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FGR sin iniciar proceso por lavado de dinero contra Roberto Rubio en 2017
Luego que un abogado penalista interpusiera hace más de dos años una denuncia penal en la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del director ejecutivo la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio, el ministerio público aún no ha judicializado ningún proceso, pese a que tras esa denuncia también se han acumulado otros señalamientos hechos por diferentes entidades, que vinculan a Rubio con posibles actos de corrupción.
Cabe destacar que Roberto Rubio, es el director de FUNDE, una entidad que vela por transparencia de los recursos públicos; sin embargo, hasta la fecha ha sido señalado de recibir sobresueldos durante la administración del expresidente Saca.
En julio de 2020 se conoció que la FGR abrió un expediente por el presunto delito de lavado de dinero.
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En agosto de 2018, Rubio figuró entre los exfuncionarios de Gobierno y periodistas que habrían recibido dinero, en calidad de sobresueldo, de la Partida Secreta, de la presidencia de Elías Antonio Saca. En total fueron más de $19 millones los que salieron de las arcas del Estado salvadoreños y que fueron a parar a manos de pocos destinatarios.
Luis Cardenal, Sandra de Barraza, Jorge Nieto, Albino Román, René Escolán son algunos de los exfuncionarios que figuran en un listado compartido por presidente de la fundación Transparencia, que vincula también reconocidos periodistas.
La denuncia fue interpuesta durante la gestión del exfiscal general, Douglas Meléndez, quien no profundizó en las denuncias; mientras que el actual titular de la entidad, Raúl Melara, tampoco ha realizado mayores investigaciones, pese a que el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sydney Blanco, fustigó al ministerio público por no realizar ningún pronunciamiento.
“Es necesario que se emita ley o que el fiscal general pronuncie un comunicado que ordene devolver el dinero recibido por sobresueldos”, mencionó Blanco, durante el Encuentro Nacional Contra la Corrupción en 2018.
Además, una publicación de Diario La Página, en julio del presente año, refleja que la FGR determinó que Rubio había tenido participación en las empresa: Convertidora Técnica y en RUDA S.A. de C.V., en las que participó como Director Suplente y miembros de junta directiva, respectivamente, y que habría sido utilizada para recibir dinero de la Partida Secreta de Saca.
“Según la información recabada por Fiscalía, Rubio compartió junta directiva de RUDA S.A. de C.V. con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roberto Argueta Manzano, y el abogado de la familia Dueñas, Juan Pablo Ernesto Córdova Hinds. Dicha empresa está habilitada para realizar cualquier tipo de transacción financiera, aunque fue iniciada como una sociedad para desarrollar tareas agrícolas”, detalla la publicación.
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De acuerdo a la nota, el ministerio público habría solicitado investigar “la relación existente entre Rubio y Pablo Gómez, el ex asistente de la Unidad Financiera Institucional de Casa Presidencial que era encargado de sacar el efectivo de la partida secreta y que guarda prisión por su vinculación con los expresidentes de la República, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes”.
DLP también detalla que “las autoridades también ubicaron dos propiedades a nombre de Rubio, una de 13 mil metros cuadrados de extensión en La Reina, Chalatenango; y otra con múltiples hipotecas en su historial en Jucuarán, Usulután. Además, relacionaron a Rubio a un lote de terreno en la colonia Altos de Tenerife y una vivienda en la colonia Loma Linda”, agrega la publicación.
De igual manera miembros de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) solicitó al ministerio público información sobre una decena de denuncias de supuestos casos de corrupción vinculados al partido Arena, de derecha, donde se incluyen los cuestionamientos contra Rubio y otros funcionarios, por el tema de los sobresueldo; sin embargo, hasta la fecha no se reportan ningún proceso judicializado por la FGR contra ninguno de los implicados.
“Hemos venido a solicitar información a la FGR sobre diferentes casos de denuncias de corrupción que hemos presentado. En los últimos dos años hemos presentado alrededor de 20 denuncias, avisos sobre casos de corrupción a la FGR, sobre todos esos casos no conocemos sobre diligencias, no conocemos si hay avances, cual es el estado de esas denuncias presentadas”, dijo Leonel Herrera, representante de ASGOJU.
