El Juzgado de Instrucción de Quezaltepeque, La Libertad, desarrollará la audiencia preliminar contra Herberth Osmín Mérida Elías, acusado de presuntamente simular una deuda por más de $4.3 millones para lo cual habría tenido como cómplice a un ex funcionario del gabinete de Mauricio Funes (2009-2014), vinculado a la empresa SEGAPRO; de acuerdo a la acusación fiscal.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Herberth Osmín Mérida Elías cuando fungió como gerente general de la empresa UNIGAS en 2013 emitió una serie de pagarés que sumaban más de $4.3 millones a favor de la empresa Servicio de Gas Propano (SEGAPRO S.A. de C.V.), cuyo representante legal, Edgar Mauricio Perdomo Góchez era, en ese momento, el gobernador del departamento de Ahuachapán durante la gestión presidencial de Mauricio Funes (2009-2014).

En la acusación de la FGR se precisa que el imputado (detenido el 23 de abril de 2017 en ciudad de Guatemala) “no tenía las funciones según los estatutos y otros documentos de realizar pagarés en favor de un tercero”, por lo que se le está procesando por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la empresa UNIGAS.

La Fiscalía asevera que hubo un probable acuerdo entre el imputado Mérida Elías y el ex gobernador de Ahuachapán para blanquear los más de $4.3 millones que no fueron a parar a las cuentas bancarias de la empresa SEGAPRO.

Los propietarios de UNIGAS denunciaron que nunca se enteraron “de la existencia de obligaciones por los montos establecidos en la demanda ejecutiva mercantil y tampoco de la firma de dichos pagarés, mucho menos dio la autorización para tales suscripciones”, esto de acuerdo con acusación formal presentada en la sede judicial por el ministerio público.

Para evadir a la justicia, Herberth Osmín Mérida Elías huyó a Guatemala, y fue capturado allí por Interpol el 23 de abril de 2017, y puesto a la orden de las autoridades para tramitar su extradición.

En la acusación contra Mérida Elías consta que en el análisis realizado a las cuentas por cobrar de la empresa SEGAPRO correspondientes entre los años 2012 a 2016 que se encuentran en poder del Registro de Comercio del Centro Nacional de Registro (CNR) “no se encontraron saldos por cobrar, ni mucho menos a cargo de la sociedad UNIGAS DE EL SALVADOR, S.A. de C.V., excepto del año 2016”.

Del mismo análisis se concluye que “no existe una cuenta por cobrar por el valor de $4,302,231.84 reclamados judicialmente y que se supone fueron garantizados con 6 pagarés, excepto por el año 2016”, y se agrega que en el citado año “en el balance general existe un saldo por cobrar por un valor de $4,302,231.84 registrado en la cuenta de activo deudores varios y como contra cuentas se registran en el lado pasivo en dos cuentas, Ingresos Pendientes de Recibir y cuentas Documentos por pagar”, según se especifica en la acusación fiscal.

Las conclusiones a las que se llegó en el análisis de las finanzas de SEGAPRO llaman la atención de la FGR porque entre 2013 y 2015, período fecha de emisión y vencimiento de los documentos adquiriendo compromisos económicos emitidos por Mérida Elías como gerente de UNIGAS, no se reportan los seis pagarés que suman los más de $4.3 millones.

“Entre los años 2013 al 2015, los montos de los activos (de SEGAPRO) no exceden los $810,000, siendo incongruente con la deuda de $4,302,231.84 que SEGAPRO S.A. DE C.V., reclama a UNIGAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., excepto por el año 2016 donde dicha suma está reflejada en el balance general”, se subraya en la pericia financiera realizada por la FGR, lo que correspondería con un caso típico de lavado de dinero según lo interpretado por la representación fiscal.

Otro de los hallazgos que despiertan las sospechas de la FGR es que al revisar los documentos contables de SEGAPRO entre los años 2012 y 2016 los saldos de sus ventas no alcanzan los $4.3 millones que le reclamaba a UNIGAS, “el valor más representativo en este rubro fue en el ejercicio contable del año 2012 por un valor de $1,363,173.26”, dictamina la pericia.

Es por ello que se sospecha, basado en los análisis financieros practicados a las cuentas de SEGAPRO y UNIGAS, que podría existir un acuerdo entre el ex representante legal de la primera empresa y ex gobernador departamental de Ahuachapán, Edgar Mauricio Perdomo Góchez, con el imputado Mérida Elías por administración fraudulenta para lavar los $.3 millones.

Edgar Mauricio Perdomo Góchez tuvo que renunciar a su cargo como gobernador departamental después que la Policía Nacional Civil (PNC) —atendiendo una denuncia del Ministerio de Economía— decomisara 894 cilindros de gas licuado de petróleo subsidiado en una propiedad de su padre, Ángel Edgardo Perdomo.

De acuerdo a los peritos, el imputado Herberth Osmín Mérida Elías es una pieza clave para aclarar un caso de posible lavado de dinero, en el que también existe la posibilidad de enjuiciar y condenar a un ex funcionario del gabinete del ex presidente Funes, que en la actualidad se encuentra asilado en Nicaragua alegando persecución política en su contra.