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La Sala sigue sin resolver controversia del decreto 661
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sigue sin resolver la controversia sobre el Decreto Legislativo 661, denominado “Ley Especial de Emergencia por la Pandemia COVID-19, Atención Integral de la Vida, la Salud y Reapertura de la Economía”, que al final fue vetado por el Presidente Nayib Bukele porque prioriza la reapertura económica sobre la lucha contra la pandemia.
Este decreto se aprobó sin el consentimiento del órgano Ejecutivo y contaba con varios puntos en desacuerdo, ya que no incluía mantener una cuarentena estricta por 15 días, habilitaba el transporte público, limitaba compras directas y ampliaba sin reserva el acceso a la información durante la cuarentena.
Los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional tienen en sus manos la posibilidad de realizar una cuarentena estricta por 15 días, devolviendo herramientas al Gobierno para enfrentar el COVID-19, o del lado de la Asamblea Legislativa, que siempre ha estado más a favor de la economía que de aplanar la curva de COVID-19.
Hay que destacar que el Presidente Bukele envió una carta al Congreso salvadoreño y a este tribunal hace un mes para que devolviera facultades, más allá de las establecidas en el Código de Salud, algo que no fue resuelto por los diputados y magistrados.
El Jefe de Estado salvadoreño ha reiterado en los últimos días que la Asamblea continúa negándose a dar herramientas legales para que el Gobierno pueda implementar políticas y estrategias sanitarias para enfrentar la pandemia, que ya provocó 12,582 casos confirmados y 352 fallecidos.
La jueza dos del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una condena de 397 años de prisión a Pedro Melara Romero, alias Caballo, por los delitos de proposición y conspiración en homicidio agravado, extorsión agravada, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, además de agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública.
Asimismo, Wilfredo Alonso Mancía Alberto, alias Frijol, fue condenado a 180 años de cárcel por proposición y conspiración en homicidio agravado, privación de libertad, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
De igual forma, Miriam Elizabeth Gutiérrez, alias La Miriam, recibió una pena de 109 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
En total, otras 44 personas fueron sentenciadas con penas que van desde tres hasta 94 años de prisión.
De acuerdo con la Fiscalía, todos forman parte de la hengla Sexta Quebranta Huesos Locos Sureños, perteneciente a la pandilla 18 Sureños, que operaba en diversos sectores de San Salvador Centro.
Entre los condenados se encuentran cuatro líderes de la clica, entre ellos:
•José David Ayala Renderos, alias Morro, corredor de cancha de las canchas Modelo 2 y 3.
•Alias Caballo, como corredor de tribu.
•Hugo Armando Chávez Murcia y Jonathan Ernesto Hernández Vides, alias Yoster, ambos palabreros de la estructura.
Ismael Alexander Hernández Rivera, alias Saiper, es un pandillero de la 18S que venía en un vuelo comercial desde México.
Equipos policiales fueron notificados por la oficina de atención ciudadana de la terminal aeroportuaria.
Es miembro de la clica Tiny Locos Sureños del distrito de Jiquilisco, Usulután Oeste.
Posee varios tatuajes de su pandilla.
Una pandillera de la MS fue condenada a 245 años de cárcel por los delitos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
Se trata de Claudia Margarita Juárez, quien era parte de la clica Viroleños Locos Salvatruchos.
Recibió la pena por parte del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, jueza dos.
Juárez fue hallada culpable de cobrar extorsiones a empresarios del transporte público del distrito de Zacatecoluca, en el municipio de La Paz Este.
Tambien, Manuel Antonio Martínez Mena, alias ‘Yegua’, fue condenado a 240 años de prisión por el delito de extorsión agravada.
Juárez y Mena operaban como parte de la clica Viroleños Locos Salvatruchos de la MS-13.
El tribunal dio por acreditados 24 casos de extorsión, ocurridos entre 2018 y 2019, mediante los cuales las víctimas fueron obligadas a entregar sumas de dinero bajo amenazas.
