Judicial
FGR sin iniciar proceso por lavado de dinero contra Roberto Rubio en 2017
Luego que un abogado penalista interpusiera hace más de dos años una denuncia penal en la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del director ejecutivo la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio, el ministerio público aún no ha judicializado ningún proceso, pese a que tras esa denuncia también se han acumulado otros señalamientos hechos por diferentes entidades, que vinculan a Rubio con posibles actos de corrupción.
Cabe destacar que Roberto Rubio, es el director de FUNDE, una entidad que vela por transparencia de los recursos públicos; sin embargo, hasta la fecha ha sido señalado de recibir sobresueldos durante la administración del expresidente Saca.
En julio de 2020 se conoció que la FGR abrió un expediente por el presunto delito de lavado de dinero.
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En agosto de 2018, Rubio figuró entre los exfuncionarios de Gobierno y periodistas que habrían recibido dinero, en calidad de sobresueldo, de la Partida Secreta, de la presidencia de Elías Antonio Saca. En total fueron más de $19 millones los que salieron de las arcas del Estado salvadoreños y que fueron a parar a manos de pocos destinatarios.
Luis Cardenal, Sandra de Barraza, Jorge Nieto, Albino Román, René Escolán son algunos de los exfuncionarios que figuran en un listado compartido por presidente de la fundación Transparencia, que vincula también reconocidos periodistas.
La denuncia fue interpuesta durante la gestión del exfiscal general, Douglas Meléndez, quien no profundizó en las denuncias; mientras que el actual titular de la entidad, Raúl Melara, tampoco ha realizado mayores investigaciones, pese a que el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sydney Blanco, fustigó al ministerio público por no realizar ningún pronunciamiento.
“Es necesario que se emita ley o que el fiscal general pronuncie un comunicado que ordene devolver el dinero recibido por sobresueldos”, mencionó Blanco, durante el Encuentro Nacional Contra la Corrupción en 2018.
Además, una publicación de Diario La Página, en julio del presente año, refleja que la FGR determinó que Rubio había tenido participación en las empresa: Convertidora Técnica y en RUDA S.A. de C.V., en las que participó como Director Suplente y miembros de junta directiva, respectivamente, y que habría sido utilizada para recibir dinero de la Partida Secreta de Saca.
“Según la información recabada por Fiscalía, Rubio compartió junta directiva de RUDA S.A. de C.V. con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roberto Argueta Manzano, y el abogado de la familia Dueñas, Juan Pablo Ernesto Córdova Hinds. Dicha empresa está habilitada para realizar cualquier tipo de transacción financiera, aunque fue iniciada como una sociedad para desarrollar tareas agrícolas”, detalla la publicación.
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De acuerdo a la nota, el ministerio público habría solicitado investigar “la relación existente entre Rubio y Pablo Gómez, el ex asistente de la Unidad Financiera Institucional de Casa Presidencial que era encargado de sacar el efectivo de la partida secreta y que guarda prisión por su vinculación con los expresidentes de la República, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes”.
DLP también detalla que “las autoridades también ubicaron dos propiedades a nombre de Rubio, una de 13 mil metros cuadrados de extensión en La Reina, Chalatenango; y otra con múltiples hipotecas en su historial en Jucuarán, Usulután. Además, relacionaron a Rubio a un lote de terreno en la colonia Altos de Tenerife y una vivienda en la colonia Loma Linda”, agrega la publicación.
De igual manera miembros de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) solicitó al ministerio público información sobre una decena de denuncias de supuestos casos de corrupción vinculados al partido Arena, de derecha, donde se incluyen los cuestionamientos contra Rubio y otros funcionarios, por el tema de los sobresueldo; sin embargo, hasta la fecha no se reportan ningún proceso judicializado por la FGR contra ninguno de los implicados.
“Hemos venido a solicitar información a la FGR sobre diferentes casos de denuncias de corrupción que hemos presentado. En los últimos dos años hemos presentado alrededor de 20 denuncias, avisos sobre casos de corrupción a la FGR, sobre todos esos casos no conocemos sobre diligencias, no conocemos si hay avances, cual es el estado de esas denuncias presentadas”, dijo Leonel Herrera, representante de ASGOJU.
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
