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FGR: Ex funcionario del gobierno de Funes vinculado en presunto lavado de $4.3 millones
El Juzgado de Instrucción de Quezaltepeque, La Libertad, desarrollará la audiencia preliminar contra Herberth Osmín Mérida Elías, acusado de presuntamente simular una deuda por más de $4.3 millones para lo cual habría tenido como cómplice a un ex funcionario del gabinete de Mauricio Funes (2009-2014), vinculado a la empresa SEGAPRO; de acuerdo a la acusación fiscal.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Herberth Osmín Mérida Elías cuando fungió como gerente general de la empresa UNIGAS en 2013 emitió una serie de pagarés que sumaban más de $4.3 millones a favor de la empresa Servicio de Gas Propano (SEGAPRO S.A. de C.V.), cuyo representante legal, Edgar Mauricio Perdomo Góchez era, en ese momento, el gobernador del departamento de Ahuachapán durante la gestión presidencial de Mauricio Funes (2009-2014).
En la acusación de la FGR se precisa que el imputado (detenido el 23 de abril de 2017 en ciudad de Guatemala) “no tenía las funciones según los estatutos y otros documentos de realizar pagarés en favor de un tercero”, por lo que se le está procesando por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la empresa UNIGAS.
La Fiscalía asevera que hubo un probable acuerdo entre el imputado Mérida Elías y el ex gobernador de Ahuachapán para blanquear los más de $4.3 millones que no fueron a parar a las cuentas bancarias de la empresa SEGAPRO.
Los propietarios de UNIGAS denunciaron que nunca se enteraron “de la existencia de obligaciones por los montos establecidos en la demanda ejecutiva mercantil y tampoco de la firma de dichos pagarés, mucho menos dio la autorización para tales suscripciones”, esto de acuerdo con acusación formal presentada en la sede judicial por el ministerio público.
Para evadir a la justicia, Herberth Osmín Mérida Elías huyó a Guatemala, y fue capturado allí por Interpol el 23 de abril de 2017, y puesto a la orden de las autoridades para tramitar su extradición.
En la acusación contra Mérida Elías consta que en el análisis realizado a las cuentas por cobrar de la empresa SEGAPRO correspondientes entre los años 2012 a 2016 que se encuentran en poder del Registro de Comercio del Centro Nacional de Registro (CNR) “no se encontraron saldos por cobrar, ni mucho menos a cargo de la sociedad UNIGAS DE EL SALVADOR, S.A. de C.V., excepto del año 2016”.
Del mismo análisis se concluye que “no existe una cuenta por cobrar por el valor de $4,302,231.84 reclamados judicialmente y que se supone fueron garantizados con 6 pagarés, excepto por el año 2016”, y se agrega que en el citado año “en el balance general existe un saldo por cobrar por un valor de $4,302,231.84 registrado en la cuenta de activo deudores varios y como contra cuentas se registran en el lado pasivo en dos cuentas, Ingresos Pendientes de Recibir y cuentas Documentos por pagar”, según se especifica en la acusación fiscal.
Las conclusiones a las que se llegó en el análisis de las finanzas de SEGAPRO llaman la atención de la FGR porque entre 2013 y 2015, período fecha de emisión y vencimiento de los documentos adquiriendo compromisos económicos emitidos por Mérida Elías como gerente de UNIGAS, no se reportan los seis pagarés que suman los más de $4.3 millones.
“Entre los años 2013 al 2015, los montos de los activos (de SEGAPRO) no exceden los $810,000, siendo incongruente con la deuda de $4,302,231.84 que SEGAPRO S.A. DE C.V., reclama a UNIGAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., excepto por el año 2016 donde dicha suma está reflejada en el balance general”, se subraya en la pericia financiera realizada por la FGR, lo que correspondería con un caso típico de lavado de dinero según lo interpretado por la representación fiscal.
Otro de los hallazgos que despiertan las sospechas de la FGR es que al revisar los documentos contables de SEGAPRO entre los años 2012 y 2016 los saldos de sus ventas no alcanzan los $4.3 millones que le reclamaba a UNIGAS, “el valor más representativo en este rubro fue en el ejercicio contable del año 2012 por un valor de $1,363,173.26”, dictamina la pericia.
