Política
Partido Nuevas Ideas rechaza el espionaje en ciberdelitos
El grupo parlamentario de Nuevas Ideas rechazó categóricamente ayer que la reforma al Código Procesal Penal para combatir y castigar los delitos cometidos con las tecnologías informáticas, y que da vida a la figura del agente encubierto, vaya a ser utilizada para espionaje o persecución, como quieren hacer creer los sectores de la oposición política.
Varios legisladores del grupo parlamentario de la bancada cian recordaron, además, que la figura del agente encubierto ya es utilizada y permitida en el país para investigar, procesar y castigar penalmente otras conductas delictivas.
Asimismo, descartaron que para la obtención de pruebas se vayan a desarrollar otros procedimientos que no sean los mismos que se ejecutan cuando se investiga otro tipo de delitos.
La comisión de seguridad pública de la Asamblea, en su sesión del miércoles pasado, emitió dictamen favorable para las enmiendas que crean un nuevo capítulo en el Código Procesal Penal y que están relacionadas con el uso de tecnologías informáticas y de comunicación.
Las reformas, que serán conocidas en la sesión plenaria de la próxima semana, desarrollan cinco nuevos artículos para combatir los ciberdelitos, los cuales recogen en su redacción las propuestas hechas por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP).
Los nuevos artículos desarrollan disposiciones generales sobre evidencia digital, registro de la cadena de custodia, incorporación y producción de evidencia digital en el proceso penal, agente encubierto digital y otras técnicas de investigación infor mática y medidas cautelares.
El diputado de Nuevas Ideas e integrante de la comisión de seguridad Wálter Coto rechazó tajantemente que el artículo relacionado con la figura del agente encubierto digital y otras técnicas de investigación informáticas vaya a ser usado para el espionaje o la persecución, como pretende hacer creer la oposición, a la que le recordó que el agente encubierto ya se usa para combatir otros delitos.
«El espionaje en este país no existe. Lo que aquí existe es la posibilidad de que haya agentes encubiertos y la normativa ya lo regula y está establecido en el Código Procesal Penal para llegar a la verdad en un proceso», explicó Coto.
La legislación procesal penal, en el artículo 175, inciso cuarto, permite el uso de «operaciones encubiertas practicadas por la Policía» para investigar y probar conductas delictivas en el crimen organizado, defraudación al fisco, actos de terrorismo, ilícitos de realización compleja, lavado de dinero, narcotráfico e infracciones aduaneras.
El uso de la figura de este agente encubierto, advierte el Código Procesal Penal, es «previa autorización por escrito del fiscal superior».
El agente encubierto es una persona de la Policía, y la Fiscalía se coordina con él, explicó Coto. La comisión, en el marco de su discusión y debate de las reformas, incluyó la opinión técnica de la FGR y del MJSP para la redacción final de este artículo relacionado con las operaciones encubiertas, que «serán con autorización judicial y a petición del fiscal, las cuales estarán a cargo de la Policía, previa autorización por escrito del fiscal general de la república o de sus delegados».
El diputado de la bancada cian Carlos Hermann Bruch, por su parte, aseguró que la reforma procesal penal que desarrolla el artículo relacionado con la evidencia digital tampoco tiene algo distinto a los procedimientos que en la actualidad se observan para investigar otras conductas delictivas. «El proceso de incautación de las pruebas es el mismo que se utiliza en los otros procesos de investigación que no son por ciberdelitos. Estas figuras que contemplan las reformas ya existen en la actualidad dentro de nuestra legislación», acotó Bruch, de la comisión de seguridad.
Giovanny Zaldaña, también diputado de Nuevas Ideas e integrante de la comisión de seguridad, es claro al rechazar el argumento de la oposición con respecto al mal uso de esa figura.
«No es espionaje. Buscamos combatir la delincuencia, buscamos llevar estas figuras legales que ya existen al ámbito de la tecnología para que se pueda acercar a las estructuras delictivas y combatir el crimen. No hay por qué temer», explicó Zaldaña.
Coto, Zaldaña y Bruch coincidieron en que las enmiendas al Código Procesal Penal son parte de un trabajo articulado con las instituciones del Estado encargadas de perseguir y combatir el delito.
Nuevas Ideas denunció que en lo que va del año la FGR ha recibido 8,500 denuncias de personas que han sido víctimas de delitos cometidos por medio del uso de la tecnología de la información, que han sido perpetrados en el territorio nacional o desde el extranjero.
Los legisladores reiteraron su compromiso por legislar en favor de la población, al tiempo que exhortaron a los sectores de oposición a trabajar y respaldar todas aquellas iniciativas que se impulsen para combatir el crimen común y el crimen organizado en el país.
Política
Mientras Claudia Ortiz se defiende, el Gobierno sigue combatiendo a las pandillas con resultados
El 8 de abril de 2024, la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, ofreció una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa para abordar las acusaciones que vinculan a su partido con pandillas, en respuesta a un reportaje publicado por el medio digital El Faro.
Ortiz inició su intervención rechazando categóricamente las afirmaciones del Diario El Salvador, medio estatal que, en una columna titulada «Ganó el pueblo» publicada el 19 de febrero, acusó a VAMOS de ser aliado político de las pandillas. La diputada calificó estas aseveraciones como «una rotunda mentira» y anunció que su partido interpuso una demanda de derecho de respuesta ante el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, la cual fue admitida por el órgano judicial .
