Internacionales
Administración Trump impondrá nuevas restricciones a estudiantes y periodistas extranjeros
El Gobierno del presidente Donald Trump impulsa una nueva regla para restringir la estancia de estudiantes y periodistas extranjeros a periodos máximos de dos o cuatro años, dependiendo de las condiciones escolares y laborales y de la evaluación que el Departamento de Seguridad Nacional ( DHS) realice sobre sus casos.
La autoridad informó que los extranjeros originarios de países que superen el 10% del vencimiento de visas se limitará su estancia a dos años.
“Los extranjeros de países asociados con altas tasas de visas vencidas (tasas superiores al 10% para estudiantes y visitantes de intercambio) se limitarán a un período fijo de estadía de hasta dos años para aumentar el control, disuadir las violaciones de inmigración e incentivar la salida oportuna”, indicó.
Según el reporte de vencimiento de visas de 2019, estudiantes y trabajadores de África, Medio Oriente y Asia Central son quienes más –en porcentaje– se quedan en EE.UU., pero no en número, ya que la mayoría de esos países tienen pocos visados, a diferencia de naciones europeas, China, India o América Latina.
El DHS dijo que su medida busca “fomentar el cumplimiento del programa, reducir el fraude y mejorar la seguridad nacional”, al establecer un periodo fijo de estancia y un nuevo proceso de extensión, lo cual impactará a los beneficiarios con visas F, J e I.
“Este esfuerzo crearía un período de tiempo fijo de admisión para ciertos extranjeros, consistente con la mayoría de las otras clasificaciones de visas temporales, al tiempo que les daría a estos extranjeros la oportunidad de extender legalmente su estadía o volver a solicitar la admisión cuando sea apropiado”, dijo el subsecretario en funciones Ken Cuccinelli.
Aseguró que de ese modo se evitará que los extranjeros “exploten” el sistema educativo de los Estados Unidos y hacerlos cumplir las leyes de inmigración.
No hay detalles de la regla, pero los llamados no-inmigrantes con visas F o J serían admitidos por un periodo hasta la fecha de finalización de su programa, que no deberá exceder los cuatro años.
Sin embargo, el DHS podría determinar que esa persona no está sujeta a la renovación, por lo que su estancia sería reducida.
La Administración Trump apuntó elementos adicionales para evaluar la renovación de las visas o incluso la posible suspensión:
- País de nacimiento o la ciudadanía de un extranjero, sobre todo si es de un país en la lista de patrocinadores estatales del terrorismo
- Si la escuela o el patrocinador de un programa es un participante de E-Verify en regla
- Para los no inmigrantes F, si una escuela está acreditada por una agencia reconocida por la Secretaría de Educación
El DHS aclara que los extranjeros con visas F o J que fueron admitidos para un periodo determinado su estado será extendido automáticamente hasta la finalización del programa, pero máximo cuatro años.
“El DHS ha propuesto inicialmente admitir a la mayoría de los no-inmigrantes (con visas) I durante un período de tiempo necesario para completar las actividades o asignaciones planificadas… que no exceda los 240 días con la oportunidad de extender su estadía por un máximo de 240 días según la duración de actividades relevantes”, indicó.
Las visas I corresponden a periodistas de medios extranjeros con la que actualmente se permite estancia hasta que termina el evento que cubren o su condición laboral.
La regla también reducirá el tiempo de preparación de salida de un extranjero con visa F, que será de 30 días, no de 60 días como es actualmente.
También se recopilarán los datos biométicos de los beneficiados con visas F, J e I que pretenden una extensión, además que en el caso de los periodistas se tomará en cuenta la definición de una organización de medios extranjeros consistente con la política del Departamento de Estado.
El Gobierno del presidente Trump justifica la medida al considerar que estos programas han crecido exponencialmente, pero apunta que sus requisitos básicos para obtener esas visas no se modificarán.
Según los reportes del DHS, los estudiantes extranjeros no son el grupo que, en número, más deja vencer sus visas para quedarse en EE.UU., ya que ese grupo es liderado por quienes viajan por negocios con 57,086 vencimientos; seguidos por originarios de Canadá y México con 56,384, mientras que estudiantes son 15,523.
Desde su prohibición migratoria por el coronavirus, el presidente Trump ha impuslado nuevas reglas, incluyendo una expansión en la recolección de biométricos, que incluirán la voz y ADN.
Dos ciudadanos salvadoreños con antecedentes penales fueron arrestados recientemente en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), como parte de los operativos que la administración Trump mantiene para retirar de las calles a inmigrantes ilegales con historial violento.
En Dallas, fue detenido Edwin Sagastizado Morán, de 32 años, quien enfrenta condenas previas por robo en Houston, Texas, además de dos delitos graves por reingreso ilegal al país. Mientras tanto, en Houston, se reportó el arresto de Roberto Antonio Caballero García, de 30 años, quien posee una condena por intento de agresión sexuaI contra un menor y otra por escape durante su detención en el condado de Dallas.
El gobierno estadounidense ha señalado que, mientras algunos sectores políticos abogan por la permanencia de inmigrantes con antecedentes delictivos, se mantienen firmes en sus acciones de seguridad para proteger a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de la ley.
