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Presidente Bukele inaugura planta Potabilizadora «Torogoz»
El presidente de la República, Nayib Bukele; y el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Rubén Alemán, inauguraron la planta potabilizadora Torogoz (anteriormente conocida como Las Pavas), la cual abastece a 1.5 millones de salvadoreños, es decir el 40 % de la población que habita en San Salvador.
«Estamos haciendo una inversión millonaria, saldando una deuda histórica del país. Estamos beneficiando a 1. 5 millones de Salvadoreños. Entonces poder trabajar en todas las aristas del país al mismo tiempo. Este proyecto es importante porque cortamos el riesgo de quedarnos sin agua por meses y sirve de modelo para llevar proyectos de agua potable a más lugares», dijo el presidente.
El presidente Nayib Bukele indicó que esta obra responde a una deuda histórica que no fue abordada por las gestiones anteriores, pero que en esta gestión se desarrollaron todos los trabajos para mejorar el servicio de agua potable.
«Creo que muchos han escuchado hablar de la Planta Potabilizadora de Las Pavas tantas veces, y creo que ninguna vez fue por algo positivo, siempre eran por problemas. En el 2019, cuando ya éramos Gobierno, me dijeron que teníamos que arreglar la planta pero que nos quedaríamos sin agua cuatro días; comenzamos a preparar un despliegue para la entrega de pipas y agua embotellada. Decidimos meterle de lleno al proyecto y dejar la planta potabilizadora como el pueblo salvadoreño se lo merece: a su máxima producción y brindando agua de calidad. De ahora en adelante la nueva planta se llamará Planta Potabilizadora Torogoz», expresó el presidente de la República.
La planta de Las Pavas tenía 25 años de abandono, lo cual generó fallas que provocó la disminución del abastecimiento. Dicha planta estaba operando con un déficit de 47 %, y los habitantes de 11 municipios de San Salvador se veían afectados por las irregularidades del suministro.
«La planta fue construida en 1992, y en 1997 ya requería mantenimiento, pero el presidente de ese entonces, Calderón Sol, decidió no hacerlo. Luego vino el gobierno de expresidente Francisco Flores y no hizo nada, vino el gobierno de Tony Saca, que está en la cárcel por corrupción, y no se hizo nada. Luego vino el famoso presidente de ANDA, Carlos Perla, preso por robos millonarios y tampoco hizo nada. En el 2015, el Gobierno del expresidente Sánchez Cerén dijeron que necesitaban reparar la planta, buscaron el financiamiento, pero no se hizo nada», recordó el mandatario.
La rehabilitación consistió en la instalación de 29 nuevos motores y 24 filtros, renovando por completo el proceso de potabilización en la bocatoma y en toda la línea de producción. La capacidad de producción ha aumentado de 1.6 a 3.0 metros cúbicos por segundo.
Uno de los principales beneficios que recibirá la población con la rehabilitación será la mejora en el abastecimiento, ya que se percibirá un incremento en la producción de agua potable. Algunos de los municipios que serán beneficiados son Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Soyapango, Ilopango, y el sur de San Salvador.
El presidente también explicó que: «este gran proyecto es millonario en algo muy importante, muestra el compromiso del gobierno de hacer las cosas bien en todas las áreas», además, dijo que «hay que agradecer la cooperación internacional con la que se hizo: son $78 millones en total, y el BCIE, que nos apoyó con lo restante, más de $16 millones».
Cabe mencionar que se remodeló y equipó el laboratorio de control de calidad de agua con equipo de última generación.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