Durante la conferencia, Ortiz enfatizó que VAMOS solicitó al Diario El Salvador la publicación de una aclaración elaborada por el partido, pero que el medio no ha accedido a dicha petición. Por ello, decidieron elevar el tema a una instancia judicial para que, con base en la ley, se ordene la publicación de la aclaración.
La diputada también abordó el reportaje de El Faro, que incluye una entrevista con un pandillero conocido como «Charlie», quien supuestamente mencionó a VAMOS en sus declaraciones. Ortiz cuestionó la veracidad de la información y expresó su preocupación por el uso de testimonios de criminales para vincular a partidos políticos con actividades ilícitas.
Ortiz reiteró que su partido ha sido firme en condenar cualquier tipo de pacto o negociación con pandillas y ha exigido investigaciones transparentes sobre posibles vínculos entre funcionarios del gobierno y estructuras criminales .
En relación con la seguridad pública, la diputada manifestó que VAMOS aboga por un enfoque que garantice justicia y respeto a los derechos humanos. Señaló que su propuesta es que los criminales sean sancionados conforme a la ley y que los inocentes sean liberados, enfatizando la importancia de no pasar del temor a las pandillas al temor al Estado .
Ortiz también destacó que su partido está comprometido con la construcción de una democracia que beneficie a la población y no solo sea una etiqueta. Hizo un llamado a diversos sectores y liderazgos a unirse a VAMOS para crear un bienestar para el país, señalando que los partidos políticos que ya tuvieron una oportunidad no necesariamente son los más legitimados para abanderar el avance hacia un futuro y una alternativa .
La diputada concluyó su intervención reafirmando el compromiso de VAMOS con la transparencia, la justicia y la defensa de los derechos humanos. Aseguró que continuarán trabajando para ofrecer una alternativa política que represente los intereses de la ciudadanía y promueva un país más justo y seguro para todos.
La conferencia de prensa de Claudia Ortiz refleja la postura de VAMOS frente a las acusaciones de vínculos con pandillas y su compromiso con la legalidad y la transparencia en el ejercicio político.
Nacionales
Analistas critican a El Faro por favorecer a pandillas y desacreditar avances en seguridad
Los analistas Francisco Góchez y René Martínez cuestionaron duramente una reciente publicación del periódico digital El Faro, la cual expone presuntos vínculos entre el Gobierno y estructuras pandilleriles. Ambos expertos coincidieron en que el reportaje busca desacreditar los avances en materia de seguridad pública y perpetuar una narrativa centrada en los victimarios, dejando de lado a las víctimas de la violencia.
“El reportaje de El Faro, además de ser perverso y pervertidor, forma parte de su permanente narrativa de los victimarios, una narrativa que minimiza sus asesinatos e invisibiliza a las víctimas”, afirmó Martínez, quien también es sociólogo y docente. En su opinión, la publicación intenta restar valor a los resultados del Plan Control Territorial (PCT) y del Régimen de Excepción implementado desde marzo de 2022.
Martínez también atribuyó intenciones políticas y económicas al medio digital: “Buscan generar ingobernabilidad en el país y dañar la imagen del presidente. En el fondo, quieren hacer creer que los tiempos de criminalidad eran mejores y que la paz social lograda no vale nada”.
Analista René Martínez
El Faro ha publicado una serie de reportajes en los que, según sus fuentes, funcionarios del actual gobierno habrían sostenido pactos similares a los que en su momento se atribuyeron a los partidos ARENA y FMLN, lo que ha generado diversas reacciones tanto a nivel político como en la opinión pública.
Por su parte, Góchez sostuvo que los periodistas del medio buscan restar legitimidad a los logros del Gobierno en seguridad, pese a que El Salvador es actualmente considerado uno de los países más seguros del hemisferio occidental. “No solo minimiza el esfuerzo de la Policía Nacional Civil y de todas las instituciones involucradas, sino que, más grave aún, parece anteponer los intereses de estructuras criminales al sufrimiento histórico del pueblo”, expresó.
Según datos oficiales, el régimen de excepción ha permitido la captura de más de 85,900 presuntos pandilleros y ha sido prorrogado en 38 ocasiones. Las autoridades sostienen que esta medida ha sido clave en la reducción sostenida de los homicidios y otros delitos.
Analista Francisco Góchez
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que en los próximos días dará a conocer el calendario oficial de cara a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027, en las que los salvadoreños elegirán a 60 diputados de la Asamblea Legislativa y 44 concejos municipales.
A través de una publicación en su página oficial de Facebook, el organismo electoral señaló: “¿Estás listo para la fiesta electoral de 2027? Ya están definidas las fechas más importantes de cara a las elecciones del 28 de febrero de 2027. ¡Atención! Pronto anunciaremos las fechas previas a la fiesta electoral”.
El calendario, que fue aprobado por unanimidad de los magistrados del TSE el pasado 25 de febrero, incluirá las fechas clave como el cierre del registro electoral, el período para actualizar el domicilio en el Documento Único de Identidad (DUI), y el día en que se realizará la convocatoria oficial a elecciones.
De acuerdo con el artículo 20 del Código Electoral, el registro electoral deberá cerrarse definitivamente 120 días antes de los comicios, lo que sitúa esa fecha límite en octubre de 2026.
Una vez publicado el calendario, se detallarán también los plazos para la inscripción de candidaturas, los períodos de propaganda electoral, así como el inicio y cierre oficial de la campaña. La normativa electoral establece estos procedimientos en los artículos 160, 165 y 172 del Código Electoral, según el tipo de elección.
