Internacionales
Diputados aprueban militarizar la Guardia Nacional de México
La Cámara de Diputados de México aprobó este jueves la reforma del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para ceder al Ejército el control de la Guardia Nacional y modificar el accionar de los militares en tiempos de paz, a quienes el mandatario asignó crecientes tareas en su Gobierno.
La reforma que impulsa que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) administre la Guardia Nacional (GN) -un cuerpo de seguridad con más de 120.000 elementos que López Obrador creó en 2019 bajo la premisa de mantenerlo civil- obtuvo 362 votos a favor, 133 en contra y sin abstenciones.
El dictamen -que ahora será discutido en lo particular en el pleno de la Cámara Baja y que pasará luego a la Cámara de Senadores para su discusión y aprobación- fue criticado por la oposición y algunos organismos por advertir que se lleva a cabo una «militarización» de todos los ámbitos del país. Lo anterior, al modificar el artículo 129 de la Constitución, que ahora limita las funciones militares en tiempos de paz, una norma que no se ha cambiado desde 1857. Asimismo, cambia el artículo 21 para eliminar la «garantía orgánica» que obliga a que las instituciones de seguridad pública sean de carácter civil.
Entre otros cambios, establece que los delitos serán investigados por el Ministerio Público, la Policía y la GN, así como que su personal tendrá origen militar con formación policial y estarán adscritos a la SEDENA y ejecutarán la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
«Paz y justicia» sin «militarismo»
La sesión comenzó con una serie de mociones de la diputada del opositor Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, y los diputados de los opositores Partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), Saúl Téllez y Víctor Palma, respectivamente, para suspender la discusión de esta reforma. Ballesteros consideró que «México quiere paz y justicia», pero «no quiere militarismo».
Ante esto, la diputada oficialista, del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), María del Rosario, insistió que la formación de los elementos de la GN será militar, «pero en cuanto a su acción y ejercicio es policial». Añadió que «la formación y disciplina de las Fuerzas Armadas garantizan su integridad y obediencia a las autoridades civiles y su lealtad a la patria y al pueblo de México».
Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, de MORENA, defendió que este dictamen también faculta al Congreso para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad pública.
Las labores de las Fuerzas Armadas crecieron con López Obrador, quien les asignó tareas de seguridad pública, construcción de obras de infraestructura, administración de aduanas y puertos y la dirección de empresas del Estado, como el Tren Maya y la aerolínea Mexicana de Aviación.
La Suprema Corte declaró inconstitucional en 2023 una reforma legal del presidente para militarizar la Guardia Nacional porque «las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles». Sin embargo, desde el 1 de septiembre, la alianza de partidos de López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tiene el control de más de dos tercios del Congreso, la mayoría necesaria para modificar la carta magna.
Tras dos semanas de protestas indígenas, el gobierno de Brasil anunció este viernes la suspensión del dragado del río Tapajós, en la Amazonía, donde pueblos nativos rechazan la explotación fluvial para la exportación de granos.
Cientos de indígenas acamparon durante días frente a la terminal portuaria del gigante agroindustrial estadounidense Cargill, en el norte brasileño, para llamar la atención del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
«Frente a la movilización de pueblos indígenas y (…) como gesto de negociación», el gobierno suspendió el proceso de contratación de una empresa para las obras de dragado anual del Tapajós, en el estado de Pará, según una nota oficial.
Pueblos amazónicos alertan sobre la expansión portuaria en ríos que consideran vitales para su modo de vida, una queja que ya expresaron en la conferencia climática COP30 de la ONU en noviembre.
Piden la derogación de un decreto firmado por el izquierdista Lula en agosto pasado, que designa los principales ríos de la Amazonía como prioritarios para la navegación de carga y la expansión de puertos privados.
También reclamaban la cancelación de la licitación para dragar el Tapajós, un importante afluente del Amazonas.
Además de suspender ese proceso, el gobierno prometió este viernes una «consulta libre, previa e informada» a las comunidades locales antes de avanzar en obras.
«El gobierno está abriendo nuestros territorios a muchos proyectos (…) para impulsar el agronegocio», dijo esta semana a la AFP la líder indígena Auricelia Arapiuns, por video desde la protesta en la ciudad portuaria amazónica de Santarém.
