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Gobierno invierte $360 millones en medidas económicas en beneficio de salvadoreños
Funcionarios de Gobierno presentaron ayer un balance de los resultados de las 11 medidas económicas impulsadas por el Gobierno para reducir el impacto de la inflación y los altos costos de los combustibles a escala internacional debido a factores como la COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania.
«El Gobierno ha atenuado todo lo posible el impacto de la crisis inflacionaria, ahora nos corresponde continuar con el esfuerzo para que los precios vuelvan a sus niveles normales», afirmó el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
El funcionario añadió que, desde su implementación, hace más de cinco meses, el costo fiscal de las medidas asciende hasta los $240 millones para combustibles y alrededor de $120 millones en costos del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y la eliminación de aranceles a 20 productos de la canasta básica. «Vamos a alcanzar al final de agosto una inversión de alrededor de $360 millones», añadió.
Además, Zelaya indicó que a pesar de la reducción en los precios internacionales de los combustibles, estos aún no alcanzan los precios fijados por el Gobierno.
Presidente de la Defensoría del Consumidor, @rasalazar4, informa que tras jornada de inspección en calle Barrios, principal plaza comercial mayorista del país, se ha encontrado suficiente disponibilidad de productos y que precios han comenzado a ceder. pic.twitter.com/wmFrD40c4e
— Defensoría del Consumidor 🇸🇻 (@Defensoria_910) August 17, 2022
«Los precios de los combustibles han experimentado una variación en positivo para el bolsillo de los salvadoreños, han empezado a reducirse los precios internacionales, no obstante, no alcanza para llegar a los niveles en el gobierno había fijado los precios», recalcó.
El ministro también hizo énfasis en que las medidas son sostenibles debido al ataque a la evasión fiscal y el mejoramiento de la recaudación, esto con el objetivo de no trasladar costos al bolsillo de los salvadoreños.
«El Gobierno de la República, al contrario de lo que han hecho otros gobiernos, no va a recuperar nada de los bolsillos de la población. Vamos a seguir atacando la evasión fiscal y vamos a seguir mejorando nuestros sistemas de recaudación», afirmó.
Como resultado de las medidas, prosiguió el ministro de Hacienda, El Salvador es el segundo país con las tasas de inflación más bajas de la región centroamericana. «Lo que es claro es que vamos a mantener las medidas vigentes mientras los niveles inflacionarios se mantengan», indicó.
En resumen, las medidas implementadas contemplan eliminación de dos impuestos a los combustibles, fijación de precios máximos de combustibles, eliminación de aranceles a 20 productos de la canasta básica, verificaciones de precios de alimentos, lácteos y a productos e insumos agrícolas a escala nacional, acciones en las que participan instituciones como la Defensoría del Consumidor (DC) el Ministerio de Economía (Minec), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Hacienda.
Por su parte la ministra de Economía, María Luisa Hayem, afirmó que en el marco de las medidas, desde abril la población salvadoreña paga $4.31 centavos por galón de gasolina superior, $4.15 por gasolina regular y $4.04 por galón de diésel. Estos precios, de acuerdo con la funcionaria, permiten un ahorro mensual a los salvadoreños de hasta $40.
En cuanto el GLP, explicó que los salvadoreños se han visto beneficiados con dos subsidios, uno es el focalizado con $8.04 y otro de estabilización de precios generalizado de más de $4 para los usuarios de tambos de gas de 35 libras. Los salvadoreños que gozan de ambos subsidios, pueden ahorras los $12.
«Todos estos esfuerzos hacen que El Salvador sea el país con los menores costos de los combustibles y gas licuado. Todo el trabajo hace que nuestra economía se haya mantenido dinamizada y se encuentre en uno de sus mejores momentos en la historia», detalló la ministra.
Además, la funcionaria afirmó que se han realizado más de 32,400 inspecciones y que más de 17,700 han sido en estaciones de servicio, 222 en plantas envasadoras de GLP y se han visitado más de 14,600 puntos de venta de GLP.
Por: DES.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
