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La fiscalía alemana pide la extradición de Puigdemont a España

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La fiscalía alemana pidió este martes la extradición a España del expresidente independentista catalán Carles Puigdemont, detenido en Alemania desde el 25 de marzo, un pedido sobre el cual debe pronunciarse en los próximos días un tribunal regional.

El fiscal general del estado de Schleswig-Holstein, competente en este caso, reconoció la validez en el derecho alemán de los cargos que la justicia española imputa a Puigdemont —”rebelión” y “malversación”— y pidió su extradición, según un comunicado.

A la espera de la decisión final, la fiscalía pidió que Puigdemont permanezca detenido.

El abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, minimizó la petición de extradición y dijo que “lo que hubiera sido noticiable y excpecional hubiera sido lo contrario”.

 

“Ahora serán los tribunales los que tendrán que decir. Ahora empieza el proceso de extradición”, dijo en declaraciones a la radio catalana RAC1.

Tras la “evaluación detallada de la orden de detención europea” emitida por la justicia española el 23 de marzo, la fiscalía estimó que la demanda era “admisible” y justifica mantener detenido a Puigdemont porque existe “riesgo de fuga”.

El expresidente catalán, destituido el 27 de octubre por el gobierno español tras un intento fallido de secesión, fue detenido el 25 de marzo en el norte de Alemania cuando volvía en coche desde Finlandia a Bélgica, donde reside desde que salió de España.

Desde entonces está detenido en la prisión de la ciudad de Neumünster, en el norte de Alemania.

La decisión final de extraditarlo está ahora en manos del tribunal superior de justicia regional del estado de Schleswig-Holstein, situado en la ciudad de Schleswig, que tiene 60 días par pronunciarse.

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Este tribunal indicó que examinará si existen motivo para el encarcelamiento de Puigdemont y si la petición de extradición es admisible.

En su comunicado, la fiscalía explicó que los dos principales cargos imputados por la justicia española tienen equivalente en el derecho alemán.

Puigdemont está acusado de “malversación” por haber organizado un referéndum declarado ilegal por la justicia española, y también de “rebelión”.

Aunque el delito de rebelión no existe específicamente en la legislación alemana, la fiscalía considera que es parecido al de “alta traición”, inscrito en el código penal, y que es suficiente para justificar la extradición.

Según la fiscalía el delito de rebelión “contempla, esencialmente, la celebración de un referéndum inconstitucional a pesar de que eran de esperar enfrentamientos violentos”, con lo que es equiparable al de alta traición.

“Legalmente no es exigible una coincidencia literal de los códigos penales alemán y español”, indica el comunicado.

El lunes Puigdemont había recurrido su procesamiento, asegurando que no se justifica la acusación de rebelión porque este delito comporta la noción de alzamiento violento.

Según el recurso, si hubo violencia antes o durante el referéndum del 1 de octubre fue puntual y exclusivamente atribuible a “quienes llevasen a cabo dichas conductas”.

Aparte de Puigdemont, otros nueve destacados independentistas, entre ellos seis integrantes de su antiguo ejecutivo, están en prisión preventiva en España en el marco de la misma causa.

Puigdemont se había instalado en la capital belga días después de la infructuosa declaración unilateral de independencia formulada en el Parlamento regional catalán el 27 de octubre. Horas después de ésta, fue cesado con todo su gobierno por el ejecutivo central de Rajoy, que para ello se amparó en el artículo 155 de la Constitución española.

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Cataluña se encuentra sin presidente desde que el anterior gobierno regional de Puigdemont fue cesado en su totalidad por el ejecutivo central el 27 de octubre, horas después de que el Parlamento catalán proclamara unilateralmente la independencia.

En las elecciones regionales del 21 de diciembre los separatistas renovaron su mayoría de escaños en la cámara (70 diputados de 135), pero desde entonces, sus desacuerdos y la acción de la justicia han impedido la investidura de un candidato.

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Colapso del puente de Baltimore podría generar el mayor pago de un seguro marítimo

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«Se percibe como una pérdida muy sustancial, potencialmente la mayor pérdida marítima jamás asegurada, aunque no por fuera de los parámetros que planeamos», dijo a la cadena CNBC el principal ejecutivo de la compañía, Bruce Carnegie-Brown.

«Estamos empezando a desplegar recursos anticipando que se trate de un reclamo muy sustancial para la industria», añadió.

Se cree que seis obreros murieron en el incidente en el puente Francis Scott Key, que ocurrió en las primeras horas del martes.

La interrupción del tráfico de buques en el puerto de Baltimore podría causar efectos económicos en cadena, más que nada a nivel local, según advierten expertos.

Baltimore es el mayor puerto de manipulación de vehículos del país. Allí se transportan automóviles y equipos agrícolas pesados, según el secretario de Transporte, Pete Buttigieg.

Por el puerto pasan diariamente mercancías con valor de entre 100 y 200 millones de dólares.

