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#DenunciaCiudadana ISSS niega tratamiento a una paciente renal debido a supuesto “capricho” de funcionarios
Una paciente renal del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) denunció que algunos funcionarios de la institución le niegan el derecho de recibir tratamiento médico debido a un posible “capricho”, es decir, por una decisión supuestamente arbitraria, “sin justificación” de los responsables del área de Nefrología y de la dirección general del Hospital Médico Quirúrgico (MQ).
Mónica Alejandra Trujillo Contreras, de 34 años, fue diagnosticada de insuficiencia renal en octubre 2015 y aproximadamente un año después debió recibir hemodiálisis, como parte de su tratamiento. Acudía a la Unidad de Nefrología del MQ para recibir asistencia.
Al igual que a otros pacientes, se le colocó un catéter para drenar su sangre, limpiarla y ésta ya depurada -e introducida de nuevo a su torrente sanguíneo- hacía posible el buen funcionamiento de su organismo.
Los primeros meses en Nefrología marcharon bien: al menos dos veces a la semana, Mónica Alejandra era conectada a alguna de las 20 máquinas de “dialización” del Médico Quirúrgico y generalmente acudía a las jornadas de atención matutinas.
Desde el cáteter colocado en una vena a la altura de su pecho (al lado opuesto de su corazón) se realizaron las hemodálisis sin mayores problemas, pese a que siempre hay detalles como esperar a que concluya la atención de otro paciente o porque las máquinas no dan abasto, sobre todo, cuando alguna registra problemas de funcionamiento. Sin embargo, todo marchaba relativamente bien, asegura.
En diciembre 2017, Mónica Alejandra recibe la noticia que debían cambiarle el catéter del pecho por otro llamado “peritoneal”, el cual se coloca en el abdomen y ella recuerda que debían ubicarlo al lado izquierdo de su ombligo.
Hasta hoy se pregunta por qué decidieron cambiarle el catéter, si el suyo (de material rígido) le había dado buenos resultados, a excepción de una sola vez que se tapó.
En cambio, le proponen el “peritoneal” que es de material flexible, registra mayores complicaciones (se obstruye con regularidad) y lo peor -asegura- le recuerda el caso de un paciente que perdió la vida supuestamente porque no le funcionó bien ese tipo de materiales.
Según Mónica, tras esa decisión se esconden varias razones: una, y la más riesgosa para los pacientes renales, es que los catéteres peritoneales son más baratos pero inseguros; además, sostiene, en el ISSS se ha tomado la decisión de sustituir medicamentos siempre con la intención de bajar costos, lo que también pone en riesgo su vida y la de otros pacientes.
“Ese catéter no funciona bien, da problemas. Además, nos están dando medicina descontinuada”, sostuvo.
Pese a la desconfianza que le provoca el catéter “peritoneal”, la joven decidió someterse a cirugía para que le fuera colocado uno de estos. En tres ocasiones (en fechas distintas) llegó al ISSS para ser intervenida y por “no reunir las condiciones” necesarias, sobre todo por su frágil salud, no fue admitida por el cirujano.
Algunos miembros de Nefrología la señalan como responsable de no colaborar con el cambio de catéter, un requisito que consideran imprescindible si es que desea seguir con los tratamientos de hemodiálisis.
Una fecha terrible: 5 de marzo
El pasado 5 de marzo se complicó todo para Mónica Alejandra. Luego de fallidas tres operaciones para cambiarle el catéter, recibió la terrible noticia que ya no recibiría hemodiálisis en el Seguro Social.
“Me han quitado los cupos desde el 5 de marzo”, sostiene la joven, quien en compañía de su madre, Concepción Castellanos, han debido rebuscar soluciones, no sin antes denunciar dentro del ISSS, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo que ocurre.
