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#DenunciaCiudadana ISSS niega tratamiento a una paciente renal debido a supuesto “capricho” de funcionarios

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Una paciente renal del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) denunció que algunos funcionarios de la institución le niegan el derecho de recibir tratamiento médico debido a un posible “capricho”, es decir, por una decisión supuestamente arbitraria, “sin justificación” de los responsables del área de Nefrología y de la dirección general del Hospital Médico Quirúrgico (MQ).

Mónica Alejandra Trujillo Contreras, de 34 años, fue diagnosticada de insuficiencia renal en octubre 2015 y aproximadamente un año después debió recibir hemodiálisis, como parte de su tratamiento. Acudía a la Unidad de Nefrología del MQ para recibir asistencia.

Al igual que a otros pacientes, se le colocó un catéter para drenar su sangre, limpiarla y ésta ya depurada -e introducida de nuevo a su torrente sanguíneo- hacía posible el buen funcionamiento de su organismo.

Los primeros meses en Nefrología marcharon bien: al menos dos veces a la semana, Mónica Alejandra era conectada a alguna de las 20 máquinas de “dialización” del Médico Quirúrgico y generalmente acudía a las jornadas de atención matutinas.

Desde el cáteter colocado en una vena a la altura de su pecho (al lado opuesto de su corazón) se realizaron las hemodálisis sin mayores problemas, pese a que siempre hay detalles como esperar a que concluya la atención de otro paciente o porque las máquinas no dan abasto, sobre todo, cuando alguna registra problemas de funcionamiento. Sin embargo, todo marchaba relativamente bien, asegura.

En diciembre 2017, Mónica Alejandra recibe la noticia que debían cambiarle el catéter del pecho por otro llamado “peritoneal”, el cual se coloca en el abdomen y ella recuerda que debían ubicarlo al lado izquierdo de su ombligo.

Hasta hoy se pregunta por qué decidieron cambiarle el catéter, si el suyo (de material rígido) le había dado buenos resultados, a excepción de una sola vez que se tapó.

En cambio, le proponen el “peritoneal” que es de material flexible, registra mayores complicaciones (se obstruye con regularidad) y lo peor -asegura- le recuerda el caso de un paciente que perdió la vida supuestamente porque no le funcionó bien ese tipo de materiales.

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Según Mónica, tras esa decisión se esconden varias razones: una, y la más riesgosa para los pacientes renales, es que los catéteres peritoneales son más baratos pero inseguros; además, sostiene, en el ISSS se ha tomado la decisión de sustituir medicamentos siempre con la intención de bajar costos, lo que también pone en riesgo su vida y la de otros pacientes.

“Ese catéter no funciona bien, da problemas. Además, nos están dando medicina descontinuada”, sostuvo.

Pese a la desconfianza que le provoca el catéter “peritoneal”, la joven decidió someterse a cirugía para que le fuera colocado uno de estos. En tres ocasiones (en fechas distintas) llegó al ISSS para ser intervenida y por “no reunir las condiciones” necesarias, sobre todo por su frágil salud, no fue admitida por el cirujano.

Algunos miembros de Nefrología la señalan como responsable de no colaborar con el cambio de catéter, un requisito que consideran imprescindible si es que desea seguir con los tratamientos de hemodiálisis.

Una fecha terrible: 5 de marzo

El pasado 5 de marzo se complicó todo para Mónica Alejandra. Luego de fallidas tres operaciones para cambiarle el catéter, recibió la terrible noticia que ya no recibiría hemodiálisis en el Seguro Social.

“Me han quitado los cupos desde el 5 de marzo”, sostiene la joven, quien en compañía de su madre, Concepción Castellanos, han debido rebuscar soluciones, no sin antes denunciar dentro del ISSS, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo que ocurre.

“Actúan de manera negligente y le quitaron los cupos… la directora del MQ le negó el tratamiento. Llegábamos desde las 5:00 de la mañana para ver el cupo, eran las 10:00 de la noche y nada”, expuso doña Concepción, quien ha debido cubrir por cuenta propia las hemodiálisis para su hija.

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Una factura comercial comprueba que 1 hemodiálisis cuesta $125. Mónica Alejandra recibía al menos dos tratamientos semanales en el ISSS para garantizar la limpieza de su sangre, pero el alto costo de la atención en el sector privado la obliga a practicarse solo uno a la semana: “esto pone en riesgo la vida de mi hija”, advierte doña Concepción.

