Internacionales
Activistas protestas tras encarcelamiento de una menor que abortó tras ser abusada por su hermano
Un colectivo de activistas indonesios en favor de los derechos de las mujeres y la protección de la infancia ha presentado una reclamación formal contra los tres jueces de Sumatra que condenaron hace dos semanas a una adolescente a seis meses de prisión por haber tenido un aborto ilegal después de que su hermano la violara repetidas veces, según informa The Guardian.
En una reunión celebrada este lunes en Yakarta con miembros de la Comisión Judicial de Indonesia, reclamaron una investigación sobre el caso, señalando que la decisión de encarcelar a la menor era «gravemente injusta».
La adolescente, de 15 años de edad, fue condenada el jueves 19 de Julio, junto a su hermano de 17 años, en una audiencia a puerta cerrada en el tribunal del distrito de Muara Bulian, en la isla de Sumatra. El hermano cumplirá una pena de cárcel de dos años por agresión sexual.
«Una emergencia médica»
En Indonesia el aborto está totalmente prohibido a menos que la vida de la madre corra peligro, o existan determinadas circunstancias, como que el embarazo sea consecuencia de una violación. En ese caso, un profesional registrado debe practicar el aborto durante las primeras seis semanas de gestación. La menor fue condenada a prisión por abortar a los seis meses.
Los activistas han pedido también al Gobierno de su país que revise la condena, argumentando que la menor debe ser considerada una víctima, y su aborto una emergencia médica.
Una investigadora del Instituto para la Reforma de la Justicia Criminal (ICJR), que estuvo presente en la reunión a la Comisión Judicial de Indonesia, contó al citado medio que a pesar del gran impacto mediático de la condena y de la indignación social que ha generado dentro y fuera del país, los miembros de la comisión no tenían conocimiento del caso.
Otra activista involucrada en la protesta, Ferena Debineva, de la Asociación de Planificación Familiar de Indonesia, comentó que la sentencia contra la adolescente puede considerarse «un fallo del sistema».
El portavoz de esta agencia, Mahmud Basal, dijo a AFP que al menos 13 cadáveres fueron «sacados de los escombros» tras un bombardeo en la ciudad de Jan Yunis, en el sur.
Otras 35 personas murieron en 12 ataques en distintos puntos del enclave.
Igualmente, una mujer murió víctima de disparos de artillería, y un hombre por arma de fuego en el sur de la Franja, apuntó Basal.
El gobierno israelí aprobó este mes un plan para ampliar la ofensiva, y habló incluso de «conquistar» Gaza.
El conflicto actual arrancó el 7 de octubre de 2023 con el sorpresivo ataque del movimiento islamista palestino Hamás en el sur de Israel.
Los milicianos tomaron aquel día 251 rehenes, de los cuales 57 permanecen cautivos en Gaza, incluyendo 34 que según el ejército están muertos.
En el ataque de Hamás murieron 1.218 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, de acuerdo con un balance de AFP basado en cifras oficiales.
La campaña militar israelí por su lado ha matado a cerca de 53.000 personas en Gaza, en su mayoría civiles, de acuerdo con el ministerio de Saluda de este territorio gobernado por Hamás. Naciones Unidas considera fiable dicha cifra.
Internacionales
Pandillero de la MS-13 es detenido en Maryland tras ser buscado por la justicia salvadoreña
Joel Armando Mejía Benítez, identificado como integrante de la pandilla MS-13, fue arrestado recientemente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Baltimore, Maryland. El salvadoreño tenía una notificación roja de Interpol y enfrenta cargos por múltiples delitos cometidos con armas de fuego en El Salvador, además de haber ingresado ilegalmente en varias ocasiones a Estados Unidos.
“El arresto de este violento pandillero de la MS-13 es un paso crucial en nuestra misión continua de proteger a nuestras comunidades”, expresó Nikita Baker, directora interina de la Oficina de Campo de ICE en Baltimore.
La trayectoria de Mejía Benítez en territorio estadounidense se remonta a noviembre de 2004, cuando fue detenido por primera vez por la Patrulla Fronteriza en Sullivan City, Texas. Un año después, en diciembre de 2005, un juez de inmigración ordenó su deportación en ausencia. Fue capturado nuevamente en 2006 en el condado de Prince George y deportado a El Salvador el 13 de diciembre de ese año.
Pese a ello, el pandillero regresó a Estados Unidos de forma irregular en una fecha no determinada. El 20 de marzo de 2014, agentes migratorios volvieron a detenerlo en Baltimore y le notificaron la reactivación de la orden de expulsión previamente emitida.
El más reciente arresto se realizó a inicios de este mes. Las autoridades estadounidenses han confirmado que Mejía Benítez no contaba con admisión legal ni permiso de ingreso, por lo que ahora está a la espera de su extradición a El Salvador, donde sería trasladado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), como parte del acuerdo bilateral de repatriación de criminales.
En el marco de una ofensiva migratoria, durante los primeros 100 días del gobierno del expresidente Donald Trump, ICE reportó más de 65,000 detenciones de inmigrantes indocumentados, entre ellos más de 2,000 miembros de estructuras criminales como la MS-13, la pandilla 18 y el grupo venezolano Tren de Aragua.
La organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua, originaria de Venezuela, ha logrado establecerse en al menos 16 estados de Estados Unidos mediante una combinación de alianzas con pandillas locales y tácticas de infiltración tecnológica, según informes de Fox News y otros medios estadounidenses.
Investigaciones revelan que el grupo opera en estados como Florida, Texas, Nueva York, Illinois y Colorado, y ha aprovechado comunidades migrantes para operar con menor visibilidad. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la presencia del Tren de Aragua representa un riesgo creciente para la seguridad interna.
Uno de los aspectos más alarmantes es su sofisticación tecnológica. Según Ali Hopper y Jarrod Sadulski, expertos en crimen organizado y miembros de GUARD Against Trafficking, la pandilla incorpora especialistas en tecnología de la información —algunos bajo coacción— para evadir la detección. Utilizan códigos visuales, secuencias de emojis e imágenes con símbolos ocultos para comunicarse sin ser detectados por los algoritmos de seguridad de plataformas digitales.
Además, el grupo ha establecido alianzas estratégicas con pandillas como los Bloods y los Crips, con las cuales comparte ingresos de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, trata de personas y asesinatos por encargo. Esta colaboración les permite conocer rutas de patrullaje, zonas con menor vigilancia y políticas judiciales locales.
A nivel internacional, el Tren de Aragua ha sido identificado en países como Perú, Chile y Colombia. En marzo de 2025, el Congreso peruano lo declaró organización terrorista. En Chile y Colombia, se le vincula con delitos como secuestro, homicidio, extorsión y explotación sexual.
Frente a su avance, el sistema judicial de EE. UU. ha comenzado a responder. En mayo de 2025, una jueza federal en Pensilvania autorizó la deportación de presuntos integrantes del grupo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. No obstante, tribunales en Texas y Colorado han bloqueado temporalmente estas medidas por presuntas violaciones al debido proceso.
De acuerdo con Insight Crime, el Tren de Aragua ha evolucionado desde su origen carcelario en Venezuela hasta convertirse en una red criminal transnacional, adaptando su estructura a cada país. Aunque la amenaza es real, analistas como los citados por The Guardian advierten que la falta de evidencia directa que vincule a sus miembros con la estructura central del grupo complica su persecución judicial en Estados Unidos.
