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Más de un año sin homicidios en cuatro años de gestión de Nayib Bukele
Este 1° de junio se cumplen cuatro años de la gestión del presidente Nayib Bukele, la cual que se ha caracterizado por la histórica y sostenida reducción de homicidios y por sumar 374 días sin asesinatos (hasta el pasado 26 de mayo) como parte de los resultados del plan de seguridad que fue puesto en marcha el 20 de junio de 2019.
Este dato se suma al registro inédito de 24 días sin asesinatos al cierre de abril pasado, razón por la cual se convirtió en el mes más seguro en la historia de El Salvador seguido de enero y febrero que tuvieron 22 y 21 días, respectivamente, mientras que marzo finalizó con 20.
Actualmente mayo lleva un acumulado de 17 jornadas sin muertes violentas, y en lo que va del 2023 hasta el 26 de este mes, se totalizan 104 días de cero homicidios. A los datos duros se suman los beneficios que miles de ciudadanos han tenido cuando sus colonias fueron liberadas de la presencia de mareros.
Vale decir que el financiamiento para el plan de seguridad gubernamental fue respaldado por la actual Asamblea Legislativa.
Al respecto, el jefe de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, se refirió a las condiciones de seguridad, «El presidente Nayib Bukele le está dando a los salvadoreños un país totalmente distinto a como lo recibió en 2019 con tasas de homicidio arriba del 80 %, donde los salvadoreños sufrían violaciones, extorsiones y homicidios», expresó.
Guevara aseguró que «este es un país completamente distinto el que tenemos», y destacó que ya se superó el año acumulado sin asesinatos en lo que va de la gestión Bukele, todo lo contrario a lo que el país sufrió por décads.
Y es que durante los gobiernos de ARENA y del FMLN miles de salvadoreños lloraron la muerte de un familiar a manos de las pandillas, pues estos partidos no pudieron frenar la ola de violencia de las maras que se tradujo en 75,765 homicidios entre el 1° de enero de 1996 al 31 de mayo de 2019, período que abarcó parte de la presidencia de Armando Calderón Sol (1994-1999) y toda la gestión de Francisco Flores (1999-2004), Elías Antonio Saca (2004-2009), Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).
Bajo los gobiernos de ARENA, en la gestión de Flores y de Saca, se implementaron los planes «mano dura» y el «súper mano dura» que frente el accionar de las pandillas no dieron resultados, al contrario, permitieron que estos grupos se expandieran en todo el país para actuar con total impunidad al quedar libres. Ambos gobiernos sumaron 32,264 asesinatos, según la PNC.
Sin embargo, lo peor le ocurrió a El Salvador en el primer gobierno del FMLN, con Mauricio Funes en la presidencia, cuando pactaron una tregua (2012) con los mareros, supuestamete para lograr una reducción de homicidios, para verse bien ante la opinión de los salvadoreños y de esa manera obtener beneficios electorales para el gane de la presidencia de Sánchez Cerén en 2014.
El respaldo de los mareros favoreció electoralmente a los gobiernos del FMLN, según ha señalado la Fiscalía en sus investigaciones, en tanto que los criminales recibieron todo tipo de beneficios que fueron evidentes en el traslado de cabecillas a prisiones de menor rigurosidad donde hacían fiestas con trabajadoras del sexo, mientras que en las calles miles de salvadoreños eran asesinados por estos grupos. En los dos gobiernos del FMLN fueron asesinados más de 38,525 salvadoreños.
La violencia imparable provocó que El Salvador formara parte del vergonzoso listado de naciones más peligrosas del mundo, razón por la cual fueron emitidas alertas, principalmente por Estados Unidos, para advertir a sus ciudadanos de visitar el país.
Los salvadoreños se cansaron de las falsas promesas de campaña de ARENA y del FMLN de que acabarían con las maras y para las elecciones de 2019 le dieron su voto de confianza al presidente Bukele que en solo cuatro años de gestión devolvió la tan anhelada tranquilidad a los ciudadanos con la captura de más de 68,500 pandilleros durante el régimen de excepción.
