Política
Partido Nuevas Ideas rechaza el espionaje en ciberdelitos
El grupo parlamentario de Nuevas Ideas rechazó categóricamente ayer que la reforma al Código Procesal Penal para combatir y castigar los delitos cometidos con las tecnologías informáticas, y que da vida a la figura del agente encubierto, vaya a ser utilizada para espionaje o persecución, como quieren hacer creer los sectores de la oposición política.
Varios legisladores del grupo parlamentario de la bancada cian recordaron, además, que la figura del agente encubierto ya es utilizada y permitida en el país para investigar, procesar y castigar penalmente otras conductas delictivas.
Asimismo, descartaron que para la obtención de pruebas se vayan a desarrollar otros procedimientos que no sean los mismos que se ejecutan cuando se investiga otro tipo de delitos.
La comisión de seguridad pública de la Asamblea, en su sesión del miércoles pasado, emitió dictamen favorable para las enmiendas que crean un nuevo capítulo en el Código Procesal Penal y que están relacionadas con el uso de tecnologías informáticas y de comunicación.
Las reformas, que serán conocidas en la sesión plenaria de la próxima semana, desarrollan cinco nuevos artículos para combatir los ciberdelitos, los cuales recogen en su redacción las propuestas hechas por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP).
Los nuevos artículos desarrollan disposiciones generales sobre evidencia digital, registro de la cadena de custodia, incorporación y producción de evidencia digital en el proceso penal, agente encubierto digital y otras técnicas de investigación infor mática y medidas cautelares.
El diputado de Nuevas Ideas e integrante de la comisión de seguridad Wálter Coto rechazó tajantemente que el artículo relacionado con la figura del agente encubierto digital y otras técnicas de investigación informáticas vaya a ser usado para el espionaje o la persecución, como pretende hacer creer la oposición, a la que le recordó que el agente encubierto ya se usa para combatir otros delitos.
«El espionaje en este país no existe. Lo que aquí existe es la posibilidad de que haya agentes encubiertos y la normativa ya lo regula y está establecido en el Código Procesal Penal para llegar a la verdad en un proceso», explicó Coto.
La legislación procesal penal, en el artículo 175, inciso cuarto, permite el uso de «operaciones encubiertas practicadas por la Policía» para investigar y probar conductas delictivas en el crimen organizado, defraudación al fisco, actos de terrorismo, ilícitos de realización compleja, lavado de dinero, narcotráfico e infracciones aduaneras.
El uso de la figura de este agente encubierto, advierte el Código Procesal Penal, es «previa autorización por escrito del fiscal superior».
El agente encubierto es una persona de la Policía, y la Fiscalía se coordina con él, explicó Coto. La comisión, en el marco de su discusión y debate de las reformas, incluyó la opinión técnica de la FGR y del MJSP para la redacción final de este artículo relacionado con las operaciones encubiertas, que «serán con autorización judicial y a petición del fiscal, las cuales estarán a cargo de la Policía, previa autorización por escrito del fiscal general de la república o de sus delegados».
El diputado de la bancada cian Carlos Hermann Bruch, por su parte, aseguró que la reforma procesal penal que desarrolla el artículo relacionado con la evidencia digital tampoco tiene algo distinto a los procedimientos que en la actualidad se observan para investigar otras conductas delictivas. «El proceso de incautación de las pruebas es el mismo que se utiliza en los otros procesos de investigación que no son por ciberdelitos. Estas figuras que contemplan las reformas ya existen en la actualidad dentro de nuestra legislación», acotó Bruch, de la comisión de seguridad.
Giovanny Zaldaña, también diputado de Nuevas Ideas e integrante de la comisión de seguridad, es claro al rechazar el argumento de la oposición con respecto al mal uso de esa figura.
«No es espionaje. Buscamos combatir la delincuencia, buscamos llevar estas figuras legales que ya existen al ámbito de la tecnología para que se pueda acercar a las estructuras delictivas y combatir el crimen. No hay por qué temer», explicó Zaldaña.
Coto, Zaldaña y Bruch coincidieron en que las enmiendas al Código Procesal Penal son parte de un trabajo articulado con las instituciones del Estado encargadas de perseguir y combatir el delito.
Nuevas Ideas denunció que en lo que va del año la FGR ha recibido 8,500 denuncias de personas que han sido víctimas de delitos cometidos por medio del uso de la tecnología de la información, que han sido perpetrados en el territorio nacional o desde el extranjero.
Los legisladores reiteraron su compromiso por legislar en favor de la población, al tiempo que exhortaron a los sectores de oposición a trabajar y respaldar todas aquellas iniciativas que se impulsen para combatir el crimen común y el crimen organizado en el país.
Como parte del balance del primer año de gestión, el presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Wálter Sosa, informó que concluyeron las auditorías de todos los ministerios del Gobierno central, y están al día los procesos en cada institución.
El funcionario señaló que es la primera vez en el ente contralor estatal que se alcanza dicho resultado. Destacó que se ha procurado fortalecer la eficiencia de las acciones para transparentar el uso de los fondos públicos.
«Quiero resaltar que, por primera vez, la Corte de Cuentas de la República realizó auditorías financieras a la totalidad de los ministerios del Gobierno central, dejándolos auditados hasta el año 2024. Para lograrlo, nuestros equipos de auditoría ejecutaron más de 100 acciones de control», explicó Sosa en entrevista con «Diario El Salvador».
Agregó que, desde el 7 de febrero de 2025, el trabajo institucional se ha enfocado en tres líneas estratégicas: garantizar la independencia de las auditorías y juicios de cuentas, modernizar los procesos de fiscalización y fortalecer las alianzas para la prevención de la corrupción.
«Este esfuerzo marca un antes y un después en la fiscalización del país, ya que la CCR tendrá una presencia concurrente en estas entidades para asegurar la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos», dijo el presidente de la CCR.
También manifestó que consolidan los datos para presentar la estadística recabada en la próxima entrega del informe de labores.
Recordó que durante su primer año al frente de la institución concluyeron el Plan Masivo de Fiscalización Municipal, y confirmó que están 100 % auditadas hasta 2024.
Por otra parte, dijo que otro de los logros de la actual gestión contralora es que, de manera transversal, se fortaleció la gestión administrativa con la creación de la Dirección Anticorrupción y el trabajo articulado con instituciones como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, entre otras entidades.
Enfatizó que continuarán el trabajo para reforzar la independencia y asegurar el cumplimiento legal y técnico en todos los procesos de auditorías financieras y de gestión, exámenes especiales y juicios de cuentas.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó ayer su Memoria de Labores 2024–2025, como parte del ejercicio de rendición de cuentas y reflexión sobre el trabajo durante el período electoral. La actividad estuvo encabezada por la presidenta del TSE, Roxana Soriano.
Entre los avances destacados por la titular están la modernización tecnológica de los procesos institucionales, la creación del Ciclo Electoral Salvadoreño y la implementación de la Política Antisoborno y del Sistema de Gestión Antisoborno.
Asimismo, Soriano informó sobre los avances en la planificación del proceso electoral 2027, incluyendo la aprobación del Calendario Electoral, el Plan General de Elecciones, el Presupuesto Extraordinario y el fortalecimiento de la planificación del voto en el extranjero.
«En cada proceso ejecutado con rigor, en cada decisión responsable y en cada garantía brindada al ejercicio democrático se construye confianza pública y se fortalece el futuro de El Salvador», consideró la presidenta del organismo electoral.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