Es por ello que se sospecha, basado en los análisis financieros practicados a las cuentas de SEGAPRO y UNIGAS, que podría existir un acuerdo entre el ex representante legal de la primera empresa y ex gobernador departamental de Ahuachapán, Edgar Mauricio Perdomo Góchez, con el imputado Mérida Elías por administración fraudulenta para lavar los $.3 millones.
Edgar Mauricio Perdomo Góchez tuvo que renunciar a su cargo como gobernador departamental después que la Policía Nacional Civil (PNC) —atendiendo una denuncia del Ministerio de Economía— decomisara 894 cilindros de gas licuado de petróleo subsidiado en una propiedad de su padre, Ángel Edgardo Perdomo.
De acuerdo a los peritos, el imputado Herberth Osmín Mérida Elías es una pieza clave para aclarar un caso de posible lavado de dinero, en el que también existe la posibilidad de enjuiciar y condenar a un ex funcionario del gabinete del ex presidente Funes, que en la actualidad se encuentra asilado en Nicaragua alegando persecución política en su contra.
La renovación de escuelas públicas continúa a nivel nacional con el programa Dos Escuelas por Día, algunas de ellas han necesitado más inversión para solucionar las necesidades de cada espacio y dejar ambientes apropiados para los niños y adolescentes, entre ellas cuatro centros educativos se modernizan con un financiamiento cerca a los 7 millones de dólares.
El Centro Escolar Cantón Dulce Nombre de San Pedro Masahuat, ubicado en La Paz Oeste tiene un monto de inversión de 1.1 millón para renovarlo, mientras que la Escuela Escolar La Rosa Blanca, ubicada en San Salvador Centro tiene una financiamiento de 1.9 millones.
Igual cantidad de 1.9 millones tiene destinada la Escuela de Educación Parvularia Profesora Berta Arlina Molina en Apopa, San Salvador Oeste y el Centro Escolar 5 de Noviembre en San Salvador Centro también se está modernizando con un costo de 1.9 millones de dólares.
Con esta inversión se beneficiarán más de 1,169 alumnos en los cuatro centros educativos desde inicial, parvularia hasta educación básica. Del Centro Escolar Cantón Dulce Nombre se encuentran matriculados 147 alumnos, mientras que de la Escuela Escolar La Rosa Blanca son 192 estudiantes.
Por su parte, que mayor escolaridad reporta es la Escuela de Educación Parvularia Profesora Berta Arlina Molina de Apopa con 503 estudiantes y el Centro Escolar 5 de Noviembre con 327 matriculados.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi), hasta el 14 de mayo se reportan 8,734 siniestros viales; de esos, 5,889 lesionados y 549 muertos.
Del 1. ° de enero hasta el 14 de mayo de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) registra 8,734 accidentes de tránsito en el país. La cifra representa 1,251 casos más que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 7,483, lo que equivale a un incremento del 17 %.
De acuerdo con el informe, la tendencia al alza también se refleja en el número de personas lesionadas, ya que en 2025 se reportaron 4,669 heridos, mientras que en 2026 la cifra ascendió a 5,889, es decir, 1,220 más, por lo que hay un aumento del 26 %. En cuanto a la mortalidad, también se reporta un incremento en las personas fallecidas, con 549 víctimas en lo que va de 2026, frente a 439 registradas el año pasado. Esto significa 110 muertes adicionales, equivalente a un alza del 25 %.
El reporte añade que los detenidos por conducción peligrosa aumentaron un 8 %, al pasar de 769 en 2025 a 829 en 2026, lo que indica que hay 60 casos más hasta el 14 de mayo. Por otra parte, la mayor cantidad de siniestros viales se concentra en San Salvador, con 2,952 casos, seguido de La Libertad con 1,224 y San Miguel con 1.016.
La Fiscalía General de la República informó que, en coordinación con la Policía, ha destruido diversos tipos de droga, correspondiente a decomisos realizados en la zona occidental y en el área metropolitana de San Salvador.
De acuerdo al detalle, lo incinerado fueron 3,245.26 gramos de marihuana, 53.26 gramos de cocaína y 32.1 gramos de metanfetamina, vinculados a 15 diferentes casos de decomiso.
El valor estimado de esta droga en el narcomenudeo es de $ 84,518.47, informó la Fiscalía.
«Además, se hizo efectiva la destrucción de muestras de droga correspondientes a 36 casos ya finalizados y que habían sido resguardadas para fines procesales de la Superintendencia de Regulación Sanitaria», agregó la institución investigadora.
