Judicial
Fiscalía insiste en que bienes de Munguía Payés valuados en más de $4.6 millones pasen al Estado
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio desarrolló, este lunes, la quinta jornada de la audiencia preparatoria contra el ex ministro de Defensa, David Munguía Payés y su grupo familiar, por los delitos de lavado de dinero y activos y actos de corrupción por un monto de $4,638,174.91.
Para la jornada de este lunes la Fiscalía General de la República (FGR), presentó al referido tribunal las pruebas que vinculan al imputado en los delitos antes señalados.
La institución pretende que nueve inmuebles, entre ellos un lujoso rancho de playa, dos vehículos y nueve depósitos bancarios valuados en más de $4.6 millones pasen a ser administrados por el Estado.
Los resultados de las investigaciones fiscales han determinado que Munguía Payés obtuvo los bienes de manera injustificada cuando ejerció sus funciones como ministro de Defensa y ministro de Justicia y Seguridad Pública, durante el periodo 2009 al 2018.
Al ser verificado su patrimonio, previo a ejercer y concluir su rol como funcionario público, la Fiscalía concluyó que el procesado incrementó su justificado, el cual no ha sido justificado.
El ministerio público ha señalado que cuando Munguía Payés se desempeñó como funcionario público estuvo incrementando las cuentas bancarias de sus familiares, pero nunca se supo la procedencia lícita de los fondos depositados, hasta que las indagaciones detectaron que ese dinero salió de la partida secreta de la Presidencia de la República.
La representación fiscal también ha cuestionado a los parientes del ex funcionario por no tener la capacidad económica para comprar inmuebles y vehículos. Sin embargo, los procuradores [abogados de Munguía Payés y parientes] expusieron que el exfuncionario antes de ejercer los cargos públicos reportó que su patrimonio era de $1.4 millones.
En el expediente de acusación se incluye a la madre de Munguía Payés, Blanca Lidia López Méndez, al hermano José Roberto Dheming Valle y la hija Blanca Patricia Munguía Molina.
La Fiscalía General de la Republica (FGR) hizo justicia a favor de una menor logrando que Nelson Salmerón Rosales sea condenado a 32 años de prisión y Jaqueline Felicita Navarro Cruz a 20 años de cárcel.
Los abusos ocurrieron desde que la menor tenía 6 años hasta los 11. Salmerón se aprovechó de la confianza que tenía con la mamá de ella para agredirla sexualmente. La menor le contó a su madre, pero ella permitió que eso ocurriera y nunca hizo nada para evitarlo.
A raíz de la situación, la víctima tuvo cambios en su comportamiento, las autoridades del centro educativo lo notaron y ella les contó lo que sucedía. Los profesores alertaron a un familiar de la niña e inmediatamente interpusieron la denuncia.
Las condenas han sido impuestas por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
