Política
Sin los votos del FMLN diputados aprueban primer Presupuesto de la Nación del gobierno del presidente Bukele
Tras varias semanas de discusión, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 61 votos a favor, el presupuesto general de la nación para el año 2020, por un monto de $6,426 millones.
Dicha aprobación se efectuó aún con los votos en contra del FMLN, quienes en los últimos meses, habían hecho una serie de observaciones al presupuesto.
«El pacto de la derecha y el gobierno se consuma al aprobar un presupuesto ilegal, mentiroso, un retroceso en términos de transparencia. Han votado por una ley de salarios y el despido de miles de empleados, y dejan sin sustento a sus familias» escribió el partido FMLN en su cuenta de Twitter.
Los partidos ARENA, GANA, PCN y CD dieron sus votos para aprobar el presupuesto, no sin antes un par de ajustes dentro de la comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, junto con el ministro de Hacienda y la jefa del gabinete.
El partido ARENA, por su parte dijo que habían mejorado el presupuesto y «garantizamos fondos para más seguridad, educación, más salud, más desarrollo local», apuntaron.
Debido a procedimientos de ley, los parlamentarios votaron primero los $645 millones de deuda que completarán en presupuesto. Inicialmente el ejecutivo pedía emisión de deuda por $755 millones, pero luego de una reforma para dar amnistía fiscal se redujo al primer monto.
La amnistía fiscal es para condonar el pago de multa a los deudores al fisco, para poder permitir “a quienes adeudan al fisco ponerse al día en sus pagos”.
Posterior a la emisión de deuda, los parlamentarios aprobaron el presupuesto general de la nación.
El FMLN no dio a los votos ni a la emisión de deuda ni al presupuesto, ya que, dijo, el presupuesto es “ilegal”, y señalaron que hay recursos que no se saben para dónde van a ir y que se están ocultando otra parte de ellos.
Por su parte, el presidente de la República, Nayib Bukele, agradeció a través de cuenta de Twitter, a todos los que lucharon, desde todas las trincheras, para aprobar el que sería, el primer presupuesto de su gestión.
Presupuesto de cartera por cartera:
El presupuesto presentado por el gobierno establece las siguientes cifras por cada uno de los ministerios y entidades públicas:
Órgano Ejecutivo:
Presidencia de la República: $93,611,663
Ministerio de Hacienda: $112,141,473
Ministerio de Relaciones Exteriores: $45,027,205
Ministerio de Defensa Nacional: $171,951,359
Ministerio de Gobernación: $65,971,839
Ministerio de Justicia y Seguridad: $474,074,000
Ministerio de Educación: $1,039,740,790
Ministerio de Salud: $755,787,837
Ministerio de Trabajo: $17,996,800
Ministerio de Cultura: $22,595,775
Ministerio de Vivienda: $12,686,890
Ministerio de Desarrollo Local: $13,259,310
Ministerio de Economía: $111,498,503
Ministerio de Agricultura: $63,331,165
Ministerio de Obras Públicas: $357,309,562
Ministerio de Medio Ambiente: $15,051,827
Ministerio de Turismo: $27,893,770
Ministerio Público:
Fiscalía: $85,520,454
Procuraduría General: $30,770,632
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos: $10,187,404
Otras Instituciones:
Corte de Cuentas: $44,272,575
TSE: $18,325,955
Tribunal del Servicio Civil: $1,001,270
Tribunal de Ética: $2,762,066
Instituto de Acceso a la Información: $1,899,885
Consejo Nacional de la Judicatura: $6,505,525
Otras asignaciones están divididas de la siguiente manera: pago de deuda es de $1,102,038,030; obligaciones del estado por $121,620,183; Transferencias Varias $1,113,498,148; transferencias de contribuciones especiales $129,228,240
En “combo” los $91 millones
En la comisión de Hacienda también se acordó dictamen favorable para los $91 millones que el ejecutivo quiere para la fase II del plan Control Territorial, el plan de seguridad del gobierno de Nayib Bukele.
Los $91 millones del plan se aprobaron después de más de tres meses de retraso en la comisión porque los diputados “no tenían claro” el destino de los fondos.
El partido ARENA dijo que va a “observar con lupa” la ejecución de los $91 millones.
La jefa del gabinete, Carolina Recinos y el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, estuvieron de acuerdo que $28 millones, que inicialmente estaban destinados para el Centro Nacional de Ferias y Convecciones (Cifco) para capacitación de jóvenes, pasen a instituciones especializadas.
