Más de 400.000 niños en Siria pueden sufrir «malnutrición severa» tras la suspensión de la ayuda de Estados Unidos, alertó el miércoles la ONG Save the Children, que afirma redujo sus actividades en el país.

En un comunicado, Bujar Hoxha, director de Save the Children para Siria, pidió a la comunidad internacional cubrir urgentemente el déficit de financiamiento.

Subrayó además que las necesidades son «más elevadas que nunca» tras años de guerra y hundimiento económico.

«Más de 416.000 niños en Siria están expuestos en la actualidad a un importante riesgo de desnutrición severa luego de la súbita suspensión de la ayuda extranjera», según el comunicado, que explica se trata de ayuda estadounidense.

El presidente estadounidense, Donald Trump, desmanteló USAID, agencia que administraba un presupuesto anual de 42.800 millones de dólares, lo que representaba el 42% de la ayuda humanitaria mundial.

El congelamiento de esta ayuda obligó a Save the Children a interrumpir más de la tercera parte de sus programas de nutrición en Siria, afectando a más de 40.500 niños de menos de cinco años, según el comunicado.

Hoxha afirmó que esto ocurre «en el peor momento», pues «las necesidades en Siria son más grandes que nunca».

Según Save the Children, más de 650.000 niños de menos de cinco años en Siria sufren ahora de «desnutrición crónica» y más de 7,5 millones de niños en todo el país requieren ayuda humanitaria.

Después de tres años de negociaciones, los países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobaron el miércoles un acuerdo histórico para enfrentar pandemias, anunció la entidad.

«Los Estados miembros de la OMS han dado un gran paso adelante en sus esfuerzos por conseguir un mundo más seguro frente a las pandemias, al elaborar un proyecto de acuerdo que se debatirá en la próxima Asamblea Mundial de la Salud, en mayo», indicó la OMS en un comunicado.

El acuerdo se alcanzó cerca de las 02H00 (00H00 GMT) del miércoles, dijo un delegado a la AFP. «Las naciones del mundo han hecho historia hoy en Ginebra», expresó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Al llegar a un consenso sobre el Acuerdo de Pandemia, no sólo han puesto en marcha un acuerdo generacional para hacer el mundo más seguro, sino que también han demostrado que el multilateralismo está vivo y bien, y que en nuestro mundo dividido, las naciones todavía pueden trabajar juntas para encontrar un terreno común y una respuesta compartida a las amenazas comunes», agregó Tedros.

Cinco años después de que el covid-19 comenzara matar a millones de personas y devastara economías, un sentido de urgencia creciente dominó las conversaciones, en medio del surgimiento de nuevas amenazas sanitarias como la gripe aviaria, el sarampión y el ébola.

El principal escollo en las discusiones fue el artículo 11, sobre la transferencia de tecnología para la fabricación de productos de salud ligados a las pandemias, sobre todo en beneficio de los países en desarrollo.

Ese tema fue motivo de numerosos reclamos de los países más pobres durante la pandemia del covid-19, cuando vieron cómo los ricos acaparaban dosis de vacunas y pruebas del coronavirus.

Varios países donde la industria farmacéutica representa parte importante de su economía se oponen a la transferencia obligatoria e insisten en su carácter voluntario.

Finalmente se alcanzó un consenso sobre el principio de la transferencia tecnológica «de mutuo acuerdo».

Doscientas personas por cada 10,000 habitantes se han convertido en víctimas de las extorsiones en Perú. Este es un problema que mantiene en vilo a la ciudadanía, que debe tener un fondo extra para pagar a los delincuentes y no poner en riesgo su vida.

La tensión llegó a su límite la semana pasada, especialmente cuando no cuentan con el respaldo del Gobierno ni del Congreso. Las protestas o exigencias de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte no hacen eco en el Ejecutivo ni en los parlamentarios. La semana pasada cientos de personas bloquearon calles y se manifestaron frente al Congreso en espera de una respuesta a sus demandas.

La agonía que viven las familias fue externada desde el año pasado, pero en lugar de un cambio la criminalidad opera con más fuerza en las comunidades.

La principal fuente de extorsión son las organizaciones delictivas y, aunque este delito se asocia al control territorial de los grupos, en el país sudamericano ha escalado adaptándose al perfil de las víctimas, de acuerdo con el estudio «¿Cómo combatir la extorsión en el Perú?», de la organización sin fines de lucro Lab-Co, con sede en México y El Salvador.

El informe, con registros de la Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior, reveló que de enero a agosto de 2023 hubo 12,936 denuncias por extorsión, y entre ellas la más frecuente es el «gota a gota», un mecanismo que empieza como un préstamo de manera informal y que conlleva a situaciones de impago para luego proceder a la extorsión, ya sea de forma presencial o virtual.

Una vez establecido el préstamo, las bandas operan mediante un aumento de los intereses, los cuales incrementan de manera excesiva por cada día de retraso.

Si se incumple una cuota, obligan a reiniciar los pagos desde cero, y frecuentemente presionan a las víctimas para que adquieran nuevos préstamos, se explica en la investigación. Del «gota a gota» existen 30 veces más registros de extorsión que otros tipos.

De las 3,060 denuncias recibidas entre el 21 de abril y el 30 de junio de 2023, un total de 463 fueron por extorsión en modalidad de préstamos gota a gota. De las denuncias recibidas, el 57 % fueron de mujeres.

En cuanto a las formas de pago, 54 % fueron a través de una aplicación, 23 % a una cuenta bancaria y 14 % fueron realizadas de manera presencial. Los préstamos van desde los $66 a los $1,341.

También se encuentra el «chalequeo», un cobro por un servicio de seguridad dirigido a unidades de transporte o comercios grandes. Las bandas ofrecen sus servicios de protección para evitar las amenazas de su misma organización. Otro método es el «cobro de cupos y cuotas» diseñado para obras de construcción civil, puestos de transportistas y trabajadoras sexuales.

Las organizaciones criminales han instaurado un sistema de cobros ilícitos en cada proyecto de construcción en desarrollo. En esta modalidad se incluye al sector informal, ya que los vendedores deben pagar por lugares o plazas donde circula el comercio.

Cuando los usuarios recurren a créditos de manera virtual facilitan a los delincuentes el uso de datos personales obtenidos en sus celulares o extorsionar a sus contactos. De 2021 a 2023, un total de 3,730,802 personas descargaron aplicaciones de préstamos informales en sus dispositivos móviles, de acuerdo con el estudio. A esta modalidad se denomina «aplicativos informales de préstamo».

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) difundió una lista de 29 aplicaciones de préstamos informales identificadas hasta mayo de ese mismo año.

Un informe del Instituto Peruano de Economía y Asociación de Bancos del Perú reveló que 580,000 familias peruanas debían pagar una tasa anual de interés de por lo menos 500 %, y el 35 % de esas familias (más de 200,000) recibieron amenazas o fueron presionadas.

En algunos casos nunca solicitaron un financiamiento. El «escopetazo/extorsión desde cárceles» funciona con el envío masivo de mensajes o llamadas extorsivas, y quienes responden a los mensajes son acosados constantemente.