Política
Personal elegido para formar parte de las JRV denuncian que no aparecen el listado de acreditaciones y tampoco se depositaron sus viáticos
A un día para que se desarrollen las elecciones de alcaldes de los 262 municipios del territorio salvadoreño y de diputados para la Asamblea Legislativa, los ciudadanos que fueron capacitados en dos ocasiones para conformar las Juntas Receptoras de Votos (JRV) encontraron inconvenientes a la hora de retirar sus credenciales o el dinero que sirve como adelanto para la ejecución de sus labores.
Luego de que Sonia Ramos fuera notificada por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el pasado 24 de enero de este 2018, de que sería parte de la JRV, ella se presentó, a eso de las 10:00 de la mañana de este sábado, a una de las agencias bancarias responsables de entregar los $10 de anticipo por laborar como tal este 4 de marzo.
Después de tomar un número que le asignaba el puesto número 155 para poder ser atendida, lo que rondó en una espera de más de 30 minutos, Ramos logró llegar a una de las cajas del banco y para su sorpresa le notificaron que no le podían dar el anticipo porque no aparecía en la lista.
“La cajera me dijo que yo no estaba en el listado y por eso dijo que no me podía dar el dinero que me correspondía”, explicó la abogada de profesión. “Lo que me preocupa es que me digan que no tengo tampoco credencial asignada. Presiento que no hay credencial para mí”, agregó.
Esto último lo argumenta debido a que nadie le dio referencia del documento luego de hacer una llamada telefónica para consultar a dónde debía recoger el documento que la autoriza para formar parte de la JRV de una de las mesas instaladas en el sitio en donde le tocaría trabajar: en el parque de la colonia Satélite, situado en San Salvador.
Ramos tuvo que recibir todo un día de capacitación el pasado 24 de febrero, en el Centro Escolar Concha viuda de Escalón, sitio en donde le mostraron cómo debía hacer todo el proceso el día de las elecciones.
La afectada se extrañó debido a que no tiene ni sus $10 de adelanto ni su credencial de la JRV, pero pese a eso tendrá que poner su alarma para despertar a tiempo en horas de la madrugada, pues debe estar en el parque a las 4:00 de la mañana.
“Voy a tener que ir, porque me da miedo que vayan a creer que yo no llegué y me quieran poner alguna multa de las que han anunciado”, comentó la afectada.
Otra elegida que no aparece en el listado
Judith Nerio, una seleccionada en el sorteo aleatorio hecho por el TSE a petición de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para evitar el “partidismo” en las JRV, también externó su queja en redes sociales.
“Quiero comentarles que por desgracia fui seleccionada para cuidar urnas. Fui a las capacitaciones, este día era la entrega de la acreditación para los sorteados y todos haciendo fila para el carnet. Pues les cuento que a muchos nos dijeron que no estábamos en la lista”, publicó en su cuenta de Facebook.
Además, Nerio indicó que les comentaron que las JRV ya estaban conformadas, por lo que quedaba a su opción si se presentaba el día de las votaciones con los miembros de la Juntas Electorales Municipales (JEM) para ver si los necesitan o no
“Todos estaban preguntando qué cuando se habían conformado las JRV si ahora supuestamente es que nos iban a acreditar. Me siento pensativa y molesta, porque aparte los teléfonos del Tribunal nadie los responde”, expuso la afectada.
Esta última observación también fue compartida con Ramos: “Me dieron un número del Tribunal y me manda a un fax, nadie me responde”.
Magistrado se disculpa
La tarde del sábado previo a las elecciones, el magistrado del TSE, Fernando Argüello Téllez, brindó unas disculpas públicas para los ciudadanos que recibieron las capacitaciones y que a última hora no se les entregó la credencial para integrar una mesa de la Juntas Receptora de Votos.
La problemática se generó debido a que los distintos partidos políticos que entrarán en la contienda electoral lograron completar las propuestas de ciudadanos para integrar las JRV, pese a que la Sala de lo Constitucional solicitara la despartidización de los Organismos Electorales Temporales, aseguró Téllez.
Este es uno de los problemas que suma a la tan atropellada de la conformación de las JRV. Debido a que es la primera ocasión que se implementan, han sido un dolor de cabeza tanto para el TSE como para los que lograron electos en el sorteo obligatorio.
Una gran cantidad de personas ni siqueira querían integrarla, otros no estaban capacitados para hacerlo debido a que no sabían leer y escribir y ahora se suma un nuevo problema.
No obstante, este domingo que se realicen los comicios se podrá evaluar si el mecanismo de sorteo o no fu funcional de cara al proceso de elecciones.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
