Política
Democracia y reelección en El Salvador
La reelección presidencial inmediata en El Salvador es un tema que ha generado mucha controversia y debate en país y en la comunidad internacional, especialmente después de que el Presidente Nayib Bukele expresó su intención de postularse para un segundo mandato consecutivo en las elecciones generales de 2024. Este debate hace necesario un análisis normativo de la Constitución nacional, de la convención americana y de otros instrumentos internacionales aplicables al tema del sistema democrático de los Estados parte en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH).
El objeto es analizar la reelección presidencial inmediata en El Salvador desde la perspectiva constitucional y convencional; es decir, teniendo en cuenta lo que establece la Constitución de El Salvador, la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales suscritos por el Estado salvadoreño, como la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.
En este contexto, Walter Fagoaga, analista político, participó en nuestra entrevista El Salvador Today, donde aseguró que es una elección bastante inédita. «Es una elección bastante atípica y se debe en buena parte a que ha habido un cambio político circunstancial, contextual, ineludible en este sentido», dijo.
«Esta etapa política del país, pertenece a lo que el llama un bloque político hegemónico post Acuerdos de Paz, que se casa con otro acuerdo político que es la constitución de 1983», enfatizó.
Para Fagoaga esta es la etapa política que estamos a punto de ver finalizada.
«Es decir, nosotros a partir de esta elección vamos a salir de lo que el Presidente Bukele habló en su discurso cuando tomó la presidencia el 3 de febrero de 2019: ´Aquí finaliza la postguerra´. Sus palabras en ese momento se comprendieron como la emocionalidad del momento, debido a que vencieron el bloque político hegemónico fuerte ARENA, FMLN y toda esa transición, pero realmente estaba dando la palabra de sentencia que comenzaba su proyecto político; cuyo fin fundamental y con todo lo que estamos viendo es terminar y acabar el ciclo político que nace la constitución de 1983″, agregó.
«Eso hace que el fenómeno político actual se vea como está. El problema es más jurídico que político electoral. El debate más grande en este momento no es la economía, la educación, entre otras. Sino que el tema que esta centrándose y poniéndose en el debate es realmente la reelección», asegura el analista político.
Además, destacó que la reelección pasa por un gran litigio y conflicto legal, pero con un alto y grandísimo consenso popular. «En otras palabras, el debate es jurídico, pero la determinación de la reelección está casi en la población».
«El salvataje de esto está también una sentencia, en una resolución de la Sala que avala esta situación y ahí entra en debate lo jurídico. Sin embargo, el debate jurídico yo lo pongo entre paréntesis porque se reduce a un problema de coherencias de la clase política y los jueces que han tenido incapacidad de poder ponerse de acuerdo en las decisiones de la institucional, sacando esto entre paréntesis y trayéndolo para el escenario de la palestra publica ,en este momento hay una sola definición hacia la presidencia de la república y es que está encaminada a que el presidente Nayib Bukele, gane cómodamente las elecciones en febrero», resaltó.
Te contamos:
La Asamblea Legislativa aprobó este martes la 42ª prórroga del régimen de excepción, que estará vigente hasta el 2 de octubre próximo. La medida, solicitada por el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, fue avalada con los votos de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN y PDC.
Durante la sesión plenaria, la solicitud fue ingresada con modificación de agenda propuesta por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y aprobada con dispensa de trámites. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, votó en contra, mientras que los legisladores de ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no participaron en la votación.
Según la petición del Ejecutivo, la extensión del régimen busca mantener el combate contra remanentes de pandillas que aún operan en algunas comunidades y garantizar la seguridad ciudadana.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida señalando que gracias al régimen de excepción y al Plan Control Territorial, El Salvador cerró 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, y proyecta finalizar 2025 con un índice entre 1 y 1.3.
El régimen de excepción fue decretado por primera vez el 27 de marzo de 2022 y desde entonces ha sido prorrogado de manera continua.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
