2

Connect with us

Opinet

El proceso de paz en Marruecos y la contribución de Centroamérica

Publicado

el

El 30 de abril pasado, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enfocó nuevamente el Sáhara Occidental y el plan de autonomía presentado por el Reino de Marruecos el año 2007 -el cual ha sido calificado con anterioridad como una propuesta “seria, realista y creíble” por la comunidad internacional- de tal suerte que emitió la Resolución 2498 (2019) para prorrogar así por seis meses -hasta el 31 de octubre del presente año- el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO).

Esta importante Resolución ocurrió siete días después de que, en Ciudad de Guatemala, los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), junto al Secretario General, Vinicio Cerezo, y la Secretaria de Estado de las Relaciones Exteriores y de la Cooperación Internacional de Marruecos, Mounia Boucetta, suscribieran un Memorando de Entendimiento que permitirá el establecimiento del Foro de Diálogo Político y de Cooperación entre los países del SICA y Marruecos.

El acuerdo permitirá mayor intercambio de información y coordinación de la cooperación marroquí con los países del SICA. “Es un momento histórico para el Sistema y estamos seguros de que este paso fortalecerá los lazos de amistad política y colaboración entre nuestros países, así como estrechar la cooperación de ambas partes en el marco del proceso de la integración centroamericana”, afirmó Cerezo.

Marruecos ha reforzado sus relaciones de amistad y cooperación con Centroamérica desde que instaló el año 2011 su primera embajada en Guatemala, la cual es concurrente ante El Salvador. El 2014, Marruecos fue admitido, por unanimidad, como Observador Extra-Regional del SICA. Un año después, las dos cámaras legislativas de Marruecos ingresaron como Observador Permanente en el Parlamento Centroamericano. Y ahora se profundiza la relación con este Memorando de Entendimiento.

Frente a esta nueva Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué hacer por nuestro socio y cooperante?

EL CONSENSO SOBRE EL PLAN DE AUTONOMÍA

Desde el lanzamiento del plan de autonomía por Marruecos, la propuesta ha ganado el consenso en la comunidad internacional, contando, lamentablemente, con la oposición del Frente Polisario y los vecinos Argelia y Mauritania.

En abril de 2018, con 12 votos a favor y 3 abstenciones, el Consejo de Seguridad llamó al Polisario a retirarse “inmediatamente” de la zona de separación en el área de Guerguerat, al sur del Sáhara Occidental. Repetidamente, el Consejo de Seguridad ha condenado los avances armados del Polisario.

Ciertamente, el Polisario ya no es la organización de los 70s, 80s, cuando impulsó el reconocimiento a una “República Árabe Saharaui Democrática”. En fecha reciente, Marruecos ha denunciado los lazos del Polisario con Irán y Hezbollah (milicia pro-iraní en El Líbano). Esta denuncia, junto con el rompimiento de relaciones diplomáticas entre Marruecos e Irán, arribó a Washington D.C. El 29/09/18, los congresistas republicanos Joe Wilson y Carlos Curbelo junto con el demócrata Gerry Connolly, presentaron un proyecto de ley que reafirma la relación entre Estados Unidos y Marruecos, condena la colusión entre el Polisario y Hezbollah, y las finalidades desestabilizadoras de Irán en el Norte de África y en otras regiones. «El Reino de Marruecos fue la primera nación en reconocer a los Estados Unidos en 1777 y sigue siendo un aliado estratégico importante y un socio por la paz en el Oriente Medio y en el Norte de África», afirmó el congresista Wilson.

El proyecto de ley califica al Polisario como “una organización terrorista financiada por Irán” al tiempo que reafirma el apoyo al plan marroquí de autonomía, calificándolo de «serio, creíble y realista» en términos de constituir «un paso adelante con el fin de satisfacer las aspiraciones de las poblaciones del Sáhara a gestionar sus propios asuntos en paz y dignidad». El texto llama al presidente Donald Trump, al Secretario de Estado, Mike Pompeo, y a la representación estadounidense en la ONU, a apoyar los esfuerzos de la ONU por un arreglo pacífico al conflicto en el Sáhara.

La propuesta marroquí desde el año 2007 no ha sido vetada dentro del Consejo de Seguridad por potencia alguna. Esta nueva Resolución del 30 de abril fue aprobada por 13 votos registrándose la abstención de Rusia (permanente) y Sudáfrica (alterno). Francia, potencia que ocupó militarmente Marruecos y el norte de África, reiteró que el plan de autonomía de Marruecos debe considerarse como base de negociación para la solución del conflicto. “Me gustaría aprovechar esta oportunidad para reafirmar que Francia considera el plan de autonomía marroquí como una base seria y creíble para las negociaciones destinadas a alcanzar una solución política definitiva a la cuestión del Sahara”, señaló la representante adjunta francesa ante la ONU, Anne Gueguen.