El clima de seguridad que ahora vive la población ha revitalizado la actividad económica en colonias y comunidades asediadas por mareros que ahora están bajo el control de las fuerzas del orden, tal como sucedió con La Campanera, en Soyapango, y la comunidad Tutunichapa, en San Salvador.
El éxito de la estrategia para acabar con las pandillas hizo que El Salvador sea la nación más segura de Latinoamérica con una tasa de 1.8 homicidios por cada 100,000 habitantes, todo lo contrario con el registro de 2015 que fue de 106 asesinatos por cada 100,000 habitantes, el peor en la historia del país.
Los resultados en seguridad han permitido además, posicionar a El Salvador como uno de los atractivos turísticos más visitados de la región, con cifras de 2.5 millones de visitantes que aportaron a la economía del país más de $2,600 millones.
Principal
BCIE aprueba financiamiento de US$155 millones para dar continuidad al fortalecimiento de la infraestructura vial y la movilidad urbana en El Salvador
Con una inversión de US$155 millones, el BCIE respaldará la ejecución del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana – Fase II en El Salvador, continuando con intervenciones estratégicas para el país en materia de infraestructura vial. El programa beneficiará a más de 1.17 millones de habitantes en el Área Metropolitana de San Salvador y en el distrito de Atiquizaya, departamento de Ahuachapán.
Esta iniciativa se estructura en tres componentes principales: la ampliación y mejoramiento de la Carretera RN13W en el tramo Desvío Atiquizaya – Desvío Bypass de Ahuachapán junto con sus obras conexas; los estudios de diseño y construcción del Corredor Norte del Anillo Periférico del AMSS; y los estudios de diseño del Corredor Oriente del Anillo Periférico del AMSS. En conjunto, el Programa incluye la ampliación a 4 carriles de 7.05 km de carretera existente, la construcción de 8.17 km de nuevas vías y 30.4 km de ciclovía nueva.
La implementación de este programa redistribuirá los flujos de tránsito que hoy saturan la capital, reduciendo el tiempo promedio de viaje en 45.6% para los usuarios de los tramos intervenidos, y mejorará la circulación regional sobre la Carretera Panamericana. Además, con la ampliación de la RN13W, el programa elevará la capacidad de algunos de los ejes viales más importantes del país, proyectando un tránsito promedio diario anual de 111,053 vehículos, incluyendo 9,023 vehículos de carga pesada, ofreciendo condiciones más seguras y menores costos de operación para sus usuarios.
El Programa integra además soluciones tecnológicas de gestión inteligente del tránsito, medidas de seguridad vial e infraestructura para transporte no motorizado, y se estima que generará 250 empleos directos temporales.
Con esta aprobación, el BCIE reafirma su compromiso con el desarrollo integral de El Salvador. Este financiamiento representa una inversión de largo plazo en la competitividad, la conectividad territorial y el bienestar de la población salvadoreña.
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para modificar el contrato de préstamo No. 5851/OC-ES, suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el propósito de fortalecer el sistema aduanero y consolidar al país como un referente regional en infraestructura logística y facilitación del comercio.
El empréstito, por un monto de hasta $84 millones, fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 9 de abril de 2024 y ratificado el 22 de mayo del mismo año. Inicialmente, los fondos estaban destinados al Programa de Facilitación Comercial y Modernización de la Operación Portuaria en El Salvador, enfocado principalmente en la reducción de tiempos de espera del transporte de carga en los puertos y en mejorar la eficiencia operativa portuaria.
Sin embargo, el Ejecutivo identificó la necesidad de ampliar el alcance del programa y redirigir las inversiones hacia una modernización más integral de las aduanas y los controles fronterizos del país. Como resultado, el pasado 29 de abril, el Ministerio de Hacienda y el BID firmaron una modificación al contrato de préstamo para adecuar el proyecto a las nuevas prioridades estratégicas del Gobierno.
