Política
Sin los votos del FMLN diputados aprueban primer Presupuesto de la Nación del gobierno del presidente Bukele
Tras varias semanas de discusión, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 61 votos a favor, el presupuesto general de la nación para el año 2020, por un monto de $6,426 millones.
Dicha aprobación se efectuó aún con los votos en contra del FMLN, quienes en los últimos meses, habían hecho una serie de observaciones al presupuesto.
«El pacto de la derecha y el gobierno se consuma al aprobar un presupuesto ilegal, mentiroso, un retroceso en términos de transparencia. Han votado por una ley de salarios y el despido de miles de empleados, y dejan sin sustento a sus familias» escribió el partido FMLN en su cuenta de Twitter.
Los partidos ARENA, GANA, PCN y CD dieron sus votos para aprobar el presupuesto, no sin antes un par de ajustes dentro de la comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, junto con el ministro de Hacienda y la jefa del gabinete.
El partido ARENA, por su parte dijo que habían mejorado el presupuesto y «garantizamos fondos para más seguridad, educación, más salud, más desarrollo local», apuntaron.
Debido a procedimientos de ley, los parlamentarios votaron primero los $645 millones de deuda que completarán en presupuesto. Inicialmente el ejecutivo pedía emisión de deuda por $755 millones, pero luego de una reforma para dar amnistía fiscal se redujo al primer monto.
La amnistía fiscal es para condonar el pago de multa a los deudores al fisco, para poder permitir “a quienes adeudan al fisco ponerse al día en sus pagos”.
Posterior a la emisión de deuda, los parlamentarios aprobaron el presupuesto general de la nación.
El FMLN no dio a los votos ni a la emisión de deuda ni al presupuesto, ya que, dijo, el presupuesto es “ilegal”, y señalaron que hay recursos que no se saben para dónde van a ir y que se están ocultando otra parte de ellos.
Por su parte, el presidente de la República, Nayib Bukele, agradeció a través de cuenta de Twitter, a todos los que lucharon, desde todas las trincheras, para aprobar el que sería, el primer presupuesto de su gestión.
Presupuesto de cartera por cartera:
El presupuesto presentado por el gobierno establece las siguientes cifras por cada uno de los ministerios y entidades públicas:
Órgano Ejecutivo:
Presidencia de la República: $93,611,663
Ministerio de Hacienda: $112,141,473
Ministerio de Relaciones Exteriores: $45,027,205
Ministerio de Defensa Nacional: $171,951,359
Ministerio de Gobernación: $65,971,839
Ministerio de Justicia y Seguridad: $474,074,000
Ministerio de Educación: $1,039,740,790
Ministerio de Salud: $755,787,837
Ministerio de Trabajo: $17,996,800
Ministerio de Cultura: $22,595,775
Ministerio de Vivienda: $12,686,890
Ministerio de Desarrollo Local: $13,259,310
Ministerio de Economía: $111,498,503
Ministerio de Agricultura: $63,331,165
Ministerio de Obras Públicas: $357,309,562
Ministerio de Medio Ambiente: $15,051,827
Ministerio de Turismo: $27,893,770
Ministerio Público:
Fiscalía: $85,520,454
Procuraduría General: $30,770,632
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos: $10,187,404
Otras Instituciones:
Corte de Cuentas: $44,272,575
TSE: $18,325,955
Tribunal del Servicio Civil: $1,001,270
Tribunal de Ética: $2,762,066
Instituto de Acceso a la Información: $1,899,885
Consejo Nacional de la Judicatura: $6,505,525
Otras asignaciones están divididas de la siguiente manera: pago de deuda es de $1,102,038,030; obligaciones del estado por $121,620,183; Transferencias Varias $1,113,498,148; transferencias de contribuciones especiales $129,228,240
En “combo” los $91 millones
En la comisión de Hacienda también se acordó dictamen favorable para los $91 millones que el ejecutivo quiere para la fase II del plan Control Territorial, el plan de seguridad del gobierno de Nayib Bukele.
Los $91 millones del plan se aprobaron después de más de tres meses de retraso en la comisión porque los diputados “no tenían claro” el destino de los fondos.
El partido ARENA dijo que va a “observar con lupa” la ejecución de los $91 millones.
La jefa del gabinete, Carolina Recinos y el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, estuvieron de acuerdo que $28 millones, que inicialmente estaban destinados para el Centro Nacional de Ferias y Convecciones (Cifco) para capacitación de jóvenes, pasen a instituciones especializadas.
Los $91 millones provienen de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Las condiciones del préstamo son para 20 años, con dos años de gracia.
Política
Mientras Claudia Ortiz se defiende, el Gobierno sigue combatiendo a las pandillas con resultados
El 8 de abril de 2024, la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, ofreció una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa para abordar las acusaciones que vinculan a su partido con pandillas, en respuesta a un reportaje publicado por el medio digital El Faro.
Ortiz inició su intervención rechazando categóricamente las afirmaciones del Diario El Salvador, medio estatal que, en una columna titulada «Ganó el pueblo» publicada el 19 de febrero, acusó a VAMOS de ser aliado político de las pandillas. La diputada calificó estas aseveraciones como «una rotunda mentira» y anunció que su partido interpuso una demanda de derecho de respuesta ante el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, la cual fue admitida por el órgano judicial .
