Judicial
Aprueban nueva extensión del régimen de excepción
El régimen de excepción ha permitido a los salvadoreños gozar de paz y libertad desde su implementación, en marzo de 2022. Por esta razón, por décima novena ocasión, la Asamblea Legislativa avaló la extensión de la medida otros 30 días.
Al aprobar con 67 votos la solicitud presentada por el Órgano Legislativo, los parlamentarios demostraron el compromiso que tienen de apoyar todos los esfuerzos que permitan garantizar la seguridad de la población.
La diputada de Nuevas Ideas, Elisa Rosales, recordó que con el régimen de excepción se están combatiendo a las pandillas y los resultados positivos han transformado a El Salvador en el país más seguro de América Latina.
“Hemos devuelto al Estado su papel fundamental para resguardar la seguridad de la población. Esta es una medida que complementa el Plan Control Territorial, a partir de una decisión valiente que buscó dar respuesta frontal a un problema que históricamente aturdió a las comunidades en nuestro país”, expresó la legisladora.
Los parlamentarios recalcaron que, ahora, los ciudadanos pueden movilizarse de una colonia a otra sin miedo a ser asesinados por residir en zonas que se disputaban las pandillas. Además, pueden recorrer espacios públicos sin temor a ser víctimas de la delincuencia.
“La gente quiere que los delincuentes paguen sus condenas y que cualquiera que cometa delito sea llevado ante las autoridades. El salvador está siendo replicado como un país referente a nivel mundial”, afirmó la parlamentaria Alexia Rivas.
Su colega Christian Guevara, por su parte, resaltó que los resultados positivos del régimen también han alcanzado a los salvadoreños en el extranjero. Él destacó datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que indican que más del 60 % de compatriotas quieren retornar al país.
“El régimen es importante para los salvadoreños que vivimos acá pero también es importante para los salvadoreños que salieron huyendo durante la guerra o por la guerra contra las pandillas. Nadie puede negar que las maras eran el cáncer que estaba consumiendo a El Salvador”, aseguró el parlamentario.
Desde la implementación del régimen de excepción, las autoridades han registrado la captura de más de 73,000 mil personas con vínculos delincuenciales, de esta cifra 1,100 son cabecillas de pandillas.
Asimismo, se han incautado más de 3,000 armas, alrededor de 16 mil celulares, más de 4 mil vehículos, $3 millones en efectivo, más de 12 toneladas de drogas.
De acuerdo a las autoridades del Gabinete de Seguridad, la tasa de impunidad relacionada a los asesinatos, antes de la implementación de la medida, era del 97 %; actualmente, hay una efectividad de más del 90 %.
Como parte de las políticas de seguridad del Presidente Nayib Bukele, la Policía Nacional Civil (PNC) en conjunto con la Fuerza Armada implementan cercos de seguridad en las urbanizaciones Popotlán y Valle Verde; en Apopa y La Campanera; en Soyapango. El objetivo es cumplir con la fase “Extracción” del Plan Control Territorial, que consiste en arrestar a los pandilleros que aún están en libertad.
Este miércoles, a través de las redes sociales, el mandatario informó el despliegue de 3,500 soldados y 500 policías en estas zonas. Los agentes policiales verifican la legalidad de viviendas en las urbanizaciones del municipio de Apopa para descartar que estén usurpadas, ya que esta era una práctica que era común entre los grupos criminales.
Además, realizan controles vehiculares para evitar que cualquier persona con vínculos a pandillas huya.
La diputada Rivas recordó que en estas zonas murieron cientos de personas y que se derramó mucha sangre debido a los crímenes cometidos por las estructuras criminales.
“En cada cerco militar implementado se ha devuelto la confianza a cada salvadoreño, la confianza en sus autoridades y la confianza en un Gobierno que se preocupa por la gente buena”, afirmó Rivas.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento contra el ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículo automotor, tras atropellar a una niña de nueve años en Ahuachapán.
Según el expediente fiscal, el hecho ocurrió el pasado 4 de julio en el kilómetro 114 de la carretera a Las Chinamas, cuando la menor cruzaba la vía para dirigirse a su centro escolar. Tras el atropello, el imputado intentó huir hacia Guatemala.
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán ha programado la audiencia inicial para el próximo 21 de julio.
Judicial
Condenan a 90 años de prisión a seis pandilleros por el asesinato de un agente policial en Sonsonate
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso una condena de 90 años de prisión a seis miembros de la clica San Cocos Salvatruchos, perteneciente a la MS-13, tras ser encontrados culpables de la desaparición y homicidio agravado de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido en enero de 2022 en Sonsonate.
Los condenados fueron identificados como Eduardo José Cruz Hernández, David Eduardo Hernández Zeledón y Marco Daniel Cruz Hernández, quienes estuvieron presentes durante la vista pública. En tanto, Roberto Benjamín Rodríguez Padilla, Miguel Ángel Cortez Lozano y Nelson Alexánder Chacón Rivas fueron condenados en ausencia y deberán cumplir la pena una vez sean capturados.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el agente Nahúm Elías Hernández Escobar fue privado de libertad el 2 de enero de 2022 en la colonia Sensunapán, cuando se disponía a visitar a unos familiares. En ese momento fue interceptado por los pandilleros, quienes lo obligaron a bajar de su vehículo y lo trasladaron por la fuerza en otro automóvil.
Posteriormente, fue llevado a las orillas del río Sensunapán, donde fue asesinado y enterrado en una fosa clandestina. Su cuerpo fue localizado seis días después, el 8 de enero, e identificado mediante una prueba de ADN debido al avanzado estado de descomposición.
Los seis implicados fueron encontrados culpables de los delitos de homicidio agravado, desaparición de personas y agrupaciones ilícitas. Según la resolución judicial, cada uno recibió 60 años por homicidio agravado, 25 por desaparición y 5 por pertenecer a estructuras criminales.
La FGR reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida de servidores públicos y la seguridad de los salvadoreños.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
