Política
Democracia y reelección en El Salvador
La reelección presidencial inmediata en El Salvador es un tema que ha generado mucha controversia y debate en país y en la comunidad internacional, especialmente después de que el Presidente Nayib Bukele expresó su intención de postularse para un segundo mandato consecutivo en las elecciones generales de 2024. Este debate hace necesario un análisis normativo de la Constitución nacional, de la convención americana y de otros instrumentos internacionales aplicables al tema del sistema democrático de los Estados parte en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH).
El objeto es analizar la reelección presidencial inmediata en El Salvador desde la perspectiva constitucional y convencional; es decir, teniendo en cuenta lo que establece la Constitución de El Salvador, la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales suscritos por el Estado salvadoreño, como la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.
En este contexto, Walter Fagoaga, analista político, participó en nuestra entrevista El Salvador Today, donde aseguró que es una elección bastante inédita. «Es una elección bastante atípica y se debe en buena parte a que ha habido un cambio político circunstancial, contextual, ineludible en este sentido», dijo.
«Esta etapa política del país, pertenece a lo que el llama un bloque político hegemónico post Acuerdos de Paz, que se casa con otro acuerdo político que es la constitución de 1983», enfatizó.
Para Fagoaga esta es la etapa política que estamos a punto de ver finalizada.
«Es decir, nosotros a partir de esta elección vamos a salir de lo que el Presidente Bukele habló en su discurso cuando tomó la presidencia el 3 de febrero de 2019: ´Aquí finaliza la postguerra´. Sus palabras en ese momento se comprendieron como la emocionalidad del momento, debido a que vencieron el bloque político hegemónico fuerte ARENA, FMLN y toda esa transición, pero realmente estaba dando la palabra de sentencia que comenzaba su proyecto político; cuyo fin fundamental y con todo lo que estamos viendo es terminar y acabar el ciclo político que nace la constitución de 1983″, agregó.
«Eso hace que el fenómeno político actual se vea como está. El problema es más jurídico que político electoral. El debate más grande en este momento no es la economía, la educación, entre otras. Sino que el tema que esta centrándose y poniéndose en el debate es realmente la reelección», asegura el analista político.
Además, destacó que la reelección pasa por un gran litigio y conflicto legal, pero con un alto y grandísimo consenso popular. «En otras palabras, el debate es jurídico, pero la determinación de la reelección está casi en la población».
«El salvataje de esto está también una sentencia, en una resolución de la Sala que avala esta situación y ahí entra en debate lo jurídico. Sin embargo, el debate jurídico yo lo pongo entre paréntesis porque se reduce a un problema de coherencias de la clase política y los jueces que han tenido incapacidad de poder ponerse de acuerdo en las decisiones de la institucional, sacando esto entre paréntesis y trayéndolo para el escenario de la palestra publica ,en este momento hay una sola definición hacia la presidencia de la república y es que está encaminada a que el presidente Nayib Bukele, gane cómodamente las elecciones en febrero», resaltó.
Te contamos:
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
En un comunicado, el FMLN rechazó el operativo militar estadounidense que terminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.
«El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) expresa su más firme y fraterna solidaridad con el pueblo venezolano y su Gobierno legítimo, ante los ataques militares perpetrados por Estados Unidos en la madrugada de este 3 de enero de 2026», se lee en el documento.
Las autoridades del partido de izquierda condenaron «enérgicamente esta nueva agresión imperialista, que atenta contra la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el derecho de Venezuela a decidir su propio destino sin injerencias externas».
El partido opositor reafirmó su «compromiso antiimperialista, internacionalista y solidario, y hacemos un llamado a los pueblos del mundo a alzar la voz y a no guardar silencio ante esta escalada de violencia».
El instituto político, que gobernó El Salvador desde 2009 hasta 2019, fue un aliado incondicional del régimen venezolano, que usó la iniciativa ALBA para finan ciar un enorme consorcio empresarial del partido, que en la actualidad está bajo una investigación de la Fiscalía por lavado de dinero.
El FMLN es uno de los partidos que re conocía el controversial mandato del dictador Maduro, el cual fue rechazado interna cionalmente por la falta de transparencia en el proceso electoral.
«Vino calladito. Él no quería que se supiera que estaba aquí. Traía muy buenas noticias a Bukele. La mejor noticia que te puedo decir, Bukele, es que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es parte del movimiento mundial antifascista», aseguró Maduro ante sus seguido res en un video difundido en redes sociales en enero del año pasado, que se convirtió en un ataque verbal hacia el presidente Nayib Bukele.
Nicolás Maduro fue juramentado por tercera vez como mandatario de Venezuela luego de unas cuestionables elecciones en 2024, en las que el bloque opositor al gobernante venezolano, encabezado por Ma ría Corina Machado, con Edmundo González Urrutia como candidato presidencial, aseguró que ganó los comicios.
Pese a los cuestionamientos internos e internacionales, Maduro se negó a permitir auditorías internacionales y aseguró que el proceso lo declaró ganador. Además, las autoridades venezolanas arrestaron a varios opositores, razón por lo que González Urrutia salió del país tras las elecciones.
«Desde El Salvador expresamos nuestro respaldo al compañero presidente Nicolás Maduro Moros, a las instituciones legítimas del Estado venezolano y al camino de justicia social, autodeterminación y lucha antiimperialista», expresó el FMLN en esa ocasión.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, sin el acompañamiento de ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que confirma la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la inversión en el área social y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.
El monto global del plan de gastos, que tiene ingresos corrientes por $8,950.6 millones y fue votado favorable por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, totaliza $10,555.5 millones, y representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para el actual ejercicio fiscal.
El ramo de Educación recibe $1,683.4 millones, con un incremento de 9.3 % respecto al presupuesto de 2025, explicaron diputados de Nuevas Ideas que participaron en la deliberación en el pleno legislativo.
De estos recursos, $170.5 millones serán para el programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por finalidad la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a escala nacional.
Otro monto significativo que ejecutará la cartera de Educación el próximo año son $100 millones para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura educativa por medio del programa del presidente Bukele, Dos Escuelas por Día. Recientemente, el mandatario inauguró en simultáneo 70 centros escolares.
El Ministerio de Salud tiene $1,345.5 millones, y presenta un incremento de 14.1 % en comparación con el plan de gastos del presente ejercicio fiscal. Servirán, entre otros aspectos, para financiar la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública por $262.5 millones; mientras que $106.9 millones se destinarán al Sistema de Telemedicina en El Salvador, con la finalidad de ampliar la atención médica mediante la implementación de la plataforma DoctorSV.
Seguridad y Defensa tiene asignados $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al plan de gastos votado para 2025. La consolidación del Plan Control Territorial es parte de la apuesta principal. Se continuará con la dotación de uniformes, el equipamiento, la flota vehicular y el mejoramiento de la infraestructura policial.
También con la entrega de bonos mensuales y trimestrales para el personal operativo y administrativo. Asimismo, continuará la entrega de subsidios en favor de la población, para lo cual se destinaron $238.7 millones; $114.6 millones serán para el subsidio del gas licuado de petróleo, $60 millones para el subsidio del transporte y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.
De igual forma, $52 millones son para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para continuar con el programa de agromercados a escala nacional.
