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Más de un año sin homicidios en cuatro años de gestión de Nayib Bukele
Este 1° de junio se cumplen cuatro años de la gestión del presidente Nayib Bukele, la cual que se ha caracterizado por la histórica y sostenida reducción de homicidios y por sumar 374 días sin asesinatos (hasta el pasado 26 de mayo) como parte de los resultados del plan de seguridad que fue puesto en marcha el 20 de junio de 2019.
Este dato se suma al registro inédito de 24 días sin asesinatos al cierre de abril pasado, razón por la cual se convirtió en el mes más seguro en la historia de El Salvador seguido de enero y febrero que tuvieron 22 y 21 días, respectivamente, mientras que marzo finalizó con 20.
Actualmente mayo lleva un acumulado de 17 jornadas sin muertes violentas, y en lo que va del 2023 hasta el 26 de este mes, se totalizan 104 días de cero homicidios. A los datos duros se suman los beneficios que miles de ciudadanos han tenido cuando sus colonias fueron liberadas de la presencia de mareros.
Vale decir que el financiamiento para el plan de seguridad gubernamental fue respaldado por la actual Asamblea Legislativa.
Al respecto, el jefe de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, se refirió a las condiciones de seguridad, «El presidente Nayib Bukele le está dando a los salvadoreños un país totalmente distinto a como lo recibió en 2019 con tasas de homicidio arriba del 80 %, donde los salvadoreños sufrían violaciones, extorsiones y homicidios», expresó.
Guevara aseguró que «este es un país completamente distinto el que tenemos», y destacó que ya se superó el año acumulado sin asesinatos en lo que va de la gestión Bukele, todo lo contrario a lo que el país sufrió por décads.
Y es que durante los gobiernos de ARENA y del FMLN miles de salvadoreños lloraron la muerte de un familiar a manos de las pandillas, pues estos partidos no pudieron frenar la ola de violencia de las maras que se tradujo en 75,765 homicidios entre el 1° de enero de 1996 al 31 de mayo de 2019, período que abarcó parte de la presidencia de Armando Calderón Sol (1994-1999) y toda la gestión de Francisco Flores (1999-2004), Elías Antonio Saca (2004-2009), Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).
Bajo los gobiernos de ARENA, en la gestión de Flores y de Saca, se implementaron los planes «mano dura» y el «súper mano dura» que frente el accionar de las pandillas no dieron resultados, al contrario, permitieron que estos grupos se expandieran en todo el país para actuar con total impunidad al quedar libres. Ambos gobiernos sumaron 32,264 asesinatos, según la PNC.
Sin embargo, lo peor le ocurrió a El Salvador en el primer gobierno del FMLN, con Mauricio Funes en la presidencia, cuando pactaron una tregua (2012) con los mareros, supuestamete para lograr una reducción de homicidios, para verse bien ante la opinión de los salvadoreños y de esa manera obtener beneficios electorales para el gane de la presidencia de Sánchez Cerén en 2014.
El respaldo de los mareros favoreció electoralmente a los gobiernos del FMLN, según ha señalado la Fiscalía en sus investigaciones, en tanto que los criminales recibieron todo tipo de beneficios que fueron evidentes en el traslado de cabecillas a prisiones de menor rigurosidad donde hacían fiestas con trabajadoras del sexo, mientras que en las calles miles de salvadoreños eran asesinados por estos grupos. En los dos gobiernos del FMLN fueron asesinados más de 38,525 salvadoreños.
La violencia imparable provocó que El Salvador formara parte del vergonzoso listado de naciones más peligrosas del mundo, razón por la cual fueron emitidas alertas, principalmente por Estados Unidos, para advertir a sus ciudadanos de visitar el país.
Los salvadoreños se cansaron de las falsas promesas de campaña de ARENA y del FMLN de que acabarían con las maras y para las elecciones de 2019 le dieron su voto de confianza al presidente Bukele que en solo cuatro años de gestión devolvió la tan anhelada tranquilidad a los ciudadanos con la captura de más de 68,500 pandilleros durante el régimen de excepción.
El clima de seguridad que ahora vive la población ha revitalizado la actividad económica en colonias y comunidades asediadas por mareros que ahora están bajo el control de las fuerzas del orden, tal como sucedió con La Campanera, en Soyapango, y la comunidad Tutunichapa, en San Salvador.
El éxito de la estrategia para acabar con las pandillas hizo que El Salvador sea la nación más segura de Latinoamérica con una tasa de 1.8 homicidios por cada 100,000 habitantes, todo lo contrario con el registro de 2015 que fue de 106 asesinatos por cada 100,000 habitantes, el peor en la historia del país.
Los resultados en seguridad han permitido además, posicionar a El Salvador como uno de los atractivos turísticos más visitados de la región, con cifras de 2.5 millones de visitantes que aportaron a la economía del país más de $2,600 millones.
El Salvador impulsa el Sistema de Alerta Temprana para Incendios Forestales (SAT-IF), una herramienta estratégica que permitirá reducir riesgos y mejorar la gestión ante estos eventos.