Por su parte, los representantes de Costa de Marfil y Guinea Ecuatorial, miembros alternos del Consejo de Seguridad, también respaldaron el plan de autonomía presentado por Rabat al que calificaron como “un esfuerzo realista, viable y creíble”. Al mismo tiempo, destacaron el imperativo de respetar la soberanía e integridad territorial de Marruecos.

La resolución del Consejo de Seguridad destaca el papel de Argelia y Mauritania como actores en el diferendo y les demanda su contribución positiva en la búsqueda de una solución en la mesa de negociaciones con Marruecos. Mauritania tiene adyacencia geográfica con Marruecos y Argelia, y consanguíneos con la población saharaui y otros grupos étnicos en el Sáhara Occidental, pero en general su papel en el conflicto ha sido de “neutralidad”, si bien en algunos momentos Mauritania ha roto comunicación con el Polisario y nunca ha permitido una representación en su capital Nuakchot.

El papel de Argelia, al contrario, ha sido crucial en el conflicto no sólo por el apoyo político y financiero del gobierno militar a la dirigencia del Polisario y que en su territorio se localizan campamentos de refugiados saharauis, sino también porque, hoy día, experimenta una transición cuyo motor son las multitudinarias manifestaciones en la calle que forzaron la dimisión de Abadelaziz Bouteflika, entronizado gobernante desde 1999 quien, a sus 82 años y gravemente enfermo, se había presentado a su quinta reelección.

Las multitudes en las calles desconfían de los militares aliados de Bouteflika que han tomado el poder, a pesar que ya se estableció el 4 de julio próximo como la fecha para elecciones presidenciales. Los manifestantes y la sociedad civil reclaman que se construyan instituciones dedicadas a una verdadera transición política, y no a la extensión del régimen autoritario sólo que sin Bouteflika. «El pueblo es más grande que la Constitución», se ha leído en las mantas y carteles de los ciudadanos. Para los manifestantes, las elecciones del 4 de julio no pueden ser libres ya que están siendo organizadas por las instituciones y personalidades heredadas de 20 años de poder de Bouteflika, marcados por comicios fraudulentos. Esta presidencial es «legal pero no legítima», sentenció Louisa Dris-Aït Hamadouche, una reconocida politóloga de la Universidad de Argel.

Cabe esperar que esta misma transición política se traduzca en un viraje positivo para las negociaciones hacia la autonomía del Sáhara Occidental. El territorio argelino, especialmente la región de Tinduf, ha sido huésped de miles de refugiados saharauis desde hace 40 años. A estas alturas, la ONU estima que alrededor del 60 % de la población saharaui refugiada es menor a los 30 años, es decir, nacieron en los campamentos. Cientos de estos jóvenes se han beneficiado de medidas de confianza supervisadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) desde el año 2004, entre ellas el establecimiento de vuelos comerciales entre Tinduf y el Sáhara marroquí propiciando así el reencuentro de familias separadas por el conflicto. 

Organizaciones no gubernamentales africanas han condenado, los últimos años, el desvío por el Polisario, en complicidad con funcionarios de Argelia, de la ayuda humanitaria que debe llegar a los campamentos en Tinduf. Esas organizaciones insisten en la demanda, hecha también por el ACNUR, para que Argelia deje de oponerse a la identificación y censo de las poblaciones de esos campamentos a fin de cuantificar de forma realista la ayuda humanitaria que se les asigna. Han denunciado, igualmente, la malversación financiera y el desvío de alimentos y medicamentos que son vendidos en el sur de Argelia, en Mauritania y hasta en Mali.

Los refugiados en Tinduf sobreviven, en gran medida, gracias a la cooperación internacional que por momento decae debido a que debe enviar fondos para asistir a refugiados generados por otros conflictos. En las proximidades, Marruecos prosigue con la ejecución de la autonomía del Sáhara. El 2015, fueron electas, bajo supervisión internacional, autoridades regionales y municipales las cuales cuentan con un presupuesto quinquenal para el desarrollo de alrededor de US$ 8 mil millones.  Estas elecciones contaron con una participación del 79% de la población. Los proyectos de desarrollo que se ejecutan están orientados a facilitar el retorno a Marruecos de los refugiados, de conformidad al Derecho Internacional.

Marruecos ha expuesto en la ONU evidencias de que en los campamentos en Tinduf la situación se agrava para los refugiados quienes, por diversos medios, han expresado su descontento ante restricciones impuestas por el Polisario que habría llegado a desplegar hasta vehículos blindados para mantener el control sobre los campamentos. Es de esperar así que florezca la primavera democrática en Argelia y ella facilite una reorientación de su política exterior en términos de su colaboración efectiva en las negociaciones para alcanzar la autonomía del Sáhara Occidental.

¿HACIA UN SOLUCION DURADERA?

