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Presidente Donald Trump planea decretar el estado de emergencia en EUA por el coronavirus
A través de una conferencia de prensa que prevé dar esta tarde en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos planea declarar el estado de emergencia por el avance del coronavirus, según han revelado fuentes de la administración norteamericana a las agencias informativas.
Donald Trump activará una ley de emergencias nacionales que le permite derivar fondos públicos a los servicios sanitarios de los estados y las ciudades para que puedan efectuar pruebas de diagnóstico y tratar a los pacientes. Según la Casa Blanca, las ayudas serán de miles de millones.
La crisis del coronavirus ha paralizado la vida política de EE.UU. en un año de elecciones y se ha convertido en la mayor crisis a la que se ha enfrentado Donald Trump justo a ocho meses de jugarse su reelección. El miércoles, el presidente intentó calmar a la ciudadanía y, sobre todo, a los mercados, con un mensaje a la nación televisado en directo desde el Despacho Oval, algo reservado a las crisis más graves en la historia del país. El resultado fue el contrario del deseado, y al día siguiente las bolsas sufrieron la peor caída desde 1987.
El mensaje de Trump estuvo plagado de errores que la Casa Blanca hubo de corregir momentos después de que este acabara. El presidente dijo que el cierre de frontera afectaba a toda Europa, pero en realidad está vigente sólo con 26 países del espacio Schengen y además cuenta con excepciones como los nacionalizados o residentes permanentes en EE.UU. y sus familiares. Trump se equivocó al decir que se cerraba el acceso de bienes comerciales, algo que hubiera dañado al comercio. Y también erró al afirmar que las aseguradoras habían eliminado los copagos de tratamiento a infectados por el virus.
Trump no quiere hacerse la prueba porque asegura que no tiene síntomas, a pesar de que el fin de semana pasada estuvo en su residencia de Mar-a-Lago en Florida con el equipo del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en el que hay al menos un infectado, el responsable de comunicaciones Fábio Wajngarten. Varios medios han afirmado este viernes que el propio Bolsonaro ha dado positivo pero su equipo lo ha negado tajantemente después.
Lo cierto es que Trump tomó medidas pronto y el 31 de enero impidió la entrada a EE.UU. de viajeros llegados de China, un veto ampliado luego a Irán, Corea del Sur, Italia y el resto del espacio Schengen. Pero desde un primer momento, el presidente norteamericano quiso demostrar optimismo, afirmó que la infección estaba bajo control y auguró que los casos irían descendiendo poco a poco. En un momento llegó a referirse a la crisis como «una farsa», aunque matizó después que se refería a la politización que los demócratas han hecho de ella.
En un país con una sanidad privada, las pruebas están siendo escasas, según denuncian pacientes y las autoridades de ciudades y estados afectados. De momento, de una población de 329 millones de personas, apenas 10.000 han sido sometidas a las pruebas. Unas 1.200 han dado positivo, y 36 han fallecido. Trump, que ha dado ya dos ruedas de prensa en la Casa Blanca para hablar del coronavirus, dijo en la última que «quien quiera que se le haga la prueba puede hacerlo».
Según admitió el director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, en una comparecencia en el Capitolio el jueves, «el sistema no está preparado para lo que se necesita en este momento. Y eso es un fracaso, hay que admitirlo». Según Fauci, «las cosas se van a poner peor».
El presidente ha cancelado sus actos de campaña, como han hecho sus dos principies rivales en las elecciones, los demócratas Bernie Sanders y Joe Biden. Durante sus conversaciones con los medios, Trump ha culpado de la falta de preparación y la carencia del material necesario para hacer las pruebas a recortes aprobados durante el Gobierno del demócrata Barack Obama (2009-2017), del que Biden era vicepresidente.
En EE.UU. comienzan a darse este viernes las prohibiciones que a Europa han ido llegando a lo lago de la semana: centros de mayores en aislamiento, clases canceladas, oficinas con personal de emergencia y un aumento del teletrabajo. En los supermercados de la capital, como en los de muchos otros puntos del país, desaparecen con rapidez el papel higiénico y alimentos básicos como la pasta o las legumbres. Hace semanas que escasean los desinfectantes de manos y el alcohol.
La organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua, originaria de Venezuela, ha logrado establecerse en al menos 16 estados de Estados Unidos mediante una combinación de alianzas con pandillas locales y tácticas de infiltración tecnológica, según informes de Fox News y otros medios estadounidenses.
Investigaciones revelan que el grupo opera en estados como Florida, Texas, Nueva York, Illinois y Colorado, y ha aprovechado comunidades migrantes para operar con menor visibilidad. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la presencia del Tren de Aragua representa un riesgo creciente para la seguridad interna.
