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Donald Trump planea enviar un estimulo económico que ronda los $1,000 dólares a afectados por coronavirus
El presidente Donald Trump afirmó que quiere enviar pagos en directos en efectivo a los estadounidenses afectados por el coronavirus.
Esto como parte de un paquete de estímulo económico masivo de alrededor de $850,000 millones.
“Estamos buscando enviar cheques a los estadounidenses de inmediato”, dijo el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin. “Y quiero decir, ahora, en las próximas dos semanas”.
Se desconoce la cifra a enviar, pero hay posibilidades de que sean $1,000 dólares.
Mnuchin agregó que la Administración Trump permitirá a los estadounidenses diferir hasta un millón de dólares en pagos al Servicio de Impuestos Internos (IRS) durante 90 días, además de que no se cobrarían intereses por ese aplazamiento. El beneficio se dispararía hasta $10 millones de dólares para corporaciones.
“Creo que está claro que no necesitamos enviar cheques a las personas que ganan un millón de dólares al año. Pero nos gusta (la idea), esa es una de las ideas que nos gustan. Vamos a obtener una vista previa de eso hoy y luego hablaremos de detalles más adelante”, dijo.
El presidente Trump habló de un paquete económico que su administración trabaja para pequeños negocios.
“Estamos brindando alivio a las industrias y pequeñas empresas afectadas. Nos aseguramos de que salgamos de este desafío con una economía próspera y en crecimiento, porque eso es lo que va a suceder”, dijo. “Va a ser grande, va a ser audaz el nivel de entusiasmo para algo como esto, no creo que haya visto algo así”.
Este plan debe ser aprobado por el Congreso, donde los demócratas han presentado otras propuestas, quienes urgen a aprobar este martes el primer paquete que ayude a amortizar el impacto económico por el COVID-19.
“La respuesta al coronavirus requerirá una movilización masiva de recursos públicos, federales, estatales y locales, como lo hemos hecho antes en tiempos de guerra”, reconoció el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, quien comparó el impacto económico con la Gran Recesión.
Agregó que la prioridad será atender a quienes son afectados directamente por la pandemia, lo cual se lograría con un primer proyecto de ley, si hay un acuerdo.
“Proporcionaría pruebas gratuitas de coronavirus, eso es esencial. Extendería la licencia por enfermedad remunerada, brindaría asistencia alimentaria, reembolso de Medicaid y seguro de desempleo ampliado”, apuntó. “Nuestra propuesta es grande, es audaz, pero también está dirigida. Se centra en los estadounidenses y las partes del sector de la salud y la economía que más lo necesitan ahora: hospitales y tratamiento, seguro de desempleo y Medicaid, tolerancia de préstamos y ayuda a pequeñas empresas, cuidado de niños y ciudadanos de la tercera edad”.
Se trata de la segunda condena contra el exfuncionario en ese país, luego de que en octubre pasado fuera sentenciado a 39 años de cárcel por proteger al cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos, tras un juicio en el que testificaron antiguos miembros del grupo criminal.
El nuevo fallo corresponde a una demanda civil que presentó México en septiembre de 2021 contra García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, a quienes acusa de conformar una «red de corrupción y lavado de dinero» que abarcó decenas de contratos públicos. Las operaciones de blanqueo se ejecutaron en Estados Unidos.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), brazo antilavado del gobierno, dijo en un comunicado que «la sentencia equivale a tres veces la cantidad de dinero por la que el gobierno de México los demandó originalmente», conforme a la ley de Florida, donde se llevó el caso.
García Luna, de 56 años, fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del presidente conservador Felipe Calderón (2006-2012).
El exfuncionario fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas. Vivía desde 2012 en Estados Unidos.
El gobierno mexicano ha dicho que un conglomerado empresarial familiar de García Luna obtuvo 30 contratos con varios organismos de seguridad pública, a partir de los cuales se extrajeron recursos por un monto de 745,9 millones de dólares.
En marzo de 2023, la UIF señaló que los fondos «fueron transferidos al extranjer» mediante la utilización de paraísos fiscales y la adquisición de bienes y otros activos en el estado de Florida.
Cuatro personas, incluidos tres menores de edad, murieron recientemente en México a causa del sarampión, según un informe de la Secretaría de Salud federal difundido este miércoles. Los decesos ocurrieron en los estados de Chihuahua y Sonora, ambos fronterizos con Estados Unidos.
En Chihuahua, las autoridades confirmaron la muerte de dos menores —un niño de siete años y un bebé de 11 meses— pertenecientes a la comunidad menonita, conocida por su resistencia a las vacunas. Los fallecimientos se produjeron en la primera quincena de mayo y se suman al de un hombre de 31 años que murió en abril. Ninguna de las tres víctimas había sido inmunizada contra la enfermedad.
Según la Secretaría de Salud estatal, ambos menores presentaban cuadros de neumonía, además de padecimientos previos: uno sufría leucemia y el otro una afección renal. El bebé de 11 meses tampoco pudo recibir inmunidad pasiva, ya que su madre no estaba vacunada.
Ante estos hechos, el gobierno de Chihuahua anunció una reunión con líderes menonitas para fortalecer las campañas de vacunación y atención médica en esas comunidades.
En el estado de Sonora, la cuarta víctima fue una niña de un año, hija de padres jornaleros agrícolas. De acuerdo con las autoridades locales, la menor no había sido vacunada, padecía desnutrición severa y no fue llevada a recibir atención médica.
México ha intensificado su campaña nacional de vacunación contra el sarampión debido al repunte de casos en Estados Unidos, especialmente en Texas. El país registra hasta ahora 1.152 casos confirmados, mientras que en EE. UU. el brote supera los 1.000 contagios, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales.
Las autoridades francesas detuvieron a 55 hombres en el marco de una amplia operación contra una red de pornografía infantil que operaba a través de la aplicación de mensajería Telegram, informó este jueves la Oficina Central de Represión de Violencias contra Menores (Ofmin).
Las detenciones, realizadas entre el lunes y el jueves en diversas regiones del país, se efectuaron por posesión, difusión y consumo habitual de contenido pornográfico infantil, en casos que involucran a menores de menos de 10 años, indicó la institución a la agencia AFP.
Los detenidos, de entre 25 y 75 años, tienen perfiles variados, incluyendo un sacerdote, un conductor de ambulancia, un profesor de música, un abuelo y padres de familia considerados “ejemplares”, según detalló el comisario Quentin Bevan, de la Ofmin.
De acuerdo con las investigaciones, los implicados intercambiaban material ilegal mediante Telegram y mantenían vínculos con delincuentes “extremadamente peligrosos”, ya encarcelados desde mediados de 2024 por delitos similares.
La operación, que se inició hace diez meses, se originó tras la captura de individuos que abusaban sexualmente de menores y compartían videos de las agresiones en la plataforma de mensajería.
Bevan calificó a Telegram como la aplicación predilecta de los pedocriminales, y aunque reconoció avances en la cooperación con la empresa, criticó que “apenas cumple con el mínimo de sus obligaciones” legales.
En respuesta, Telegram aseguró a AFP que siempre ha cumplido con la legislación europea y que responde de forma sistemática a las solicitudes judiciales vinculantes. La empresa añadió que la única diferencia tras la detención de su fundador, Pavel Durov, es que las autoridades francesas “han comenzado a dirigir correctamente sus requerimientos judiciales”.
Durov, nacionalizado francés desde 2021, fue detenido en agosto y está acusado por la justicia de complicidad en actividades delictivas, aunque permanece en libertad bajo control judicial.
