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“Mi hijo no se disparó”: Fiscalía de Edomex habría aceptado “error” en versión sobre muerte accidental de Octavio Ocaña
La familia del actor Octavio Ocaña, quien murió hace más de un mes tras una persecución con policías de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, realizaron una conferencia de prensa este miércoles para presentar a sus nuevos abogados presentarse a sus nuevos abogados y anunciar los avances con la investigación del caso.
De acuerdo con la información obtenida, revelaron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) accedió a considerar que el informe oficial que ofrecieron tras sus primeras investigaciones cayó en un error.
Fue el pasado 1 de noviembre cuando la dependencia estatal publicó su primer informe, el cual señaló que “el conductor (Octavio Ocaña) presumiblemente accionó el arma de fuego que portaba en su mano derecha”. De ser desechada esta posibilidad, la nueva línea de investigación sería asesinato.
“Queda formalmente dicho que mi hijo no se disparó, faltan unas pruebitas nada más para poder confirmarlo, pero ya ellos saben, la fiscalía y nosotros, que mi hijo no se disparó, a mi hijo lo mataron”, afirmó Octavio Pérez, padre del joven que encarnó a “Benito Rivers” en la serie Vecinos.
La nueva defensa de la familia Ocaña estará a cargo de la Fundación Lex Pro Humanitas, liderada por el abogado Francisco Hernández, quien aseguró que el próximo lunes 13 de diciembre se presentarán ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para solicitarles atraer el caso con el objetivo de determinar la violación a los derechos humanos por parte de las autoridades mexiquenses.
Asimismo, señalaron que iniciarán una nueva estrategia legal basada en peritajes independientes. No otorgaron más detalles, pues mencionaron que los irán revelando conforme avance el proceso, aunque sí dieron a conocer las cuatro líneas más importantes.
La primera estaría basada en una prueba de rodizonato realizada en las manos de Ocaña y sus acompañantes, la cual salió negativa, por lo que se probó que ninguno detonó una arma a lo largo de ese trágico día.
Después aseguraron que los cuatro impactos de bala en la camioneta del histrión contradirían las declaraciones de los policías municipales, quienes mencionaron haber disparado sólo una vez al aire, nunca con dirección al vehículo.
También señalaron que la escena del crimen fue manipulada, pues, aunque ocurrió en una carretera Federal, el encargado de resguardar la escena fue un policía de tránsito municipal debido a que los peritos llegaron a la escena cinco horas después. Esta actividad sospechosa será aludida como una falta a los protocolos.
Finalmente destacaron que el casquillo de la bala que asesinó a Octavio Ocaña fue sustraído. Hasta el momento no ha sido ubicado, por lo que es una de las inconsistencias más evidentes del caso y podría provocar un giro de 180 grados.
Acerca de Nerea Godínez, prometida de Octavio que ha sufrido un sinfín de rumores, como la supuesta herencia y seguro de vida que cobró, la familia no dudó en respaldarla. “Son temas que no les competen, nosotros tenemos el honor de conocer a Nerea y la queremos mucho”, dijo Bertha Ocaña, hermana del actor.
Cabe recordar que durante los primeros días de diciembre se dio a conocer que la familia se deslindó de su primer cuerpo de abogados. Aunque en el momento no se otorgaron mayores detalles, el periodista Gustavo Adolfo Infante emitió una posible respuesta:
“Yo cuando oigo que cambiaron de abogados es porque algo no cuadró o algo no fue como ellos deseaban, es decir, que los abogados no trabajaron como la familia quería”, expresó.
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Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
