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Gobierno invierte $360 millones en medidas económicas en beneficio de salvadoreños
Funcionarios de Gobierno presentaron ayer un balance de los resultados de las 11 medidas económicas impulsadas por el Gobierno para reducir el impacto de la inflación y los altos costos de los combustibles a escala internacional debido a factores como la COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania.
«El Gobierno ha atenuado todo lo posible el impacto de la crisis inflacionaria, ahora nos corresponde continuar con el esfuerzo para que los precios vuelvan a sus niveles normales», afirmó el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
El funcionario añadió que, desde su implementación, hace más de cinco meses, el costo fiscal de las medidas asciende hasta los $240 millones para combustibles y alrededor de $120 millones en costos del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y la eliminación de aranceles a 20 productos de la canasta básica. «Vamos a alcanzar al final de agosto una inversión de alrededor de $360 millones», añadió.
Además, Zelaya indicó que a pesar de la reducción en los precios internacionales de los combustibles, estos aún no alcanzan los precios fijados por el Gobierno.
Presidente de la Defensoría del Consumidor, @rasalazar4, informa que tras jornada de inspección en calle Barrios, principal plaza comercial mayorista del país, se ha encontrado suficiente disponibilidad de productos y que precios han comenzado a ceder. pic.twitter.com/wmFrD40c4e
— Defensoría del Consumidor 🇸🇻 (@Defensoria_910) August 17, 2022
«Los precios de los combustibles han experimentado una variación en positivo para el bolsillo de los salvadoreños, han empezado a reducirse los precios internacionales, no obstante, no alcanza para llegar a los niveles en el gobierno había fijado los precios», recalcó.
El ministro también hizo énfasis en que las medidas son sostenibles debido al ataque a la evasión fiscal y el mejoramiento de la recaudación, esto con el objetivo de no trasladar costos al bolsillo de los salvadoreños.
«El Gobierno de la República, al contrario de lo que han hecho otros gobiernos, no va a recuperar nada de los bolsillos de la población. Vamos a seguir atacando la evasión fiscal y vamos a seguir mejorando nuestros sistemas de recaudación», afirmó.
Como resultado de las medidas, prosiguió el ministro de Hacienda, El Salvador es el segundo país con las tasas de inflación más bajas de la región centroamericana. «Lo que es claro es que vamos a mantener las medidas vigentes mientras los niveles inflacionarios se mantengan», indicó.
En resumen, las medidas implementadas contemplan eliminación de dos impuestos a los combustibles, fijación de precios máximos de combustibles, eliminación de aranceles a 20 productos de la canasta básica, verificaciones de precios de alimentos, lácteos y a productos e insumos agrícolas a escala nacional, acciones en las que participan instituciones como la Defensoría del Consumidor (DC) el Ministerio de Economía (Minec), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Hacienda.
Por su parte la ministra de Economía, María Luisa Hayem, afirmó que en el marco de las medidas, desde abril la población salvadoreña paga $4.31 centavos por galón de gasolina superior, $4.15 por gasolina regular y $4.04 por galón de diésel. Estos precios, de acuerdo con la funcionaria, permiten un ahorro mensual a los salvadoreños de hasta $40.
En cuanto el GLP, explicó que los salvadoreños se han visto beneficiados con dos subsidios, uno es el focalizado con $8.04 y otro de estabilización de precios generalizado de más de $4 para los usuarios de tambos de gas de 35 libras. Los salvadoreños que gozan de ambos subsidios, pueden ahorras los $12.
«Todos estos esfuerzos hacen que El Salvador sea el país con los menores costos de los combustibles y gas licuado. Todo el trabajo hace que nuestra economía se haya mantenido dinamizada y se encuentre en uno de sus mejores momentos en la historia», detalló la ministra.
Además, la funcionaria afirmó que se han realizado más de 32,400 inspecciones y que más de 17,700 han sido en estaciones de servicio, 222 en plantas envasadoras de GLP y se han visitado más de 14,600 puntos de venta de GLP.
Por: DES.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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