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#DenunciaCiudadana ISSS niega tratamiento a una paciente renal debido a supuesto “capricho” de funcionarios

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Una paciente renal del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) denunció que algunos funcionarios de la institución le niegan el derecho de recibir tratamiento médico debido a un posible “capricho”, es decir, por una decisión supuestamente arbitraria, “sin justificación” de los responsables del área de Nefrología y de la dirección general del Hospital Médico Quirúrgico (MQ).

Mónica Alejandra Trujillo Contreras, de 34 años, fue diagnosticada de insuficiencia renal en octubre 2015 y aproximadamente un año después debió recibir hemodiálisis, como parte de su tratamiento. Acudía a la Unidad de Nefrología del MQ para recibir asistencia.

Al igual que a otros pacientes, se le colocó un catéter para drenar su sangre, limpiarla y ésta ya depurada -e introducida de nuevo a su torrente sanguíneo- hacía posible el buen funcionamiento de su organismo.

Los primeros meses en Nefrología marcharon bien: al menos dos veces a la semana, Mónica Alejandra era conectada a alguna de las 20 máquinas de “dialización” del Médico Quirúrgico y generalmente acudía a las jornadas de atención matutinas.

Desde el cáteter colocado en una vena a la altura de su pecho (al lado opuesto de su corazón) se realizaron las hemodálisis sin mayores problemas, pese a que siempre hay detalles como esperar a que concluya la atención de otro paciente o porque las máquinas no dan abasto, sobre todo, cuando alguna registra problemas de funcionamiento. Sin embargo, todo marchaba relativamente bien, asegura.

En diciembre 2017, Mónica Alejandra recibe la noticia que debían cambiarle el catéter del pecho por otro llamado “peritoneal”, el cual se coloca en el abdomen y ella recuerda que debían ubicarlo al lado izquierdo de su ombligo.

Hasta hoy se pregunta por qué decidieron cambiarle el catéter, si el suyo (de material rígido) le había dado buenos resultados, a excepción de una sola vez que se tapó.

En cambio, le proponen el “peritoneal” que es de material flexible, registra mayores complicaciones (se obstruye con regularidad) y lo peor -asegura- le recuerda el caso de un paciente que perdió la vida supuestamente porque no le funcionó bien ese tipo de materiales.

Según Mónica, tras esa decisión se esconden varias razones: una, y la más riesgosa para los pacientes renales, es que los catéteres peritoneales son más baratos pero inseguros; además, sostiene, en el ISSS se ha tomado la decisión de sustituir medicamentos siempre con la intención de bajar costos, lo que también pone en riesgo su vida y la de otros pacientes.

“Ese catéter no funciona bien, da problemas. Además, nos están dando medicina descontinuada”, sostuvo.

Pese a la desconfianza que le provoca el catéter “peritoneal”, la joven decidió someterse a cirugía para que le fuera colocado uno de estos. En tres ocasiones (en fechas distintas) llegó al ISSS para ser intervenida y por “no reunir las condiciones” necesarias, sobre todo por su frágil salud, no fue admitida por el cirujano.

Algunos miembros de Nefrología la señalan como responsable de no colaborar con el cambio de catéter, un requisito que consideran imprescindible si es que desea seguir con los tratamientos de hemodiálisis.

Una fecha terrible: 5 de marzo

El pasado 5 de marzo se complicó todo para Mónica Alejandra. Luego de fallidas tres operaciones para cambiarle el catéter, recibió la terrible noticia que ya no recibiría hemodiálisis en el Seguro Social.

“Me han quitado los cupos desde el 5 de marzo”, sostiene la joven, quien en compañía de su madre, Concepción Castellanos, han debido rebuscar soluciones, no sin antes denunciar dentro del ISSS, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo que ocurre.

“Actúan de manera negligente y le quitaron los cupos… la directora del MQ le negó el tratamiento. Llegábamos desde las 5:00 de la mañana para ver el cupo, eran las 10:00 de la noche y nada”, expuso doña Concepción, quien ha debido cubrir por cuenta propia las hemodiálisis para su hija.

