Internacionales
Administración Trump impondrá nuevas restricciones a estudiantes y periodistas extranjeros
El Gobierno del presidente Donald Trump impulsa una nueva regla para restringir la estancia de estudiantes y periodistas extranjeros a periodos máximos de dos o cuatro años, dependiendo de las condiciones escolares y laborales y de la evaluación que el Departamento de Seguridad Nacional ( DHS) realice sobre sus casos.
La autoridad informó que los extranjeros originarios de países que superen el 10% del vencimiento de visas se limitará su estancia a dos años.
“Los extranjeros de países asociados con altas tasas de visas vencidas (tasas superiores al 10% para estudiantes y visitantes de intercambio) se limitarán a un período fijo de estadía de hasta dos años para aumentar el control, disuadir las violaciones de inmigración e incentivar la salida oportuna”, indicó.
Según el reporte de vencimiento de visas de 2019, estudiantes y trabajadores de África, Medio Oriente y Asia Central son quienes más –en porcentaje– se quedan en EE.UU., pero no en número, ya que la mayoría de esos países tienen pocos visados, a diferencia de naciones europeas, China, India o América Latina.
El DHS dijo que su medida busca “fomentar el cumplimiento del programa, reducir el fraude y mejorar la seguridad nacional”, al establecer un periodo fijo de estancia y un nuevo proceso de extensión, lo cual impactará a los beneficiarios con visas F, J e I.
“Este esfuerzo crearía un período de tiempo fijo de admisión para ciertos extranjeros, consistente con la mayoría de las otras clasificaciones de visas temporales, al tiempo que les daría a estos extranjeros la oportunidad de extender legalmente su estadía o volver a solicitar la admisión cuando sea apropiado”, dijo el subsecretario en funciones Ken Cuccinelli.
Aseguró que de ese modo se evitará que los extranjeros “exploten” el sistema educativo de los Estados Unidos y hacerlos cumplir las leyes de inmigración.
No hay detalles de la regla, pero los llamados no-inmigrantes con visas F o J serían admitidos por un periodo hasta la fecha de finalización de su programa, que no deberá exceder los cuatro años.
Sin embargo, el DHS podría determinar que esa persona no está sujeta a la renovación, por lo que su estancia sería reducida.
La Administración Trump apuntó elementos adicionales para evaluar la renovación de las visas o incluso la posible suspensión:
- País de nacimiento o la ciudadanía de un extranjero, sobre todo si es de un país en la lista de patrocinadores estatales del terrorismo
- Si la escuela o el patrocinador de un programa es un participante de E-Verify en regla
- Para los no inmigrantes F, si una escuela está acreditada por una agencia reconocida por la Secretaría de Educación
El DHS aclara que los extranjeros con visas F o J que fueron admitidos para un periodo determinado su estado será extendido automáticamente hasta la finalización del programa, pero máximo cuatro años.
“El DHS ha propuesto inicialmente admitir a la mayoría de los no-inmigrantes (con visas) I durante un período de tiempo necesario para completar las actividades o asignaciones planificadas… que no exceda los 240 días con la oportunidad de extender su estadía por un máximo de 240 días según la duración de actividades relevantes”, indicó.
Las visas I corresponden a periodistas de medios extranjeros con la que actualmente se permite estancia hasta que termina el evento que cubren o su condición laboral.
La regla también reducirá el tiempo de preparación de salida de un extranjero con visa F, que será de 30 días, no de 60 días como es actualmente.
También se recopilarán los datos biométicos de los beneficiados con visas F, J e I que pretenden una extensión, además que en el caso de los periodistas se tomará en cuenta la definición de una organización de medios extranjeros consistente con la política del Departamento de Estado.
El Gobierno del presidente Trump justifica la medida al considerar que estos programas han crecido exponencialmente, pero apunta que sus requisitos básicos para obtener esas visas no se modificarán.
Según los reportes del DHS, los estudiantes extranjeros no son el grupo que, en número, más deja vencer sus visas para quedarse en EE.UU., ya que ese grupo es liderado por quienes viajan por negocios con 57,086 vencimientos; seguidos por originarios de Canadá y México con 56,384, mientras que estudiantes son 15,523.
Desde su prohibición migratoria por el coronavirus, el presidente Trump ha impuslado nuevas reglas, incluyendo una expansión en la recolección de biométricos, que incluirán la voz y ADN.