“Actúan de manera negligente y le quitaron los cupos… la directora del MQ le negó el tratamiento. Llegábamos desde las 5:00 de la mañana para ver el cupo, eran las 10:00 de la noche y nada”, expuso doña Concepción, quien ha debido cubrir por cuenta propia las hemodiálisis para su hija.
Una factura comercial comprueba que 1 hemodiálisis cuesta $125. Mónica Alejandra recibía al menos dos tratamientos semanales en el ISSS para garantizar la limpieza de su sangre, pero el alto costo de la atención en el sector privado la obliga a practicarse solo uno a la semana: “esto pone en riesgo la vida de mi hija”, advierte doña Concepción.
Mónica y su madre aseguran que en este problema -de suspender las hemodiálisis- están involucrados varios funcionarios del ISSS: señalan a la jefe de Nefrología, Ana Luisa Navas; a la jefa de enfermeras, Jenny Alfaro, y, por supuesto, a la directora del Médico Quirúrgico (MQ), Margarita Leonor Linares de Cruz.
“No le dan cupos, no la transfieren; insisten en la operación, pero no le dan la opción de cirugía”, se queja la madre.
“Están poniendo en riesgo la vida de la paciente”
Don Omar Vásquez es paciente renal del ISSS y presidente de la Asociación de Pacientes Renales de El Salvador (APREDESAL).
Conoce muy bien el caso de Mónica Alejandra y acuerpa la idea de que a la joven le niegan las hemodiálisis por “capricho” de las autoridades del Seguro Social.
“Por ley quieren (las autoridades del ISSS) que se ponga el tercer catéter blando, y como modo de presión, porque no acepta el tercer catéter, le quitaron los tratamientos”, sostuvo don Omar.
“En este mes y medio (desde el pasado 5 de marzo) ella paga, de alguna manera sus hemodiálisis privadas… pero con esto están poniendo en riesgo la vida de la paciente… y ellos tienen la obligación de respetar el derecho al consentimiento informado de los pacientes”, añadió el presidente de APREDESAL.
Don Omar explicó que dentro del Seguro hay una política de ahorro que se ha vuelto una imposición para los usuarios. Según él, Mónica -al igual que otros pacientes- deben aceptar el catéter blando para sí pasar del tratamiento de hemodiálisis a diálisis ambulatoria, lo que reduce los costos y las atenciones en el ISSS. Sin embargo, reclama que se haga con base en “evidencias científicas” y no por una imposición institucional.
“Cuando hay criterio médico válido porque el paciente no puede estar en hemodiálisis, entonces que lo pasen a diálisis, no estamos contra eso, pero que sea con criterios válidos… Lo que si no aceptamos es que por caprichos que ellos manejan, que porque es una norma institucional, eso no lo aceptamos ni lo permitimos”, agregó.
Don Omar respalda que el “capricho” de no atender a Mónica es responsabilidad directa de la jefe de Nefrología, Ana Luisa Navas; de la jefa de enfermeras, Jenny Alfaro y, por supuesto, de la directora del Médico Quirúrgico (MQ), Margarita Leonor Linares de Cruz.
A este grupo de funcionarios añade al jefe del Departamento de Medicina Interna del ISSS, Otto Iván Meléndez Rivas, quien se ha negado a escuchar las quejas de los pacientes.
Don Omar sabe muy bien cuán “difíciles” e “incómodos” son los tratamientos por problemas renales, a lo que debe sumarse el “maltrato” que reciben en el Seguro Social.
“Qué difícil es estar luchando por sobrevivir con tratamientos incómodos, dolorosos, y también es difícil soportar el mal humor de las enfermeras y del personal del Seguro, y ahora es más porque todavía tenemos que luchar por ellos (los tratamientos), para que nos los den”.
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Costo de hemodiálisis en centro privado.
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Denuncia en PDDH.
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Denuncia (amparo) en la CSJ.
La Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó este lunes que los precios de referencia de los combustibles en El Salvador se mantendrán sin variación durante el periodo comprendido entre el 21 de julio y el 3 de agosto.