Centroamérica no posee los recursos naturales de Argelia, ni por cerca. En el otro ángulo, la evolución democrática desde finales de los ochenta en Centroamérica, aún sin una plena reconciliación dentro de cada país y entre los países, nos coloca a los centroamericanos en una mejor posición institucional con todo y el déficit de desarrollo atribuido a la corrupción que cada día se combate con mayor fuerza y determinación.

La riqueza del gas natural y el petróleo se la han repartido los militares, los empresarios y los líderes políticos afines al régimen de Bouteflika. Al gasto militar se destina el 10% del PIB lo que representa la mitad de lo que gasta todo el continente, convirtiéndolo en el mayor importador de armas de África. Argelia, miembro de la OPEP desde 1969, ha caído en la incapacidad para producir su cuota por la falta de inversión en su industria petrolera. Aunque posee la décima reserva de gas natural más grande del mundo y las terceras de gas de esquisto, no capta inversión extranjera pues el Estado retiene el 51% de la propiedad de los proyectos. Por ello, las exigencias ciudadanas por democracia en el corto y largo plazos son determinantes incluso para rescatar a Argelia del desastre económico y productivo. “El mantenimiento del estatus quo ya no es viable”, explicó Dalia Ghanem, investigadora argelina del Carnegie Middle East Centre en Beirut.

Desde Centroamérica, vemos con claridad los obstáculos para la pacificación del Sáhara Occidental. No fueron en balde los conflictos armados, y la turbulencia político-militar articulada con la Guerra Fría, que padecimos por décadas. Así se plasmó en el Protocolo de Tegucigalpa de 1991: “El SICA tiene como objetivo fundamental la realización de la integración de Centroamérica, para constituirla como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo” (Art. 3).

El SICA debe respaldar como bloque de ocho naciones la Resolución del Consejo de Seguridad del 30 de abril en todos sus puntos, no sólo por ser Marruecos nuestro socio sino también por la paz en África y el mundo. Debe el SICA sumarse al respaldo internacional para el plan de autonomía presentado responsablemente por Marruecos desde el 2007 y llamar al Polisario a una rectificación histórica por la población saharaui que dice aún representar, igualmente a Argelia confiando que arribe a ese país “la primavera democrática”.

Aquí tiene un tema relevante de política exterior el nuevo Gobierno de El Salvador 2019-2024, en varias vías. El presidente Nayib Bukele, quien asumirá la presidencia semestral del SICA a finales de junio próximo, desde la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, puede invitar a sus homólogos a brindar el respaldo político y diplomático a la Resolución del Consejo de Seguridad, respaldo que contribuiría a robustecer el nuevo nivel de diálogo y cooperación con Marruecos tras la firma del Memorando de Entendimiento. Por otra parte, en la Asamblea General de la ONU, el Gobierno de El Salvador puede expresar este apoyo en nombre del SICA, potestad que le brinda dicha presidencia pro témpore pues a una voz elevaría una posición común regional en el foro planetario.

Finalmente, a título nacional, pues constitucionalmente dirige las relaciones exteriores, el presidente Bukele puede declarar su respaldo a la Resolución. El fortalecimiento de la relación bilateral El Salvador-Marruecos es importante por igual, en aras de facilitar las inversiones desde Marruecos en ámbitos comunes como el turismo, la migración y la lucha contra el cambio climático en los que Marruecos es líder internacional. Una visita oficial a Rabat dinamizaría, sin duda, la relación bilateral.

Ciertamente, la causa de la paz de Marruecos y el Sáhara Occidental es a la vez causa para la paz del planeta -en el marco de las Naciones Unidas- así como la paz, la seguridad, la democracia y el desarrollo siguen constituyendo motivo de cooperación y solidaridad de la comunidad internacional con Centroamérica.

Artículo de Opinión: Doctor Napoleón Campos.

Opinet

Analizando el contraste entre la hispanidad y la modernidad liberal

Publicado

el

Por: Lisandro Prieto Femenía

“La Hispanidad no es un mero accidente geográfico o histórico, sino una vocación universal, una forma de entender y ordenar la vida política y social”

Miguel Ayuso, La Monarquía hispánica y el Nuevo Mundo: La Leyenda Negra al descubierto (2014), p. 12.

Comienza octubre y, antes de empezar a soportar barbaridades en los medios, se me hace necesario ofrecer esta humilde reflexión. Hemos escuchado un millar de veces esta sentencia: “la historia siempre la redacta y la cuenta el vencedor”, y sí, es cierto, porque aquellos cuyas ideologías han prevalecido, suelen velar verdades incómodas y construir relatos que justifican ciertos paradigmas. Como ya hemos proclamado en otras oportunidades, la persistencia de la Leyenda Negra sobre la conquista española es un ejemplo paradigmático de cómo una narrativa, nutrida desde los albores de la modernidad, ha logrado arraigarse en el imaginario colectivo, eclipsando la riqueza y la complejidad de la hispanidad. Esta operación ideológica no fue fortuita; constituyó, en rigor, una de las primeras campañas formales de guerra psicológica y de desprestigio geopolítico de la historia humana, diseñada por las potencias emergentes del norte de Europa para erosionar el prestigio de la monarquía hispánica. Para comprender un poco mejor esta trama, la mirada de un excelentísimo pensador como Miguel Ayuso resulta invaluable. Su agudo discernimiento sobre los males de la modernidad liberal y su reivindicación de la tradición hispánico-cristiana nos ofrecen una mirada crítica para reinterpretar no sólo el pasado, sino también las implicaciones del presente.