Mónica y su madre aseguran que en este problema -de suspender las hemodiálisis- están involucrados varios funcionarios del ISSS: señalan a la jefe de Nefrología, Ana Luisa Navas; a la jefa de enfermeras, Jenny Alfaro, y, por supuesto, a la directora del Médico Quirúrgico (MQ), Margarita Leonor Linares de Cruz.

“No le dan cupos, no la transfieren; insisten en la operación, pero no le dan la opción de cirugía”, se queja la madre.

“Están poniendo en riesgo la vida de la paciente”

Don Omar Vásquez es paciente renal del ISSS y presidente de la Asociación de Pacientes Renales de El Salvador (APREDESAL).

Conoce muy bien el caso de Mónica Alejandra y acuerpa la idea de que a la joven le niegan las hemodiálisis por “capricho” de las autoridades del Seguro Social.

“Por ley quieren (las autoridades del ISSS) que se ponga el tercer catéter blando, y como modo de presión, porque no acepta el tercer catéter, le quitaron los tratamientos”, sostuvo don Omar.

“En este mes y medio (desde el pasado 5 de marzo) ella paga, de alguna manera sus hemodiálisis privadas… pero con esto están poniendo en riesgo la vida de la paciente… y ellos tienen la obligación de respetar el derecho al consentimiento informado de los pacientes”, añadió el presidente de APREDESAL.

Don Omar explicó que dentro del Seguro hay una política de ahorro que se ha vuelto una imposición para los usuarios. Según él, Mónica -al igual que otros pacientes- deben aceptar el catéter blando para sí pasar del tratamiento de hemodiálisis a diálisis ambulatoria, lo que reduce los costos y las atenciones en el ISSS. Sin embargo, reclama que se haga con base en “evidencias científicas” y no por una imposición institucional.

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“Cuando hay criterio médico válido porque el paciente no puede estar en hemodiálisis, entonces que lo pasen a diálisis, no estamos contra eso, pero que sea con criterios válidos… Lo que si no aceptamos es que por caprichos que ellos manejan, que porque es una norma institucional, eso no lo aceptamos ni lo permitimos”, agregó.

Don Omar respalda que el “capricho” de no atender a Mónica es responsabilidad directa de la jefe de Nefrología, Ana Luisa Navas; de la jefa de enfermeras, Jenny Alfaro y, por supuesto, de la directora del Médico Quirúrgico (MQ), Margarita Leonor Linares de Cruz.

A este grupo de funcionarios añade al jefe del Departamento de Medicina Interna del ISSS, Otto Iván Meléndez Rivas, quien se ha negado a escuchar las quejas de los pacientes.

Don Omar sabe muy bien cuán “difíciles” e “incómodos” son los tratamientos por problemas renales, a lo que debe sumarse el “maltrato” que reciben en el Seguro Social.

“Qué difícil es estar luchando por sobrevivir con tratamientos incómodos, dolorosos, y también es difícil soportar el mal humor de las enfermeras y del personal del Seguro, y ahora es más porque todavía tenemos que luchar por ellos (los tratamientos), para que nos los den”.

Costo hemodiálisis

Costo de hemodiálisis en centro privado.

denuncia pddh

Denuncia en PDDH.

csj 1
Csj 2

Denuncia (amparo) en la CSJ.

 

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1 millón 42 mil circularon en las fronteras del territorio salvadoreño

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La Dirección General de Migración y Extranjería, registró en enero el ingreso y salida de 1 millón 42 mil ciudadanos nacionales y extranjeros al país, en todos los controles migratorios terrestres, aéreos y marítimos.

“Hemos cerrado el mes de enero con 1 millón 42 mil controles migratorios de nacionales y extranjeros que ingresaron y salieron del territorio nacional por las diferentes aéreas, terrestres y marítimas”, destacó la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

Cientos de extranjeros de todo el mundo continúan ingresando a El Salvador y gozando de 180 días de permiso para conocer todos los destinos turísticos que tiene nuestro el país.

La institución detalló que, al cierre del primer mes del año, solo en la frontera Las Chinamas, Ahuachapán, se registraron más de 150 mil 780 controles migratorios de ingresos y salidas de nacionales y extranjeros que utilizan esta ruta de conexión entre El Salvador y Guatemala.

El Gobierno continúa modernizando las distintas fronteras del país para seguir brindando una atención de calidad a los viajeros y turistas nacionales y extranjeros.

“Estamos mejorando la imagen de nuestras fronteras terrestres para ofrecer una buena experiencia al turista nacional y extrajero. Ahora los viajeros pueden hacer uso de todos los servicios en instalaciones limpias, seguras y cómodas”, indicó la DGME.

