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“Mi hijo no se disparó”: Fiscalía de Edomex habría aceptado “error” en versión sobre muerte accidental de Octavio Ocaña
La familia del actor Octavio Ocaña, quien murió hace más de un mes tras una persecución con policías de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, realizaron una conferencia de prensa este miércoles para presentar a sus nuevos abogados presentarse a sus nuevos abogados y anunciar los avances con la investigación del caso.
De acuerdo con la información obtenida, revelaron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) accedió a considerar que el informe oficial que ofrecieron tras sus primeras investigaciones cayó en un error.
Fue el pasado 1 de noviembre cuando la dependencia estatal publicó su primer informe, el cual señaló que “el conductor (Octavio Ocaña) presumiblemente accionó el arma de fuego que portaba en su mano derecha”. De ser desechada esta posibilidad, la nueva línea de investigación sería asesinato.
“Queda formalmente dicho que mi hijo no se disparó, faltan unas pruebitas nada más para poder confirmarlo, pero ya ellos saben, la fiscalía y nosotros, que mi hijo no se disparó, a mi hijo lo mataron”, afirmó Octavio Pérez, padre del joven que encarnó a “Benito Rivers” en la serie Vecinos.
La nueva defensa de la familia Ocaña estará a cargo de la Fundación Lex Pro Humanitas, liderada por el abogado Francisco Hernández, quien aseguró que el próximo lunes 13 de diciembre se presentarán ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para solicitarles atraer el caso con el objetivo de determinar la violación a los derechos humanos por parte de las autoridades mexiquenses.
Asimismo, señalaron que iniciarán una nueva estrategia legal basada en peritajes independientes. No otorgaron más detalles, pues mencionaron que los irán revelando conforme avance el proceso, aunque sí dieron a conocer las cuatro líneas más importantes.
La primera estaría basada en una prueba de rodizonato realizada en las manos de Ocaña y sus acompañantes, la cual salió negativa, por lo que se probó que ninguno detonó una arma a lo largo de ese trágico día.
Después aseguraron que los cuatro impactos de bala en la camioneta del histrión contradirían las declaraciones de los policías municipales, quienes mencionaron haber disparado sólo una vez al aire, nunca con dirección al vehículo.
También señalaron que la escena del crimen fue manipulada, pues, aunque ocurrió en una carretera Federal, el encargado de resguardar la escena fue un policía de tránsito municipal debido a que los peritos llegaron a la escena cinco horas después. Esta actividad sospechosa será aludida como una falta a los protocolos.
Finalmente destacaron que el casquillo de la bala que asesinó a Octavio Ocaña fue sustraído. Hasta el momento no ha sido ubicado, por lo que es una de las inconsistencias más evidentes del caso y podría provocar un giro de 180 grados.
Acerca de Nerea Godínez, prometida de Octavio que ha sufrido un sinfín de rumores, como la supuesta herencia y seguro de vida que cobró, la familia no dudó en respaldarla. “Son temas que no les competen, nosotros tenemos el honor de conocer a Nerea y la queremos mucho”, dijo Bertha Ocaña, hermana del actor.
Cabe recordar que durante los primeros días de diciembre se dio a conocer que la familia se deslindó de su primer cuerpo de abogados. Aunque en el momento no se otorgaron mayores detalles, el periodista Gustavo Adolfo Infante emitió una posible respuesta:
“Yo cuando oigo que cambiaron de abogados es porque algo no cuadró o algo no fue como ellos deseaban, es decir, que los abogados no trabajaron como la familia quería”, expresó.
Internacionales
Gobierno de El Salvador despliega atención integral y entrega ayuda humanitaria a familias afectadas en Cali
Esta tarde, la misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele avanzó en la preparación y armado de paquetes de primera necesidad en el centro logístico del albergue Unidad Deportiva Panamericana, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, para asistir a la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4.
Como parte de la agenda operativa en el terreno, la delegación salvadoreña se movilizó hacia el Refugio Coliseo de Hockey —ubicado dentro del mismo complejo— para ejecutar una jornada de asistencia integral a decenas de damnificados, entre ellos adultos y menores de edad. La intervención combinó apoyo sanitario, entrega de insumos esenciales y acompañamiento psicosocial.
Durante la actividad, el personal salvadoreño acondicionó un espacio recreativo adaptado para la niñez, donde se desarrollaron dinámicas grupales, juegos de integración, piñatas y la distribución de refrigerios, ofreciendo un entorno seguro de convivencia y contención emocional para los niños.
Posteriormente, el contingente realizó la entrega directa de los suministros, distribuyendo paquetes de alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y enseres domésticos, incluidos mosquiteros y extensiones eléctricas para mejorar las condiciones del refugio.
Para el desarrollo de esta jornada, un contingente multidisciplinario de cerca de una treintena de especialistas salvadoreños operó con el respaldo de unidades de transporte pesado y de pasajeros, garantizando el traslado de los insumos y el despliegue efectivo del personal en el área de emergencia.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
