Internacionales
La USAID y la oposición venezolana en el ojo del huracán
En los últimos años, Venezuela ha sido escenario de una intensa lucha política, marcada por la polarización y la intervención extranjera. En este contexto, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha jugado un papel controversial, siendo acusada de desviar fondos destinados a la ayuda humanitaria y de estar involucrada en tramas de corrupción que involucran a figuras de la oposición venezolana.
Recientemente, se ha denunciado que opositores venezolanos desviaron 116 millones de dólares entregados por la USAID, lo que ha generado un escándalo que pone en tela de juicio la integridad de los líderes opositores y la efectividad de la ayuda internacional. Durante el periodo del denominado «Gobierno interino» de Juan Guaidó, se destinaron fondos significativos bajo el concepto de «ayuda humanitaria» para los venezolanos dentro del país. Sin embargo, esta asistencia fue canalizada a través de organizaciones no gubernamentales (ONG) que, en realidad, están vinculadas a otros políticos y a familiares de estos, muchos de los cuales residen en el extranjero sin desempeñar ningún trabajo.
Documentos filtrados de la embajada de EE.UU. en Venezuela han revelado que el opositor venezolano, Carlos Vecchio, quien se encuentra prófugo de la justicia, habría sido el receptor de 116 millones de dólares a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Ya se sabe que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos investiga al exlíder de la oposición venezolana Juan Guaidó por corrupción y malversación de fondos.
Este desvío de fondos no solo representa una traición a la confianza de quienes realmente necesitan asistencia, sino que también plantea interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la oposición venezolana.
Además, el mercenario Jordan Goudreau (orquestó la incursión en territorio venezolano el 3 de mayo de 2020 para derribar al gobierno de Maduro) ha revelado que la CIA y el FBI habrían cubierto a elementos opositores venezolanos como Leopoldo López y Juan Guaidó, quienes están acusados de estafar a la USAID. Denunció que en 2020 las agencias estadounidenses ya tenían pruebas del fraude, pero decidieron proteger a los dirigentes ultraderechistas. Estas revelaciones sugieren una complicidad más profunda entre la oposición y agencias de inteligencia estadounidenses. Ya para todo el mundo está evidente que la lucha por el poder en Venezuela no es solo un conflicto interno, sino también un juego geopolítico en el que los intereses de potencias extranjeras están en juego.
La situación ha llevado al gobierno venezolano a abrir investigaciones contra opositores vinculados a estas tramas de corrupción. Este movimiento es visto como un intento de desmantelar las redes de corrupción que han socavado la credibilidad de la oposición y de la ayuda internacional.
La USAID, por su parte, se encuentra en una posición complicada. Su misión de “promover el desarrollo y la asistencia humanitaria” se ve empañada por las acusaciones de corrupción y malversación de fondos. Esto no solo afecta su reputación, sino que también limita su capacidad para operar efectivamente en un país.
En conclusión, la USAID se ha consolidado como un instrumento geopolítico clave en la estrategia de Estados Unidos para influir en gobiernos y sociedades en diversas regiones del mundo, no solo en América Latina. A través de la canalización de fondos y la promoción de programas de «ayuda humanitaria», la agencia ha sido utilizada para desestabilizar gobiernos considerados adversos a los intereses estadounidenses, facilitando la intervención en asuntos internos de países soberanos. Así, la USAID, en lugar de ser vista como un agente de desarrollo, se convierte en un actor en el complejo entramado de la política internacional, donde la lucha por el poder y la influencia prevalece sobre las necesidades humanas fundamentales.
Internacionales
Localizan cinco cuerpos que podrían corresponder a los músicos desaparecidos del grupo Fugitivo en Tamaulipas
Las autoridades de Tamaulipas informaron este jueves que fueron hallados cinco cuerpos sin vida en una zona aún no especificada del estado, los cuales, por sus características preliminares, podrían corresponder a los integrantes del grupo musical Fugitivo, desaparecidos desde el pasado domingo. Así lo indicó la Vocería de Seguridad estatal a través de sus redes sociales.