Los $91 millones provienen de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Las condiciones del préstamo son para 20 años, con dos años de gracia.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, afirmó que el candidato presidencial del partido para las elecciones de 2027, Rafael Aguirre, está “entregado a la causa” y a los salvadoreños.
Durante la entrevista Hablando Claro, Flores expresó que Aguirre mantiene un compromiso con la población. “El doctor (Rafael Aguirre) no es que esté sacrificándose como sacrificio, pero el doctor está entregando su alma a este pueblo”, manifestó.
Asimismo, señaló que la candidatura presidencial de Aguirre es resultado de la decisión del partido de impulsar un proceso de ciudadanización.
El dirigente también aseguró que la postulación de Aguirre representa una esperanza para el FMLN, al considerar que se trata de “un excelente médico” que ha representado la lucha de distintos gremios, especialmente del sector salud, junto con Madaí Santos, candidata a la vicepresidencia.
“El FMLN ve en el doctor Aguirre un aliado, una persona con capacidad de sacar adelante este país, a todos los sectores, a la juventud, las mujeres, los adultos mayores, los emprendedores, porque se trata de no dejar a nadie afuera, incluso a los opositores”, afirmó Flores.
Además, sostuvo que, de ganar Aguirre la elección presidencial, por primera vez la población tendría “representantes verdaderos” y aseguró que el FMLN respaldará esa gestión.
En relación con la candidata a la vicepresidencia, Madaí Santos, Flores indicó que es una luchadora con principios y sostuvo que, junto con Rafael Aguirre, conforman una “fórmula fuerte”.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que desarrolló la segunda prueba interna del proceso de escrutinio preliminar, un ejercicio técnico orientado a evaluar los tiempos de ejecución y continuar perfeccionando los procedimientos que serán aplicados durante la jornada de las elecciones de 2027.
Según el organismo electoral, la evaluación se llevó a cabo en un solo centro de trabajo con dos Juntas Receptoras de Votos (JRV), lo que permitió medir de forma controlada los tiempos del proceso de escrutinio preliminar y recopilar información para optimizar la transmisión centralizada de resultados.
A través de un comunicado, la presidenta del TSE, Roxana Soriano, explicó que uno de los principales objetivos es responder a los desafíos identificados en procesos anteriores y facilitar el trabajo de quienes integran las Juntas Receptoras de Votos.
“Uno de los principales objetivos es responder a los desafíos identificados en procesos anteriores. Sabemos que detrás de cada Junta Receptora de Votos hay personas que dedican largas horas de trabajo al servicio de la democracia, y nuestro compromiso es brindarles mejores herramientas para que esa responsabilidad pueda desarrollarse de manera más ágil y eficiente”, expresó Soriano.
El TSE indicó que esta actividad corresponde a la segunda prueba de seguimiento del primer ejercicio realizado semanas atrás, mediante el cual se validó el funcionamiento general de los sistemas, la logística, los protocolos de contingencia y los procedimientos operativos en distintos puntos del país.
Asimismo, Soriano señaló que cada ejercicio representa una oportunidad para fortalecer la preparación institucional antes de los simulacros abiertos contemplados en el calendario electoral.
“Este trabajo nos permitirá llegar a los simulacros abiertos previstos en el calendario electoral con una mejor preparación y seguir construyendo una jornada electoral ordenada, transparente y a la altura de la confianza que la ciudadanía deposita en el Tribunal Supremo Electoral”, afirmó.
La Asamblea Legislativa aprobó una nueva prórroga de 30 días para el Régimen de Excepción, medida que entrará en vigor el 30 de julio de 2026 y permanecerá vigente hasta el 28 de agosto del mismo año.
Con esta decisión, se mantienen suspendidas algunas garantías constitucionales relacionadas con el plazo de la detención administrativa, el derecho de defensa en determinadas etapas procesales y la inviolabilidad de las telecomunicaciones, conforme al marco legal del régimen.
La aprobación se realizó durante la sesión plenaria número 120, en la que los diputados que respaldaron la iniciativa señalaron que la medida busca dar continuidad a las estrategias de seguridad implementadas para combatir las estructuras criminales y preservar la tranquilidad de la población.
Asimismo, legisladores oficialistas reiteraron su respaldo al presidente Nayib Bukele y afirmaron que continuarán apoyando las acciones orientadas a mantener la seguridad y la paz en el país.