Una factura comercial comprueba que 1 hemodiálisis cuesta $125. Mónica Alejandra recibía al menos dos tratamientos semanales en el ISSS para garantizar la limpieza de su sangre, pero el alto costo de la atención en el sector privado la obliga a practicarse solo uno a la semana: “esto pone en riesgo la vida de mi hija”, advierte doña Concepción.

Mónica y su madre aseguran que en este problema -de suspender las hemodiálisis- están involucrados varios funcionarios del ISSS: señalan a la jefe de Nefrología, Ana Luisa Navas; a la jefa de enfermeras, Jenny Alfaro, y, por supuesto, a la directora del Médico Quirúrgico (MQ), Margarita Leonor Linares de Cruz.

“No le dan cupos, no la transfieren; insisten en la operación, pero no le dan la opción de cirugía”, se queja la madre.

“Están poniendo en riesgo la vida de la paciente”

Don Omar Vásquez es paciente renal del ISSS y presidente de la Asociación de Pacientes Renales de El Salvador (APREDESAL).

Conoce muy bien el caso de Mónica Alejandra y acuerpa la idea de que a la joven le niegan las hemodiálisis por “capricho” de las autoridades del Seguro Social.

“Por ley quieren (las autoridades del ISSS) que se ponga el tercer catéter blando, y como modo de presión, porque no acepta el tercer catéter, le quitaron los tratamientos”, sostuvo don Omar.

“En este mes y medio (desde el pasado 5 de marzo) ella paga, de alguna manera sus hemodiálisis privadas… pero con esto están poniendo en riesgo la vida de la paciente… y ellos tienen la obligación de respetar el derecho al consentimiento informado de los pacientes”, añadió el presidente de APREDESAL.

Don Omar explicó que dentro del Seguro hay una política de ahorro que se ha vuelto una imposición para los usuarios. Según él, Mónica -al igual que otros pacientes- deben aceptar el catéter blando para sí pasar del tratamiento de hemodiálisis a diálisis ambulatoria, lo que reduce los costos y las atenciones en el ISSS. Sin embargo, reclama que se haga con base en “evidencias científicas” y no por una imposición institucional.

“Cuando hay criterio médico válido porque el paciente no puede estar en hemodiálisis, entonces que lo pasen a diálisis, no estamos contra eso, pero que sea con criterios válidos… Lo que si no aceptamos es que por caprichos que ellos manejan, que porque es una norma institucional, eso no lo aceptamos ni lo permitimos”, agregó.

Don Omar respalda que el “capricho” de no atender a Mónica es responsabilidad directa de la jefe de Nefrología, Ana Luisa Navas; de la jefa de enfermeras, Jenny Alfaro y, por supuesto, de la directora del Médico Quirúrgico (MQ), Margarita Leonor Linares de Cruz.

A este grupo de funcionarios añade al jefe del Departamento de Medicina Interna del ISSS, Otto Iván Meléndez Rivas, quien se ha negado a escuchar las quejas de los pacientes.

Don Omar sabe muy bien cuán “difíciles” e “incómodos” son los tratamientos por problemas renales, a lo que debe sumarse el “maltrato” que reciben en el Seguro Social.

“Qué difícil es estar luchando por sobrevivir con tratamientos incómodos, dolorosos, y también es difícil soportar el mal humor de las enfermeras y del personal del Seguro, y ahora es más porque todavía tenemos que luchar por ellos (los tratamientos), para que nos los den”.

Costo hemodiálisis

Costo de hemodiálisis en centro privado.

denuncia pddh

Denuncia en PDDH.

csj 1
Csj 2

Denuncia (amparo) en la CSJ.

 

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Abogada de canadienses prófugos de la justicia salvadoreña es apoderada legal del alcalde de San Salvador

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El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt García-Prieto, utiliza los servicios de la apoderada legal Karen Elizabeth González Medina, misma que utilizan los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, prófugos de la justicia salvadoreña por los delitos de extorsión y apropiación o retención indebida, en perjuicio del empresario suizo salvadoreño Enrique Aquiles Rais.

Tanto Matteo Pascuale y Franco Pacetti, son relacionados con empresas vinculadas a miembros de la mafia italo-canadiense, como informó en su momento en una serie de reportajes dirigidos por el periodista costarricense Lafitte Fernández y que fueron publicados en el Diario de Hoy. Ambos también fueron demandados por fraude y estafa en la República Bolivariana de Venezuela.

