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¡DENUNCIA! Supuestos coreanos de descalificado sistema de conteo A-WEB intentan irrumpir en las instalaciones de Diario Digital Cronio
Esta tarde de sábado, un grupo de supuestos coreanos y representantes del descalificado sistema de conteo de votos de Corea del Sur A-WEB intentó irrumpir en las instalaciones de Diario Digital Cronio por una publicación hecha por este periódico en diciembre pasado.
Cinco personas (cuatro extranjeros y el motorista salvadoreño) a bordo de un vehículo particular llegaron hasta las oficinas de Cronio con una copia impresa de la nota titulada: Denuncian que Corea del Sur ahora exporta “corrupción electoral” a través de A-WEB.
La única mujer del grupo, que actuó como intérprete de tres extranjeros (todos hombres), señaló entre otras cosas “esta nota nos perjudicó”, mientras mostraba la impresión.
La mujer, que se identificó como Helen Choi, tradujo al español algunas preguntas de sus acompañantes supuestamente porque solo hablaban coreano.
Los hombres preguntaron sobre el número de personas que trabaja en Cronio, si se producen videos y, sobre todo, quién fue el periodista que publicó la información.
“Queremos saber quién fue el que la hizo”, insistió la mujer a uno de los periodistas quien obviamente al desconocerlos y sin que estos se presentaran de manera formal los atendió afuera de las oficinas Cronio.
Ni uno de los hombres presentó identificación, no portaban vestimenta institucional ni entregaron tarjetas personales que expresen sus nombres, cargos o la entidad para la que laboran.
La mujer señaló que es parte de una ONG que trabaja con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que actualmente es presidido por Julio Olivo Granadino.
“Association of World Election Bodies” (A-WEB) o Asociación de Órganos Electorales Mundiales fue una de las empresas tecnológicas consideradas por el TSE para apoyar las elecciones a diputados y alcaldes, así como para los comicios presidenciales del 2019.
El 30 de marzo 2016, los magistrados en pleno del Tribunal Electoral encabezados por su presidente Julio Olivo Granadino firmaron un “memorándum de entendimiento” con A-WEB para “garantizar la realización de elecciones libres, justas y transparentes”, para ambos procesos electorales.
El TSE reconoció los “preceptos internacionales democráticos” de A-WEB por medio de un “sistema de apoyo tecnológico”. Sin embargo, trascendió que los magistrados no lograron ponerse de acuerdo para trabajar con A-WEB y en su lugar contrataron a otra empresa.
Los surcoreanos donaron 1,800 escáner a El Salvador para procesar actas electorales.
Con la inesperada visita del grupo de extranjeros a las oficinas de Cronio, en el día previo a las elecciones, surgen algunas interrogantes: ¿cómo se atreven extranjeros a intentar irrumpir en una empresa privada legalmente establecida, en este caso de comunicaciones?, ¿son verdaderamente extranjeros designados por A-WEB para visitar El Salvador e indagar a un medio de comunicación salvadoreño?, si son delegados de A-WEB ¿por qué no mostraron credenciales?, ¿por qué extranjeros señalan a un medio de comunicación cuando contratar o no a su empresa fue una decisión tomada por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral?
Surgen muchas más inquietudes en el ámbito político-partidario y los intereses que se juegan al contratar o no a empresas para procesos tan importantes como las elecciones, no obstante, nos reservamos el derecho de expresarlas en este momento.
En todo esto, también está en juego la libertad de expresión, el derecho de los medios de comunicación a divulgar información que considere pertinente y de trascendencia.
Finalmente, y no menos importante, es el hecho de que en el país opera una ONG surcoreana que trabaja directamente con el TSE, que indaga a medios de comunicación, llega hasta sus oficinas para preguntar sobre sus trabajadores y al mismo tiempo intenta violar principios periodísticos al insistir que se revelen fuentes y la identidad de periodistas.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
