Política
Democracia y reelección en El Salvador
La reelección presidencial inmediata en El Salvador es un tema que ha generado mucha controversia y debate en país y en la comunidad internacional, especialmente después de que el Presidente Nayib Bukele expresó su intención de postularse para un segundo mandato consecutivo en las elecciones generales de 2024. Este debate hace necesario un análisis normativo de la Constitución nacional, de la convención americana y de otros instrumentos internacionales aplicables al tema del sistema democrático de los Estados parte en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH).
El objeto es analizar la reelección presidencial inmediata en El Salvador desde la perspectiva constitucional y convencional; es decir, teniendo en cuenta lo que establece la Constitución de El Salvador, la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales suscritos por el Estado salvadoreño, como la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.
En este contexto, Walter Fagoaga, analista político, participó en nuestra entrevista El Salvador Today, donde aseguró que es una elección bastante inédita. «Es una elección bastante atípica y se debe en buena parte a que ha habido un cambio político circunstancial, contextual, ineludible en este sentido», dijo.
«Esta etapa política del país, pertenece a lo que el llama un bloque político hegemónico post Acuerdos de Paz, que se casa con otro acuerdo político que es la constitución de 1983», enfatizó.
Para Fagoaga esta es la etapa política que estamos a punto de ver finalizada.
«Es decir, nosotros a partir de esta elección vamos a salir de lo que el Presidente Bukele habló en su discurso cuando tomó la presidencia el 3 de febrero de 2019: ´Aquí finaliza la postguerra´. Sus palabras en ese momento se comprendieron como la emocionalidad del momento, debido a que vencieron el bloque político hegemónico fuerte ARENA, FMLN y toda esa transición, pero realmente estaba dando la palabra de sentencia que comenzaba su proyecto político; cuyo fin fundamental y con todo lo que estamos viendo es terminar y acabar el ciclo político que nace la constitución de 1983″, agregó.
«Eso hace que el fenómeno político actual se vea como está. El problema es más jurídico que político electoral. El debate más grande en este momento no es la economía, la educación, entre otras. Sino que el tema que esta centrándose y poniéndose en el debate es realmente la reelección», asegura el analista político.
Además, destacó que la reelección pasa por un gran litigio y conflicto legal, pero con un alto y grandísimo consenso popular. «En otras palabras, el debate es jurídico, pero la determinación de la reelección está casi en la población».
«El salvataje de esto está también una sentencia, en una resolución de la Sala que avala esta situación y ahí entra en debate lo jurídico. Sin embargo, el debate jurídico yo lo pongo entre paréntesis porque se reduce a un problema de coherencias de la clase política y los jueces que han tenido incapacidad de poder ponerse de acuerdo en las decisiones de la institucional, sacando esto entre paréntesis y trayéndolo para el escenario de la palestra publica ,en este momento hay una sola definición hacia la presidencia de la república y es que está encaminada a que el presidente Nayib Bukele, gane cómodamente las elecciones en febrero», resaltó.
Te contamos:
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reiteró que participará en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027 con el objetivo de buscar un tercer período como diputado del partido Nuevas Ideas.
Castro señaló que su decisión responde a que aún considera que hay muchas cosas por hacer en el país, aunque aclaró que primero deberán cumplirse los procesos correspondientes, como las elecciones internas del partido y el proceso electoral.
Indicó que mantendría su forma de trabajo con puertas abiertas a la población, comunicadores y creadores de contenido, y aseguró que no permitirá el regreso de prácticas del pasado, como la corrupción y el despilfarro.
Además, afirmó que la historia ha mostrado las razones por las que, según él, la población no apoya a la oposición en la Asamblea Legislativa.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
