Nacionales
Reordenamiento municipal ayudará a reducir mora de fiscalización de cinco años

La Ley Especial para la Reestructuración Municipal aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa, que redujo la cantidad de municipios de 262 a 44, conlleva entre sus beneficios prácticos la posibilidad de agilizar los procesos de fiscalización que hace la Corte de Cuentas de la República (CCR) a los fondos públicos que reciben las alcaldías, logrando reducir de esta manera la mora de auditorías que el ente contralor arrastra desde 2018.
El cuerpo de ley fue propuesto por el presidente de la república, Nayib Bukele, el 1.º de junio pasado en la Asamblea Legislativa, durante su discurso de cuarto año de mandato, y luego aprobado con votos de las fracciones legislativas de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC en la sesión plenaria del 13 de junio anterior, sin el respaldo de ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo.
Según el presidente de la CCR, Roberto Anzora, la mora se generó porque el esquema municipal de 262 alcaldías favoreció el desorden contable en las alcaldías, pero la nueva normativa —la que calificó de moderna— le permitirá al ente contralor ser más oportuno en darle mejor seguimiento a dicha tarea.
«Hoy por hoy tenemos más de 100 alcaldías que las llevamos con un atraso de 2018. Tenemos cinco años, que le denominamos caducidad, para auditar a cualquier entidad pública.
Hay que ser sumamente claro y honesto en esto: esa misma carga, esa misma burocracia, todo lo que implicaban los atrasos en las contabilidades de las entidades, que no estaban documentados los gastos, no permitían que la Corte también avanzara y fuera oportuna en sus acciones de control. Hay una gran oportunidad para que desaparezca ese atraso», dijo el presidente de la CCR.
El artículo 13 de la nueva normativa establece que la reestructuración municipal será efectiva para las próximas elecciones de concejos municipales del 3 de marzo del próximo año; no obstante, el ente contralor estatal ya está evaluando las acciones que tomará para operativizar el marco legal y reducir la cantidad de auditorías no concluidas a las municipalidades.
«Ya nos reunimos con el cuerpo gerencial del área de auditoría para establecer un plan especial de auditoría para actualizar todos estos temas y acercarlos lo más posible a 2023. Queremos en este lapso avanzar muchísimo en esos temas, y ya estamos preparando los recursos y la estructura necesaria para la implementación de la nueva metodología de fiscalización», explicó Anzora.
Como parte de esas acciones, según el funcionario, el ente contralor valora conformar una sola dirección o unidad administrativa enfocada en auditar a las 44 municipalidades, para ya no tener una estructura tan dispersa en las tres sedes regionales de la CCR (San Miguel, Santa Ana y San Vicente), como existió con el esquema de las 262 alcaldías.
Asimismo, la normativa abrió las puertas a la CCR para que implemente la fiscalización digital, que contribuirá no solo a fortalecer este proceso, sino también a reducir la mora acumulada desde 2018. «La ley da la oportunidad de hacer uso de tecnología, ya la Corte de Cuentas venía trabajando en un tema de un buzón digital y tratar de hacer las auditorías a las municipalidades por medio de este mecanismo. Creo que la ley va a permitir consolidar este proyecto», consideró Anzora.
El viejo esquema de organización municipal favoreció el cometimiento de actos de corrupción con fondos públicos en las alcaldías, según reflejan informes de exámenes especiales de las direcciones de auditoría y las sentencias definitivas ejecutoriadas por las cámaras de la CCR.
Un caso de irregularidades con fondos públicos —tal como señala un examen especial del ente contralor— refiere que Jaime Recinos, en su calidad de alcalde del FMLN en Cuscatancingo en el período 2006-2018, se recetó $4,000 de fondos de la municipalidad en viáticos para un viaje oficial a Malasia, a pesar de que el Coams/Opamss le habían entregado $3,341.67 para el pago de los boletos aéreos y $1,980 de viáticos.
El reparo de la CCR es porque el jefe municipal cobró «doble viático», acción ilegal con base en el Reglamento para el Control de Misiones Oficiales Realizadas por Funcionarios y Empleados del Sector Público y Municipal.
Otro caso es el del exalcalde de ARENA de Cojutepeque Jorge Alberto Rivas, quien actualmente enfrenta un proceso penal por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas, porque presuntamente malversó $441,375.67 de fondos de la municipalidad para 11 proyectos, los cuales nunca se ejecutaron.
Ahora, con la nueva ley, el ente fiscalizador jugará un rol más contingencial para prevenir actos de corrupción con fondos públicos en las municipalidades, porque, según el presidente de la CCR, se podrán fortalecer los procesos de capacitación y asesoría técnica-legal que los auditores desarrollan con los alcaldes, regidores, concejales y demás personal municipal involucrado con el manejo de dinero de los contribuyentes.
Nacionales
Madre e hija son embestidas en la Troncal del Norte y trasladadas de emergencia al hospital

