Judicial
Aprueban nueva extensión del régimen de excepción
El régimen de excepción ha permitido a los salvadoreños gozar de paz y libertad desde su implementación, en marzo de 2022. Por esta razón, por décima novena ocasión, la Asamblea Legislativa avaló la extensión de la medida otros 30 días.
Al aprobar con 67 votos la solicitud presentada por el Órgano Legislativo, los parlamentarios demostraron el compromiso que tienen de apoyar todos los esfuerzos que permitan garantizar la seguridad de la población.
La diputada de Nuevas Ideas, Elisa Rosales, recordó que con el régimen de excepción se están combatiendo a las pandillas y los resultados positivos han transformado a El Salvador en el país más seguro de América Latina.
“Hemos devuelto al Estado su papel fundamental para resguardar la seguridad de la población. Esta es una medida que complementa el Plan Control Territorial, a partir de una decisión valiente que buscó dar respuesta frontal a un problema que históricamente aturdió a las comunidades en nuestro país”, expresó la legisladora.
Los parlamentarios recalcaron que, ahora, los ciudadanos pueden movilizarse de una colonia a otra sin miedo a ser asesinados por residir en zonas que se disputaban las pandillas. Además, pueden recorrer espacios públicos sin temor a ser víctimas de la delincuencia.
“La gente quiere que los delincuentes paguen sus condenas y que cualquiera que cometa delito sea llevado ante las autoridades. El salvador está siendo replicado como un país referente a nivel mundial”, afirmó la parlamentaria Alexia Rivas.
Su colega Christian Guevara, por su parte, resaltó que los resultados positivos del régimen también han alcanzado a los salvadoreños en el extranjero. Él destacó datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que indican que más del 60 % de compatriotas quieren retornar al país.
“El régimen es importante para los salvadoreños que vivimos acá pero también es importante para los salvadoreños que salieron huyendo durante la guerra o por la guerra contra las pandillas. Nadie puede negar que las maras eran el cáncer que estaba consumiendo a El Salvador”, aseguró el parlamentario.
Desde la implementación del régimen de excepción, las autoridades han registrado la captura de más de 73,000 mil personas con vínculos delincuenciales, de esta cifra 1,100 son cabecillas de pandillas.
Asimismo, se han incautado más de 3,000 armas, alrededor de 16 mil celulares, más de 4 mil vehículos, $3 millones en efectivo, más de 12 toneladas de drogas.
De acuerdo a las autoridades del Gabinete de Seguridad, la tasa de impunidad relacionada a los asesinatos, antes de la implementación de la medida, era del 97 %; actualmente, hay una efectividad de más del 90 %.
Como parte de las políticas de seguridad del Presidente Nayib Bukele, la Policía Nacional Civil (PNC) en conjunto con la Fuerza Armada implementan cercos de seguridad en las urbanizaciones Popotlán y Valle Verde; en Apopa y La Campanera; en Soyapango. El objetivo es cumplir con la fase “Extracción” del Plan Control Territorial, que consiste en arrestar a los pandilleros que aún están en libertad.
Este miércoles, a través de las redes sociales, el mandatario informó el despliegue de 3,500 soldados y 500 policías en estas zonas. Los agentes policiales verifican la legalidad de viviendas en las urbanizaciones del municipio de Apopa para descartar que estén usurpadas, ya que esta era una práctica que era común entre los grupos criminales.
Además, realizan controles vehiculares para evitar que cualquier persona con vínculos a pandillas huya.
La diputada Rivas recordó que en estas zonas murieron cientos de personas y que se derramó mucha sangre debido a los crímenes cometidos por las estructuras criminales.
“En cada cerco militar implementado se ha devuelto la confianza a cada salvadoreño, la confianza en sus autoridades y la confianza en un Gobierno que se preocupa por la gente buena”, afirmó Rivas.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
La Fiscalía General de la República presentó este viernes la solicitud de imposición de medidas en contra de 5 personas capturadas durante el cerco de seguridad de San Marcos, tras acusarlos de ser miembros de la MS.
Los sospechosos serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas y han sido identificados como German Ismael Salazar Rodríguez, Marvin Daniel Mejía Fuentes, Jorge Luis Ramírez Merino, William Ernesto Ortiz Ramos y Óscar Aparicio Martínez Ventura.
«Todos pertenecen a las clicas San Marcos locos salvatruchos, San tomas locos salvatruchos y Octubres liros locos salvatruchos», aseguró la FGR.
La solicitud se presentó ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
La madrugada del lunes 28 de octubre, el presidente Nayib Bukele ordenó el despliegue de 2,000 soldados y 500 policías en la colonia 10 de Octubre, luego que la ciudadanía asegurara haber detectado a un grupo de presuntos pandilleros en el lugar.
«Inteligencia policial ha determinado que en la colonia 10 de Octubre, en San Marcos, San Salvador Sur, se encuentra un grupo de pandilleros escondidos», escribió Bukele en su cuenta de X. Según el mandatario, con este despliegue buscan «extraer hasta el último pandillero que se encuentre en el área».
Bukele acompañó su publicación con un video de la formación de los militares y policías en el cuartel El Zapote, en San Salvador, y posteriormente el despliegue de las fuerzas de seguridad en las calles.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo por su parte: «vamos a seguir capturando a estos remanentes terroristas, con contundencia vamos a demostrarles que en este país el control del territorio le pertenece al Estado y a los salvadoreños de bien».
En cuanto al ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, señaló: «Estamos estableciendo un cerco militar junto con la Policía Nacional Civil, la metodología es sabida, cercamos el lugar, y luego junto con la policía se extrae del sitio cercado aquellos delincuentes, de los cuales ya tenemos los archivos, los perfiles de ellos, que son los que se pueden encontrar en estos sectores», dijo.