Uno de los aspectos más alarmantes es su sofisticación tecnológica. Según Ali Hopper y Jarrod Sadulski, expertos en crimen organizado y miembros de GUARD Against Trafficking, la pandilla incorpora especialistas en tecnología de la información —algunos bajo coacción— para evadir la detección. Utilizan códigos visuales, secuencias de emojis e imágenes con símbolos ocultos para comunicarse sin ser detectados por los algoritmos de seguridad de plataformas digitales.
Además, el grupo ha establecido alianzas estratégicas con pandillas como los Bloods y los Crips, con las cuales comparte ingresos de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, trata de personas y asesinatos por encargo. Esta colaboración les permite conocer rutas de patrullaje, zonas con menor vigilancia y políticas judiciales locales.
A nivel internacional, el Tren de Aragua ha sido identificado en países como Perú, Chile y Colombia. En marzo de 2025, el Congreso peruano lo declaró organización terrorista. En Chile y Colombia, se le vincula con delitos como secuestro, homicidio, extorsión y explotación sexual.
Frente a su avance, el sistema judicial de EE. UU. ha comenzado a responder. En mayo de 2025, una jueza federal en Pensilvania autorizó la deportación de presuntos integrantes del grupo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. No obstante, tribunales en Texas y Colorado han bloqueado temporalmente estas medidas por presuntas violaciones al debido proceso.
De acuerdo con Insight Crime, el Tren de Aragua ha evolucionado desde su origen carcelario en Venezuela hasta convertirse en una red criminal transnacional, adaptando su estructura a cada país. Aunque la amenaza es real, analistas como los citados por The Guardian advierten que la falta de evidencia directa que vincule a sus miembros con la estructura central del grupo complica su persecución judicial en Estados Unidos.
La influencer mexicana Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada la tarde del martes dentro de su salón de belleza, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco, según confirmaron autoridades estatales.
La joven, conocida por compartir contenidos sobre belleza y estilo de vida en redes sociales, algunos con hasta 800,000 reproducciones, fue atacada a tiros alrededor de las 18:30 horas locales (00:30 GMT del miércoles) por un sujeto que ingresó al local y disparó directamente en su contra, informó la fiscalía estatal en un comunicado.
“La víctima es una persona con presencia activa e influencia en redes sociales”, destacó la institución, que añadió que el caso está siendo investigado bajo el protocolo de feminicidio.
Elementos de la policía municipal llegaron al establecimiento tras una llamada de emergencia y confirmaron el fallecimiento de Márquez en el lugar. Agentes del Ministerio Público permanecieron en la escena recabando pruebas y testimonios para esclarecer el crimen.
La violencia de género continúa siendo una grave preocupación en México. De acuerdo con ONU Mujeres, 7 de cada 10 mexicanas mayores de 15 años han sufrido algún tipo de agresión, y diariamente se registran en promedio 10 asesinatos de mujeres, sumando homicidios dolosos y feminicidios.
Las autoridades no han reportado hasta el momento detenidos por este hecho.
El asesinato de Luis Armando Córdova Díaz, exdiputado y exsecretario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco, se suma a una serie de ataques contra figuras políticas ocurridos recientemente en México, en medio del proceso electoral que culminará el 2 de junio.
Córdova, quien fue legislador entre 2012 y 2015, fue atacado en Zapopan, Jalisco, parte del área metropolitana de Guadalajara. Según informó la Fiscalía del Estado, ya se abrió una investigación para esclarecer el crimen. “Se revisan cámaras de videovigilancia, entrevistas y otros indicios para identificar a los agresores, quienes habrían huido a bordo de una motocicleta”, señaló la institución en un comunicado.
El PRI condenó el homicidio a través de la red social X, donde exigió justicia y alertó sobre la creciente inseguridad. “¡El pueblo no merece vivir con miedo!”, expresó el partido.
Jalisco, considerado bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos del país, es escenario frecuente de violencia, desapariciones y enfrentamientos armados. Zapopan, donde ocurrió el ataque, es además una de las sedes seleccionadas para el Mundial de Fútbol 2026 que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.
El homicidio de Córdova ocurre en un contexto de creciente violencia política en el país. El pasado lunes fue asesinado Esteban Alfonseca, exalcalde de Actopan, Veracruz. Un día antes, Yesenia Lara, candidata a la alcaldía de Texistepec por el partido oficialista Morena, resultó herida tras ser atacada a balazos mientras marchaba en caravana junto a simpatizantes.
Veracruz, donde se celebrarán elecciones locales el próximo 1 de junio para renovar 212 alcaldías, ha sido identificado como un territorio estratégico para el crimen organizado por su ubicación en la costa del Golfo de México.
De acuerdo con analistas, los asesinatos de candidatos y exfuncionarios suelen intensificarse en periodos electorales como una forma en que los grupos delictivos buscan controlar gobiernos locales y ejercer influencia sobre los procesos democráticos.
