Política
Partido Nuevas Ideas rechaza el espionaje en ciberdelitos
El grupo parlamentario de Nuevas Ideas rechazó categóricamente ayer que la reforma al Código Procesal Penal para combatir y castigar los delitos cometidos con las tecnologías informáticas, y que da vida a la figura del agente encubierto, vaya a ser utilizada para espionaje o persecución, como quieren hacer creer los sectores de la oposición política.
Varios legisladores del grupo parlamentario de la bancada cian recordaron, además, que la figura del agente encubierto ya es utilizada y permitida en el país para investigar, procesar y castigar penalmente otras conductas delictivas.
Asimismo, descartaron que para la obtención de pruebas se vayan a desarrollar otros procedimientos que no sean los mismos que se ejecutan cuando se investiga otro tipo de delitos.
La comisión de seguridad pública de la Asamblea, en su sesión del miércoles pasado, emitió dictamen favorable para las enmiendas que crean un nuevo capítulo en el Código Procesal Penal y que están relacionadas con el uso de tecnologías informáticas y de comunicación.
Las reformas, que serán conocidas en la sesión plenaria de la próxima semana, desarrollan cinco nuevos artículos para combatir los ciberdelitos, los cuales recogen en su redacción las propuestas hechas por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP).
Los nuevos artículos desarrollan disposiciones generales sobre evidencia digital, registro de la cadena de custodia, incorporación y producción de evidencia digital en el proceso penal, agente encubierto digital y otras técnicas de investigación infor mática y medidas cautelares.
El diputado de Nuevas Ideas e integrante de la comisión de seguridad Wálter Coto rechazó tajantemente que el artículo relacionado con la figura del agente encubierto digital y otras técnicas de investigación informáticas vaya a ser usado para el espionaje o la persecución, como pretende hacer creer la oposición, a la que le recordó que el agente encubierto ya se usa para combatir otros delitos.
«El espionaje en este país no existe. Lo que aquí existe es la posibilidad de que haya agentes encubiertos y la normativa ya lo regula y está establecido en el Código Procesal Penal para llegar a la verdad en un proceso», explicó Coto.
La legislación procesal penal, en el artículo 175, inciso cuarto, permite el uso de «operaciones encubiertas practicadas por la Policía» para investigar y probar conductas delictivas en el crimen organizado, defraudación al fisco, actos de terrorismo, ilícitos de realización compleja, lavado de dinero, narcotráfico e infracciones aduaneras.
El uso de la figura de este agente encubierto, advierte el Código Procesal Penal, es «previa autorización por escrito del fiscal superior».
El agente encubierto es una persona de la Policía, y la Fiscalía se coordina con él, explicó Coto. La comisión, en el marco de su discusión y debate de las reformas, incluyó la opinión técnica de la FGR y del MJSP para la redacción final de este artículo relacionado con las operaciones encubiertas, que «serán con autorización judicial y a petición del fiscal, las cuales estarán a cargo de la Policía, previa autorización por escrito del fiscal general de la república o de sus delegados».
El diputado de la bancada cian Carlos Hermann Bruch, por su parte, aseguró que la reforma procesal penal que desarrolla el artículo relacionado con la evidencia digital tampoco tiene algo distinto a los procedimientos que en la actualidad se observan para investigar otras conductas delictivas. «El proceso de incautación de las pruebas es el mismo que se utiliza en los otros procesos de investigación que no son por ciberdelitos. Estas figuras que contemplan las reformas ya existen en la actualidad dentro de nuestra legislación», acotó Bruch, de la comisión de seguridad.
Giovanny Zaldaña, también diputado de Nuevas Ideas e integrante de la comisión de seguridad, es claro al rechazar el argumento de la oposición con respecto al mal uso de esa figura.
«No es espionaje. Buscamos combatir la delincuencia, buscamos llevar estas figuras legales que ya existen al ámbito de la tecnología para que se pueda acercar a las estructuras delictivas y combatir el crimen. No hay por qué temer», explicó Zaldaña.
Coto, Zaldaña y Bruch coincidieron en que las enmiendas al Código Procesal Penal son parte de un trabajo articulado con las instituciones del Estado encargadas de perseguir y combatir el delito.
Nuevas Ideas denunció que en lo que va del año la FGR ha recibido 8,500 denuncias de personas que han sido víctimas de delitos cometidos por medio del uso de la tecnología de la información, que han sido perpetrados en el territorio nacional o desde el extranjero.
Los legisladores reiteraron su compromiso por legislar en favor de la población, al tiempo que exhortaron a los sectores de oposición a trabajar y respaldar todas aquellas iniciativas que se impulsen para combatir el crimen común y el crimen organizado en el país.
Los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) tomaron pesesión este lunes de la nueva junta directiva del foro regional para el periodo de 2024-2025. Durante la sesión el salvadoreño Carlos René Hernández Castillo, diputado por el partido de Nuevas Ideas inicio funciones como presidente del Parlacen. También fue electa como secretaria del Parlacen la diputada salvadoreña, Cecilia Guadalupe Rivera Méndez.
