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Abogado penalista: “No existe persona más hipócrita y con doble moral que el exmagistrado Carlos Sánchez, aplica justicia selectiva y a conveniencia”
La frase “justicia selectiva”, ha sido bien aplicada por el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Ernesto Sánchez Escobar, quien ahora a su conveniencia afirma que las resoluciones internacionales sí son de obligatorio cumplimiento, pero hay una razón de interés por medio, ya que, busca que el sistema de justicia interamericano emita un fallo a su favor para volver a la Sala de lo Constitucional, de la que fue removido el 1 de mayo.
Tras la publicación en el Diario de Hoy, la reacción no se hizo esperar por parte de los abogados penalistas en el país. Uno de ellos que habló bajo condición de anonimato, dijo que las afirmaciones del exmagistrado son “hipócritas y de doble moral”, y agregó que “no existe persona más hipócrita y de doble moral que el exmagistrado Carlos Ernesto Sánchez”.
Sánchez Escobar fue destituido el pasado 1 de mayo como magistrado de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, junto a otros funcionarios, acusado por la nueva Asamblea Legislativa de aplicar justicia de manera selectiva y obstaculizar con sus fallos el trabajo del Gobierno particularmente del Ministerio de Salud durante la pandemia y, además, por responder a intereses políticos y partidarios.
La Cámara Primera de lo Penal, de la que Carlos Sánchez fue miembro, anuló la orden de captura en contra del hermano de Sigfrido Reyes, Earle René Reyes Morales, por considerar que no fue debidamente notificado del proceso en su contra.
También, liberó al primo de la exprimera Dama de la República, Ana Ligia de Saca y quien es vinculado a un caso de lavado de dinero. Fue beneficiado con el arresto en casa mientras el proceso en su contra seguía ventilándose.
Esa misma cámara en la que administró justicia Carlos Sánchez, también anuló la orden de captura contra Norman Quijano y dejó sin efecto la orden de arresto contra el empresario Adán Salazar Umaña, a quien la Fiscalía acusa de lavado de dinero por medio de unas 30 empresas.
El año pasado, la cámara de Carlos Sánchez rechazó juzgar al exdiputado Roberto Silva Pereira argumentando que éste ya no era funcionario. Silva Pereira es acusado de sobornar alcaldes para obtener fondos públicos e introducir al sistema financiero $14 millones ilegales.
Esa misma cámara autorizó este año que el diputado de ARENA, Arturo Magaña, conciliara con las víctimas de un aparatoso accidente que él causó. En este caso hubo un muerto.
Pero ahora, el exmagistrado Carlos Sánchez quiere aplicar la justicia a su beneficio dice el abogado penalista, cuando en el pasado desmeritó resoluciones internacionales, tal es el caso del empresario Enrique Rais, a inicio de este año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicó en su página oficial un dictamen emitido por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (GTDA) , en el que se indicaba que las órdenes de detención emitidas por las autoridades judiciales de El Salvador y la persecución penal promovida por la FGR en contra del empresario Enrique Rais son arbitrarias por violentar disposiciones contenidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El GTDA es el único órgano del sistema internacional de derechos humanos al que la antigua Comisión de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas han confiado el mandato específico de recibir y examinar casos de privación arbitraria de la libertad. A este título el GTDA ha interpretado y aplicado las normas. Es jurídicas internacionales sobre privación de libertad promulgadas a nivel nacional, regional e internacional desde 1991.
Pero como acudir a instancias internacionales, se ha vuelto de interés para el exmagistrado Sánchez Escobar, ahora con toda contundencia afirma que los tratados internaciones son de obligatorio cumplimiento. En la entrevista concedida a El Diario de Hoy, asegura que acudirá al sistema de justicia interamericano, por las reformas a la Ley de la Carrera Judicial ejecutadas por el Gobierno “Afecta normas constitucionales y la independencia de los jueces. Hay un vicio de origen, una tara, una herida de muerte en este decreto por ser violatorio de la Constitución. Vamos a proceder tanto internamente como externamente porque no puede haber jueces a la carta”, expresó el exmagistrado. Por: @lanoticiasv
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
