Judicial
Envían a juicio al exalcalde Ernesto Muyshondt por apropiación indebida
El Juzgado Segundo de Instrucción envía a juicio al exalcalde Ernesto Muyshondt y dos exempleados de la alcaldía de San Salvador, por el delito de incumplimiento de deberes, apropiación y retención de cuotas laborales.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al exalcalde y a otras dos personas más de «ser los responsables de retener más de 5 millones 217 mil 129.47 dólares en concepto de cuotas laborales».
La orden de apertura a juicio fue dada por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, que envió el caso a una corte de Sentencia.
Este es el segundo caso por el que Muyshondt, quien actualmente se encuentra en prisión, es procesado por apropiación indebida de retenciones e incumplimiento de deberes, del primer caso fue absuelto el pasado 10 de agosto.
Además, Muyshondt, que gobernó San Salvador bajo la bandera de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), enfrenta otro proceso por los cargos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, por supuestamente negociar votos con las pandillas.
En junio de 2022, Muyshondt denunció que ha sufrido «maltrato» en la cárcel en la que guarda arresto provisional y señaló que en tres ocasiones ha estado «al borde de la muerte».
«Me han amarrado, me han golpeado, me han fotografiado semidesnudo mientras he estado amarrado a una cama», dijo a periodistas el exlíder de derecha.
El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó que Julia Violeta Consuelo S. V., siga en detención por haber estafado con $250,000 a un ciudadano estadounidense.
Según la acusación de la Fiscalía General de la República la imputada se asoció con el extranjero para instalar una empresa de producción de cerveza artesanal.
La víctima aportó los $250,000 y dejó como responsable a la imputada ya que él residía en Estados Unidos. El negocio comenzó a funcionar en el 2020, en el bulevar del Hipódromo, en la colonia San Benito, San Salvador.
Pero cuando la procesada dejó de reportar ganancias el norteamericano decidió ya no seguir invirtiendo dinero, pero en mayo de 2022, la mujer junto a otras personas creó una nueva sociedad en Talnique, La Libertad, para vender la fórmula de la cerveza registrada al principio sin autorización del estadounidense, por lo cual el inversionista decidió denunciar a Julia Violeta Consuelo ante la Fiscalía para que se iniciara el proceso penal por el delito de estafa.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, recibió en vista pública la prueba que la Fiscalía General de la República presentó en contra de Cruz Ernesto Recinos García, por tráfico ilícito.
El imputado fue detenido el 9 de diciembre de 2023, en el cantón Chanmico, de San Juan Opico, con 23,033 gramos de marihuana valuados en $23,000.
El caso comenzó a ser investigado ese mismo día, cuando un informante llegó a la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC) a denunciar que un hombre a quien conocía como Neto almacenaba en su casa cantidades de droga.
Cuando los agentes antinarcóticos ingresaron a la vivienda encontraron 20 paquetes de marihuana, teléfonos celulares y un arma de fuego, en las audiencias inicial y preliminar los jueces que conocieron de la causa resolvieron que el acusado continuara en la cárcel hasta que su situación de defina en vista pública.
«Según el perito que realizó la experticia, con dicha sustancia se pueden confeccionar 46 cigarrillos. Como Fiscalía estamos solicitando una sentencia condenatoria en contra del señor Recinos García por el delito de tráfico ilícito y que dicte una sentencia de 15 años de prisión, siendo esta la pena máxima que tiene previsto dicho delito», sostuvo el representante del ministerio público.
Un pandillero del Barrio 18 fue condenado a más de 41 años de prisión por extorsión agravada e intentar asesinar a un agente policial, 00detalló la Fiscalía General de la República (FGR).
El terrorista fue identificado como José Lorenzo García García.
Por otra parte, el pandillero identificado como José Joaquín García Vivas, que también participó en el delito de extorsión agravada, recibió 16 años de cárcel como condena. Las condenas fueron impuestas por un Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, Cuscatlán.
Estos terroristas delinquían en diferentes zonas de San Pedro Perulapán y le exigieron entre $500 y $800 mensuales a la víctima para permitirle movilizarse en la zona.
En mayo de 2022, mientras recibían el dinero de la renta, hubo un intercambio de disparos en el cual un policía salió herido.
