Nacionales
Más de un año sin homicidios en cuatro años de gestión de Nayib Bukele
Este 1° de junio se cumplen cuatro años de la gestión del presidente Nayib Bukele, la cual que se ha caracterizado por la histórica y sostenida reducción de homicidios y por sumar 374 días sin asesinatos (hasta el pasado 26 de mayo) como parte de los resultados del plan de seguridad que fue puesto en marcha el 20 de junio de 2019.
Este dato se suma al registro inédito de 24 días sin asesinatos al cierre de abril pasado, razón por la cual se convirtió en el mes más seguro en la historia de El Salvador seguido de enero y febrero que tuvieron 22 y 21 días, respectivamente, mientras que marzo finalizó con 20.
Actualmente mayo lleva un acumulado de 17 jornadas sin muertes violentas, y en lo que va del 2023 hasta el 26 de este mes, se totalizan 104 días de cero homicidios. A los datos duros se suman los beneficios que miles de ciudadanos han tenido cuando sus colonias fueron liberadas de la presencia de mareros.
Vale decir que el financiamiento para el plan de seguridad gubernamental fue respaldado por la actual Asamblea Legislativa.
Al respecto, el jefe de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, se refirió a las condiciones de seguridad, «El presidente Nayib Bukele le está dando a los salvadoreños un país totalmente distinto a como lo recibió en 2019 con tasas de homicidio arriba del 80 %, donde los salvadoreños sufrían violaciones, extorsiones y homicidios», expresó.
Guevara aseguró que «este es un país completamente distinto el que tenemos», y destacó que ya se superó el año acumulado sin asesinatos en lo que va de la gestión Bukele, todo lo contrario a lo que el país sufrió por décads.
Y es que durante los gobiernos de ARENA y del FMLN miles de salvadoreños lloraron la muerte de un familiar a manos de las pandillas, pues estos partidos no pudieron frenar la ola de violencia de las maras que se tradujo en 75,765 homicidios entre el 1° de enero de 1996 al 31 de mayo de 2019, período que abarcó parte de la presidencia de Armando Calderón Sol (1994-1999) y toda la gestión de Francisco Flores (1999-2004), Elías Antonio Saca (2004-2009), Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).
Bajo los gobiernos de ARENA, en la gestión de Flores y de Saca, se implementaron los planes «mano dura» y el «súper mano dura» que frente el accionar de las pandillas no dieron resultados, al contrario, permitieron que estos grupos se expandieran en todo el país para actuar con total impunidad al quedar libres. Ambos gobiernos sumaron 32,264 asesinatos, según la PNC.
Sin embargo, lo peor le ocurrió a El Salvador en el primer gobierno del FMLN, con Mauricio Funes en la presidencia, cuando pactaron una tregua (2012) con los mareros, supuestamete para lograr una reducción de homicidios, para verse bien ante la opinión de los salvadoreños y de esa manera obtener beneficios electorales para el gane de la presidencia de Sánchez Cerén en 2014.
El respaldo de los mareros favoreció electoralmente a los gobiernos del FMLN, según ha señalado la Fiscalía en sus investigaciones, en tanto que los criminales recibieron todo tipo de beneficios que fueron evidentes en el traslado de cabecillas a prisiones de menor rigurosidad donde hacían fiestas con trabajadoras del sexo, mientras que en las calles miles de salvadoreños eran asesinados por estos grupos. En los dos gobiernos del FMLN fueron asesinados más de 38,525 salvadoreños.
La violencia imparable provocó que El Salvador formara parte del vergonzoso listado de naciones más peligrosas del mundo, razón por la cual fueron emitidas alertas, principalmente por Estados Unidos, para advertir a sus ciudadanos de visitar el país.
Los salvadoreños se cansaron de las falsas promesas de campaña de ARENA y del FMLN de que acabarían con las maras y para las elecciones de 2019 le dieron su voto de confianza al presidente Bukele que en solo cuatro años de gestión devolvió la tan anhelada tranquilidad a los ciudadanos con la captura de más de 68,500 pandilleros durante el régimen de excepción.
El clima de seguridad que ahora vive la población ha revitalizado la actividad económica en colonias y comunidades asediadas por mareros que ahora están bajo el control de las fuerzas del orden, tal como sucedió con La Campanera, en Soyapango, y la comunidad Tutunichapa, en San Salvador.
El éxito de la estrategia para acabar con las pandillas hizo que El Salvador sea la nación más segura de Latinoamérica con una tasa de 1.8 homicidios por cada 100,000 habitantes, todo lo contrario con el registro de 2015 que fue de 106 asesinatos por cada 100,000 habitantes, el peor en la historia del país.
Los resultados en seguridad han permitido además, posicionar a El Salvador como uno de los atractivos turísticos más visitados de la región, con cifras de 2.5 millones de visitantes que aportaron a la economía del país más de $2,600 millones.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