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FGR logra condena histórica contra 66 pandilleros de la MS-13: penas alcanzan hasta 807 años de cárcel
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una histórica condena contra 66 miembros de la clica Saylor Locos Salvatruchos, de la pandilla MS-13, quienes fueron sentenciados a penas que oscilan hasta los 807 años de prisión por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en los municipios de Lolotique, Moncagua, Chapeltique y San Miguel.
Las investigaciones fiscales comprobaron que los imputados estuvieron involucrados en 24 homicidios agravados, 12 extorsiones, un caso de privación de libertad, dos proposiciones y conspiraciones para cometer homicidio, y cuatro expedientes relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas. También se les procesó por asociaciones delictivas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo fue el asesinato de una pareja el 4 de agosto de 2019 en el cantón El Platanar, Moncagua. Según las autoridades, los pandilleros sospechaban que una de las víctimas colaboraba con la Policía al brindar información sobre el paradero de un marero.
Entre los cabecillas condenados figura Hérbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue sentenciado a 807 años de prisión por su participación en 20 homicidios, así como por extorsiones, tráfico de drogas y conspiración para cometer homicidios. Otros sentenciados destacados incluyen a Gérber Natividad López Mejía, alias Aliens, condenado a 727 años por 18 homicidios, y Melquisidec Jiménez Zavala, alias Yaspers, sentenciado a 663 años por 17 asesinatos.
De los 66 pandilleros procesados, 18 enfrentaron juicio en calidad de rebeldes y los demás comparecieron de manera virtual ante el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Miguel. La FGR subrayó que esta sentencia representa un golpe contundente contra estructuras criminales que operaban con impunidad en el oriente del país.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este lunes una acusación formal contra Erik Alexander Mejía Alfaro por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, tras un violento ataque contra su compañera de vida en el cantón El Socorro, distrito de Zacatecoluca, departamento de La Paz Este.
El hecho ocurrió el pasado 28 de mayo, cuando Mejía Alfaro siguió a la víctima hasta su vivienda y la agredió brutalmente, iniciando con golpes físicos y luego utilizando un arma blanca tipo corvo. Durante el ataque, la víctima intentó defenderse con las manos, pero el agresor le causó heridas graves en ambas extremidades.
Según las autoridades, la mujer mantenía una relación con el imputado marcada por episodios constantes de violencia física y psicológica.
Tras la agresión, el atacante huyó del lugar, pero fue localizado y capturado por la Policía Nacional Civil el 31 de mayo. La Fiscalía solicitó al Juzgado de Paz de Zacatecoluca que el acusado permanezca en detención provisional, mientras continúa la investigación.
El caso ha generado indignación y reaviva el llamado de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres a reforzar las medidas de prevención y protección ante la violencia feminicida en el país.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 30 años de prisión a Roberto Carlos Castillo Rodríguez, conocido como alias Casco, por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, limitación ilegal a la libre circulación y amenazas con agravación especial.
Según la investigación fiscal, el 14 de noviembre de 2016, alias Casco, acompañado por tres sujetos más, llegó a la vivienda de una víctima para exigirle el pago inmediato de $300 en concepto de extorsión. La víctima pidió más tiempo para reunir el dinero. Sin embargo, días después, fue interceptada nuevamente por el pandillero, a quien solo logró entregarle $150.
Tras recibir el dinero, alias Casco amenazó al afectado con matarlo junto a su familia si no abandonaban la vivienda esa misma noche. Temiendo por su vida, la víctima huyó del lugar y presentó la denuncia ante las autoridades.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó abundante prueba que demostraba la participación directa del imputado, identificado como homeboy de la clica Witmer Locos Salvatruchos, perteneciente a la Mara Salvatrucha (MS-13).
Además de esta condena, el tribunal también sentenció a Nuria Eugenia Flores López a cuatro años de prisión por agrupaciones ilícitas, pena máxima establecida para colaboradores bajo el Código Penal anterior.
Las autoridades reiteraron su compromiso con la lucha contra las estructuras criminales que han generado violencia y desplazamiento forzado en el país.
