Judicial
Fiscalía insiste en que bienes de Munguía Payés valuados en más de $4.6 millones pasen al Estado
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio desarrolló, este lunes, la quinta jornada de la audiencia preparatoria contra el ex ministro de Defensa, David Munguía Payés y su grupo familiar, por los delitos de lavado de dinero y activos y actos de corrupción por un monto de $4,638,174.91.
Para la jornada de este lunes la Fiscalía General de la República (FGR), presentó al referido tribunal las pruebas que vinculan al imputado en los delitos antes señalados.
La institución pretende que nueve inmuebles, entre ellos un lujoso rancho de playa, dos vehículos y nueve depósitos bancarios valuados en más de $4.6 millones pasen a ser administrados por el Estado.
Los resultados de las investigaciones fiscales han determinado que Munguía Payés obtuvo los bienes de manera injustificada cuando ejerció sus funciones como ministro de Defensa y ministro de Justicia y Seguridad Pública, durante el periodo 2009 al 2018.
Al ser verificado su patrimonio, previo a ejercer y concluir su rol como funcionario público, la Fiscalía concluyó que el procesado incrementó su justificado, el cual no ha sido justificado.
El ministerio público ha señalado que cuando Munguía Payés se desempeñó como funcionario público estuvo incrementando las cuentas bancarias de sus familiares, pero nunca se supo la procedencia lícita de los fondos depositados, hasta que las indagaciones detectaron que ese dinero salió de la partida secreta de la Presidencia de la República.
La representación fiscal también ha cuestionado a los parientes del ex funcionario por no tener la capacidad económica para comprar inmuebles y vehículos. Sin embargo, los procuradores [abogados de Munguía Payés y parientes] expusieron que el exfuncionario antes de ejercer los cargos públicos reportó que su patrimonio era de $1.4 millones.
En el expediente de acusación se incluye a la madre de Munguía Payés, Blanca Lidia López Méndez, al hermano José Roberto Dheming Valle y la hija Blanca Patricia Munguía Molina.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