Los manifestantes llegaron a impedir que los camiones «entren y salgan de la terminal», dijo Cargill en un comunicado enviado a la AFP.
La multinacional estadounidense cuenta con operaciones de logística agrícola en todo Brasil.
Los manifestantes bloquearon la carretera que conduce al aeropuerto internacional de Santarém, punto frecuentado por turistas.
«La infraestructura (para los ríos) que llega no es un espacio para nosotros, y nunca lo será», afirmó esta semana la líder indígena Alessandra Korap, del pueblo mundurukú.
Brasil es el mayor exportador mundial de soja y maíz y, en los últimos años, ha optado por puertos fluviales del norte para abaratar la exportación de granos.
La fiscalía general había señalado el martes «serios riesgos ambientales» para el río Tapajós.
La fiscalía general de México (FGR) reportó este viernes el hallazgo de un cadáver con características similares a las de uno de los diez trabajadores de una minera canadiense secuestrados hace dos semanas en el convulso estado de Sinaloa (noroeste), informó la dependencia.
El secuestro ocurrió el pasado 23 de enero en la región sur del estado. Las víctimas son trabajadores del complejo Pánuco de la minera canadiense Vizsla Silver, localizado en el municipio de Concordia, en Sinaloa.
La fiscalía señaló en un comunicado que entre varios restos humanos localizados en la zona donde ocurrió el delito «fue posible establecer que uno de los cuerpos localizados cuenta con características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas».
«Se realizan los trabajos respectivos para confirmar su identidad», agregó la FGR en el comunicado.
Este primer hallazgo es resultado de cateos y otras labores de campo efectuadas por cuerpos de la policía, el Ejército y la Guardia Nacional en Concordia, detalló la fiscalía.
Durante los operativos fueron detenidas cuatro personas y se obtuvieron «datos relevantes» para esclarecer el caso, agregó.
La FGR señaló que continúa «la búsqueda de indicios, así como de cualquier elemento que lleve al esclarecimiento de los hechos».
El pasado domingo, el gobierno mexicano anunció el reforzamiento de las labores de búsqueda de los mineros, con el despliegue de 1,190 efectivos, tres helicópteros y dos aviones.
Desde septiembre de 2024 el estado es golpeado por una ola de violencia debido a las pugnas internas del poderoso cártel narcotraficante.
Las autoridades no precisaron la nacionalidad de los raptados. La prensa local señala que la mayoría provienen del vecino estado de Sonora (noroeste).
Como parte de los acuerdos de cooperación y de la lucha conjunta contra el crimen organizado transnacional, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), mediante la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, ha requerido al gobierno de Guatemala registrar y documentar los tatuajes que posean los reclusos.
Dicha medida busca cotejar información que pueda ligar a los detenidos con grupos criminales que operan en diversos países, con el fin de facilitar las investigaciones.
La medida está siendo implementada por el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala y el Sistema Penitenciario (SP). Las autoridades continuamente realizan operativos sorpresa en diferentes centros penales.
En el marco de la aprobación de la Ley Antipandillas en Guatemala, en noviembre pasado, se comenzó a implementar el registro biométrico de los reclusos; el cual consiste en censar huellas dactilares, rasgos faciales, escaneo de iris, y recientemente la documentación de tatuajes, ya que a través de estos es posible descifrar la pertenencia a maras, pandillas u otros grupos delictivos que operen de manera coordinada en diversas naciones.
«Los tatuajes representan un elemento clave de identificación, ya que muchos están vinculados a estructuras criminales específicas o contienen símbolos únicos que facilitan la verificación de antecedentes a nivel internacional y la vinculación con esas organizaciones», aseguró una fuente interna del Sistema Penitenciario al medio guatemalteco Prensa Libre.
Tanto el ministro de Gobernación y la Embajada de Estados Unidos en dicho país «destacaron la importancia de continuar con la cooperación y el trabajo articulado para fortalecer la gobernanza democrática e impulsar iniciativas de interés. Esto, con el objetivo de contrarrestar y enfrentar las amenazas de seguridad», aseguró la cartera de Estado en X.
