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“Mi hijo no se disparó”: Fiscalía de Edomex habría aceptado “error” en versión sobre muerte accidental de Octavio Ocaña
La familia del actor Octavio Ocaña, quien murió hace más de un mes tras una persecución con policías de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, realizaron una conferencia de prensa este miércoles para presentar a sus nuevos abogados presentarse a sus nuevos abogados y anunciar los avances con la investigación del caso.
De acuerdo con la información obtenida, revelaron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) accedió a considerar que el informe oficial que ofrecieron tras sus primeras investigaciones cayó en un error.
Fue el pasado 1 de noviembre cuando la dependencia estatal publicó su primer informe, el cual señaló que “el conductor (Octavio Ocaña) presumiblemente accionó el arma de fuego que portaba en su mano derecha”. De ser desechada esta posibilidad, la nueva línea de investigación sería asesinato.
“Queda formalmente dicho que mi hijo no se disparó, faltan unas pruebitas nada más para poder confirmarlo, pero ya ellos saben, la fiscalía y nosotros, que mi hijo no se disparó, a mi hijo lo mataron”, afirmó Octavio Pérez, padre del joven que encarnó a “Benito Rivers” en la serie Vecinos.
La nueva defensa de la familia Ocaña estará a cargo de la Fundación Lex Pro Humanitas, liderada por el abogado Francisco Hernández, quien aseguró que el próximo lunes 13 de diciembre se presentarán ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para solicitarles atraer el caso con el objetivo de determinar la violación a los derechos humanos por parte de las autoridades mexiquenses.
Asimismo, señalaron que iniciarán una nueva estrategia legal basada en peritajes independientes. No otorgaron más detalles, pues mencionaron que los irán revelando conforme avance el proceso, aunque sí dieron a conocer las cuatro líneas más importantes.
La primera estaría basada en una prueba de rodizonato realizada en las manos de Ocaña y sus acompañantes, la cual salió negativa, por lo que se probó que ninguno detonó una arma a lo largo de ese trágico día.
Después aseguraron que los cuatro impactos de bala en la camioneta del histrión contradirían las declaraciones de los policías municipales, quienes mencionaron haber disparado sólo una vez al aire, nunca con dirección al vehículo.
También señalaron que la escena del crimen fue manipulada, pues, aunque ocurrió en una carretera Federal, el encargado de resguardar la escena fue un policía de tránsito municipal debido a que los peritos llegaron a la escena cinco horas después. Esta actividad sospechosa será aludida como una falta a los protocolos.
Finalmente destacaron que el casquillo de la bala que asesinó a Octavio Ocaña fue sustraído. Hasta el momento no ha sido ubicado, por lo que es una de las inconsistencias más evidentes del caso y podría provocar un giro de 180 grados.
Acerca de Nerea Godínez, prometida de Octavio que ha sufrido un sinfín de rumores, como la supuesta herencia y seguro de vida que cobró, la familia no dudó en respaldarla. “Son temas que no les competen, nosotros tenemos el honor de conocer a Nerea y la queremos mucho”, dijo Bertha Ocaña, hermana del actor.
Cabe recordar que durante los primeros días de diciembre se dio a conocer que la familia se deslindó de su primer cuerpo de abogados. Aunque en el momento no se otorgaron mayores detalles, el periodista Gustavo Adolfo Infante emitió una posible respuesta:
“Yo cuando oigo que cambiaron de abogados es porque algo no cuadró o algo no fue como ellos deseaban, es decir, que los abogados no trabajaron como la familia quería”, expresó.
La depresión tropical Cristina continúa generando lluvias, vientos intensos y fuerte oleaje en varios países de Centroamérica, provocando inundaciones, derrumbes, afectaciones en viviendas, daños en infraestructura vial y diversas emergencias atendidas por organismos de protección civil.
En Guatemala, las lluvias asociadas al sistema provocaron inundaciones en viviendas de las comunidades María Linda, en Iztapa, Escuintla, y El Manantial, en San José, Escuintla. Personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres evaluó los daños y las necesidades de las familias afectadas. De acuerdo con datos oficiales, la temporada lluviosa de 2026 ha generado más de 280 emergencias en el país, entre ellas inundaciones, caída de árboles, fuertes vientos, deslizamientos, derrumbes, socavamientos y hundimientos.
Las autoridades guatemaltecas mantienen habilitados albergues temporales en Alta Verapaz y Santa Rosa para atender a las personas afectadas por las condiciones climáticas.
En Nicaragua, las precipitaciones continúan afectando principalmente a los departamentos de León y Chinandega. Comunidades costeras como Poneloya y Las Peñitas reportan inundaciones que han impactado viviendas, restaurantes, pequeños negocios y emprendimientos turísticos. Asimismo, las autoridades mantienen vigilancia sobre infraestructura vulnerable, incluido el puente La Máquina, en la comunidad La Gallina, donde se reportaron deslizamientos de tierra.