Una madre y su hija pequeña fueron atropelladas este jueves sobre el kilómetro 6 de la carretera Troncal del Norte, en los carriles que conducen hacia Apopa, San Salvador. El incidente provocó la inmediata movilización de equipos de emergencia, quienes trasladaron a ambas víctimas al Hospital Nacional Zacamil. Hasta el momento, no se ha revelado información oficial sobre su estado de salud.
Según informes preliminares, tras el atropello se produjo una colisión entre dos vehículos en el mismo tramo, lo que agravó el congestionamiento vehicular en la zona.
La Policía Nacional Civil (PNC) ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. Las autoridades están recabando testimonios de testigos en el lugar con el objetivo de determinar responsabilidades.
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Ciclista resulta gravemente herido tras ser atropellado por microbús en Santa Ana
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«Estamos abiertos para compartir nuestra experiencia»: Vicepresidente Ulloa

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, afirmó que El Salvador está abierto a compartir su experiencia en materia de seguridad pública con gobiernos e instituciones internacionales que estén interesados en conocer el modelo que ha permitido al país salir de la lista de las naciones más violentas del mundo.
En una entrevista concedida a la revista francesa Le Grand Continent, Ulloa aclaró que el objetivo no es exportar el modelo salvadoreño, sino explicar su funcionamiento a quienes lo soliciten. “No estamos interesados en exportar nuestro modelo. Lo que sí estamos es abiertos para compartir nuestra experiencia con los gobiernos o instituciones que nos lo pidan”, manifestó el vicemandatario.
Durante la entrevista, Ulloa reveló que recientemente sostuvo una reunión con el ministro del Interior de Francia, Bruno Retailleau, a quien explicó los detalles del Plan Control Territorial (PCT), la política de seguridad implementada desde junio de 2019 por el presidente Nayib Bukele. Como parte de ese acercamiento, se compartió documentación oficial sobre el desarrollo y resultados del plan.
El PCT consta de siete fases, de las cuales seis ya han sido ejecutadas, e incluye acciones tanto de prevención como de represión del delito. En marzo de 2022, el plan fue reforzado con la implementación del régimen de excepción, medida que ha permitido la captura de más de 86,900 presuntos pandilleros, según datos del Ejecutivo.
Ulloa subrayó el contraste entre la situación actual y la que vivía el país en 2015, cuando El Salvador registraba más de 30 homicidios diarios. “Después de ser el país más violento del mundo, ahora es el más seguro del hemisferio occidental”, afirmó.
El vicepresidente también aseguró que El Salvador registra actualmente una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, por debajo de países como Canadá, cuya tasa es de 2.5, lo que posicionaría al país como el más seguro de América.
Según Ulloa, el éxito del modelo salvadoreño ha despertado el interés de otras naciones. Recientemente, representantes de Ecuador y de cuerpos de seguridad locales de Perú han visitado El Salvador para conocer de cerca la estrategia implementada por el Gobierno salvadoreño.