En la zona central del país, el precio por galón será de $4.74 para la gasolina superior, $4.41 para la gasolina regular y $4.44 para el diésel.
Mientras tanto, en las zonas oriental y occidental, la gasolina superior tendrá un precio de $4.75 por galón, la gasolina regular costará $4.42 y el diésel se mantendrá en $4.44.
La entidad explicó que, pese al incremento en la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, los precios nacionales permanecerán estables gracias a la gestión oportuna de los inventarios.
«Tras la reanudación y el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio, así como la expansión de los ataques en la región del estrecho de Ormuz, se ha incrementado la volatilidad de los precios internacionales del petróleo. No obstante, la gestión oportuna de los inventarios nacionales permite mantener sin variación los precios de los combustibles durante el presente periodo», comunicó la DGEHM.
Asimismo, señaló que los continuos ataques a la infraestructura energética rusa por parte de Ucrania mantienen expectativas sobre el comportamiento de los precios internacionales de los hidrocarburos.
La institución recordó que los precios de referencia incluyen los impuestos de ley vigentes, así como la Contribución para la Estabilización de las Tarifas del Servicio Público del Transporte Colectivo de Pasajeros de tipo colectivo y masivo (COTRANS), el Fondo de Estabilización del Fomento Económico (FEFE) y el Impuesto Especial a los Combustibles (IEC).
Además, la DGEHM informó que ha reforzado las verificaciones en estaciones de servicio para garantizar la cantidad y calidad de los combustibles, con el objetivo de que la población reciba el volumen con las especificaciones técnicas requeridas y se entregue la cantidad exacta por la que paga.
Entretanto, inspectores de la institución mantienen un sondeo constante del mercado de las empresas dedicadas a la comercialización de productos derivados del petróleo. En caso de detectar incumplimientos a la ley, estas se exponen a las sanciones correspondientes.
Al menos 281 vehículos han sido afectados por incendios entre el 1 de enero y el 16 de julio de este año, según los registros del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, que atribuye estos incidentes a factores como fallas en el sistema eléctrico, conexiones defectuosas o reparaciones deficientes.
De acuerdo con las estadísticas de la institución, la cifra representa un incremento del 17 % en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 241 incendios en vehículos.
El director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, explicó que ante un incendio vehicular es importante actuar de manera inmediata y priorizar la seguridad de las personas.
“Ante un incendio en un vehículo, el conductor debe detener la marcha, salir de la vía y evacuar el automotor”, indicó.
Además, recomendó que si las llamas alcanzan una altura considerable, las personas no deben exponerse al riesgo y, después de abandonar el vehículo, deben comunicarse con el Cuerpo de Bomberos.
Solano señaló que, si el conductor cuenta con un extintor y tiene la capacitación necesaria para utilizarlo, puede intentar controlar el fuego, siempre que las condiciones del incendio no representen un peligro.
De los 281 incendios reportados durante 2026, 238 correspondieron a automóviles, 17 a autobuses, 14 a motocicletas, dos a microbuses y diez a vehículos pesados.
Como parte de las medidas preventivas, el Cuerpo de Bomberos recomienda realizar revisiones periódicas del funcionamiento mecánico del vehículo, los sistemas de frenos y el sistema eléctrico.
La institución también exhorta a evitar instalaciones eléctricas improvisadas, revisar que no existan mangueras deterioradas ni cables con el recubrimiento expuesto, además de mantener limpias las áreas del vehículo y libres de residuos de aceite o suciedad para facilitar la identificación de posibles daños.
Asimismo, recomienda no sobrecargar el sistema eléctrico, asegurar y aislar los bordes de la batería para prevenir cortocircuitos y portar un extintor tipo ABC con una capacidad mínima de cinco libras.
Bomberos indicó que, en caso de utilizar el extintor, la descarga debe dirigirse directamente a la base del fuego para intentar controlar las llamas.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