Los músicos, hombres de entre 20 y 40 años, fueron vistos por última vez cuando se dirigían a un supuesto bar en la ciudad de Reynosa, donde habían sido contratados para una presentación. Sin embargo, al llegar al lugar —que resultó ser un solar baldío—, desaparecieron sin dejar rastro. Sus familiares reportaron el hecho a las autoridades y denunciaron que también fueron robados dos vehículos pertenecientes a la agrupación.
La hermana de uno de los desaparecidos reveló que, tras la desaparición, comenzó a recibir llamadas de extorsión, lo que agravó la angustia de los familiares. Como medida de presión, músicos y allegados protestaron el miércoles frente a la alcaldía de Reynosa y bloquearon por un tiempo el puente internacional que conecta con Pharr, Texas.
La Fiscalía del estado de Tamaulipas, una de las regiones más golpeadas por la violencia del crimen organizado en México, anunció que ofrecerá más detalles sobre el caso en las próximas horas.
El trágico caso revive el temor entre artistas locales, quienes desde hace años se enfrentan a amenazas de grupos criminales que les exigen interpretar “narcocorridos”, canciones que exaltan a líderes del narcotráfico. Bandas reconocidas como Los Ángeles Azules, Molotov y Café Tacvba también han sido víctimas de la delincuencia, sufriendo robos de equipo e instrumentos durante sus giras.
Internacionales
Anulan juicio por la muerte de Diego Maradona tras participación de jueza en documental no autorizado
Buenos Aires, Argentina — El juicio que buscaba determinar las responsabilidades en la muerte de Diego Armando Maradona fue declarado nulo luego de que se comprobara la participación de una de las juezas del proceso, Julieta Makintach, en una serie documental no autorizada sobre el caso.
La decisión fue comunicada este martes por el magistrado Maximiliano Savarino desde el tribunal de San Isidro, al norte de la capital argentina. “Habiendo sido oídas todas las partes, se da a conocer la resolución del tribunal, que es la nulidad del juicio”, expresó el juez.
Como consecuencia de esta resolución, quedan sin efecto las 20 audiencias celebradas desde el 11 de marzo, durante las cuales testificaron más de 40 personas, incluidas tres hijas del exfutbolista, y se presentaron diversas pruebas claves para la investigación.
Makintach fue suspendida por 90 días y recusada oficialmente el martes, luego de que se revelara su participación en la grabación de una serie documental realizada dentro del mismo tribunal y sin autorización de las partes involucradas. La jueza presentó su renuncia de inmediato tras la difusión de imágenes y guiones del proyecto durante una audiencia.
El tribunal acogió el pedido de la fiscalía, los querellantes y la mayoría de las defensas para designar un nuevo cuerpo judicial y reiniciar el proceso desde cero. Por ahora, no hay fecha definida para el reinicio del juicio, ya que está pendiente el sorteo que determinará la nueva conformación del tribunal.
El proceso busca esclarecer si la muerte del ídolo del fútbol, ocurrida en noviembre de 2020, fue producto de negligencia médica o si se trató de un homicidio culposo.
La Policía Federal de Brasil detuvo a cinco personas en una operación contra una presunta organización criminal integrada por civiles y militares, acusada de espiar y planear asesinatos por encargo contra jueces de la Corte Suprema y otras figuras públicas.
La acción está relacionada con el asesinato del abogado Roberto Zampieri, ocurrido en diciembre de 2023 en Cuiabá, estado de Mato Grosso, y reveló la existencia de un grupo que ofrecía servicios de vigilancia y homicidios por hasta 250.000 reales (aproximadamente 44.000 dólares).
Durante el operativo, que incluyó allanamientos en Mato Grosso, São Paulo y Minas Gerais, se desmantelaron acciones atribuidas al llamado “Comando C4”, siglas de «Comando de cazacomunistas, corruptos y criminales», que incluso habría considerado el uso de disfraces y señuelos sexuales para ejecutar sus planes.
El jefe de la Abogacía General de la Unión, Jorge Messias, calificó la conspiración como un “absurdo sin precedentes”, alimentado por discursos de odio. Por su parte, el presidente del Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, señaló que la investigación se mantiene bajo confidencialidad y aún está en una fase preliminar.
El caso se enmarca en un contexto de creciente tensión en Brasil, donde jueces del Supremo han sido objeto de amenazas, y se investiga un presunto intento de golpe de Estado vinculado al expresidente Jair Bolsonaro, actualmente bajo proceso judicial.