Nicaragua se halla bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas de 2018 contra el mandatario Daniel Ortega, en el poder desde 2007.
Washington considera fraudulenta su reelección en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad.
«Al conmemorar siete años de la brutal ola de represión del régimen de Ortega y (de la copresidenta Rosario) Murillo contra los manifestantes, reflexionamos sobre el coraje y el deseo de los manifestantes de vivir en una Nicaragua libre de tiranía», afirma el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, en un comunicado.
«Estados Unidos no tolerará que Ortega y Murillo continúen atacando a Nicaragua», añade.
El secretario de Estado anuncia «restricciones de visa a más de 250 funcionarios del régimen de la dictadura nicaragüense», con lo que ya son más de 2.000 los sancionados durante los últimos años por Washington.
A inicios de abril, expertos de la ONU identificaron por primera vez a 54 funcionarios, militares, policías, magistrados y diputados de Nicaragua como responsables de graves «crímenes» de derechos humanos y «represión sistemática».
Esa lista la encabezan Ortega, Murillo, el jefe del Ejército, Julio César Avilés; de la Policía, Francisco Díaz; y líderes del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, fiscalía, alcaldías y del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, exguerrilla).
Además el gobierno del presidente republicano Donald Trump acusa a Managua de hacer negocio con la migración.
«La administración Trump no tolerará amenazas a la seguridad de Estados Unidos por parte de un régimen que utiliza la inmigración como arma y posiciona a Nicaragua como un centro para los inmigrantes ilegales que intentan cruzar nuestra frontera», advierte Rubio en la red social X.
Los migrantes atraviesan cada vez más la región utilizando Managua como punto de desembarque para continuar el viaje hacia el norte por tierra.
En 2024, durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden, Washington emitió una alerta para notificar a las aerolíneas, operadores de vuelos chárter, agentes de viajes y proveedores de servicios sobre las formas en que las redes de tráfico de migrantes explotan los servicios de transporte para facilitar la migración irregular.
Dos empresas del sector del oro afiliadas al gobierno nicaragüense, COMINTSA y Capital Mining, se hallan asimismo bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Washington anunció este jueves nuevas tarifas portuarias sobre buques construidos y operados por China que atraquen en puertos estadounidenses, en una apuesta por impulsar la industria naval nacional y frenar el dominio del gigante asiático en el sector.
La medida, que se deriva de una investigación iniciada bajo el gobierno anterior de Joe Biden, se conoce cuando Estados Unidos y China están enzarzados en plena guerra comercial por los aranceles del presidente Donald Trump a las importaciones.
«Los buques y el transporte marítimo son vitales para la seguridad económica estadounidense y la libre circulación del comercio», declaró el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado.
Según el funcionario, la mayoría de las tasas entrarán en vigor a mediados de octubre.
Bajo las nuevas reglas, se aplicarán tarifas por tonelada o por contenedor, y se cobrarán por cada visita a Estados Unidos, no por cada puerto en el que los buques atraquen.
Se impondrán hasta un máximo de cinco veces al año y los propietarios podrán verse eximidos si hacen un pedido de un buque construido en Estados Unidos.
La industria naviera estadounidense, dominante después de la Segunda Guerra Mundial, ha decaído gradualmente y ahora representa solo el 0,1% de la producción mundial.
Asia domina el sector en la actualidad, con China responsable por la construcción de casi la mitad de los barcos que son lanzados, por delante de Corea del Sur y Japón.
Los tres países asiáticos representan más del 95% de la construcción naval civil, según cifras de la ONU.
Las nuevas tarifas estadounidenses serán «perjudiciales para todos», reaccionó este viernes Lin Jian, un portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores.
Según el vocero, las tasas «hacen que suban los costes del transporte marítimo a escala mundial» y «acentúan la presión inflacionista en Estados Unidos», pero «no permitirán reimpulsar la industria naval estadounidense».
«Revertir el dominio chino»
Según la decisión estadounidense, habrá tarifas distintas para los buques operados por chinos y para aquellos construidos en China, y ambas aumentarán gradualmente en los años siguientes.
Para los barcos ensamblados en China, la tarifa empieza en 18 dólares por tonelada neta o 120 dólares por contenedor. Esto significa que un buque con 15.000 contenedores podría tener que pagar una tarifa de hasta 1,8 millones de dólares.
Además, todos los buques de transporte de automóviles que no hayan sido fabricados en Estados Unidos también tendrán que pagar una tasa que comenzará a aplicarse dentro de 180 días.
El anuncio introduce también nuevos recargos para los barcos de transporte de gas natural licuado, aunque no entrarán en vigor hasta dentro de tres años.
Una hoja informativa que acompaña al anuncio dice que las tasas no cubrirán «el transporte marítimo en los Grandes Lagos o el Caribe, el transporte marítimo hacia y desde los territorios de Estados Unidos, o las exportaciones de productos básicos en buques que llegan vacíos a Estados Unidos».
«Las acciones de la administración Trump comenzarán a revertir el dominio chino, abordarán las amenazas a la cadena de suministro de Estados Unidos y enviarán una señal de demanda para los buques construidos» en el país, aseguró Greer.