Ayuso, figura prominente del pensamiento tradicionalista, no se limita a realizar una revisión histórica, sino que su análisis es una profunda crítica a los cimientos ideológicos que moldearon el Estado moderno, y con él, la forma en que se ha interpretado la aventura transatlántica de España. Para él, el liberalismo, con su énfasis puesto únicamente en el individuo atomizado y un contractualismo desprovisto de ligazones naturales y trascendentes, ha disuelto la noción de una verdadera comunidad política. Frente a la visión organicista aristotélico-tomista, en la que el ser humano es por naturaleza un ser social emparejado con cuerpos intermedios (gremios, municipios, familias y reinos), el liberalismo hobbesiano y lockeano impuso una ficción antropocéntrica basada en el egoísmo utilitario. Como bien lo explicita en su obra titulada “La constitución cristiana de los Estados”, “el liberalismo desvertebra la sociedad, haciendo de la suma de individuos la única realidad política admisible, sin atender a los cuerpos intermedios o a las relaciones comunitarias naturales” (Ayuso, 2008, p. 57). Esta “atomización” es crucial, pues contrasta vivamente con la visión orgánica de la sociedad que subyacía en la monarquía hispánica, que buscaba integrar, aunque con normales imperfecciones, a diversas realidades en un todo armónico bajo principios trascendentes.

Frente a la despersonalización y el utilitarismo del Estado liberal, Ayuso postula la hispanidad como una comunidad política natural y enraizada en el derecho natural y el derecho público cristiano. Esta concepción se opone diametralmente a la visión de una “tabula rasa” sobre la cual se construirían sociedades ex novo, propia del pensamiento ilustrado y luego liberal. Mientras que el proyecto anglosajón en Norteamérica se inclinó por el desplazamiento y la segregación de los nativos, partiendo de una lógica de apropiación de tierras vacías para individuos que buscaban su fortuna, la empresa española incorporó una dimensión misional y de integración. La Corona, influenciada por juristas y teólogos, debatió sin cesar sobre la condición del indio, llegando a reconocer su humanidad y sus derechos inalienables (discusión que en Inglaterra jamás se dio, por cierto). Conviene destacar aquí la trascendencia insoslayable de la Escuela de Salamanca, con figuras tutelares como Francisco de Vitoria (Relectio de Indis) y Domingo de Soto, quienes sentaron las bases primigenias del derecho internacional moderno. Eventos inéditos en las anaglifas de la historia universal, como la Junta de Valladolid (1550-1551), llevaron a la Monarquía a paralizar sus conquistas para discernir sobre la justicia de sus títulos y el trato debido a los aborígenes. El mestizaje, tanto biológico como cultural, lejos de ser una anécdota, fue un pilar fundamental de la nueva sociedad hispanoamericana, una realidad que no encuentra parangón en otras conquistas de la historia de la humanidad.

La concepción de Ayuso pone el foco en que la hispanidad no fue un mero conglomerado territorial, sino una civilización con una vocación universalista, impulsada por principios católicos. Esta vocación se manifestó en la fundación de universidades, hospitales y ciudades, y en la temprana promulgación de leyes para la protección de los indígenas. Las estructuras virreinales no actuaban simplemente como “colonias” de extracción sumisa, sino como reinos e instituciones con personalidad jurídica propia, reflejadas en las Leyes de Indias y en instituciones como la Real Audiencia o los Cabildos, garantizando incluso cátedras universitarias en lenguas vernáculas como el quechua y el náhuatl. Mientras la modernidad liberal europea comenzaba a gestar las ideas de la segregación racial y el positivismo jurídico que justificaría, siglos después, la exclusión de minorías en sus propios territorios -recordemos que la integración educativa de afroamericanos en Estados Unidos no se concretó sino hasta mediados del siglo XX-, la monarquía hispánica ya había establecido marcos legales que, aunque a los ojos de presente pueden acusarse de imperfectos, al menos reconocían la dignidad de todos sus súbditos, independientemente de su origen étnico. Al respecto, José Antonio Escudero, en su estudio sobre el derecho indiano, resalta que “la preocupación de la Corona por el buen tratamiento de los indios y por su evangelización fue constante, dando lugar a una legislación casuística de una magnitud sin precedentes” (Escudero, 2005, p. 112). Esta preocupación, emanada de una concepción teocéntrica de la justicia, dista bastante de la fría racionalidad utilitarista que caracterizaría a las demás potencias coloniales, cuya máxima fue y sigue siendo “cuánto tienes, cuánto vales” y la adoración de un billete verde en lugar de una cruz.