Miembros de la Dirección General de Protección Civil y su Equipo Táctico de Emergencias, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud (MINSAL), Fiscalía General de la República (FGR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte de la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF) conocieron la propuesta.
De acuerdo con Protección Civil, los incendios forestales constituyen una de las amenazas ambientales y sociales más complejas en El Salvador, generando impactos sobre los ecosistemas, la salud pública, la seguridad alimentaria, la infraestructura productiva y los medios de vida de comunidades rurales y de interfaz urbano-forestal.
Este año, lo incendios forestales se han duplicado. «En forestales: en 2025 fueron 80 y en 2026, suman 166 incendios, con un incremento de 108 %», afirmó recientemente el director de Bomberos, Baltazar Solano.
«La recurrencia de estos eventos, intensificada por el cambio climático, la degradación de recursos naturales y el uso inadecuado del fuego, ha evidenciado la necesidad de pasar de enfoques reactivos a estrategias de prevención y anticipación», comunicó la institución.
El SAT-IF se concibe como un sistema integral que transforma información climática, ambiental, territorial y social en alertas oportunas y acciones concretas, permitiendo intervenir antes de que los incendios alcancen niveles de alta severidad.
La propuesta incorpora buenas prácticas internacionales, adaptadas a la realidad de El Salvador, derivadas de la experiencia técnica de Corea, fortaleciendo la arquitectura, componentes funcionales y mecanismos de gobernanza del sistema.
El sistema se estructura en cuatro componentes interdependientes: monitoreo y vigilancia, análisis y evaluación del riesgo, comunicación y difusión de alertas, y preparación y respuesta. Además, promueve una gobernanza multinivel y multisectorial, articulando los niveles estratégico, técnico, operativo y comunitario, y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Un elemento central del SAT-IF es la participación comunitaria.
En el gobierno de Nayib Bukele, las cifras en materia de seguridad han mostrado una mejora sostenida año con año, como resultado de las distintas estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Esta tendencia se ha mantenido firme cada mes que ha transcurrido este 2026.
Con los últimos resultados obtenidos el mes anterior, se concluye que abril de 2026 superó los resultados en seguridad del año pasado en mismo periodo. Dicho mes cerró con tres homicidios, registrando un promedio de 0.10 homicidios por día; mientras que, en el 2025, hubo 5 reflejando un promedio de 0.16. Además de cerrar con bajo promedio, en abril se registraron 27 días sin homicidios.
Dichos indicadores, que continúan reflejando una reducción en los hechos delictivos, especialmente en homicidios, consolidan un escenario de mayor seguridad en el país.
Respecto a los homicidios reportados en abril de este año, las autoridades han logrado resolver la mayoría de estos con la captura de los sospechosos.
El 30 de abril pasado, la Policía Nacional Civil reportó el homicidio de una mujer de 65 años. El crimen se registró en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba lesiones con arma blanca y actualmente equipos de inteligencia e investigaciones buscan al responsable.
Mientras que, el 19 de abril, la Policía registró el feminicidio de una mujer de 28 años, en Santa Ana.
En coordinación con las autoridades de Guatemala, la Policía logró ubicar y capturar al responsable identificado como Diego Antonio Santos Villanueva.
Asimismo, el 4 de abril, la Policía reportó un homicidio en Zacatecoluca, La Paz Este, donde un hombre de 34 años fue asesinado con arma blanca.
El responsable de este hecho fue José Armando Mancía García de 38 años. Según las autoridades, Mancía comenzó a agredir a su esposa y la víctima, quien es cuñado del detenido, intentó defender a su hermana, pero Mancía lo atacó.
Las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado aseguran que continuarán implementado las medidas que sean necesarias para que, en El Salvador, cualquiera que cometa un homicidio, sea puesto tras las rejas.
La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó a 28 nuevos mediadores internos, que tienen por función ayudar a resolver conflictos de forma pacífica y rápida, sin escalar a instancias judiciales.
«La mediación constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, pacífica y armónica, transformando los conflictos en oportunidades de diálogo y entendimiento», expresó el procurador general de la república, René Escobar.
Con los nuevos profesionales acreditados, la PGR cuenta con 388 mediadores, que atienden en la sede central y en las 18 procuradurías auxiliares.
En el primer trimestre de 2026, la Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría, ingresó 4,023 expedientes de personas que buscaron ayuda para resolver problemas de tipo patrimonial, problemas vecinales, de familia, cuotas alimenticias, custodias de hijos, entre otros.
Los 28 nuevos mediadores serán desplegados en las procuradurías de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Cuscatlán y Soyapango, informó la institución.
«La mediación ofrece a la ciudadanía una forma pacífica, rápida y humana de resolver los conflictos, sin necesidad de llegar a procesos judiciales largos y costosos. La mediación permite la justicia a las personas, promoviendo el diálogo, la comprensión mutua y la construcción de acuerdos sostenibles», afirmó Jeanneth Marconi, procuradora especializada de mediación.
