Política
Sin los votos del FMLN diputados aprueban primer Presupuesto de la Nación del gobierno del presidente Bukele
Tras varias semanas de discusión, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 61 votos a favor, el presupuesto general de la nación para el año 2020, por un monto de $6,426 millones.
Dicha aprobación se efectuó aún con los votos en contra del FMLN, quienes en los últimos meses, habían hecho una serie de observaciones al presupuesto.
«El pacto de la derecha y el gobierno se consuma al aprobar un presupuesto ilegal, mentiroso, un retroceso en términos de transparencia. Han votado por una ley de salarios y el despido de miles de empleados, y dejan sin sustento a sus familias» escribió el partido FMLN en su cuenta de Twitter.
Los partidos ARENA, GANA, PCN y CD dieron sus votos para aprobar el presupuesto, no sin antes un par de ajustes dentro de la comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, junto con el ministro de Hacienda y la jefa del gabinete.
El partido ARENA, por su parte dijo que habían mejorado el presupuesto y «garantizamos fondos para más seguridad, educación, más salud, más desarrollo local», apuntaron.
Debido a procedimientos de ley, los parlamentarios votaron primero los $645 millones de deuda que completarán en presupuesto. Inicialmente el ejecutivo pedía emisión de deuda por $755 millones, pero luego de una reforma para dar amnistía fiscal se redujo al primer monto.
La amnistía fiscal es para condonar el pago de multa a los deudores al fisco, para poder permitir “a quienes adeudan al fisco ponerse al día en sus pagos”.
Posterior a la emisión de deuda, los parlamentarios aprobaron el presupuesto general de la nación.
El FMLN no dio a los votos ni a la emisión de deuda ni al presupuesto, ya que, dijo, el presupuesto es “ilegal”, y señalaron que hay recursos que no se saben para dónde van a ir y que se están ocultando otra parte de ellos.
Por su parte, el presidente de la República, Nayib Bukele, agradeció a través de cuenta de Twitter, a todos los que lucharon, desde todas las trincheras, para aprobar el que sería, el primer presupuesto de su gestión.
Presupuesto de cartera por cartera:
El presupuesto presentado por el gobierno establece las siguientes cifras por cada uno de los ministerios y entidades públicas:
Órgano Ejecutivo:
Presidencia de la República: $93,611,663
Ministerio de Hacienda: $112,141,473
Ministerio de Relaciones Exteriores: $45,027,205
Ministerio de Defensa Nacional: $171,951,359
Ministerio de Gobernación: $65,971,839
Ministerio de Justicia y Seguridad: $474,074,000
Ministerio de Educación: $1,039,740,790
Ministerio de Salud: $755,787,837
Ministerio de Trabajo: $17,996,800
Ministerio de Cultura: $22,595,775
Ministerio de Vivienda: $12,686,890
Ministerio de Desarrollo Local: $13,259,310
Ministerio de Economía: $111,498,503
Ministerio de Agricultura: $63,331,165
Ministerio de Obras Públicas: $357,309,562
Ministerio de Medio Ambiente: $15,051,827
Ministerio de Turismo: $27,893,770
Ministerio Público:
Fiscalía: $85,520,454
Procuraduría General: $30,770,632
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos: $10,187,404
Otras Instituciones:
Corte de Cuentas: $44,272,575
TSE: $18,325,955
Tribunal del Servicio Civil: $1,001,270
Tribunal de Ética: $2,762,066
Instituto de Acceso a la Información: $1,899,885
Consejo Nacional de la Judicatura: $6,505,525
Otras asignaciones están divididas de la siguiente manera: pago de deuda es de $1,102,038,030; obligaciones del estado por $121,620,183; Transferencias Varias $1,113,498,148; transferencias de contribuciones especiales $129,228,240
En “combo” los $91 millones
En la comisión de Hacienda también se acordó dictamen favorable para los $91 millones que el ejecutivo quiere para la fase II del plan Control Territorial, el plan de seguridad del gobierno de Nayib Bukele.
Los $91 millones del plan se aprobaron después de más de tres meses de retraso en la comisión porque los diputados “no tenían claro” el destino de los fondos.
El partido ARENA dijo que va a “observar con lupa” la ejecución de los $91 millones.
La jefa del gabinete, Carolina Recinos y el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, estuvieron de acuerdo que $28 millones, que inicialmente estaban destinados para el Centro Nacional de Ferias y Convecciones (Cifco) para capacitación de jóvenes, pasen a instituciones especializadas.
Los $91 millones provienen de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Las condiciones del préstamo son para 20 años, con dos años de gracia.
Los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) tomaron pesesión este lunes de la nueva junta directiva del foro regional para el periodo de 2024-2025. Durante la sesión el salvadoreño Carlos René Hernández Castillo, diputado por el partido de Nuevas Ideas inicio funciones como presidente del Parlacen. También fue electa como secretaria del Parlacen la diputada salvadoreña, Cecilia Guadalupe Rivera Méndez.