La imposición del Estado liberal no fue un simple cambio de régimen, sino que representó una ruptura epistémica y ontológica para los vastos territorios que conformaban el reino español. Lo que se presentó como un proceso emancipador de “independencia” fue, en no pocas ocasiones, la disolución forzada de una unidad orgánica y policéntrica, dando paso a la fragmentación de una comunidad civilizatoria que se extendía desde Ushuaia hasta California. Ayuso, en su ardua e incisiva crítica a la Modernidad, ha sostenido con vehemencia que el liberalismo, al desmantelar las estructuras naturales de la sociedad y sustituirlas por un contrato social abstracto, minó los fundamentos de la verdadera comunidad política. Para él, “el Estado liberal es el resultado de la atomización social y la consiguiente despolitización de la vida pública, donde los lazos naturales de pertenencia son reemplazados por una agregación de individuos desvinculados” (Ayuso, 2011, p. 89). Esta intencional disgregación, importada acríticamente, contrastaba totalmente con la concepción hispánica de un orden jerárquico y orgánico, donde los cuerpos intermedios y las leyes divinas y naturales daban cohesión al conjunto.

Asimismo, el precitado desmembramiento no fue un fenómeno natural, sino la consecuencia directa de la importación de modelos políticos ajenos, diseñados bajo premisas individualistas y contractualistas opuestas a la tradición hispánica. La promesa de libertad y progreso, vehiculizada por las nuevas élites criollas imbuidas del pensamiento ilustrado y liberal, se tradujo paradójicamente en una era de caudillismo, guerras civiles y una inestabilidad crónica que aún resuena en el presente. Los siglos XIX y XX son testigos de las consecuencias devastadoras de esta imposición foránea. La disolución política derivó en la creación de múltiples repúblicas, muchas veces con fronteras artificiales, que rápidamente se vieron envueltas en conflictos fratricidas por cuestiones territoriales, aduaneras o ideológicas. Esta división, lejos de fortalecer, debilitó estructuralmente a los nuevos Estados, haciéndolos vulnerables a la injerencia de potencias externas que veían en la fragmentación hispanoamericana una oportunidad fantástica para consolidar su propia hegemonía económica, política y cultural. Como bien señala Vicente Gonzalo Quesada en su obra sobre la historia de la América del Sur, “la desintegración política, consecuencia del influjo de las ideas liberales y de la ambición de los caudillos, dejó a estas naciones a merced de los intereses extranjeros, incapaces de forjar una verdadera unidad de propósitos” (Quesada, 1876, vol. II, p. 345). En este punto, la crítica de Ayuso se vuelve muy pertinente, ya que al comprender que la debilidad de estos nuevos Estados radicaba precisamente en su origen desvinculado de las raíces históricas y sociales de los pueblos que pretendían representar, inaugurando un ciclo de ingobernabilidad y dependencia que dura hasta nuestros días.

El legado de esta fractura es un continente dividido, empobrecido y en constante conflicto interno. La promesa de prosperidad liberal, se trocó en la consolidación de oligarquías, la explotación de los recursos naturales en beneficio de metrópolis externas, y una persistente desigualdad social orquestada intencionalmente. Los sistemas educativos, herederos de la narrativa de la Leyenda Negra y de la glorificación de la “independencia” disgregadora, han perpetuado una visión que ignora la profunda herida que supuso la disolución de la unidad. Hoy, los territorios que otrora compartieron un mismo idioma, una misma fe, una misma moneda (como el Real de a ocho, primigenia divisa de cambio global) y un mismo marco jurídico-político, se encuentran segregados por fronteras aduaneras, visiones nacionalistas estrechas y, en muchos casos, por un empobrecimiento endémico que contrasta con la inmensa riqueza natural de la región. En pocas palabras, la imposición del modelo liberal, que desestructuró la organicidad hispánica, puede ser vista, en retrospectiva, no como el amanecer de la libertad, sino como el inicio de una era de vulnerabilidad y fragmentación cuyas cicatrices son visibles todavía en la América hispánica contemporánea.

Llegando a este punto de la reflexión, queda claro que la Leyenda Negra no es sólo una tergiversación histórica, sino que representa un arma ideológica gestada en el seno de la modernidad liberal para desacreditar un modelo de civilización alternativo. Al presentar a España como el epítome de la crueldad y el genocidio, se buscaba no sólo justificar la propia expansión de otras potencias, sino también eclipsar los principios de comunidad, tradición y derecho natural que el imperio hispánico, con todas las falencias que pudo tener, intentó encarnar. La pervivencia de esta leyenda nefasta en la currícula de los sistemas educativos actuales tampoco es casual, porque responde a la hegemonía de una visión del mundo que prefiere la anulación de lo diferente a la comprensión de lo complejo.