Durante la conferencia, Ortiz enfatizó que VAMOS solicitó al Diario El Salvador la publicación de una aclaración elaborada por el partido, pero que el medio no ha accedido a dicha petición. Por ello, decidieron elevar el tema a una instancia judicial para que, con base en la ley, se ordene la publicación de la aclaración.
La diputada también abordó el reportaje de El Faro, que incluye una entrevista con un pandillero conocido como «Charlie», quien supuestamente mencionó a VAMOS en sus declaraciones. Ortiz cuestionó la veracidad de la información y expresó su preocupación por el uso de testimonios de criminales para vincular a partidos políticos con actividades ilícitas.
Ortiz reiteró que su partido ha sido firme en condenar cualquier tipo de pacto o negociación con pandillas y ha exigido investigaciones transparentes sobre posibles vínculos entre funcionarios del gobierno y estructuras criminales .
En relación con la seguridad pública, la diputada manifestó que VAMOS aboga por un enfoque que garantice justicia y respeto a los derechos humanos. Señaló que su propuesta es que los criminales sean sancionados conforme a la ley y que los inocentes sean liberados, enfatizando la importancia de no pasar del temor a las pandillas al temor al Estado .
Ortiz también destacó que su partido está comprometido con la construcción de una democracia que beneficie a la población y no solo sea una etiqueta. Hizo un llamado a diversos sectores y liderazgos a unirse a VAMOS para crear un bienestar para el país, señalando que los partidos políticos que ya tuvieron una oportunidad no necesariamente son los más legitimados para abanderar el avance hacia un futuro y una alternativa .
La diputada concluyó su intervención reafirmando el compromiso de VAMOS con la transparencia, la justicia y la defensa de los derechos humanos. Aseguró que continuarán trabajando para ofrecer una alternativa política que represente los intereses de la ciudadanía y promueva un país más justo y seguro para todos.
La conferencia de prensa de Claudia Ortiz refleja la postura de VAMOS frente a las acusaciones de vínculos con pandillas y su compromiso con la legalidad y la transparencia en el ejercicio político.
Nacionales
Analistas critican a El Faro por favorecer a pandillas y desacreditar avances en seguridad
Los analistas Francisco Góchez y René Martínez cuestionaron duramente una reciente publicación del periódico digital El Faro, la cual expone presuntos vínculos entre el Gobierno y estructuras pandilleriles. Ambos expertos coincidieron en que el reportaje busca desacreditar los avances en materia de seguridad pública y perpetuar una narrativa centrada en los victimarios, dejando de lado a las víctimas de la violencia.
“El reportaje de El Faro, además de ser perverso y pervertidor, forma parte de su permanente narrativa de los victimarios, una narrativa que minimiza sus asesinatos e invisibiliza a las víctimas”, afirmó Martínez, quien también es sociólogo y docente. En su opinión, la publicación intenta restar valor a los resultados del Plan Control Territorial (PCT) y del Régimen de Excepción implementado desde marzo de 2022.
Martínez también atribuyó intenciones políticas y económicas al medio digital: “Buscan generar ingobernabilidad en el país y dañar la imagen del presidente. En el fondo, quieren hacer creer que los tiempos de criminalidad eran mejores y que la paz social lograda no vale nada”.
Analista René Martínez
El Faro ha publicado una serie de reportajes en los que, según sus fuentes, funcionarios del actual gobierno habrían sostenido pactos similares a los que en su momento se atribuyeron a los partidos ARENA y FMLN, lo que ha generado diversas reacciones tanto a nivel político como en la opinión pública.
Por su parte, Góchez sostuvo que los periodistas del medio buscan restar legitimidad a los logros del Gobierno en seguridad, pese a que El Salvador es actualmente considerado uno de los países más seguros del hemisferio occidental. “No solo minimiza el esfuerzo de la Policía Nacional Civil y de todas las instituciones involucradas, sino que, más grave aún, parece anteponer los intereses de estructuras criminales al sufrimiento histórico del pueblo”, expresó.
Según datos oficiales, el régimen de excepción ha permitido la captura de más de 85,900 presuntos pandilleros y ha sido prorrogado en 38 ocasiones. Las autoridades sostienen que esta medida ha sido clave en la reducción sostenida de los homicidios y otros delitos.
Analista Francisco Góchez
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que en los próximos días dará a conocer el calendario oficial de cara a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027, en las que los salvadoreños elegirán a 60 diputados de la Asamblea Legislativa y 44 concejos municipales.
A través de una publicación en su página oficial de Facebook, el organismo electoral señaló: “¿Estás listo para la fiesta electoral de 2027? Ya están definidas las fechas más importantes de cara a las elecciones del 28 de febrero de 2027. ¡Atención! Pronto anunciaremos las fechas previas a la fiesta electoral”.
El calendario, que fue aprobado por unanimidad de los magistrados del TSE el pasado 25 de febrero, incluirá las fechas clave como el cierre del registro electoral, el período para actualizar el domicilio en el Documento Único de Identidad (DUI), y el día en que se realizará la convocatoria oficial a elecciones.
De acuerdo con el artículo 20 del Código Electoral, el registro electoral deberá cerrarse definitivamente 120 días antes de los comicios, lo que sitúa esa fecha límite en octubre de 2026.
Una vez publicado el calendario, se detallarán también los plazos para la inscripción de candidaturas, los períodos de propaganda electoral, así como el inicio y cierre oficial de la campaña. La normativa electoral establece estos procedimientos en los artículos 160, 165 y 172 del Código Electoral, según el tipo de elección.