Internacionales
Narco, apagones, bajo crecimiento: Ecuador en problemas antes de nuevas presidenciales
La peor sequía en seis décadas tiene en jaque a las hidroeléctricas que cubren un 70 % de la demanda, el suministro de agua potable y la producción agrícola. La vida cotidiana es una pesadilla para muchos ecuatorianos.
«Lo que está viviendo el Ecuador es una crisis multidimensional que se expresa en términos económicos, eléctricos y políticos», dijo a la AFP Fernando Carrión, investigador político de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Quito.
La nación de 17 millones de habitantes dejó hace varios años de ser una isla de paz entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de coca. Convertida en centro internacional de operaciones del narcotráfico y el crimen organizado, la tasa de homicidios escaló de seis por cada 100.000 habitantes en 2018 al récord de 47 en 2023.
Noboa aplicó una política de mano dura y logró bajarla a 33, pero la sensación de inseguridad persiste. Y el fantasma de las masacres carcelarias regresó, con 17 muertos en el último choque.
El mandatario gobierna desde hace un año sin mayoría en el Congreso y distanciado de su vicepresidenta Verónica Abad, que fungía como embajadora en Israel y a quien el ministerio de Trabajo suspendió por cinco meses por el «abandono injustificado» de sus funciones.
Esa decisión le impedirá reemplazar a Noboa en enero cuando inicie su campaña por la reelección. Abad, que acusa a Noboa de «persecución», regresó a Ecuador el miércoles en «un acto de rebeldía».
«Hay desafíos por todo lado», manifestó el analista político y económico Alberto Acosta Burneo, del consultor Grupo Spurrier.
«Época frustrante»
La economía ecuatoriana, dolarizada y dependiente de la estancada producción petrolera, es otro eslabón en vilo. Antes de los apagones que llevan dos meses continuos, el país ya registraba una «fase muy baja de crecimiento», anotó Acosta Burneo.
Los cortes de luz empezaron en abril y arreciaron en septiembre ante la escasez de lluvias, asociada al cambio climático de acuerdo con la ministra encargada de Energía, Inés Manzano.
El gobierno prevé extenderlos al menos hasta diciembre, a un «costo muy grande» para el país, explicó Acosta Burneo.
Ecuador calculó con anticipación un crecimiento de 0,9% en 2024, contra 2,4% de 2023. El FMI pronosticó apenas 0,3%.
Los apagones dejan pérdidas por 1.440 millones de dólares (1% del PIB), según gremios empresariales que calculan en 12 millones de dólares el costo por cada hora sin luz.
«Es una época muy frustrante», reconoció Noboa, un empresario que se autodefine de centro-izquierda.
La aprobación de Noboa cayó de 85% en enero a 42% en octubre de acuerdo con Perfiles de Opinión. Su mandato de 18 meses termina en mayo de 2025, como reemplazo del derechista Guillermo Lasso (2021-2023).
Sin completar sus cuatro años de mandato, Lasso disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas para evitar un juicio político que buscaba su destitución.
La más reciente encuesta de la empresa Comunicaliza señala que el mandatario ha caído al menos seis puntos en la intención de voto. Aunque sigue en el primer lugar con 27,5%, seguido de la izquierdista Luisa González (26,7%).
«Estas distintas crisis le están golpeando (a Noboa) y probablemente la que más le golpea (…) es la crisis de la energía», aseguró Carrión.
Popularidad golpeada
Tras una arremetida del narco en enero, el gobernante respondió con duras políticas contra una veintena de organizaciones vinculadas a cárteles internacionales.
Declaró al país en conflicto armado interno, desplegó militares en las calles y las cárceles, dio los estatus de «terroristas» y «beligerantes» a las bandas para enfrentarlas sin tregua.
Su estrategia disminuyó los homicidios y aumentó el decomiso de droga a 262 toneladas en lo que va del año, frente a las 219 toneladas de 2023.
Sin embargo, la población «tiene una percepción de inseguridad muy alta, lo cual hace que el presidente pierda apoyos», señaló Carrión.
Noboa admitió que la crisis eléctrica «sí ha afectado» su popularidad.
Los secuestros y extorsiones también desangran al país. «Todo eso hace mella en la legitimidad del presidente y sus aspiraciones» de reelección, consideró Carrión. Bajo el fantasma del magnicidio, algunos candidatos presidenciales denuncian amenazas.