El empresario Enrique Rais mantiene una demanda contra Matteo Pasquale y Franco Pacetti, porque es objeto de extorsión de ambos que se niegan a entregarle el resto de las acciones de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), y por las cuales la víctima ya canceló en su totalidad el costo de la deuda.

De esta manera, Pasquale y Pacetti en el 2014 buscaron los servicios de Karen Elizabeth González Medina para seguir un proceso de hábeas corpus en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por supuesta actuaciones de la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, que mantenía en firme la sentencia del Juzgado Tercero de Paz de San Salvador, que ordenaba la instrucción formal del proceso penal No 89-1-2014 contra los canadienses y que ademán ambos tendrían que seguir su proceso en prisión, por la apropiación o retención indebida.

Y debido a la negligencia de Matteo Pasquale y Franco Pacetti, la Cámara también resolvió que se tendría que liberar órdenes de captura internacional por medio de la INTERPOL de El Salvador.

Ya en el 2018 el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt García-Prieto buscó los servicios de la misma profesional en derecho para otorgar un poder general especial a favor de Ricardo García Argueta, María de La Paz Olivar de Coto, Sonia Marjori Portillo de Paredes, Juana Emilia Martínez, Karen Vanessa Alfaro Vásquez, Manuel Arturo José Rico Francis y a María José Orellana de Rosales. Lo que significa que ellos pueden firmar a su nombre.

En ese sentido, Karen Elizabeth González Medina estaría trabajando para los prófugos Matteo Pasquale y Franco Pacetti, como también para el alcalde de San Salvador que ahora se niega a pagar más de cinco millones que adeuda a la empresa MIDES.

De forma no oficial se dijo que la profesional en derecho forma parte del grupo de abogados que trabajan para el empresario Adolfo Salume Artiñano, cuya familia también está en el negocio de la basura en el cantón Melara, departamento de La Libertad.

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Sujetos se bajan de un vehículo municipal y asesinan a una mujer en Apopa

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Dos sujetos que se bajaron de un vehículo de la alcaldía de Apopa, que tenía un logo de Protección Civil, cometieron un feminicidio esta tarde en el sector del Pericentro ubicado en ese municipio, informaron fuentes policiales.

Tras el hecho de sangre, elementos de la Policía Nacional Civil iniciaron un fuerte operativo en el sector, en persecución de los dos sujetos armados que abandonaron la escena del crimen de la mujer.

A la persecución de los criminales se unió equipo especializado de la PNC a bordo de un helicóptero que buscan por vía aérea dar los asesinos de la mujer que, en este momento no ha sido identificada.

Uno de los sospechosos del asesinato fue capturado y los agentes de la corporación policial le daban persecución a un segundo presunto autor de la muerte de la mujer.

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Capturan a miembro de ARENA tras causar múltiple accidente cuando conducía con 443 grados de alcohol

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El activista del partido ARENA, Eduardo Alexander Ruiz Ayala, fue detenido esta tarde por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), luego que en estado de ebriedad causara un accidente con su vehículo, que provocó daños en varios automotores.

Los hechos ocurrieron en el sector del monumento al Hermano Lejano, donde, según testimonios de un motociclista, el conductor golpeó con el pick up P 752-028 que conducía a otros cuatro automotores y la motocicleta del denunciante.

“Este vehículo acaba de causar un accidente, en conductor está en estado de ebriedad y es del COENA. Se quiere ir, atropelló a dos vehículos, me golpeó a mí y allá está mi ´motito´ trabada”, dijo

Ruiz Ayala llevaba dentro del automotor un chaleco con los colores del partido ARENA que tenía una identificación del octavo sector, asignado dentro de ese instituto político a los salvadoreños en el exterior.

La Policía Nacional Civil se hizo presente al lugar del accidente causado por el integrante de ARENA y, previo a su detención por conducir en estado de ebriedad, le tomaron una prueba de alcoholímetro para confirmar técnicamente el estado en que manejaba.

La prueba del alcoholímetro aplicada al detenido arrojó 433 miligramos de alcohol. Esto equivale aproximadamente a 17 cervezas.

Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
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