Es fundamental reconocer que la expansión y la imposición de ciertos modelos hegemónicos no siempre se manifiestan a través de la ocupación militar directa o la anexión territorial. Si bien la historia registra episodios de invasión con ejércitos y cañones, la influencia y el control pueden ejercerse de maneras más sutiles y, a menudo, más perdurables. El caso de la influencia anglosajona en Hispanoamérica ofrece un contrapunto crucial a la narrativa de la conquista española. A excepción de episodios como la contienda por las Islas Malvinas, la dominación británica no se concretó primariamente mediante la invasión militar masiva de territorios americanos, sino a través de un dominio económico y cultural estratégicamente orquestado.

Este predominio se materializó en la imposición de restricciones comerciales y productivas que limitaban el desarrollo autónomo de las nacientes repúblicas hispanoamericanas. Mediante acuerdos comerciales leoninos y la consolidación de deudas externas, se configuró una dependencia económica que ahogó la posibilidad de una industrialización propia y diversificada. Paralelamente, se desplegó una eficaz agenda cultural que, a lo largo del tiempo, ha permeado las instituciones, los sistemas educativos y los medios masivos de comunicación. Esta agenda no sólo promovió una visión particular del progreso y la civilización, sino que también ha dictado -y en muchos casos, sigue dictando- lo que se considera políticamente correcto, estableciendo paradigmas de pensamiento y comportamiento que invisibilizan o deslegitiman otras cosmovisiones, incluyendo la propia herencia hispánica. Esta forma de “invasión invisible” ha demostrado ser extraordinariamente efectiva en moldear identidades y en perpetuar dependencias que trascienden la ausencia de una ocupación militar formal. En la posmodernidad, esta hegemonía ha derivado en la imposición del constructivismo social atómico y la ingeniería cultural anglosajona. Sólo alcanza con explicitar que, entre tantas agendas culturales impuestas, la agenda LGBT y el movimiento WOKE no fueron fundados en Lima, Santiago, Buenos Aires o Asunción, sino en naciones donde se habla la lengua inglesa y francesa, actuando como la continuación refinada del mismo proyecto individualista y desvinculante que ataca las raíces tradicionales de los pueblos.

En definitiva, queridos lectores, queda claro que en un mundo globalizado que tiende a homogeneizar y a disolver las identidades, la reflexión de Miguel Ayuso nos interpela de manera crucial: ¿estamos condenados a aceptar la historia que nos ha sido impuesta, o tenemos la responsabilidad de desenterrar las capas de silencio y tergiversación que ocultan la verdadera esencia de nuestra herencia? ¿Acaso la crítica a la modernidad liberal, tan lúcidamente expuesta por Ayuso, no nos ofrece una clave para comprender no sólo el pasado, sino también los desafíos contemporáneos que enfrenta la noción misma de comunidad y pertenencia? Pues bien, caros amigos, la desmitificación de la Leyenda Negra no es un mero ejercicio de revisionismo, sino un acto de honestidad intelectual que busca reconciliarnos con nuestra compleja identidad y abrir caminos hacia una comprensión más profunda de la humanidad misma.

Referencias Bibliográficas

  • Ayuso, M. (2008). La constitución cristiana de los Estados. Ediciones Criterio Libros.
  • Ayuso, M. (2011). El concepto de Estado en la Monarquía tradicional. Ciudadela Libros.
  • Ayuso, M. (2014). La Monarquía hispánica y el Nuevo Mundo: La Leyenda Negra al descubierto. Marcial Pons.
  • Escudero, J. A. (2005). Curso de Historia del Derecho: Fuentes y grandes instituciones. Editorial Colex.
  • Gullo, M. (2021). Madre Patria: Desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán. Espasa.
  • Quesada, V. G. (1876). La vida intelectual en la América del Sur (Vol. II). Imprenta de Mayo.
  • Vitoria, F. de. (1934). Relectio de Indis (L. Getino, Ed.). Imprenta de San Esteban. (Obra original publicada en 1539).

