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Más de un año sin homicidios en cuatro años de gestión de Nayib Bukele
Este 1° de junio se cumplen cuatro años de la gestión del presidente Nayib Bukele, la cual que se ha caracterizado por la histórica y sostenida reducción de homicidios y por sumar 374 días sin asesinatos (hasta el pasado 26 de mayo) como parte de los resultados del plan de seguridad que fue puesto en marcha el 20 de junio de 2019.
Este dato se suma al registro inédito de 24 días sin asesinatos al cierre de abril pasado, razón por la cual se convirtió en el mes más seguro en la historia de El Salvador seguido de enero y febrero que tuvieron 22 y 21 días, respectivamente, mientras que marzo finalizó con 20.
Actualmente mayo lleva un acumulado de 17 jornadas sin muertes violentas, y en lo que va del 2023 hasta el 26 de este mes, se totalizan 104 días de cero homicidios. A los datos duros se suman los beneficios que miles de ciudadanos han tenido cuando sus colonias fueron liberadas de la presencia de mareros.
Vale decir que el financiamiento para el plan de seguridad gubernamental fue respaldado por la actual Asamblea Legislativa.
Al respecto, el jefe de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, se refirió a las condiciones de seguridad, «El presidente Nayib Bukele le está dando a los salvadoreños un país totalmente distinto a como lo recibió en 2019 con tasas de homicidio arriba del 80 %, donde los salvadoreños sufrían violaciones, extorsiones y homicidios», expresó.
Guevara aseguró que «este es un país completamente distinto el que tenemos», y destacó que ya se superó el año acumulado sin asesinatos en lo que va de la gestión Bukele, todo lo contrario a lo que el país sufrió por décads.
Y es que durante los gobiernos de ARENA y del FMLN miles de salvadoreños lloraron la muerte de un familiar a manos de las pandillas, pues estos partidos no pudieron frenar la ola de violencia de las maras que se tradujo en 75,765 homicidios entre el 1° de enero de 1996 al 31 de mayo de 2019, período que abarcó parte de la presidencia de Armando Calderón Sol (1994-1999) y toda la gestión de Francisco Flores (1999-2004), Elías Antonio Saca (2004-2009), Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).
Bajo los gobiernos de ARENA, en la gestión de Flores y de Saca, se implementaron los planes «mano dura» y el «súper mano dura» que frente el accionar de las pandillas no dieron resultados, al contrario, permitieron que estos grupos se expandieran en todo el país para actuar con total impunidad al quedar libres. Ambos gobiernos sumaron 32,264 asesinatos, según la PNC.
Sin embargo, lo peor le ocurrió a El Salvador en el primer gobierno del FMLN, con Mauricio Funes en la presidencia, cuando pactaron una tregua (2012) con los mareros, supuestamete para lograr una reducción de homicidios, para verse bien ante la opinión de los salvadoreños y de esa manera obtener beneficios electorales para el gane de la presidencia de Sánchez Cerén en 2014.
El respaldo de los mareros favoreció electoralmente a los gobiernos del FMLN, según ha señalado la Fiscalía en sus investigaciones, en tanto que los criminales recibieron todo tipo de beneficios que fueron evidentes en el traslado de cabecillas a prisiones de menor rigurosidad donde hacían fiestas con trabajadoras del sexo, mientras que en las calles miles de salvadoreños eran asesinados por estos grupos. En los dos gobiernos del FMLN fueron asesinados más de 38,525 salvadoreños.
La violencia imparable provocó que El Salvador formara parte del vergonzoso listado de naciones más peligrosas del mundo, razón por la cual fueron emitidas alertas, principalmente por Estados Unidos, para advertir a sus ciudadanos de visitar el país.
Los salvadoreños se cansaron de las falsas promesas de campaña de ARENA y del FMLN de que acabarían con las maras y para las elecciones de 2019 le dieron su voto de confianza al presidente Bukele que en solo cuatro años de gestión devolvió la tan anhelada tranquilidad a los ciudadanos con la captura de más de 68,500 pandilleros durante el régimen de excepción.
El clima de seguridad que ahora vive la población ha revitalizado la actividad económica en colonias y comunidades asediadas por mareros que ahora están bajo el control de las fuerzas del orden, tal como sucedió con La Campanera, en Soyapango, y la comunidad Tutunichapa, en San Salvador.
El éxito de la estrategia para acabar con las pandillas hizo que El Salvador sea la nación más segura de Latinoamérica con una tasa de 1.8 homicidios por cada 100,000 habitantes, todo lo contrario con el registro de 2015 que fue de 106 asesinatos por cada 100,000 habitantes, el peor en la historia del país.
Los resultados en seguridad han permitido además, posicionar a El Salvador como uno de los atractivos turísticos más visitados de la región, con cifras de 2.5 millones de visitantes que aportaron a la economía del país más de $2,600 millones.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
