Judicial
FGR sin iniciar proceso por lavado de dinero contra Roberto Rubio en 2017
Luego que un abogado penalista interpusiera hace más de dos años una denuncia penal en la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del director ejecutivo la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio, el ministerio público aún no ha judicializado ningún proceso, pese a que tras esa denuncia también se han acumulado otros señalamientos hechos por diferentes entidades, que vinculan a Rubio con posibles actos de corrupción.
Cabe destacar que Roberto Rubio, es el director de FUNDE, una entidad que vela por transparencia de los recursos públicos; sin embargo, hasta la fecha ha sido señalado de recibir sobresueldos durante la administración del expresidente Saca.
En julio de 2020 se conoció que la FGR abrió un expediente por el presunto delito de lavado de dinero.
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En agosto de 2018, Rubio figuró entre los exfuncionarios de Gobierno y periodistas que habrían recibido dinero, en calidad de sobresueldo, de la Partida Secreta, de la presidencia de Elías Antonio Saca. En total fueron más de $19 millones los que salieron de las arcas del Estado salvadoreños y que fueron a parar a manos de pocos destinatarios.
Luis Cardenal, Sandra de Barraza, Jorge Nieto, Albino Román, René Escolán son algunos de los exfuncionarios que figuran en un listado compartido por presidente de la fundación Transparencia, que vincula también reconocidos periodistas.
La denuncia fue interpuesta durante la gestión del exfiscal general, Douglas Meléndez, quien no profundizó en las denuncias; mientras que el actual titular de la entidad, Raúl Melara, tampoco ha realizado mayores investigaciones, pese a que el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sydney Blanco, fustigó al ministerio público por no realizar ningún pronunciamiento.
“Es necesario que se emita ley o que el fiscal general pronuncie un comunicado que ordene devolver el dinero recibido por sobresueldos”, mencionó Blanco, durante el Encuentro Nacional Contra la Corrupción en 2018.
Además, una publicación de Diario La Página, en julio del presente año, refleja que la FGR determinó que Rubio había tenido participación en las empresa: Convertidora Técnica y en RUDA S.A. de C.V., en las que participó como Director Suplente y miembros de junta directiva, respectivamente, y que habría sido utilizada para recibir dinero de la Partida Secreta de Saca.
“Según la información recabada por Fiscalía, Rubio compartió junta directiva de RUDA S.A. de C.V. con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roberto Argueta Manzano, y el abogado de la familia Dueñas, Juan Pablo Ernesto Córdova Hinds. Dicha empresa está habilitada para realizar cualquier tipo de transacción financiera, aunque fue iniciada como una sociedad para desarrollar tareas agrícolas”, detalla la publicación.
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De acuerdo a la nota, el ministerio público habría solicitado investigar “la relación existente entre Rubio y Pablo Gómez, el ex asistente de la Unidad Financiera Institucional de Casa Presidencial que era encargado de sacar el efectivo de la partida secreta y que guarda prisión por su vinculación con los expresidentes de la República, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes”.
DLP también detalla que “las autoridades también ubicaron dos propiedades a nombre de Rubio, una de 13 mil metros cuadrados de extensión en La Reina, Chalatenango; y otra con múltiples hipotecas en su historial en Jucuarán, Usulután. Además, relacionaron a Rubio a un lote de terreno en la colonia Altos de Tenerife y una vivienda en la colonia Loma Linda”, agrega la publicación.
De igual manera miembros de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) solicitó al ministerio público información sobre una decena de denuncias de supuestos casos de corrupción vinculados al partido Arena, de derecha, donde se incluyen los cuestionamientos contra Rubio y otros funcionarios, por el tema de los sobresueldo; sin embargo, hasta la fecha no se reportan ningún proceso judicializado por la FGR contra ninguno de los implicados.
“Hemos venido a solicitar información a la FGR sobre diferentes casos de denuncias de corrupción que hemos presentado. En los últimos dos años hemos presentado alrededor de 20 denuncias, avisos sobre casos de corrupción a la FGR, sobre todos esos casos no conocemos sobre diligencias, no conocemos si hay avances, cual es el estado de esas denuncias presentadas”, dijo Leonel Herrera, representante de ASGOJU.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
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Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