DATOS DE CONTACTO Y ETIQUETADO:

  • Correos electrónicos de contacto: lisiprieto@hotmail.com  –   lisiprieto87@gmail.com
  • Instagram: https://www.instagram.com/lisandroprietofem?igsh=aDVrcXo1NDBlZWl0 , @lisandroprietofem
  • What’sApp: +5492645316668
  • Blog personal: www.lisandroprieto.blogspot.com
  • Facebook: https://www.facebook.com/lisandro.prieto
  • Twitter: @LichoPrieto
  • Threads: https://www.threads.net/@lisandroprietofem
  • LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/lisandro-prieto-femen%C3%ADa-647109214
  • Donaciones (opcionales) vía PayPal: https://www.paypal.me/lisandroprieto
  • Donaciones (opcionales) vía Mercado Pago: +5492645316668 ; ALIAS: licho.prieto.mp
Continue Reading

Opinet

Rusia-Ucrania, una guerra civil azuzada por intereses externos

Publicado

el

Viví siete años en la extinta Unión Soviética, donde estudié un año de ruso entre Moscú y Rostov del Don, y residí seis años en Kiev con prácticas de ingeniería agronómica en Dushambe (República de Tayikistán, Asia Central), Sochi (en el mar Negro) y en las afueras de Kiev, en un koljoz, granja colectiva, que producía maíz y trigo.

Ucrania era un remanso de paz para los estudiantes extranjeros becarios que gozábamos de todas las facilidades; una sociedad sin discriminación racial y sin conflictos étnicos. Estuve casado varios años con una ciudadana soviética cuyo padre, ruso, era un alto funcionario en la sección de la producción de leche y carne de la República Socialista Soviética de Ucrania, y cuya madre, ucraniana, era maestra. Mi esposa era rusa y en casa se hablaba ruso, la madre además hablaba el ucraniano.

Tanto en Kiev como en toda Ucrania el idioma oficial y dominante era el ruso, el ucraniano era el segundo idioma oficial. Pese a que en minoritarios círculos estaba ya la llama del nacionalismo ucraniano y del separatismo, estos eran irrelevantes.

Al igual que en toda la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Ucrania era un crisol de nacionalidades y etnias procedentes de las más de 150 nacionalidades de las 15 repúblicas soviéticas. Este fue el paisaje idílico de la Unión Soviética cuando me trasladé a Alemania Occidental, donde residí 25 años.

Allí, el 9 de noviembre de 1989, presencié la caída del muro de Berlín y el comienzo de una nueva etapa histórica para los países de Europa Oriental, debido a la implosión de la Unión Soviética y al colapso del llamado socialismo real.

El Pacto de Varsovia, la alianza militar del campo socialista, se autodisolvió. Lógico hubiese sido que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se autodisolviera, pero ocurrió lo contrario.

A pesar de las promesas que George Bush padre (EE. UU.), Margaret Thatcher (Reino Unido), Helmut Kohl (Alemania Occidental) y François Mitterrand (Francia) le hicieron al último presidente de la URSS Mijáil Gorbachov, de que la OTAN no se extendería ni un milímetro hacia el este, más allá de las por entonces fronteras de la OTAN, a partir de 1990 hasta nuestros días la OTAN pasó de tener 16 a 32 Estados miembros, la mayoría del Este Europeo, y con fronteras cercanas a Rusia. Ello constituye una amenaza militar a la seguridad nacional de Rusia, rodeada de bases militares estadounidenses y de la OTAN.

Es en este contexto cuando surge la problemática de Ucrania, donde la OTAN y EE. UU. propiciaron un golpe de Estado en 2014 contra el presidente ucraniano prorruso Víktor Yanukovich, e instalaron gobiernos nacionalistas prooccidentales que propugnan por el ingreso de Ucrania en la OTAN y la Unión Europea. Un cruce de líneas rojas con la política de seguridad de Rusia que tendría en sus fronteras, a escasos metros, los misiles y bombarderos de la OTAN que podrían atacarla, en segundos.

A partir de 2014 Europa Occidental y EE. UU. propiciaron en Ucrania un nacionalismo fanático y un sentimiento antirruso incitando al Ejército ucraniano a atacar a la población rusa de la región del Donbas (Donetsk, Zaporoshie, Jerson y Lugansk) y que condujo a que Rusia reincorporara a su territorio la península de Crimea (de mayoría rusa e históricamente perteneciente a Rusia, pero «regalada» en 1954 por el secretario general del Partido Comunista de la URSS a Ucrania).

La escalada de violencia antirrusa del Donbas llevó a que en febrero de 2022 sus cuatro regiones se declararan independientes y solicitaran su anexión a la Federación rusa, para lo cual esta desató una operación militar especial que dura hasta el presente.

Más que un conflicto entre naciones, en Ucrania existe una guerra civil, pues Rusia y Ucrania (conocida como Pequeña Rusia antes de la Revolución de 1917) constituyen un mismo pueblo y una misma sangre con una misma base lingüística y religiosa, pues son pocas las diferencias entre el ucraniano y el ruso, y entre la Iglesia ortodoxa rusa y ucraniana. Guerra civil que lleva más de dos millones de bajas en ambos bandos y siete millones de emigrados.