En apoyo a los viajeros, la Dirección de Migración y Extranjería mantiene habilitado el número de WhatsApp 7070-0663 para atender de forma inmediata todas las consultas sobre los trámites migratorios.

“Nos mantenemos vigilantes en cada punto no habilitado y zonas limítrofes del país, contribuyendo a reforzar la seguridad del territorio nacional junto a la División Fronteriza de la PNC y el Comando Sumpul de la Fuerza Armada”, destacó la institución.

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Amplían horarios de atención para poner en orden los documentos de tránsito

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El Viceministerio de Transporte (VMT), ha ampliado los horarios de atención al público para que los salvadoreños paguen multas y actualicen la información y el estado de sus documentos de tránsito, ante la reforma a La Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

“Se han ampliado las horas hábiles en oficinas de Sertracen, también el personal disponible para atender la demanda de personas que quieren poner en orden su documentación de tránsito”, afirmó el titular del VMT, Nelson Reyes.

Luego de que se aprobara la modificación de ley, se ha triplicado el número de usuarios que buscan solventar su situación, ya sea por vencimiento de la tarjeta de circulación o licencia de conducir, pago de multas, entre otros trámites.

Aunque la reforma no ha entrado en vigor, las autoridades del VMT perciben una reacción positiva. La mayoría de los salvadoreños, incluidos conductores de vehículos y motocicletas están manejando por las diferentes carreteras con mayor precaución y tratando de cumplir, de manera anticipada la normativa, usando chalecos reflectantes, poniendo al día sus documentos.

El objetivo principal de esta iniciativa es reducir las conductas de riesgo en la vía, principalmente cuando se está frente al volante. Con la modificación a la ley de tránsito se reforzará la vigilancia y la sanción por el incumplimiento a la normativa.

“La ley de las herramientas para que la persona que ha vendido el vehículo pueda iniciar en Sertracen el proceso de traspaso. Solo debe presentarse con la compraventa autenticada. Hay una infracción específica para la gente que no pone a su nombre un vehículo cuando lo acaba de comprar”, reiteró el viceministro Reyes.

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No portar tarjeta de circulación o licencia de conducir, o circular con uno o los dos documentos vencidos, lo hará acreedor a una multa de $50, igual sanción aplica al circular solo con una placa.

Lo anterior también conlleva acatar las disposiciones contenidas en el Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial, revisar el estado mecánico de los vehículos para evitar accidentes por desperfectos, manejar respetando a los demás usuarios de la vía, como peatones y ciclistas, con lo cual se contribuirá a evitar siniestros.

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Defensoría del Consumidor atendió a más de 10 mil casos en enero 2023

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Durante los 31 días del mes de enero de este año 2023, la Defensoría del Consumidor atendió a más de 10,500 consumidores en cuanto a asesorías, atención a controversias y denuncias, según señaló este sábado por la mañana el presidente de la institución, Ricardo Salazar.

Salazar enfatizó que, en total, fueron 10,559 consumidores los que fueron atendidos por la institución, siendo la primera vez que se superan las 10,000 atenciones en el mes de enero, marcando un precedente histórico en cuanto a la protección de los derechos de los consumidores en El Salvador.

«Como parte de los esfuerzos y el acercamiento de los servicios, durante enero de 2023, logramos atender a más de 10,559 consumidores, a través de diferentes mecanismos que tiene que ver con atención a controversias, asesorías y denuncias. Esta es una cifra histórica de cara a la comparación con años anteriores. Esta es la primera vez que superamos el límite de 10,000 atenciones en el mes de enero», destacó Salazar.

El funcionario remarcó que la Defensoría del Consumidor registró notables incrementos en las atenciones brindadas, así como también en asesorías y denuncias recibidas con respecto a lo registrado en el mismo período del pasado año 2022.

«En el año 2022, en enero, se alcanzaron 2,203 atenciones, lo cual representa, con respecto a las atenciones de este año, un incremento del 15 %. Con respecto a las asesorías, respecto a enero de 2022, el incremento fue de 14 % y con respecto a las denuncias fue del 19 %», subrayó.

Salazar también detalló que, del total de atenciones registradas en enero 2023, el 73.4 % se concentra en cinco sectores: servicios financieros, con el 22.4 %; electrodomésticos y artículos del hogar, con el 16.5 %; el sector de servicios, con el 16 %; telecomunicaciones, con el 14 % y energía eléctrica, con el 4 %.

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