Durante la sesión de la comisión legislativa, el director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, explicó que uno de los cambios principales será la actualización del nombre del proyecto, que pasará a denominarse Programa de Facilitación del Comercio y de las Inversiones en El Salvador.
Según Herrera, esta modificación permitirá incorporar nuevas acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura física en las aduanas del país, así como la modernización de puestos fronterizos estratégicos, entre ellos la frontera El Poy, ubicada en Chalatenango, uno de los principales puntos de intercambio comercial terrestre con Honduras.
Asimismo, el funcionario detalló que el programa contempla fortalecer el Centro de Control Integrado ubicado en el recinto de San Bartolo, una instalación clave para la supervisión y control de mercancías en el comercio exterior salvadoreño.
La propuesta también incluye la adquisición e implementación de tecnología para mejorar los controles aduaneros y agilizar el manejo de mercancías. Herrera señaló que esto permitirá avanzar en la digitalización y simplificación de los trámites vinculados al comercio exterior, reduciendo tiempos y costos logísticos para empresas importadoras y exportadoras.
Entre las iniciativas previstas se encuentra el desarrollo del Portal de Comercio Exterior, una plataforma digital que centralizará diversos procesos relacionados con importaciones, exportaciones y trámites aduaneros. El proyecto incluye además la compra de equipo informático, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y el equipamiento necesario para mejorar la operatividad de las instituciones involucradas.
De acuerdo con el representante del Ministerio de Hacienda, todas estas acciones buscan incrementar la competitividad del país y generar condiciones más favorables para atraer inversiones, fortalecer el comercio regional y mejorar la eficiencia de las cadenas logísticas.
Otro de los cambios relevantes dentro de la modificación al préstamo es la sustitución de la entidad ejecutora del programa. En la versión original, la ejecución estaba a cargo del Ministerio de Economía en coordinación con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), debido a que el enfoque principal se encontraba en las operaciones portuarias.
Con la reestructuración aprobada en comisión, la Dirección General de Aduanas (DGA) asumirá el rol de entidad ejecutora junto al Ministerio de Economía, mientras que CEPA dejará de participar directamente en la administración del programa.
Las autoridades justificaron esta decisión argumentando que la DGA es la institución que actualmente lidera las acciones relacionadas con controles fronterizos, facilitación comercial y modernización aduanera, por lo que su incorporación permitirá una ejecución más eficiente y alineada con las necesidades actuales del país.
Los diputados de la Comisión de Hacienda respaldaron la iniciativa al considerar que fortalecer la infraestructura aduanera y agilizar los procesos comerciales contribuirá a dinamizar la economía nacional y mejorar la posición de El Salvador en materia de comercio internacional.
Además, destacaron que la modernización tecnológica y la digitalización de trámites representan herramientas fundamentales para reducir la burocracia y aumentar la transparencia en los procesos de importación y exportación.
Con esta reforma al préstamo, el Gobierno apuesta por fortalecer la conectividad logística y mejorar las capacidades institucionales vinculadas al comercio exterior, en un contexto donde la competitividad regional depende cada vez más de la eficiencia en los sistemas aduaneros y de transporte de mercancías.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana ordenó instrucción formal con detención provisional contra Josselyn Esmeralda Ramos Ramos, de 19 años, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo de 2 años y 6 meses de edad.
De acuerdo con el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el pasado 30 de abril de 2026 en una vivienda ubicada en la comunidad Amayito, en Santa Ana.
Según las investigaciones, la imputada permaneció sola durante aproximadamente tres horas con el menor dentro de una habitación, lugar donde presuntamente ocurrió el hecho.
Durante la audiencia inicial, las autoridades expusieron que la autopsia practicada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue asfixia por obstrucción de nariz y boca.
Asimismo, en esta etapa del proceso judicial, la Fiscalía señaló que la acusada presuntamente ejercía violencia física y psicológica reiterada contra el niño.
Con la resolución emitida por el juzgado, la joven continuará en prisión mientras avanzan las investigaciones y el proceso penal correspondiente.