Occidente, sobre todo Inglaterra y Alemania, han manipulado las ilusiones de Ucrania de pertenecer a Occidente y el acceso al bienestar de Europa Occidental, cuando solo están siendo utilizados para desgastar y destruir a la Federación rusa. Ucrania jamás será parte de la Unión Europea, de la OTAN, ni de Occidente por una razón de peso: son eslavos. Al igual que los rusos. Ese mismo pueblo eslavo al cual por siglos históricamente Europa Occidental ha tratado de destruir. Desde las invasiones suecas y de los caballeros de las órdenes de Livonia y Teutonia, derrotados por Alexander Nevsky en el siglo XI, pasando por las invasiones de Napoleón Bonaparte y Adolfo Hitler en siglos recientes.

Vuelvo la vista al presente y me parece increíble que dos pueblos hermanos se estén autodestruyendo como marionetas guiadas por titiriteros externos. Rusia ha demostrado históricamente una invencible capacidad de resistencia que le ha hecho salir adelante y derrotar al enemigo a pesar de encontrarse en las más difíciles circunstancias.

Las actuales visitas a Moscú y Kiev de los enviados del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, así como del secretario de Exteriores del Vaticano, Paul Richard Gallagher, para buscar una solución política al conflicto, son esperanzadoras. No tanto por voluntad política de los europeos, sino por el pragmatismo de Trump que prefiere hacer negocios (la reconstrucción de Ucrania) y no la guerra, y por el cansancio de cuatro largos años de cruenta confrontación entre Rusia y Ucrania, que ponen los muertos.

El hecho de que los emisarios personales de Donald Trump hayan sido recibidos personalmente por Vladímir Putin en su oficina del Kremlin significa que ambos están retomando «el espíritu de la cumbre de Alaska», celebrada en Anchorage el 15 de agosto de 2025, que fue el primer cara a cara entre los dos mandatarios desde la operación rusa en 2022, y el primer encuentro con Putin durante su segundo mandato, donde Trump buscó negociar un acuerdo para poner fin al conflicto, sin la participación del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

No hay duda de que estas negociaciones directas entre ambas potencias, teniendo en cuenta que la guerra arancelaria con China se ha vuelto prioridad para EE. UU., pueden llevar a una paz duradera en Europa Oriental y a un adiós a las armas.

Continue Reading

Opinet

Bukele marca un antes y un después y la oposición sigue sin propuestas, sostiene el Círculo Siglo XXI

Publicado

el

El Salvador atraviesa una transformación política y social que rompe con el rumbo de los gobiernos anteriores, sostiene el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI en su boletín número 54, correspondiente al 21 al 28 de septiembre de 2026. La publicación presenta una valoración favorable de la gestión de Nayib Bukele y plantea que la seguridad, la educación y la salud constituyen los pilares de un proceso que denomina “reinvencionismo social”: una forma de reorganizar las prioridades del Estado para responder a las necesidades ciudadanas.

Uno de los señalamientos más contundentes del boletín apunta a los partidos tradicionales, a los que describe como organizaciones debilitadas por la falta de liderazgo, renovación y propuestas concretas. Según sus análisis, la oposición concentra sus esfuerzos en rechazar las decisiones del Gobierno, sin explicar cómo financiaría o ejecutaría sus propias alternativas. Desde esa lectura, el Círculo anticipa un escenario favorable al oficialismo en las elecciones de 2027 y sostiene que sus adversarios necesitan recuperar credibilidad y construir un proyecto nacional convincente.

Más allá de la disputa política, la publicación propone evaluar la gestión pública por los resultados que recibe la población. Como ejemplo, relata el caso de Los Toles, en Ahuachapán, donde contrasta las calles de tierra y lodo observadas durante la celebración de la independencia de 2025 con una carretera pavimentada y una nueva escuela un año después. El propio análisis introduce una precisión: construir infraestructura no garantiza por sí solo mejores aprendizajes. El siguiente reto consiste en comprobar si esas inversiones ayudan a completar los estudios y ampliar las oportunidades de los alumnos.

La tecnología ocupa otro lugar destacado. El boletín defiende la incorporación de la inteligencia artificial a la educación, acompañada de controles y un uso adecuado, y cuestiona que sus riesgos justifiquen abandonar las herramientas digitales. También destaca la formación continua como una vía para fortalecer las posibilidades laborales. En materia económica, plantea que la capacidad del Estado para anticiparse, planificar y ejecutar políticas puede marcar diferencias frente a dificultades externas, como las variaciones del mercado petrolero.

La seguridad y la identidad nacional completan los principales ejes de esta edición. El Círculo interpreta las muestras de apoyo a policías y militares durante el desfile del 15 de septiembre como una expresión de agradecimiento por la recuperación de la tranquilidad. Asimismo, propone rescatar la palabra “mara” en su sentido de grupo de amigos, desligándola de su asociación con las pandillas. Ambos planteamientos reflejan la tesis central de la publicación: que los cambios atribuidos al actual Gobierno también están modificando la convivencia y la manera en que los salvadoreños perciben su país.

 

Continue Reading

Publicidad

Lo Más Leído