Judicial
Aprueban nueva extensión del régimen de excepción
El régimen de excepción ha permitido a los salvadoreños gozar de paz y libertad desde su implementación, en marzo de 2022. Por esta razón, por décima novena ocasión, la Asamblea Legislativa avaló la extensión de la medida otros 30 días.
Al aprobar con 67 votos la solicitud presentada por el Órgano Legislativo, los parlamentarios demostraron el compromiso que tienen de apoyar todos los esfuerzos que permitan garantizar la seguridad de la población.
La diputada de Nuevas Ideas, Elisa Rosales, recordó que con el régimen de excepción se están combatiendo a las pandillas y los resultados positivos han transformado a El Salvador en el país más seguro de América Latina.
“Hemos devuelto al Estado su papel fundamental para resguardar la seguridad de la población. Esta es una medida que complementa el Plan Control Territorial, a partir de una decisión valiente que buscó dar respuesta frontal a un problema que históricamente aturdió a las comunidades en nuestro país”, expresó la legisladora.
Los parlamentarios recalcaron que, ahora, los ciudadanos pueden movilizarse de una colonia a otra sin miedo a ser asesinados por residir en zonas que se disputaban las pandillas. Además, pueden recorrer espacios públicos sin temor a ser víctimas de la delincuencia.
“La gente quiere que los delincuentes paguen sus condenas y que cualquiera que cometa delito sea llevado ante las autoridades. El salvador está siendo replicado como un país referente a nivel mundial”, afirmó la parlamentaria Alexia Rivas.
Su colega Christian Guevara, por su parte, resaltó que los resultados positivos del régimen también han alcanzado a los salvadoreños en el extranjero. Él destacó datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que indican que más del 60 % de compatriotas quieren retornar al país.
“El régimen es importante para los salvadoreños que vivimos acá pero también es importante para los salvadoreños que salieron huyendo durante la guerra o por la guerra contra las pandillas. Nadie puede negar que las maras eran el cáncer que estaba consumiendo a El Salvador”, aseguró el parlamentario.
Desde la implementación del régimen de excepción, las autoridades han registrado la captura de más de 73,000 mil personas con vínculos delincuenciales, de esta cifra 1,100 son cabecillas de pandillas.
Asimismo, se han incautado más de 3,000 armas, alrededor de 16 mil celulares, más de 4 mil vehículos, $3 millones en efectivo, más de 12 toneladas de drogas.
De acuerdo a las autoridades del Gabinete de Seguridad, la tasa de impunidad relacionada a los asesinatos, antes de la implementación de la medida, era del 97 %; actualmente, hay una efectividad de más del 90 %.
Como parte de las políticas de seguridad del Presidente Nayib Bukele, la Policía Nacional Civil (PNC) en conjunto con la Fuerza Armada implementan cercos de seguridad en las urbanizaciones Popotlán y Valle Verde; en Apopa y La Campanera; en Soyapango. El objetivo es cumplir con la fase “Extracción” del Plan Control Territorial, que consiste en arrestar a los pandilleros que aún están en libertad.
Este miércoles, a través de las redes sociales, el mandatario informó el despliegue de 3,500 soldados y 500 policías en estas zonas. Los agentes policiales verifican la legalidad de viviendas en las urbanizaciones del municipio de Apopa para descartar que estén usurpadas, ya que esta era una práctica que era común entre los grupos criminales.
Además, realizan controles vehiculares para evitar que cualquier persona con vínculos a pandillas huya.
La diputada Rivas recordó que en estas zonas murieron cientos de personas y que se derramó mucha sangre debido a los crímenes cometidos por las estructuras criminales.
“En cada cerco militar implementado se ha devuelto la confianza a cada salvadoreño, la confianza en sus autoridades y la confianza en un Gobierno que se preocupa por la gente buena”, afirmó Rivas.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
