Judicial
Aprueban nueva extensión del régimen de excepción
El régimen de excepción ha permitido a los salvadoreños gozar de paz y libertad desde su implementación, en marzo de 2022. Por esta razón, por décima novena ocasión, la Asamblea Legislativa avaló la extensión de la medida otros 30 días.
Al aprobar con 67 votos la solicitud presentada por el Órgano Legislativo, los parlamentarios demostraron el compromiso que tienen de apoyar todos los esfuerzos que permitan garantizar la seguridad de la población.
La diputada de Nuevas Ideas, Elisa Rosales, recordó que con el régimen de excepción se están combatiendo a las pandillas y los resultados positivos han transformado a El Salvador en el país más seguro de América Latina.
“Hemos devuelto al Estado su papel fundamental para resguardar la seguridad de la población. Esta es una medida que complementa el Plan Control Territorial, a partir de una decisión valiente que buscó dar respuesta frontal a un problema que históricamente aturdió a las comunidades en nuestro país”, expresó la legisladora.
Los parlamentarios recalcaron que, ahora, los ciudadanos pueden movilizarse de una colonia a otra sin miedo a ser asesinados por residir en zonas que se disputaban las pandillas. Además, pueden recorrer espacios públicos sin temor a ser víctimas de la delincuencia.
“La gente quiere que los delincuentes paguen sus condenas y que cualquiera que cometa delito sea llevado ante las autoridades. El salvador está siendo replicado como un país referente a nivel mundial”, afirmó la parlamentaria Alexia Rivas.
Su colega Christian Guevara, por su parte, resaltó que los resultados positivos del régimen también han alcanzado a los salvadoreños en el extranjero. Él destacó datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que indican que más del 60 % de compatriotas quieren retornar al país.
“El régimen es importante para los salvadoreños que vivimos acá pero también es importante para los salvadoreños que salieron huyendo durante la guerra o por la guerra contra las pandillas. Nadie puede negar que las maras eran el cáncer que estaba consumiendo a El Salvador”, aseguró el parlamentario.
Desde la implementación del régimen de excepción, las autoridades han registrado la captura de más de 73,000 mil personas con vínculos delincuenciales, de esta cifra 1,100 son cabecillas de pandillas.
Asimismo, se han incautado más de 3,000 armas, alrededor de 16 mil celulares, más de 4 mil vehículos, $3 millones en efectivo, más de 12 toneladas de drogas.
De acuerdo a las autoridades del Gabinete de Seguridad, la tasa de impunidad relacionada a los asesinatos, antes de la implementación de la medida, era del 97 %; actualmente, hay una efectividad de más del 90 %.
Como parte de las políticas de seguridad del Presidente Nayib Bukele, la Policía Nacional Civil (PNC) en conjunto con la Fuerza Armada implementan cercos de seguridad en las urbanizaciones Popotlán y Valle Verde; en Apopa y La Campanera; en Soyapango. El objetivo es cumplir con la fase “Extracción” del Plan Control Territorial, que consiste en arrestar a los pandilleros que aún están en libertad.
Este miércoles, a través de las redes sociales, el mandatario informó el despliegue de 3,500 soldados y 500 policías en estas zonas. Los agentes policiales verifican la legalidad de viviendas en las urbanizaciones del municipio de Apopa para descartar que estén usurpadas, ya que esta era una práctica que era común entre los grupos criminales.
Además, realizan controles vehiculares para evitar que cualquier persona con vínculos a pandillas huya.
La diputada Rivas recordó que en estas zonas murieron cientos de personas y que se derramó mucha sangre debido a los crímenes cometidos por las estructuras criminales.
“En cada cerco militar implementado se ha devuelto la confianza a cada salvadoreño, la confianza en sus autoridades y la confianza en un Gobierno que se preocupa por la gente buena”, afirmó Rivas.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Judicial
Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
Judicial
15 años de cárcel para dos extorsionistas
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).


