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Judicial

Aprueban nueva extensión del régimen de excepción

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El régimen de excepción ha permitido a los salvadoreños gozar de paz y libertad desde su implementación, en marzo de 2022. Por esta razón, por décima novena ocasión, la Asamblea Legislativa avaló la extensión de la medida otros 30 días.  


Al aprobar con 67 votos la solicitud presentada por el Órgano Legislativo, los parlamentarios demostraron el compromiso que tienen de apoyar todos los esfuerzos que permitan garantizar la seguridad de la población.  

La diputada de Nuevas Ideas, Elisa Rosales, recordó que con el régimen de excepción se están combatiendo a las pandillas y los resultados positivos han transformado a El Salvador en el país más seguro de América Latina. 

“Hemos devuelto al Estado su papel fundamental para resguardar la seguridad de la población. Esta es una medida que complementa el Plan Control Territorial, a partir de una decisión valiente que buscó dar respuesta frontal a un problema que históricamente aturdió a las comunidades en nuestro país”, expresó la legisladora.

Los parlamentarios recalcaron que, ahora, los ciudadanos pueden movilizarse de una colonia a otra sin miedo a ser asesinados por residir en zonas que se disputaban las pandillas. Además, pueden recorrer espacios públicos sin temor a ser víctimas de la delincuencia. 

“La gente quiere que los delincuentes paguen sus condenas y que cualquiera que cometa delito sea llevado ante las autoridades. El salvador está siendo replicado como un país referente a nivel mundial”, afirmó la parlamentaria Alexia Rivas. 

Su colega Christian Guevara, por su parte, resaltó que los resultados positivos del régimen también han alcanzado a los salvadoreños en el extranjero. Él destacó datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que indican que más del 60 % de compatriotas quieren retornar al país. 

“El régimen es importante para los salvadoreños que vivimos acá pero también es importante para los salvadoreños que salieron huyendo durante la guerra o por la guerra contra las pandillas. Nadie puede negar que las maras eran el cáncer que estaba consumiendo a El Salvador”, aseguró el parlamentario.  

Desde la implementación del régimen de excepción, las autoridades han registrado la captura de más de 73,000 mil personas con vínculos delincuenciales, de esta cifra 1,100 son cabecillas de pandillas. 

Asimismo, se han incautado más de 3,000 armas, alrededor de 16 mil celulares, más de 4 mil vehículos, $3 millones en efectivo, más de 12 toneladas de drogas. 

De acuerdo a las autoridades del Gabinete de Seguridad, la tasa de impunidad relacionada a los asesinatos, antes de la implementación de la medida, era del 97 %; actualmente, hay una efectividad de más del 90 %.

Como parte de las políticas de seguridad del Presidente Nayib Bukele, la Policía Nacional Civil (PNC) en conjunto con la Fuerza Armada implementan cercos de seguridad en las urbanizaciones Popotlán y Valle Verde; en Apopa y La Campanera; en Soyapango. El objetivo es cumplir con la fase “Extracción” del Plan Control Territorial, que consiste en arrestar a los pandilleros que aún están en libertad. 

Este miércoles, a través de las redes sociales, el mandatario informó el despliegue de 3,500 soldados y 500 policías en estas zonas. Los agentes policiales verifican la legalidad de viviendas en las urbanizaciones del municipio de Apopa para descartar que estén usurpadas, ya que esta era una práctica que era común entre los grupos criminales. 

Además, realizan controles vehiculares para evitar que cualquier persona con vínculos a pandillas huya. 
La diputada Rivas recordó que en estas zonas murieron cientos de personas y que se derramó mucha sangre debido a los crímenes cometidos por las estructuras criminales. 

“En cada cerco militar implementado se ha devuelto la confianza a cada salvadoreño, la confianza en sus autoridades y la confianza en un Gobierno que se preocupa por la gente buena”, afirmó Rivas.

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Exsecretario privado de Funes y su esposa condenados a devolver $3.87 millones por enriquecimiento ilícito

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La Fiscalía General de la Republica (FGR) logró que el exfuncionario Francisco José Cáceres Zaldaña y su esposa, Reyna Guadalupe Flores de Cáceres sean declarados culpables de enriquecimiento ilícito y deberán restituir al Estado $3,872,095.46 dólares.

Como parte de la condena civil, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla resolvió que Francisco Cáceres deberá devolver $3,539,407.87 dólares, asimismo, lo inhabilitó por 10 años para ejercer cualquier cargo público.

En cuanto a su esposa, Reina Guadalupe Flores de Cáceres debe reintegrar US$332,687.59.

Cáceres fue secretario privado de la presidencia, durante la gestión de Mauricio Funes, entre el 1 de junio 2009 al 31 de mayo del 2014.
La condena civil ha sido impuesta por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.

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Abusadores de menor reciben 32 y 20 años de cárcel; madre permitió los ataques

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La Fiscalía General de la Republica (FGR) hizo justicia a favor de una menor logrando que Nelson Salmerón Rosales sea condenado a 32 años de prisión y Jaqueline Felicita Navarro Cruz a 20 años de cárcel.

Los abusos ocurrieron desde que la menor tenía 6 años hasta los 11. Salmerón se aprovechó de la confianza que tenía con la mamá de ella para agredirla sexualmente. La menor le contó a su madre, pero ella permitió que eso ocurriera y nunca hizo nada para evitarlo.

A raíz de la situación, la víctima tuvo cambios en su comportamiento, las autoridades del centro educativo lo notaron y ella les contó lo que sucedía. Los profesores alertaron a un familiar de la niña e inmediatamente interpusieron la denuncia.

Las condenas han sido impuestas por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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Continúa juicio contra Muyshondt y otros exfuncionarios

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Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.

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