Más de 30 políticos han sido asesinados desde el año pasado, entre ellos el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio (centro), baleado al salir de un mitin en Quito en vísperas de la primera vuelta del 9 de agosto de 2023.
Internacionales
«Artefacto explosivo» estalla cerca de la sede de la autoridad carcelaria de Colombia
La Policía Metropolitana de Bogotá y el departamento local de bomberos «atienden la activación de un artefacto explosivo en inmediaciones del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario)», escribió el miércoles en la red social X el alcalde Carlos Fernando Galán, pasadas las 21H00 locales (02H00 GMT).
«No hay personas heridas y los daños materiales son menores», agregó.
El general José Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró más tarde a medios que el estallido se debió al «lanzamiento de un artefacto explosivo improvisado en una bolsa».
Técnicos de la institución analizan el material explosivo para determinar su composición, agregó Gualdrón.
Medios locales transmitieron imágenes captadas por una cámara de seguridad en las que se observa a un hombre manipulando un paquete y posteriormente abandonándolo a metros de las instalaciones del INPEC, a las 20H21 locales (01H21 GMT).
En los últimos meses, los ataques armados contra funcionarios penitenciarios en Colombia se han recrudecido.
«Llevamos, desafortunadamente, 22 atentados y 11 funcionarios muertos en el año 2024 (…) Hoy en día los funcionarios penitenciarios del INPEC no están siendo ajenos a los ataques del crimen organizado», aseguró el coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC, en una rueda de prensa la tarde del miércoles convocada tras el asesinato a un vigilante de la cárcel bogotana de La Picota.
Según Gutiérrez, los ataques se deben a que la autoridad carcelaria lleva a cabo «un trabajo fundamental conteniendo el delito desde las cárceles».
Expertos aseguran que varias organizaciones criminales manejan negocios ilegales como la extorsión desde el interior de las cárceles colombianas.
«¿Alguna duda de que el INPEC y sus trabajadores estamos siendo víctimas del conflicto armado y objetivo militar de los grupos al margen de la ley?», reaccionó el miércoles desde su cuenta de X Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios.
En mayo, el coronel retirado Elmer Fernández, director de la prisión de La Modelo, una de las principales de Colombia, fue asesinado a tiros luego de recibir varias amenazas de muerte.
Colombia, principal productor de cocaína del mundo, está no obstante lejos de la violencia de su vecino Ecuador, donde las cárceles son epicentro de masacres y tiroteos.
En las prisiones ecuatorianas, destino de buena parte de la droga que se produce en el lado colombiano de la frontera, reos han retenido a guardias durante días.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el martes una vacuna contra la mpox de la farmacéutica japonesa KM Bilogics, la segunda en obtener la luz verde de la agencia de la ONU.
La OMS explicó que permitirá el uso de emergencia del inmunizante LC16m8 para «facilitar un mayor y rápido acceso a las vacunas en las comunidades donde se expanden los brotes de mpox».
Esta licencia allana el camino para que las autoridades estatales aprueben e importen rápidamente el fármaco para su distribución.
Esto «marca un paso significativo en nuestra respuesta a la emergencia actual, aportando una nueva opción para proteger a todas las poblaciones, incluidos los niños», dijo Yukiko Nakatani, subdirectora general de la OMS de acceso a medicamentos y productos de salud.
La agencia de la ONU declaró en agosto una emergencia de salud pública de importancia internacional por la mpox tras el aumento de casos del Clado 1b en República Democrática del Congo (RDC), que se extendió a otros países.
Esta y otras cepas de este virus se han detectado en 80 países en lo que va de año, según la OMS.
República Democrática del Congo es de largo el más afectado y donde se han registrado la mayoría de 39.000 casos sospechosos y casi mil muertos.
La OMS subrayó que el anuncio del martes es particularmente importante porque el gobierno japonés se comprometió a donar 3,05 millones de dosis de esta vacuna a RDC.
«Es el mayor paquete de donación anunciado hasta la fecha para la actual emergencia de mpox», afirmó.
Sin embargo, la agencia advirtió que la vacuna no debe usarse durante el embarazo o en personas inmunocomprometidas.
El mpox, antes conocido como viruela del mono, fue detectado por primera vez en humanos en 1970 en la actual RDC (ex Zaire).
Es una enfermedad viral que se transmite del animal al humano, así como por por contacto físico estrecho con una persona infectada por el virus.
Provoca fiebre, dolores musculares y lesiones cutáneas y en algunos casos puede ser mortal.
