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4 millones de dólares, los bienes que habría acumulado David Munguía Payés

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David Munguía Payés, exministro de Justicia y Seguridad, quien ya fue condenado por el caso Tregua, es uno de los exfuncionarios en la lista de investigación bajo la guerra contra la corrupción por lavado de dinero, ha dicho el fiscal general, Rodolfo Delgado.

Munguía Payés recibió recientemente una condena de 18 años en prisión, por haber facilitado y negociado con las pandillas durante la tregua de 2012 y 2013. Este exfuncionario del FMLN también es señalado de un millonario incremento patrimonial no justificado.

Desde hace varios años, las autoridades vienen decomisando a Munguía Payés y a su familia propiedades, entre lujosas viviendas, ranchos de playa y vehículos, así como cuentas bancarias, todo asciende a más de $4 millones. Según lo revelado por el ministerio público, estos ingresos los habrían obtenido de actividades ilícitas como el lavado de dinero y actos de corrupción entre 2009-2018.

En octubre de 2020, la Fiscalía le incautó 8 inmuebles al exministro y su núcleo familiar. El ministerio público compartió imágenes de las residencias y de lujosos ranchos de playa que le fueron decomisados en La Libertad.

En esa oportunidad, la Fiscalía señaló que las propiedades fueron valuadas en $1,444,000 y que Munguía Payés las había obtenido de manera ilícita cuando se desempeñó como ministro tanto con Funes como con Sánchez Cerén.

Luego, el 27 de julio de 2021, la Fiscalía materializó otras propiedades del exministro ubicadas en Nuevo Cuscatlán valuadas en más de $458,000, entre estas, están dos inmuebles; uno valuado en $300,000 y el segundo en $116,000 y una cuenta bancaria con $42,316.03.
Todos los bienes decomisados al exfuncionario han pasado a ser administrados por el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).

En el caso tregua, la Fiscalía comprobó que Munguía Payés jugó un papel clave en esa negociación, ya fue quien ordenó los accesos de mediadores a las cárceles. Durante el periodo de la tregua de maras se permitió el uso de celulares en los penales y la introducción de chips, cargadores, televisores, etc. Además, utilizó recursos del Estado a favor de las estructuras delictivas.

El fiscal general, Rodolfo Delgado dijo recientemente que acusarán al general retirado David Victoriano Munguía Payés del delito de lavado de dinero y activos «porque aparte de que estuvo negociando junto con el expresidente prófugo que tenemos en Nicaragua, aparte de estar negociando con las vidas de los salvadoreños, aparte de estarse sentando y considerarse un igual con los pandilleros, de igual forma esta persona realizó actos de corrupción y esos también se los vamos a comprobar».

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

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Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
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