Internacionales
Rusia ataca Azovstal, donde está en marcha un nuevo rescate de civiles
Las tropas rusas han intensificado en las últimas horas los ataques contra la acería de Azovstal, en la asediada ciudad de Mariúpol, donde está en marcha una nueva evacuación de civiles, según fuentes ucranianas.
El último parte del Alto Mando del Ejército ucraniano indica que “los invasores rusos continúan bloqueando las unidades de defensa ucranianas dentro de la planta de Azovstal”, el último reducto de la resistencia ucraniana en esa estratégica ciudad portuaria.
En esa instalación resisten todavía cientos de civiles atrincherados desde el inicio de la invasión el pasado 24 de febrero, incluidos niños, aunque algunos ya han podido salir gracias a una operación de evacuación auspiciada por la ONU y la Cruz Roja.
La próxima etapa de rescate de civiles de la planta acerera Azovstal de Mariúpol está en marcha, aseguró hoy el jefe de la Oficina de la Presidencia ucraniana, Andriy Yermak.
Agregó que durante la “compleja operación” para evacuar a civiles de Mariúpol y la planta acerera Azovstal se ha logrado rescatar ya a casi quinientas personas.
El secretario general de la ONU, António Guterres, informó en Twitter de que en la operación conjunta de Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) “dos convoyes de paso seguro evacuaron con éxito a casi quinientas personas de la planta de Azovstal, Mariúpol y alrededores”.
Se mantiene la ofensiva en el este, donde Moscú aspira a lograr el control total de las regiones de Donetsk y Lugansk, y establecer una ruta terrestre entre esos territorios y la Crimea temporalmente ocupada.
El parte militar de Kiev precisa que Rusia ha atacado las posiciones ucranianas en dirección a Lyman, Siversk y Popasna, mientras que en el norte de la región de Jérson y Mykolaiv, los invasores rusos bombardearon los asentamientos de los que se habían retirado.
Más calmada ha estado la situación en dirección a South Bug, el segundo río más importante del país que desemboca en el Mar Negro, donde el enemigo mantuvo las fronteras capturadas.
Según el mando ucraniano, las tropas rusas están ampliando los sistemas de defensa aérea, al mismo tiempo que se están reagrupando y restableciendo la capacidad de combate de sus unidades.
A este respecto, el Gobierno alemán confirmó este viernes que suministrará a Ucrania siete obuses autopropulsados tipo “Panzerhaubitze 2000”, que se suman a los cinco que ya ha comprometido Países Bajos con el mismo objetivo.
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que no hay sanciones capaces de quebrantar la voluntad del pueblo y de las autoridades de Rusia.
“Ningún castigo, ninguna sanción, podrán quebrantar la voluntad del pueblo y el Gobierno de Rusia, que tienen como objetivo defender la verdad histórica y los intereses legítimos de la Federación Rusa”, dijo Lavrov en una ceremonia de recuerdo a los diplomáticos rusos caídos en la Segunda Guerra Mundial.
Agregó que se trata de impedir que junto a las fronteras de Rusia se creen “amenazas directas a la seguridad, cultura e historia” de su país.
Lavrov indicó que actualmente se decide el destino del mundo, si será unipolar, “bajo el mando total de Estado Unidos, como quiere Washington y a lo que se han resignado todos los demás países occidentales, o será justo y democrático”.
Este viernes, los países de la Unión Europea debatirán una nueva ronda de sanciones contra Rusia, el sexto paquete correctivo desde el comienzo de lo que Moscú denomina “operación militar especial” en Ucrania.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, denunció “ataques ilegítimos” y “homicidios deliberados” contra civiles ucranianos en localidades de la periferia de Kiev, al tiempo que exigió que las fuerzas rusas respondan ante la justicia internacional por esos “crímenes de guerra”.
Callamard relató en una rueda celebrada en Kiev los hallazgos de una nueva investigación en esa provincia, cuyos pormenores detallan en su informe “He’s Not Coming Back’: War Crimes in Northwest Areas of Kyiv Oblast”.
En el documento presentado, AI condena los ataques perpetrados por los rusos en Ucrania y pide que estos rindan cuentas y respondan ante la justicia “por una serie de crímenes de guerra cometidos en el noroeste de Kiev”.
La organización se basa en decenas de entrevistas hechas a ucranianos y en un análisis de pruebas materiales recabadas sobre el terreno, y documenta ataques aéreos ilegítimos cometidos por los rusos en Borodyanka y ejecuciones extrajudiciales en otras localidades y pueblos, incluidos Bucha, Andriivka, Zdvyzhivka y Vorzel.
Los sujetos fueron presentados como Juan Carlos «N», de 33 años, y Jesse Kevin «N», de 22 años, miembros de una célula delictiva presuntamente implicada en secuestro y tráfico de drogas y armas.
