Política
Partido Nuevas Ideas rechaza el espionaje en ciberdelitos
El grupo parlamentario de Nuevas Ideas rechazó categóricamente ayer que la reforma al Código Procesal Penal para combatir y castigar los delitos cometidos con las tecnologías informáticas, y que da vida a la figura del agente encubierto, vaya a ser utilizada para espionaje o persecución, como quieren hacer creer los sectores de la oposición política.
Varios legisladores del grupo parlamentario de la bancada cian recordaron, además, que la figura del agente encubierto ya es utilizada y permitida en el país para investigar, procesar y castigar penalmente otras conductas delictivas.
Asimismo, descartaron que para la obtención de pruebas se vayan a desarrollar otros procedimientos que no sean los mismos que se ejecutan cuando se investiga otro tipo de delitos.
La comisión de seguridad pública de la Asamblea, en su sesión del miércoles pasado, emitió dictamen favorable para las enmiendas que crean un nuevo capítulo en el Código Procesal Penal y que están relacionadas con el uso de tecnologías informáticas y de comunicación.
Las reformas, que serán conocidas en la sesión plenaria de la próxima semana, desarrollan cinco nuevos artículos para combatir los ciberdelitos, los cuales recogen en su redacción las propuestas hechas por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP).
Los nuevos artículos desarrollan disposiciones generales sobre evidencia digital, registro de la cadena de custodia, incorporación y producción de evidencia digital en el proceso penal, agente encubierto digital y otras técnicas de investigación infor mática y medidas cautelares.
El diputado de Nuevas Ideas e integrante de la comisión de seguridad Wálter Coto rechazó tajantemente que el artículo relacionado con la figura del agente encubierto digital y otras técnicas de investigación informáticas vaya a ser usado para el espionaje o la persecución, como pretende hacer creer la oposición, a la que le recordó que el agente encubierto ya se usa para combatir otros delitos.
«El espionaje en este país no existe. Lo que aquí existe es la posibilidad de que haya agentes encubiertos y la normativa ya lo regula y está establecido en el Código Procesal Penal para llegar a la verdad en un proceso», explicó Coto.
La legislación procesal penal, en el artículo 175, inciso cuarto, permite el uso de «operaciones encubiertas practicadas por la Policía» para investigar y probar conductas delictivas en el crimen organizado, defraudación al fisco, actos de terrorismo, ilícitos de realización compleja, lavado de dinero, narcotráfico e infracciones aduaneras.
El uso de la figura de este agente encubierto, advierte el Código Procesal Penal, es «previa autorización por escrito del fiscal superior».
El agente encubierto es una persona de la Policía, y la Fiscalía se coordina con él, explicó Coto. La comisión, en el marco de su discusión y debate de las reformas, incluyó la opinión técnica de la FGR y del MJSP para la redacción final de este artículo relacionado con las operaciones encubiertas, que «serán con autorización judicial y a petición del fiscal, las cuales estarán a cargo de la Policía, previa autorización por escrito del fiscal general de la república o de sus delegados».
El diputado de la bancada cian Carlos Hermann Bruch, por su parte, aseguró que la reforma procesal penal que desarrolla el artículo relacionado con la evidencia digital tampoco tiene algo distinto a los procedimientos que en la actualidad se observan para investigar otras conductas delictivas. «El proceso de incautación de las pruebas es el mismo que se utiliza en los otros procesos de investigación que no son por ciberdelitos. Estas figuras que contemplan las reformas ya existen en la actualidad dentro de nuestra legislación», acotó Bruch, de la comisión de seguridad.
Giovanny Zaldaña, también diputado de Nuevas Ideas e integrante de la comisión de seguridad, es claro al rechazar el argumento de la oposición con respecto al mal uso de esa figura.
«No es espionaje. Buscamos combatir la delincuencia, buscamos llevar estas figuras legales que ya existen al ámbito de la tecnología para que se pueda acercar a las estructuras delictivas y combatir el crimen. No hay por qué temer», explicó Zaldaña.
Coto, Zaldaña y Bruch coincidieron en que las enmiendas al Código Procesal Penal son parte de un trabajo articulado con las instituciones del Estado encargadas de perseguir y combatir el delito.
Nuevas Ideas denunció que en lo que va del año la FGR ha recibido 8,500 denuncias de personas que han sido víctimas de delitos cometidos por medio del uso de la tecnología de la información, que han sido perpetrados en el territorio nacional o desde el extranjero.
Los legisladores reiteraron su compromiso por legislar en favor de la población, al tiempo que exhortaron a los sectores de oposición a trabajar y respaldar todas aquellas iniciativas que se impulsen para combatir el crimen común y el crimen organizado en el país.
La Asamblea Legislativa aprobó este martes la 42ª prórroga del régimen de excepción, que estará vigente hasta el 2 de octubre próximo. La medida, solicitada por el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, fue avalada con los votos de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN y PDC.
Durante la sesión plenaria, la solicitud fue ingresada con modificación de agenda propuesta por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y aprobada con dispensa de trámites. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, votó en contra, mientras que los legisladores de ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no participaron en la votación.
Según la petición del Ejecutivo, la extensión del régimen busca mantener el combate contra remanentes de pandillas que aún operan en algunas comunidades y garantizar la seguridad ciudadana.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida señalando que gracias al régimen de excepción y al Plan Control Territorial, El Salvador cerró 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, y proyecta finalizar 2025 con un índice entre 1 y 1.3.
El régimen de excepción fue decretado por primera vez el 27 de marzo de 2022 y desde entonces ha sido prorrogado de manera continua.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