Hernández es diputado del parlamento regional desde el 28 de octubre del 2021. El diputado salvadoreño fue juramentado este día en sesión solemne llevada a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala y por la plataforma Zoom.
«Es innegable que el tiempo nos exige revisar nuestras fortalezas y, con espíritu constructivo y dinámico reconocer las áreas que debemos mejorar…El Parlacen debe adecuarse a los tiempos modernos, respondiendo de manera efectiva a las demandas de nuestros pueblos, para que nuestros ciudadanos puedan percibir los beneficios de la integración», dijo Hernández Castillo durante su discurso de juramentación.
Durante la ceremonia también participó, a través de un video vía plataforma virtual, el vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, quien felicitó a la nueva junta directiva y mencionó que «es un doble honor porque El Salvador asume la presidencia del Parlacen».
En la sesión también fueron establecidos los demás cargos de la junta directiva, la cual quedó conformada por los vicepresidentes Edgar Antonio de León, de Guatemala; Nedis Adrián Licona, de Honduras; Guillermo Daniel Ortega, de Nicaragua; Dorindo Jayans Cortez, de Panamá y Ramón Emilio Gori, de República Dominicana.
El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) sufrió una significativa reducción en su base electoral durante las recientes elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2024. Esta caída se atribuye internamente al exdiputado Guillermo Gallegos, quien enfrenta múltiples acusaciones de corrupción y nepotismo.
Fuentes dentro del partido indican que varios de sus dirigentes habrían estado bajo la influencia de Gallegos para promover sus intereses personales, incluyendo la permanencia de individuos de su círculo cercano en posiciones de poder dentro del partido. Simultáneamente, varios miembros destacados de GANA han expresado su descontento con la permanencia de Gallegos como vicepresidente.
Uno de los principales opositores a Gallegos ha sido el alcalde de San Luis Talpa, Salvador Meléndez, quien ha exigido a Gallegos que actúe con la “ética y transparencia” que él mismo proclama y devuelva los miles de dólares que recibió del Estado para financiar la ONG de su esposa, además de cuestionar sus viajes al extranjero mientras ocupaba un cargo de relevancia en el Órgano Legislativo.
Meléndez, junto a otros tres ediles elegidos en los últimos comicios, reaccionó ante un proceso disciplinario que enfrentó por parte de la dirigencia del partido y Gallegos, tras un incremento en su salario y dietas al asumir sus cargos el 1 de mayo. En este contexto, el alcalde subrayó que Gallegos se resiste a dar paso a nuevas generaciones, reiterando su llamado junto a otros miembros de GANA a una renovación en la dirigencia para permitir que el partido “pase a manos nuevas y pueda prosperar”.
El enfrentamiento de Gallegos no es nuevo; en agosto de 2019, tuvo un conflicto con el fallecido fundador de GANA, Andrés Rovira. Gallegos afirmó en diversas ocasiones que Rovira había renunciado a la presidencia del directorio para adelantar las elecciones internas. Sin embargo, Rovira desmintió esa afirmación ante los medios, aclarando que solo había renunciado a participar en el siguiente directorio.
Los resultados electorales para GANA fueron decepcionantes. El partido logró apenas 23,229 votos en San Salvador, lo que no fue suficiente para obtener un escaño en la Asamblea Legislativa. A nivel nacional, GANA solo consiguió seis alcaldías, muy por debajo de las expectativas iniciales. Esta falta de éxito es aún más alarmante considerando que el partido hipotecó su sede para financiar su campaña electoral de 2024, hecho que fue confirmado por Gallegos.
La Magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, solicitó, como una de las primeras decisiones de su gestión, una auditoría exhaustiva de la Corte de Cuentas de la República (CCR) a la autoridad electoral de El Salvador por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 23 de septiembre de 2024.
Esta acción marca un hito en el Organismo Colegiado, siendo la primera vez que su máxima autoridad toma medidas inmediatas para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la institución. Soriano presentó una solicitud formal a la CCR, subrayando su compromiso con la mejora de la gestión administrativa y financiera del TSE.
“Queremos consolidar al Tribunal Supremo Electoral como una institución confiable, por ello, hemos solicitado la intervención de la Corte de Cuentas para que realice las auditorías correspondientes a las gestiones anteriores”, manifestó la Magistrada Presidente.
La auditoría seguirá el proceso correspondiente, y una vez se reciba el Informe de Auditoría, se tomarán las medidas necesarias para fortalecer la administración de los recursos públicos y recuperar la confianza ciudadana. Soriano destacó que esta iniciativa no solo busca corregir errores pasados, sino también establecer bases firmes para una gestión más eficiente y transparente en el futuro.
Además, la Presidente añadió que su visión de modernización se sustentará en pilares clave como la transparencia, la modernización de los procesos, la mejora continua del talento humano institucional y el fortalecimiento del trabajo territorial, con miras a consolidar al TSE como una institución ejemplar en la administración electoral del país y la región.
