Nacionales
Más de un año sin homicidios en cuatro años de gestión de Nayib Bukele
Este 1° de junio se cumplen cuatro años de la gestión del presidente Nayib Bukele, la cual que se ha caracterizado por la histórica y sostenida reducción de homicidios y por sumar 374 días sin asesinatos (hasta el pasado 26 de mayo) como parte de los resultados del plan de seguridad que fue puesto en marcha el 20 de junio de 2019.
Este dato se suma al registro inédito de 24 días sin asesinatos al cierre de abril pasado, razón por la cual se convirtió en el mes más seguro en la historia de El Salvador seguido de enero y febrero que tuvieron 22 y 21 días, respectivamente, mientras que marzo finalizó con 20.
Actualmente mayo lleva un acumulado de 17 jornadas sin muertes violentas, y en lo que va del 2023 hasta el 26 de este mes, se totalizan 104 días de cero homicidios. A los datos duros se suman los beneficios que miles de ciudadanos han tenido cuando sus colonias fueron liberadas de la presencia de mareros.
Vale decir que el financiamiento para el plan de seguridad gubernamental fue respaldado por la actual Asamblea Legislativa.
Al respecto, el jefe de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, se refirió a las condiciones de seguridad, «El presidente Nayib Bukele le está dando a los salvadoreños un país totalmente distinto a como lo recibió en 2019 con tasas de homicidio arriba del 80 %, donde los salvadoreños sufrían violaciones, extorsiones y homicidios», expresó.
Guevara aseguró que «este es un país completamente distinto el que tenemos», y destacó que ya se superó el año acumulado sin asesinatos en lo que va de la gestión Bukele, todo lo contrario a lo que el país sufrió por décads.
Y es que durante los gobiernos de ARENA y del FMLN miles de salvadoreños lloraron la muerte de un familiar a manos de las pandillas, pues estos partidos no pudieron frenar la ola de violencia de las maras que se tradujo en 75,765 homicidios entre el 1° de enero de 1996 al 31 de mayo de 2019, período que abarcó parte de la presidencia de Armando Calderón Sol (1994-1999) y toda la gestión de Francisco Flores (1999-2004), Elías Antonio Saca (2004-2009), Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).
Bajo los gobiernos de ARENA, en la gestión de Flores y de Saca, se implementaron los planes «mano dura» y el «súper mano dura» que frente el accionar de las pandillas no dieron resultados, al contrario, permitieron que estos grupos se expandieran en todo el país para actuar con total impunidad al quedar libres. Ambos gobiernos sumaron 32,264 asesinatos, según la PNC.
Sin embargo, lo peor le ocurrió a El Salvador en el primer gobierno del FMLN, con Mauricio Funes en la presidencia, cuando pactaron una tregua (2012) con los mareros, supuestamete para lograr una reducción de homicidios, para verse bien ante la opinión de los salvadoreños y de esa manera obtener beneficios electorales para el gane de la presidencia de Sánchez Cerén en 2014.
El respaldo de los mareros favoreció electoralmente a los gobiernos del FMLN, según ha señalado la Fiscalía en sus investigaciones, en tanto que los criminales recibieron todo tipo de beneficios que fueron evidentes en el traslado de cabecillas a prisiones de menor rigurosidad donde hacían fiestas con trabajadoras del sexo, mientras que en las calles miles de salvadoreños eran asesinados por estos grupos. En los dos gobiernos del FMLN fueron asesinados más de 38,525 salvadoreños.
La violencia imparable provocó que El Salvador formara parte del vergonzoso listado de naciones más peligrosas del mundo, razón por la cual fueron emitidas alertas, principalmente por Estados Unidos, para advertir a sus ciudadanos de visitar el país.
Los salvadoreños se cansaron de las falsas promesas de campaña de ARENA y del FMLN de que acabarían con las maras y para las elecciones de 2019 le dieron su voto de confianza al presidente Bukele que en solo cuatro años de gestión devolvió la tan anhelada tranquilidad a los ciudadanos con la captura de más de 68,500 pandilleros durante el régimen de excepción.
El clima de seguridad que ahora vive la población ha revitalizado la actividad económica en colonias y comunidades asediadas por mareros que ahora están bajo el control de las fuerzas del orden, tal como sucedió con La Campanera, en Soyapango, y la comunidad Tutunichapa, en San Salvador.
El éxito de la estrategia para acabar con las pandillas hizo que El Salvador sea la nación más segura de Latinoamérica con una tasa de 1.8 homicidios por cada 100,000 habitantes, todo lo contrario con el registro de 2015 que fue de 106 asesinatos por cada 100,000 habitantes, el peor en la historia del país.
Los resultados en seguridad han permitido además, posicionar a El Salvador como uno de los atractivos turísticos más visitados de la región, con cifras de 2.5 millones de visitantes que aportaron a la economía del país más de $2,600 millones.
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
