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Política

Sin los votos del FMLN diputados aprueban primer Presupuesto de la Nación del gobierno del presidente Bukele

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Tras varias semanas de discusión, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 61 votos a favor, el presupuesto general de la nación para el año 2020, por un monto de $6,426 millones.

Dicha aprobación se efectuó aún con los votos en contra del FMLN, quienes en los últimos meses, habían hecho una serie de observaciones al presupuesto.

«El pacto de la derecha y el gobierno se consuma al aprobar un presupuesto ilegal, mentiroso, un retroceso en términos de transparencia. Han votado por una ley de salarios y el despido de miles de empleados, y dejan sin sustento a sus familias» escribió el partido FMLN en su cuenta de Twitter.

Los partidos ARENA, GANA, PCN y CD dieron sus votos para aprobar el presupuesto, no sin antes un par de ajustes dentro de la comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, junto con el ministro de Hacienda y la jefa del gabinete.

El partido ARENA, por su parte dijo que habían mejorado el presupuesto y «garantizamos fondos para más seguridad, educación, más salud, más desarrollo local», apuntaron.

Debido a procedimientos de ley, los parlamentarios votaron primero los $645 millones de deuda que completarán en presupuesto. Inicialmente el ejecutivo pedía emisión de deuda por $755 millones, pero luego de una reforma para dar amnistía fiscal se redujo al primer monto.

La amnistía fiscal es para condonar el pago de multa a los deudores al fisco, para poder permitir “a quienes adeudan al fisco ponerse al día en sus pagos”.

Posterior a la emisión de deuda, los parlamentarios aprobaron el presupuesto general de la nación.

El FMLN no dio a los votos ni a la emisión de deuda ni al presupuesto, ya que, dijo, el presupuesto es “ilegal”, y señalaron que hay recursos que no se saben para dónde van a ir y que se están ocultando otra parte de ellos.

Por su parte, el presidente de la República, Nayib Bukele, agradeció a través de cuenta de Twitter, a todos los que lucharon, desde todas las trincheras, para aprobar el que sería, el primer presupuesto de su gestión.

Presupuesto de cartera por cartera:

El presupuesto presentado por el gobierno establece las siguientes cifras por cada uno de los ministerios y entidades públicas:

Órgano Ejecutivo:

Presidencia de la República: $93,611,663

Ministerio de Hacienda: $112,141,473

Ministerio de Relaciones Exteriores: $45,027,205

Ministerio de Defensa Nacional: $171,951,359

Ministerio de Gobernación: $65,971,839

Ministerio de Justicia y Seguridad: $474,074,000

Ministerio de Educación: $1,039,740,790

Ministerio de Salud: $755,787,837

Ministerio de Trabajo: $17,996,800

Ministerio de Cultura: $22,595,775

Ministerio de Vivienda: $12,686,890

Ministerio de Desarrollo Local: $13,259,310

Ministerio de Economía: $111,498,503

Ministerio de Agricultura: $63,331,165

Ministerio de Obras Públicas: $357,309,562

Ministerio de Medio Ambiente: $15,051,827

Ministerio de Turismo: $27,893,770

Ministerio Público:

Fiscalía: $85,520,454

Procuraduría General: $30,770,632

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos: $10,187,404

Otras Instituciones:

Corte de Cuentas: $44,272,575

TSE: $18,325,955

Tribunal del Servicio Civil: $1,001,270

Tribunal de Ética: $2,762,066

Instituto de Acceso a la Información: $1,899,885

Consejo Nacional de la Judicatura: $6,505,525

Otras asignaciones están divididas de la siguiente manera: pago de deuda es de $1,102,038,030; obligaciones del estado por $121,620,183; Transferencias Varias $1,113,498,148; transferencias de contribuciones especiales $129,228,240

En “combo” los $91 millones

En la comisión de Hacienda también se acordó dictamen favorable para los $91 millones que el ejecutivo quiere para la fase II del plan Control Territorial, el plan de seguridad del gobierno de Nayib Bukele.

