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Gobierno invierte $360 millones en medidas económicas en beneficio de salvadoreños
Funcionarios de Gobierno presentaron ayer un balance de los resultados de las 11 medidas económicas impulsadas por el Gobierno para reducir el impacto de la inflación y los altos costos de los combustibles a escala internacional debido a factores como la COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania.
«El Gobierno ha atenuado todo lo posible el impacto de la crisis inflacionaria, ahora nos corresponde continuar con el esfuerzo para que los precios vuelvan a sus niveles normales», afirmó el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
El funcionario añadió que, desde su implementación, hace más de cinco meses, el costo fiscal de las medidas asciende hasta los $240 millones para combustibles y alrededor de $120 millones en costos del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y la eliminación de aranceles a 20 productos de la canasta básica. «Vamos a alcanzar al final de agosto una inversión de alrededor de $360 millones», añadió.
Además, Zelaya indicó que a pesar de la reducción en los precios internacionales de los combustibles, estos aún no alcanzan los precios fijados por el Gobierno.
Presidente de la Defensoría del Consumidor, @rasalazar4, informa que tras jornada de inspección en calle Barrios, principal plaza comercial mayorista del país, se ha encontrado suficiente disponibilidad de productos y que precios han comenzado a ceder. pic.twitter.com/wmFrD40c4e
— Defensoría del Consumidor 🇸🇻 (@Defensoria_910) August 17, 2022
«Los precios de los combustibles han experimentado una variación en positivo para el bolsillo de los salvadoreños, han empezado a reducirse los precios internacionales, no obstante, no alcanza para llegar a los niveles en el gobierno había fijado los precios», recalcó.
El ministro también hizo énfasis en que las medidas son sostenibles debido al ataque a la evasión fiscal y el mejoramiento de la recaudación, esto con el objetivo de no trasladar costos al bolsillo de los salvadoreños.
«El Gobierno de la República, al contrario de lo que han hecho otros gobiernos, no va a recuperar nada de los bolsillos de la población. Vamos a seguir atacando la evasión fiscal y vamos a seguir mejorando nuestros sistemas de recaudación», afirmó.
Como resultado de las medidas, prosiguió el ministro de Hacienda, El Salvador es el segundo país con las tasas de inflación más bajas de la región centroamericana. «Lo que es claro es que vamos a mantener las medidas vigentes mientras los niveles inflacionarios se mantengan», indicó.
En resumen, las medidas implementadas contemplan eliminación de dos impuestos a los combustibles, fijación de precios máximos de combustibles, eliminación de aranceles a 20 productos de la canasta básica, verificaciones de precios de alimentos, lácteos y a productos e insumos agrícolas a escala nacional, acciones en las que participan instituciones como la Defensoría del Consumidor (DC) el Ministerio de Economía (Minec), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Hacienda.
Por su parte la ministra de Economía, María Luisa Hayem, afirmó que en el marco de las medidas, desde abril la población salvadoreña paga $4.31 centavos por galón de gasolina superior, $4.15 por gasolina regular y $4.04 por galón de diésel. Estos precios, de acuerdo con la funcionaria, permiten un ahorro mensual a los salvadoreños de hasta $40.
En cuanto el GLP, explicó que los salvadoreños se han visto beneficiados con dos subsidios, uno es el focalizado con $8.04 y otro de estabilización de precios generalizado de más de $4 para los usuarios de tambos de gas de 35 libras. Los salvadoreños que gozan de ambos subsidios, pueden ahorras los $12.
«Todos estos esfuerzos hacen que El Salvador sea el país con los menores costos de los combustibles y gas licuado. Todo el trabajo hace que nuestra economía se haya mantenido dinamizada y se encuentre en uno de sus mejores momentos en la historia», detalló la ministra.
Además, la funcionaria afirmó que se han realizado más de 32,400 inspecciones y que más de 17,700 han sido en estaciones de servicio, 222 en plantas envasadoras de GLP y se han visitado más de 14,600 puntos de venta de GLP.
Por: DES.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
