empresario Adán Salazar Umaña, a quien la Fiscalía acusa de lavado de dinero por medio de unas 30 empresas.
El año pasado, la cámara de Carlos Sánchez rechazó juzgar al exdiputado Roberto Silva Pereira argumentando que éste ya no era funcionario. Silva Pereira es acusado de sobornar alcaldes para obtener fondos públicos e introducir al sistema financiero $14 millones ilegales.
Esa misma cámara autorizó este año que el diputado de ARENA, Arturo Magaña, conciliara con las víctimas de un aparatoso accidente que él causó. En este caso hubo un muerto.
Pero ahora, el exmagistrado Carlos Sánchez quiere aplicar la justicia a su beneficio dice el abogado penalista, cuando en el pasado desmeritó resoluciones internacionales, tal es el caso del empresario Enrique Rais, a inicio de este año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicó en su página oficial un dictamen emitido por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (GTDA) , en el que se indicaba que las órdenes de detención emitidas por las autoridades judiciales de El Salvador y la persecución penal promovida por la FGR en contra del empresario Enrique Rais son arbitrarias por violentar disposiciones contenidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El GTDA es el único órgano del sistema internacional de derechos humanos al que la antigua Comisión de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas han confiado el mandato específico de recibir y examinar casos de privación arbitraria de la libertad. A este título el GTDA ha interpretado y aplicado las normas. Es jurídicas internacionales sobre privación de libertad promulgadas a nivel nacional, regional e internacional desde 1991.
Pero como acudir a instancias internacionales, se ha vuelto de interés para el exmagistrado Sánchez Escobar, ahora con toda contundencia afirma que los tratados internaciones son de obligatorio cumplimiento. En la entrevista concedida a El Diario de Hoy, asegura que acudirá al sistema de justicia interamericano, por las reformas a la Ley de la Carrera Judicial ejecutadas por el Gobierno “Afecta normas constitucionales y la independencia de los jueces. Hay un vicio de origen, una tara, una herida de muerte en este decreto por ser violatorio de la Constitución. Vamos a proceder tanto internamente como externamente porque no puede haber jueces a la carta”, expresó el exmagistrado. Por: @lanoticiasv
Un niño de un año de edad falleció este día en la hacienda Atalaya, en el distrito de Acajutla, Sonsonate, luego de caer de manera accidental en una canaleta de agua, según reportes preliminares.
De acuerdo con la información inicial, el menor habría sufrido el percance dentro del sector, por causas que aún se encuentran bajo investigación. Autoridades competentes se desplazaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos.
Familiares, amigos y vecinos del menor expresaron su pesar por lo sucedido, un hecho que ha generado consternación entre los habitantes de la comunidad. Las autoridades reiteraron que será el proceso investigativo el que establezca las circunstancias del incidente.
Kevin Israel Corea Carabantes, de 27 años, acusado de hurto agravado, en perjuicio patrimonial de una víctima, seguirá en prisión provisional, así resolvió el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
El hecho ocurrió el 12 de enero de 2026, en una discoteca ubicada en el bulevar Del Hipódromo, colonia San Benito, en San Salvador. La investigación fiscal detalla que Corea hurtó de una habitación una mochila y un maletín de mano que contenían diversos objetos, entre ellos, perfumes, además de una cartera de mano con documentos personales de la víctima.
«La acusación sostiene que el imputado fue visto por una empleada cuando salía por la ventana del baño que colinda con el jardín. Asimismo, los empleados del establecimiento encontraron una caja fuerte dañada, cielos falsos, vidrios y cámaras de seguridad averiados, daños que ascienden a una responsabilidad civil de aproximadamente $4,000», informaron fuentes judiciales.
El imputado fue reconocido por la gerencia de la discoteca a través de la cámara de seguridad, señalando que trabajó en el lugar durante cuatro días. Además, en los documentos presentados para aspirar al puesto se encontraba su identificación.
En la audiencia inicial, la juzgadora consideró que existen indicios suficientes para establecer la existencia del delito y la probable participación del procesado. El caso fue remitido al Juzgado de Instrucción de San Salvador.
Juan Francisco Grande Hernández, de 41 años, fue condenado a 12 años de prisión por el delito de tráfico ilícito, así resolvió el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador.
Grande Hernández fue capturado el 29 de noviembre de 2024, en la calle antigua a Huizúcar, en la colonia Lomas de Versalles de San Salvador, cuando agentes policiales realizaban un patrullaje en busca de personas que delinquían con la venta de droga.
El imputado intentó huir, pero fue en vano. Los policías le encontraron en un bolso una porción grande y otras medianas de material vegetal, además de $3,044.75 en efectivo y una báscula digital color rojo. También en el asiento del vehículo en el que se trasladaba tenía más porciones de droga.
La prueba de campo determinó que el material vegetal era marihuana, en total se sumaron 1.52 kilogramos, valuados en $3,446.70. Asimismo, un análisis de espectrometría determinó que la báscula y el dinero presentaban rastros de metanfetamina, marihuana y cocaína.
Recientemente, por posesión y tenencia con fines de tráfico, en perjuicio de la salud pública, también fue condenado a seis años de prisión Emerson Joel Moz Cruz, de 24 años. La pena fue impuesta por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
A Moz Cruz, agentes policiales le incautaron 178.4 gramos de marihuana y 1.8 gramos de cocaína en diciembre de 2024. Fue interceptado cuando se conducía en una motocicleta sobre la Autopista Norte, frente al Registro de Armas, ubicado en el distrito de San Salvador.
