Nacionales
Defensora de derechos humanos, Bessy Ríos y ministro de Trabajo, piden a las autoridades investigar hechos acontecidos en protesta en Soyapango
Esta mañana de lunes en la entrevista de El Salvador To Day de Diario Digital Cronio, la defensora de derechos humanos en el país y abogada Bessy Río, se refirió a los hechos acontecidos esta misma madruga que dejaron tres empleados municipales heridos de gravedad tras una serie de disparos durante una protesta contra la comuna del municipio de Soyapango.
Ríos, alzó la voz e hizo un llamado a la Procuraduría para la Defensa de los Derecho Humanos (PDDH) y a la Fiscalía General de la República (FGR) a investigar de oficio los hechos lo antes posible.
“Un llamado a la PDDH y a la Fiscalía a que le pongan ojo por favor a los hechos sucedidos esta madrugada en Soyapango, han habido disparos y hay un sindicalista con un disparo en la cabeza”, señaló Bessy Ríos.
Para la defensora de derechos humanos este tipo de sucesos no deberían de darse en un país democráticos y menos contra la clase obrera.
“En un país democrático en menos de un mes han matado un sindicalista, han atentado contra otro”.
La invitada fue más allá en su análisis y señaló a las alcaldías de San Salvador, Santa Tecla y Soyapango de estar intentando privatizar la recolección y servicio de desechos sólidos en el país.
“En la alcaldía de Santa Tecla, San Salvador y Soyapango ha habido problemas, las tres bajo la bandera de arena y las tres con un proceso de privatización en la recolección y del servicio de desecho sólidos”.
Bessy Ríos pidió a la PDDH y a la FGR a investigar a profundidad la presunta privatización de la basura en las alcaldías en mención y esclarecer de una vez por todas los términos de los contratos y a las personas y empresas que estarían detrás todo, pues se menciona a un prominente empresario salvadoreño y a una empresa de origen colombiano.
“Ojo que en un país democrático esto ya fuera un tema de alarma. Qué empresario está de tras de esa privatización, qué beneficio tiene ese partido y por qué están atacando a los sindicalistas, no es de gratis”, dijo la abogada.
Los incidentes que han dejado por lo menos a tres sindicalistas heridos esta madrugada, no han pasado desapercibidos también por el ministro de trabajo, Rolando Castro, quien en su cuenta de twitter compartió una serie de videos del momento de los disparos en los contornos de la alcaldía de Soyapango.
El titular de la carta de Estado pide además al fiscal general, al director de la policía y al ministro de Seguridad y Justicia a investigar los hechos y a capturar los responsables.
Versión del alcalde.
El alcalde de Soyapango, Juan Pabló Álvarez, dijo no entender el motivo de la protesta por parte de los sindicalistas, más bien, señaló a algunos empleados de la municipal de haber confiscado las llaves y algunos camiones del tren de eso que se guardan en un predio sobre la carrera de Oro y de haber sido utilizado para la protesta.
“Empleado y personas ajenas a la municipalidad entraron con violencia al predio a sacar los camiones, ellos tienen en poder las llaves, las tarjetas de circulación y nuestro equipo y nosotros no podemos salir de la alcaldía. Estamos privados de libertad desde casi 24 horas”, dijo el edil.
“A estas personas no se les debe salió alguno, no se le deben los bonos, no se les debe retenciones y se les ha aumento cien dólares a todos y ellos plantean que nosotros queremos privatizar la recolección de los desechos”, aseguró Juan Pablo Álvarez.
Nacionales
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Nacionales
Soyapango: vendedores dejan las calles antes del 20 de septiembre; arranca la fase 1 del reordenamiento
La Alcaldía de San Salvador Este informó que comerciantes informales siguen retirando sus puestos de las calles de Soyapango. Lo presenta como desalojo voluntario, primer paso de la revitalización de calles, aceras y espacios públicos. La fase 1 empieza el 20 de septiembre y cubre Calle Roosevelt, 2.ª Calle Oriente, avenida Cuba y los sectores frente a Walmart, Plaza Mundo y la Central de Abastos. En anuncios previos la comuna también incluyó avenida Rosario Sur y el bulevar del Ejército.
El plazo no nació ayer. Los vendedores recibieron notificaciones a inicios de septiembre: fecha límite, el 20. Varios dijeron a La Prensa Gráfica que no se oponen al orden, pero pidieron quedarse hasta diciembre para aprovechar las ventas de fin de año y pagar deudas. El concejal Cayetano Cruz (FMLN) habló de unas 450 familias afectadas y de alternativas poco claras. La alcaldía ha mencionado reubicación en el ex IRA de San Martín y en locales de Soyapango; los comerciantes insisten en que, al notificarlos, no les entregaron un puesto concreto.
Esto ya se ensayó. En junio la comuna retiró 33 puestos de la 8.ª avenida Norte y habló de espacios vacíos en el mercado central; parte de los afectados denunció que el nuevo sitio había que acondicionarlo con su propio dinero. El mismo tipo de reordenamiento se aplicó en los alrededores del Mercado Central de San Salvador Centro. Recuperar aceras es la tesis oficial: peatones y carros sin obstáculo. El otro lado es el ingreso diario de quien lleva años —a veces décadas— vendiendo en la vía pública.
Desde las 10:00 p. m. de este sábado 19 hasta las 6:00 a. m. del domingo 20 hay circulación controlada en 4.ª Avenida Sur (Cuba), 2.ª Calle Oriente, Franklin Roosevelt Oriente y 6.ª Avenida Norte. Quien circule por Soyapango debe buscar ruta alterna. El debate no se acaba el domingo: calles despejadas contra sustento informal. El dato que falta, y que van a exigir los vendedores, es dónde van a trabajar el lunes.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