Los $91 millones del plan se aprobaron después de más de tres meses de retraso en la comisión porque los diputados “no tenían claro” el destino de los fondos.

El partido ARENA dijo que va a “observar con lupa” la ejecución de los $91 millones.

La jefa del gabinete, Carolina Recinos y el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, estuvieron de acuerdo que $28 millones, que inicialmente estaban destinados para el Centro Nacional de Ferias y Convecciones (Cifco) para capacitación de jóvenes, pasen a instituciones especializadas.

Los $91 millones provienen de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Las condiciones del préstamo son para 20 años, con dos años de gracia.

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Política

La CCR finalizó auditorías de todos los ministerios

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Como parte del balance del primer año de gestión, el presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Wálter Sosa, informó que concluyeron las auditorías de todos los ministerios del Gobierno central, y están al día los procesos en cada institución.

El funcionario señaló que es la primera vez en el ente contralor estatal que se alcanza dicho resultado. Destacó que se ha procurado fortalecer la eficiencia de las acciones para transparentar el uso de los fondos públicos.

«Quiero resaltar que, por primera vez, la Corte de Cuentas de la República realizó auditorías financieras a la totalidad de los ministerios del Gobierno central, dejándolos auditados hasta el año 2024. Para lograrlo, nuestros equipos de auditoría ejecutaron más de 100 acciones de control», explicó Sosa en entrevista con «Diario El Salvador».

Agregó que, desde el 7 de febrero de 2025, el trabajo institucional se ha enfocado en tres líneas estratégicas: garantizar la independencia de las auditorías y juicios de cuentas, modernizar los procesos de fiscalización y fortalecer las alianzas para la prevención de la corrupción.

«Este esfuerzo marca un antes y un después en la fiscalización del país, ya que la CCR tendrá una presencia concurrente en estas entidades para asegurar la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos», dijo el presidente de la CCR.

También manifestó que consolidan los datos para presentar la estadística recabada en la próxima entrega del informe de labores.

Recordó que durante su primer año al frente de la institución concluyeron el Plan Masivo de Fiscalización Municipal, y confirmó que están 100 % auditadas hasta 2024.

Por otra parte, dijo que otro de los logros de la actual gestión contralora es que, de manera transversal, se fortaleció la gestión administrativa con la creación de la Dirección Anticorrupción y el trabajo articulado con instituciones como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, entre otras entidades.

Enfatizó que continuarán el trabajo para reforzar la independencia y asegurar el cumplimiento legal y técnico en todos los procesos de auditorías financieras y de gestión, exámenes especiales y juicios de cuentas.

 

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Política

TSE presenta memoria de labores 2024-2025

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó ayer su Memoria de Labores 2024–2025, como parte del ejercicio de rendición de cuentas y reflexión sobre el trabajo durante el período electoral. La actividad estuvo encabezada por la presidenta del TSE, Roxana Soriano.

Entre los avances destacados por la titular están la modernización tecnológica de los procesos institucionales, la creación del Ciclo Electoral Salvadoreño y la implementación de la Política Antisoborno y del Sistema de Gestión Antisoborno.

Asimismo, Soriano informó sobre los avances en la planificación del proceso electoral 2027, incluyendo la aprobación del Calendario Electoral, el Plan General de Elecciones, el Presupuesto Extraordinario y el fortalecimiento de la planificación del voto en el extranjero.

«En cada proceso ejecutado con rigor, en cada decisión responsable y en cada garantía brindada al ejercicio democrático se construye confianza pública y se fortalece el futuro de El Salvador», consideró la presidenta del organismo electoral.

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Política

Junta de Vigilancia Electoral prevé desarrollar más de 60 misiones por voto en el exterior

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Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.

El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.

«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.

Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.

Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.

A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.

En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.

Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.

«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.

Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley

«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.

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