Judicial
Cámara fija para el 3 de abril juicio contra Norman Quijano acusado de negociar con pandillas
La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador ha señalado para el próximo 3 de abril la vista pública de Norman Quijano, diputado desaforado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia del partido ARENA en el 2014.
El exfuncionario será enjuiciado como reo ausente ya que nunca se sometió al proceso penal y huyó del país antes de ser acusado por la Fiscalía General de la República.
Quijano, se expone a una condena de hasta 21 años de cárcel si es encontrado culpable de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, que son los dos delitos que el ministerio público le atribuye.
La Fiscalía ha sostenido en la acusación, que Quijano se reunió con los cabecillas de las pandillas a principios de marzo de 2014 en la sede de la iglesia de una red de pastores, en la colonia Flor Blanca.
En ese encuentro, solicitó a la Mara Salvatrucha y a las dos facciones de la Pandilla 18 que votaran en segunda vuelta por ARENA y que a cambio invertiría $100 millones en las pandillas, si ganaba las elecciones.
Al excandidato a la presidencia por ARENA, en la audiencia preliminar se le procesó aplicando el artículo 345 no reformado ya que los hechos ocurrieron en el año 2014 y cuando el caso fue judicializado en enero de 2022, todavía no se habían enmendado la ley en lo relativo a agrupaciones ilícitas que ahora sanciona con penas de 20 a 30 años la permanencia a una pandilla y establece cárcel de 40 y 60 años a los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas. El artículo 345 fue reformado por la Asamblea Legislativa el 30 de marzo de 2022.
Con respecto al fraude electoral, el artículo 295 del Código Penal señala que «el que pague dinero o especie o por medio de ofertas de beneficios particulares recibidas o prometidas, para inducir a un lector a votar por determinado partido o candidato o para abstenerse de votar o anular su voto» será castigado con prisión de cuatro a seis años.
El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó que Julia Violeta Consuelo S. V., siga en detención por haber estafado con $250,000 a un ciudadano estadounidense.
Según la acusación de la Fiscalía General de la República la imputada se asoció con el extranjero para instalar una empresa de producción de cerveza artesanal.
La víctima aportó los $250,000 y dejó como responsable a la imputada ya que él residía en Estados Unidos. El negocio comenzó a funcionar en el 2020, en el bulevar del Hipódromo, en la colonia San Benito, San Salvador.
Pero cuando la procesada dejó de reportar ganancias el norteamericano decidió ya no seguir invirtiendo dinero, pero en mayo de 2022, la mujer junto a otras personas creó una nueva sociedad en Talnique, La Libertad, para vender la fórmula de la cerveza registrada al principio sin autorización del estadounidense, por lo cual el inversionista decidió denunciar a Julia Violeta Consuelo ante la Fiscalía para que se iniciara el proceso penal por el delito de estafa.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, recibió en vista pública la prueba que la Fiscalía General de la República presentó en contra de Cruz Ernesto Recinos García, por tráfico ilícito.
El imputado fue detenido el 9 de diciembre de 2023, en el cantón Chanmico, de San Juan Opico, con 23,033 gramos de marihuana valuados en $23,000.
El caso comenzó a ser investigado ese mismo día, cuando un informante llegó a la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC) a denunciar que un hombre a quien conocía como Neto almacenaba en su casa cantidades de droga.
Cuando los agentes antinarcóticos ingresaron a la vivienda encontraron 20 paquetes de marihuana, teléfonos celulares y un arma de fuego, en las audiencias inicial y preliminar los jueces que conocieron de la causa resolvieron que el acusado continuara en la cárcel hasta que su situación de defina en vista pública.
«Según el perito que realizó la experticia, con dicha sustancia se pueden confeccionar 46 cigarrillos. Como Fiscalía estamos solicitando una sentencia condenatoria en contra del señor Recinos García por el delito de tráfico ilícito y que dicte una sentencia de 15 años de prisión, siendo esta la pena máxima que tiene previsto dicho delito», sostuvo el representante del ministerio público.
Un pandillero del Barrio 18 fue condenado a más de 41 años de prisión por extorsión agravada e intentar asesinar a un agente policial, 00detalló la Fiscalía General de la República (FGR).
El terrorista fue identificado como José Lorenzo García García.
Por otra parte, el pandillero identificado como José Joaquín García Vivas, que también participó en el delito de extorsión agravada, recibió 16 años de cárcel como condena. Las condenas fueron impuestas por un Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, Cuscatlán.
Estos terroristas delinquían en diferentes zonas de San Pedro Perulapán y le exigieron entre $500 y $800 mensuales a la víctima para permitirle movilizarse en la zona.
En mayo de 2022, mientras recibían el dinero de la renta, hubo un intercambio de disparos en el cual un policía salió herido.
