Judicial
Policías implicados en masacre de Zaragoza son absueltos por falta de pruebas
El Tribunal 2º de Sentencia de Santa Tecla emitió el fallo en el caso contra 9 elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), acusados por la FGR de los delitos de homicidio agravado en perjuicio de cuatro personas, fraude procesal y encubrimiento en perjuicio de la administración de justicia. El Tribunal, de manera unánime, fallo absolver de todo cargo a los elementos policiales por no haberse establecido elementos probatorios directos, claros y contundentes sobre la participación de los policías en los hechos atribuidos. Al contrario, el Tribunal señaló dudas severas que no le permitieron hacer una inferencia lógica sobre la individualización de la participación de cada uno de los imputados en los hechos sucedidos.
Así también el Tribunal de manera unánime determinó que al no haberse acreditado con plena certeza y con suficiencia probatoria la existencia de una ejecución extrajudicial, ni la participación de los imputados en los delitos de homicidio agravado, fraude procesal y encubrimiento, en consecuencia se resuelve absolverlos de toda responsabilidad penal y ordenar su inmediata libertad si no poseen otros procesos judiciales pendientes.
La sentencia integra será entregada a las partes procesales el próximo 9 de agosto de 2018 a las 3pm.
Durante el desarrollo del juicio la Fiscalia acreditó los hechos en contra de los imputados y presentó diferente prueba de cargo, entre esta declaraciones de testigos y pericias entre otros documentos para establecer ante establecer ante el Tribunal la participación de los imputados en el hecho que se les imputa. Asi tambien los abogados defensores de los imputados presentaron prueba de descargo que desvirtuaba lo anterior.
El proceso penal, bajo referencia 9-1REC-2018, es instruido contra 9 miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), acusados de homicidio agravado en perjuicio de cuatro personas. Dicho delito se encuentra tipificado y sancionado en los Artículos 128 y 129, numeral 3º y 8º del Código Penal. Además, se les imputan los delitos de fraude procesal, tipificado y sancionado en el Artículo 306 del Código Penal; encubrimiento, tipificado y sancionado en el Artículo 308, numeral 1º del Código Penal; y alternativamente por el delito de incumplimiento de deberes, tipificado y sancionado en el Artículo 321 del Código Penal. El caso tiene reserva parcial, en el sentido y aplicación del inciso 2º del Artículo 307 del Código Procesal Penal.
El caso por el que la Fiscalía acusa a los 9 miembros de seguridad ocurrió el 8 de febrero del año 2016, en horas de la mañana en la colonia Villas de Zaragoza, La Libertad, cuando agentes policiales obtuvieron información de que un grupo de sujetos de la Pandilla 18 estaban armados y asaltando un camión repartidor. A raíz de dicha información se movilizó a varios agentes policiales a la zona; y cuando los sospechosos advirtieron la presencia policial, huyeron.
Diferentes grupos de la Policía Nacional Civil (PNC) montaron un operativo de rastreo en la referida colonia ubicando a los sospechosos en una vivienda de dos plantas. Fue en ese lugar que se desarrolló el suceso que dejó como saldo a las cuatro personas fallecidas.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
