Judicial
Fiscalía insiste en que bienes de Munguía Payés valuados en más de $4.6 millones pasen al Estado
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio desarrolló, este lunes, la quinta jornada de la audiencia preparatoria contra el ex ministro de Defensa, David Munguía Payés y su grupo familiar, por los delitos de lavado de dinero y activos y actos de corrupción por un monto de $4,638,174.91.
Para la jornada de este lunes la Fiscalía General de la República (FGR), presentó al referido tribunal las pruebas que vinculan al imputado en los delitos antes señalados.
La institución pretende que nueve inmuebles, entre ellos un lujoso rancho de playa, dos vehículos y nueve depósitos bancarios valuados en más de $4.6 millones pasen a ser administrados por el Estado.
Los resultados de las investigaciones fiscales han determinado que Munguía Payés obtuvo los bienes de manera injustificada cuando ejerció sus funciones como ministro de Defensa y ministro de Justicia y Seguridad Pública, durante el periodo 2009 al 2018.
Al ser verificado su patrimonio, previo a ejercer y concluir su rol como funcionario público, la Fiscalía concluyó que el procesado incrementó su justificado, el cual no ha sido justificado.
El ministerio público ha señalado que cuando Munguía Payés se desempeñó como funcionario público estuvo incrementando las cuentas bancarias de sus familiares, pero nunca se supo la procedencia lícita de los fondos depositados, hasta que las indagaciones detectaron que ese dinero salió de la partida secreta de la Presidencia de la República.
La representación fiscal también ha cuestionado a los parientes del ex funcionario por no tener la capacidad económica para comprar inmuebles y vehículos. Sin embargo, los procuradores [abogados de Munguía Payés y parientes] expusieron que el exfuncionario antes de ejercer los cargos públicos reportó que su patrimonio era de $1.4 millones.
En el expediente de acusación se incluye a la madre de Munguía Payés, Blanca Lidia López Méndez, al hermano José Roberto Dheming Valle y la hija Blanca Patricia Munguía Molina.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
