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El Salvador se conectará a internet mediante cable submarino
El titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), Manuel Aguilar, afirmó en una entrevista televisiva ayer, que El Salvador está haciendo estudios para tener su conexión autónoma a internet.
Se trata de un cable submarino que se conectaría en el puerto de Acajutla, en Sonsonate, que le permitiría tener altas velocidades de internet y mayor competitividad en la región. De esta forma el país no dependería de conexiones con otros países vecinos.
«Estamos con esos estudios bien avanzados y es seguro que pronto vamos a tener un cable submarino que traería beneficio de conexión directa no estaríamos dependiendo de los países vecinos de Centroamérica. No se había puesto interés a esto anteriormente pero este Gobierno es lo que está buscando», detalló Aguilar.
Este nuevo paso tecnológico se sumaría al más reciente anunciado por el Gobierno tras convertirse en el primer país de la región en contar con el servicio de internet satelital de Starlink, de la compañía Space X, el que Manuel Aguilar calificó de «sumamente importante» para el país.
«Esta noticia (de Starlink) es sumamente importante, como Gobierno del presidente Bukele hemos estado trabajando con Starlink durante unos dos años para traerlo a El Salvador y lo logramos. El Salvador es el primer país en Centroamérica que tiene esta tecnología», añadió.
Este internet, según el funcionario, está diseñado para llevar el servicio a donde los operadores locales no les es rentable. «En El Salvador no importa donde estés y podes tener internet de alta velocidad. Hemos hecho pruebas y estamos entre las velocidades de 150 mbps hasta los 300 mbps. Los resultados son excelentes»
El servicio es el mismo que la compañía brinda en Estados Unidos, pero con un precio más asequible para los salvadoreños que pagarían una mensualidad de $49 dólares por mes sin contrato y un costo único por el kit de $499.
El objetivo primordial del Gobierno, de acuerdo con Manuel Aguilar, para esta tecnología es llevarla a centros escolares remotos que no cuentan con servicio de internet para sus comunidades educativas. El funcionario aclaró que la compañía estadounidense no busca competir con las operadoras locales, sino ofrecer el servicio donde estas no tienen cobertura.
«Lo hemos estado instalando en escuelas que jamás habían tenido internet. Eso es lo principal para nosotros de los beneficios que trae Starlink», afirmó.
El Gobierno a través de la Siget, también está implementado tecnología para asegurar que las compañías telefónicas cuenten con las velocidades de internet que ofrecen mediante medidores de señal. «Estamos trabajando en una plataforma con un mapa interactivo que brindará mediciones de señal», concluyó el funcionario.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