Hernández es diputado del parlamento regional desde el 28 de octubre del 2021. El diputado salvadoreño fue juramentado este día en sesión solemne llevada a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala y por la plataforma Zoom.
«Es innegable que el tiempo nos exige revisar nuestras fortalezas y, con espíritu constructivo y dinámico reconocer las áreas que debemos mejorar…El Parlacen debe adecuarse a los tiempos modernos, respondiendo de manera efectiva a las demandas de nuestros pueblos, para que nuestros ciudadanos puedan percibir los beneficios de la integración», dijo Hernández Castillo durante su discurso de juramentación.
Durante la ceremonia también participó, a través de un video vía plataforma virtual, el vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, quien felicitó a la nueva junta directiva y mencionó que «es un doble honor porque El Salvador asume la presidencia del Parlacen».
En la sesión también fueron establecidos los demás cargos de la junta directiva, la cual quedó conformada por los vicepresidentes Edgar Antonio de León, de Guatemala; Nedis Adrián Licona, de Honduras; Guillermo Daniel Ortega, de Nicaragua; Dorindo Jayans Cortez, de Panamá y Ramón Emilio Gori, de República Dominicana.
El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) sufrió una significativa reducción en su base electoral durante las recientes elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2024. Esta caída se atribuye internamente al exdiputado Guillermo Gallegos, quien enfrenta múltiples acusaciones de corrupción y nepotismo.
Fuentes dentro del partido indican que varios de sus dirigentes habrían estado bajo la influencia de Gallegos para promover sus intereses personales, incluyendo la permanencia de individuos de su círculo cercano en posiciones de poder dentro del partido. Simultáneamente, varios miembros destacados de GANA han expresado su descontento con la permanencia de Gallegos como vicepresidente.
Uno de los principales opositores a Gallegos ha sido el alcalde de San Luis Talpa, Salvador Meléndez, quien ha exigido a Gallegos que actúe con la “ética y transparencia” que él mismo proclama y devuelva los miles de dólares que recibió del Estado para financiar la ONG de su esposa, además de cuestionar sus viajes al extranjero mientras ocupaba un cargo de relevancia en el Órgano Legislativo.
Meléndez, junto a otros tres ediles elegidos en los últimos comicios, reaccionó ante un proceso disciplinario que enfrentó por parte de la dirigencia del partido y Gallegos, tras un incremento en su salario y dietas al asumir sus cargos el 1 de mayo. En este contexto, el alcalde subrayó que Gallegos se resiste a dar paso a nuevas generaciones, reiterando su llamado junto a otros miembros de GANA a una renovación en la dirigencia para permitir que el partido “pase a manos nuevas y pueda prosperar”.
El enfrentamiento de Gallegos no es nuevo; en agosto de 2019, tuvo un conflicto con el fallecido fundador de GANA, Andrés Rovira. Gallegos afirmó en diversas ocasiones que Rovira había renunciado a la presidencia del directorio para adelantar las elecciones internas. Sin embargo, Rovira desmintió esa afirmación ante los medios, aclarando que solo había renunciado a participar en el siguiente directorio.
Los resultados electorales para GANA fueron decepcionantes. El partido logró apenas 23,229 votos en San Salvador, lo que no fue suficiente para obtener un escaño en la Asamblea Legislativa. A nivel nacional, GANA solo consiguió seis alcaldías, muy por debajo de las expectativas iniciales. Esta falta de éxito es aún más alarmante considerando que el partido hipotecó su sede para financiar su campaña electoral de 2024, hecho que fue confirmado por Gallegos.
La Magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, solicitó, como una de las primeras decisiones de su gestión, una auditoría exhaustiva de la Corte de Cuentas de la República (CCR) a la autoridad electoral de El Salvador por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 23 de septiembre de 2024.
Esta acción marca un hito en el Organismo Colegiado, siendo la primera vez que su máxima autoridad toma medidas inmediatas para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la institución. Soriano presentó una solicitud formal a la CCR, subrayando su compromiso con la mejora de la gestión administrativa y financiera del TSE.
“Queremos consolidar al Tribunal Supremo Electoral como una institución confiable, por ello, hemos solicitado la intervención de la Corte de Cuentas para que realice las auditorías correspondientes a las gestiones anteriores”, manifestó la Magistrada Presidente.
La auditoría seguirá el proceso correspondiente, y una vez se reciba el Informe de Auditoría, se tomarán las medidas necesarias para fortalecer la administración de los recursos públicos y recuperar la confianza ciudadana. Soriano destacó que esta iniciativa no solo busca corregir errores pasados, sino también establecer bases firmes para una gestión más eficiente y transparente en el futuro.
Además, la Presidente añadió que su visión de modernización se sustentará en pilares clave como la transparencia, la modernización de los procesos, la mejora continua del talento humano institucional y el fortalecimiento del trabajo territorial, con miras a consolidar al TSE como una institución ejemplar en la administración electoral del país y la región.
