Internacionales
Cárteles del huachicol los responsables de asesinar a mujeres mediante ejecuciones directas en México
En México, los feminicidios cercanos a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) son obras del crimen organizado, según refirió recientemente María Salguero creadora del Mapa de Feminicidio, quien advirtió que el modo en que operan los grupos criminales relacionados con el huachicol tiene un elemento identificador, y es que casi todo el tiempo son ejecuciones directas, pocas veces se da presencia de violencia o tortura.
Tan sólo en el área en la que imperan los grupos criminales pertenecientes al Cartel de Santa Rosa de Lima y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los cuales están enfrascados en el control de territorio, por la ordeña de hidrocarburos, se ha elevado la cantidad de feminicidios hasta un 90%, según relató Salguero en entrevista para Infobae México.
En las áreas que rondan los ductos de Pemex de Guanajuato además del huachicoleo, hay un alto índice de femincidios. En el 2017 se registraron 171 feminicidios y en el 2018 se contabilizaban «326 asesinadas», según informó Salguero.
No tenemos claro el papel de la mujer en el huachicoleo porque es difícil saberlo y no hay testimonios al respecto, pero sabes que se está peleando la plaza, se está peleando por el control de huachicol por extraer los ductos de Pemex, sabes que hay cárteles que están involucrados, los modus operandis, que llegan sicarios armados, las ejecutan o las levantan
Estos datos se ha elevado con respecto a otros territorios en los que anteriormente se registra una gran cantidad de asesinatos de mujeres como en Tijuana, en el estado de Baja California, donde hubo alrededor de 245 y a penas por debajo del Estado de México que registró 400 durante el 2018.
Estos feminicidios en la zona del huachicol presentan en su mayoría una característica en común, que los cuerpos encontrados están marcados con el sello del crimen organizado, y por dichas características se les puede considerar ya sea un ajuste de cuentas o bien la posible participación de las víctimas en los negocios de los cárteles.
Las encuentran con el sello del crimen organizado, es decir maniatadas, amordazadas, torturadas, con un narco mensaje, a veces llegan y las acribillan en la vía pública es decir que un comando armado la asesinó a balazos y manejan más la ejecución, casi no se hallan (cuerpos) con lesiones y con huellas de tortura
De acuerdo con estos análisis realizados por la geofísica, en los casos de mujeres asesinadas en Guanajuato en el 2018 más de la mitad se perpetraron con armas de fuego, mientras que solo en el 19.6% la víctima estuvo acompañada de un hombre cercano.
Dentro del análisis de asesinatos de mujeres en Guanajuato, Salguero encontró que durante tres de los enfrentamientos que tuvieron estos cárteles coincidieron con el repunte de homicidios de mujeres en la zona.
Señaló que el primero se dio el 17 de agosto cuando el Cártel de Santa Rosa de Lima retó al Cártel Jalisco Nueva Generación, posteriormente, el 26 de agosto las amenazas se dieron a la inversa, y el tercero el 7 de diciembre, cuando el cártel de Lima incursionó en Las Brujas, Salamanca, y retó al otro cártel.
Feminicidios con enfoque de violencia de Género
Como los decesos no presentan en su mayoría rasgos de violencia, no se ha declarado a Guanajuato como un estado con Alerta de Violencia de Género, pues dichos homicidios no están considerados como feminicidios.
Sin embargo, se presume que las víctimas podrían no estar vinculadas a las organizaciones criminales.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