Carnegie-Brown dijo a CNBC que también habría reclamaciones por el barco, la carga y el puente, pero son los «impactos de segundo orden» los que se volverían sustanciales y «tardarán algún tiempo en resolverse».

Un grupo de trabajo del gobierno de Estados Unidos que evalúa las interrupciones de la cadena de suministro se reunió el miércoles para discutir los posibles impactos en las cadenas de suministro regionales y nacionales, tras el colapso del puente, según un comunicado de la Casa Blanca.

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Motín carcelario deja un muerto y cuatro heridos en Ecuador

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«Hasta este momento (…) la situación informada es precisamente ésta: cuatro heridos, un fallecido», dijo el viceministro de Seguridad, Lyonel Calderón, al canal Teleamazonas, sin precisar si entre las víctimas hay efectivos estatales.

«Tenemos que esperar que concluya la revisión completa de todo el centro penitenciario», agregó, lo cual incluye «un control de armas, municiones y explosivos» y un balance de los resultados del operativo.

Calderón insistió en que «la situación está completamente controlada» en la cárcel Regional de Guayaquil (suroeste), de la cual escapó Adolfo ‘Fito’ Macías, líder de la organización Los Choneros, una de las principales del país.

Su fuga detectada a inicios de enero desató una guerra entre narcotraficantes y el Estado que dejó una veintena de muertos y llevó al gobierno a decretar el estado de excepción, extendido hasta abril, además de militarizar las cárceles y las calles.

«Hemos retomado el control del Centro de Rehabilitación Social 4», había indicado el presidente Daniel Noboa en la red X la noche del miércoles, destacando que se evitó «una posible escalada».

«Intentos desestabilizadores»

Periodistas de la AFP constataron disparos y fuego al interior de la Regional, una de las cuatro prisiones que conforman un gran complejo penitenciario de Guayaquil que ha sido escenario de matanzas entre reos de grupos rivales.

Los cruentos enfrentamientos, que han llegado a durar varios días, dejan más de 460 muertos desde 2021 en masacres que ya son las peores de Latinoamérica.

Las cárceles ecuatorianas son centro de operaciones y campo de batalla de bandas narcotraficantes vinculadas a carteles de Colombia y México. Aunque las revueltas de presos son comunes, esta es la primera que enfrenta Noboa desde que asumió el poder, en noviembre.

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Por iniciativa del mandatario, los ecuatorianos acudirán a las urnas el 21 de abril para resolver en referendo y consulta popular medidas para afrontar la situación: si los militares deben apoyar a los policías para combatir la delincuencia sin un estado de excepción, autorizar la extradición de ecuatorianos relacionados con el crimen organizado y aumentar las penas para el terrorismo y narcotráfico.

Calderón sostuvo que los incidentes «son intentos desestabilizadores del estado de derecho, de la democracia porque estamos en vísperas de una consulta popular que quiere resolver los problemas de seguridad».

Tras la fuga de «Fito», quien desde 2011 cumplía una condena a 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato, las bandas criminales protagonizaron en enero una violenta arremetida con saldo de una veintena de muertos, ataques a la prensa, explosiones y más de 200 secuestros temporales en cárceles y calles.

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El papa lava los pies a 12 mujeres en una prisión de Roma

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El papa Francisco, sensible al universo carcelario, lavó el jueves los pies de 12 mujeres detenidas en una prisión de Roma, un rito que marca el jueves antes de la Pascua.

El jesuita argentino visitó a media tarde la cárcel de mujeres de Rebibbia, en la periferia noreste de la capital italiana.

Ya había realizado este rito en 2015, pero es la primera vez que lo consagra solo a mujeres.

Sentado en una silla de ruedas, Jorge Bergoglio lavó los pies de cada una de las 12 reclusas, algunas de ellas llorando, antes de limpiarlas con una toalla y besarlas.

El papa de 87 años apareció en buen estado a pesar de que su salud había sido motivo de preocupación en los últimos días, debido a las repetidas infecciones que le han impedido leer sus discursos en varias ocasiones.

«Todos conocemos grandes y pequeños fracasos», lanzó el papa Francisco en una homilía improvisada durante la misa celebrada en el patio de este centro de detención, donde están encarceladas unas 370 mujeres.

El papa Francisco, que ya visitaba a presos en Buenos Aires, destacó que el lavatorio de los pies «es un gesto que nos llama a servir a los demás».

En la tradición cristiana, el Jueves Santo conmemora el día en que Cristo lava los pies a los apóstoles en su Última Cena.

El ritual fue perpetuado en el cristianismo, excepto en algunas ramas del protestantismo.

Desde su elección en 2013, el jefe de la Iglesia católica ha visitado en varias ocasiones cárceles o centros de acogida para refugiados, lavando los pies a exmafiosos, enfermos o marginados.

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El viernes por la noche debería presidir el «Vía Crucis» en el Coliseo, al que no había podido asistir en 2023 por razones de salud.

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