Política
Sin los votos del FMLN diputados aprueban primer Presupuesto de la Nación del gobierno del presidente Bukele
Tras varias semanas de discusión, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 61 votos a favor, el presupuesto general de la nación para el año 2020, por un monto de $6,426 millones.
Dicha aprobación se efectuó aún con los votos en contra del FMLN, quienes en los últimos meses, habían hecho una serie de observaciones al presupuesto.
«El pacto de la derecha y el gobierno se consuma al aprobar un presupuesto ilegal, mentiroso, un retroceso en términos de transparencia. Han votado por una ley de salarios y el despido de miles de empleados, y dejan sin sustento a sus familias» escribió el partido FMLN en su cuenta de Twitter.
Los partidos ARENA, GANA, PCN y CD dieron sus votos para aprobar el presupuesto, no sin antes un par de ajustes dentro de la comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, junto con el ministro de Hacienda y la jefa del gabinete.
El partido ARENA, por su parte dijo que habían mejorado el presupuesto y «garantizamos fondos para más seguridad, educación, más salud, más desarrollo local», apuntaron.
Debido a procedimientos de ley, los parlamentarios votaron primero los $645 millones de deuda que completarán en presupuesto. Inicialmente el ejecutivo pedía emisión de deuda por $755 millones, pero luego de una reforma para dar amnistía fiscal se redujo al primer monto.
La amnistía fiscal es para condonar el pago de multa a los deudores al fisco, para poder permitir “a quienes adeudan al fisco ponerse al día en sus pagos”.
Posterior a la emisión de deuda, los parlamentarios aprobaron el presupuesto general de la nación.
El FMLN no dio a los votos ni a la emisión de deuda ni al presupuesto, ya que, dijo, el presupuesto es “ilegal”, y señalaron que hay recursos que no se saben para dónde van a ir y que se están ocultando otra parte de ellos.
Por su parte, el presidente de la República, Nayib Bukele, agradeció a través de cuenta de Twitter, a todos los que lucharon, desde todas las trincheras, para aprobar el que sería, el primer presupuesto de su gestión.
Presupuesto de cartera por cartera:
El presupuesto presentado por el gobierno establece las siguientes cifras por cada uno de los ministerios y entidades públicas:
Órgano Ejecutivo:
Presidencia de la República: $93,611,663
Ministerio de Hacienda: $112,141,473
Ministerio de Relaciones Exteriores: $45,027,205
Ministerio de Defensa Nacional: $171,951,359
Ministerio de Gobernación: $65,971,839
Ministerio de Justicia y Seguridad: $474,074,000
Ministerio de Educación: $1,039,740,790
Ministerio de Salud: $755,787,837
Ministerio de Trabajo: $17,996,800
Ministerio de Cultura: $22,595,775
Ministerio de Vivienda: $12,686,890
Ministerio de Desarrollo Local: $13,259,310
Ministerio de Economía: $111,498,503
Ministerio de Agricultura: $63,331,165
Ministerio de Obras Públicas: $357,309,562
Ministerio de Medio Ambiente: $15,051,827
Ministerio de Turismo: $27,893,770
Ministerio Público:
Fiscalía: $85,520,454
Procuraduría General: $30,770,632
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos: $10,187,404
Otras Instituciones:
Corte de Cuentas: $44,272,575
TSE: $18,325,955
Tribunal del Servicio Civil: $1,001,270
Tribunal de Ética: $2,762,066
Instituto de Acceso a la Información: $1,899,885
Consejo Nacional de la Judicatura: $6,505,525
Otras asignaciones están divididas de la siguiente manera: pago de deuda es de $1,102,038,030; obligaciones del estado por $121,620,183; Transferencias Varias $1,113,498,148; transferencias de contribuciones especiales $129,228,240
En “combo” los $91 millones
En la comisión de Hacienda también se acordó dictamen favorable para los $91 millones que el ejecutivo quiere para la fase II del plan Control Territorial, el plan de seguridad del gobierno de Nayib Bukele.
Los $91 millones del plan se aprobaron después de más de tres meses de retraso en la comisión porque los diputados “no tenían claro” el destino de los fondos.
El partido ARENA dijo que va a “observar con lupa” la ejecución de los $91 millones.
La jefa del gabinete, Carolina Recinos y el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, estuvieron de acuerdo que $28 millones, que inicialmente estaban destinados para el Centro Nacional de Ferias y Convecciones (Cifco) para capacitación de jóvenes, pasen a instituciones especializadas.
Los $91 millones provienen de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Las condiciones del préstamo son para 20 años, con dos años de gracia.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