En el departamento de Chinandega, sectores turísticos como Paso Caballos y Jiquilillo registran calles anegadas, restricciones al tránsito vehicular y afectaciones económicas para comerciantes y emprendedores locales. Aunque Cristina se degradó a depresión tropical, organismos meteorológicos de la región advierten que sus remanentes continúan favoreciendo el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, manteniendo condiciones propicias para lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos.
Por su parte, en Honduras, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales reportó un derrumbe en la carretera que conduce al sur de Lempira, específicamente en la comunidad El Carrizal, municipio de Erandique, a la altura del sector conocido como La Clínica. Las autoridades recomendaron a los conductores transitar con extrema precaución debido a las condiciones del terreno.
Además, organismos de emergencia rescataron a una familia cuyo vehículo fue arrastrado por la corriente del río Juticalpa, en el departamento de Olancho. El incidente ocurrió cuando varias personas intentaron cruzar el afluente pese al aumento de su caudal provocado por las lluvias.
Las autoridades hondureñas mantienen alerta amarilla para la línea costera del golfo de Fonseca y para el municipio de Alianza, en Valle, debido al riesgo de oleaje elevado y al posible incremento del nivel del río Goascorán. También permanecen vigentes alertas verdes en varios departamentos ante la persistencia de las precipitaciones.
Las instituciones de protección civil de Honduras, Guatemala y Nicaragua reiteraron el llamado a la población para evitar cruzar ríos crecidos, mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones emitidas mientras continúen las condiciones adversas.
Un tribunal de la ciudad de Soissons, en el norte de Francia, condenó a Christophe Ellul, de 51 años, a cuatro años de prisión con suspensión de pena y ordenó el sacrificio de Curtis, un perro de raza american pitbull terrier.
La decisión judicial fue emitida pese a las peticiones de activistas defensores de los animales que solicitaron el indulto del can. Una de las iniciativas reunió más de 80,000 firmas y proponía que el animal fuera trasladado a un refugio.
El caso se remonta a noviembre de 2019, cuando Ellul encontró el cuerpo sin vida de su pareja, Elisa Pilarski, en un bosque situado en las afueras de la ciudad. Según la investigación, la mujer, de 29 años y embarazada de seis meses, presentaba alrededor de 50 mordeduras en su cuerpo mientras paseaba al perro.
De acuerdo con las autoridades, antes de fallecer, Pilarski llamó a Ellul para pedir ayuda mientras él se encontraba trabajando en un aeropuerto ubicado a unos 50 kilómetros de distancia.
Durante la investigación, Ellul sostuvo que su mascota no era agresiva y que los responsables del ataque podrían haber sido perros de caza presentes en la zona. Sin embargo, las pruebas de ADN determinaron que las mordeduras correspondían a Curtis.
El perro, que actualmente tiene ocho años y medio, ha permanecido en una perrera durante más de seis años desde que ocurrió el incidente. Las autoridades también señalaron que en Francia está prohibida la importación de pitbulls, considerados una raza peligrosa, y que el animal había sido llevado al país desde los Países Bajos.
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que un sistema de videovigilancia instalado en la Zona 18 de la capital era controlado por pandilleros recluidos en centros penitenciarios.
Ante esto, el director de la PNC guatemalteca, David Boteo, confirmó y especificó que las cámaras ubicadas en la vía pública y en algunas viviendas de la Zona 18 de la Ciudad de Guatemala eran monitoreadas por integrantes de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 desde prisión.
Según detalló el jefe policial, hasta el momento han sido desinstaladas e incautadas 168 cámaras de circuito cerrado durante distintos operativos. De acuerdo con las autoridades, los pandilleros utilizaban estos dispositivos para detectar la presencia de personas desconocidas o agentes policiales en diferentes sectores de la Zona 18, lo que les permitía anticiparse a posibles capturas. Además, indicó que los delincuentes contaban con puertas de fabricación gruesa para dificultar los procedimientos policiales y facilitar el desecho de droga en desagües.
Boteo explicó que el monitoreo de las cámaras se realizaba mediante aplicaciones instaladas en teléfonos inteligentes. Señaló que durante requisas en centros penitenciarios se han encontrado celulares con aplicaciones destinadas a controlar los sistemas de videovigilancia. Asimismo, indicó que no se descarta que las cámaras hayan sido adquiridas en establecimientos especializados en tecnología.
De acuerdo con las investigaciones, estas acciones tenían como objetivo mantener el control sobre determinadas colonias y barrios de la Zona 18. El director de la PNC añadió que las autoridades evalúan desarrollar operativos similares en otras zonas donde se han reportado casos de extorsión y narcomenudeo vinculados a pandillas.
La Policía de Guatemala informa periódicamente sobre este tipo de procedimientos a través de sus redes sociales como parte del Plan Centinela.