Las investigaciones determinaron que Juan Carlos «N» tomó parte «en una agresión a una familia que se trasladaba en un vehículo» y que tuvo como saldo la muerte de los niños, según un comunicado conjunto de las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad, la Guardia Nacional y la fiscalía federal.
Alexander, de 9 años; Gael, de 12; y el padre de ambos, Antonio Sarmiento, murieron el 19 de enero tras quedar atrapados en medio de un tiroteo en Culiacán, la capital de Sinaloa.
Desde septiembre, esa ciudad ha sido azotada por la guerra entre dos facciones del cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos de México y designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.
Aunque la escalada criminal amainó en semanas recientes por el vasto operativo de las autoridades federales, hasta enero dejó un saldo de al menos 750 muertos y 900 desaparecidos, según cifras oficiales.
También desató la indignación de los habitantes de Culiacán, que salieron por miles a marchar a finales de enero exigiendo justicia por las muertes de Alexander y Gael.
La detención de los hombres fue resultado del cateo de tres inmuebles donde además fueron incautados 20 kg de cocaína, cristal, precursores químicos, 10 armas -incluida una ametralladora calibre 50-, municiones y seis vehículos, detalló por su parte el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, en su cuenta de X.
«Esto es resultado del fortalecimiento de la seguridad en Sinaloa», agregó el funcionario en su mensaje.
Desde diciembre de 2006, cuando se lanzó un polémico operativo militar antidrogas, México acumula más de 480.000 muertes violentas y decenas de miles de desapariciones, según cifras oficiales.
El fiscal general Alejandro Gertz informó en la conferencia de prensa presidencial que se trata de «un asunto de carácter federal», tras la captura de un presunto operador del cartel Jalisco Nueva Generación, que brindó a las autoridades información sobre el caso.
«En este momento es un asunto de carácter federal, está ocupado ese sitio por las autoridades federales y están entrando los peritos (expertos forenses) para determinar la realidad de lo que ahí hay», dijo el funcionario.
El colectivo de búsqueda Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el 5 de marzo que localizó ropa y restos óseos calcinados en esta finca, a la que organizaciones civiles describieron como un «campo de adiestramiento y exterminio».
Pero el lunes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que hasta el momento solo está confirmado que se trata de un «centro de adiestramiento» del crimen organizado.
García Harfuch reconoció sin embargo que en el lugar se cometieron asesinatos de personas que se resistían a ser reclutadas.
Según las primeras indagatorias, numerosas personas fueran llevadas allí con falsas ofertas de trabajo para finalmente ser obligadas a recibir entrenamiento para sumarse a la organización delictiva.
La Fiscalía General está asumiendo las investigaciones que fueron iniciadas por la fiscalía estatal, que debe entregar toda la información en su poder.
El Gobierno de México presentó parte de las acciones previstas para la alerta, búsqueda y localización de personas que contemplan las iniciativas de reforma a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, entre ellas, la creación de una Plataforma Única de Identidad.
La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, explicó que la Plataforma Única de Identidad será la principal identificación de las personas desde su nacimiento.
«Se incorpora la CURP (Clave Única de Registro de Población) como mecanismo de identidad oficial con fotografía y huellas dactilares, con capacidad de consulta en tiempo real», señaló Godoy durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.Indicó que el objetivo es «interconectar a México, crear un sistema que permita el intercambio de información en tiempo real entre autoridades, instituciones y particulares».
Godoy expresó que con esto será posible alimentar y actualizar el Banco de Datos Forenses y facultar a las fiscalías locales para robustecer sus capacidades de búsqueda e investigación.
El Instituto Nacional Electoral (INE) «deberá permitir consultas en tareas de investigación, principalmente en actividades del gabinete de seguridad. Todas las personas en México tendrán esta identidad, la CURP», agregó.
De igual forma, comentó que se pondrá en marcha el nuevo Sistema Nacional de Alerta, el cual operará como un mecanismo de inteligencia artificial, identificando coincidencias entre bases de datos gubernamentales y privadas.
También está previsto que las empresas de telecomunicaciones, cementerios y crematorios se integren a la red, respetando la ley de protección de datos.Godoy comentó que también se crea la Base nacional de carpetas de investigación de personas desaparecidas y no localizadas.
Señaló que se abrirá «una carpeta de investigación de manera inmediata ante cualquier denuncia por desaparición sin dilación alguna, nada de ’72 horas’», lo que permitirá generar alertas en tiempo real para todas las fiscalías y autoridades vinculadas a la búsqueda de personas.
Señaló que la Base «estará integrada en los 180 días máximo, una vez entrada en vigor esta reforma».
