Política
Fórmula presidencial de la Alianza por un Nuevo País presenta su plan de gobierno “Nueva Visión del País”
Carlos Calleja, candidato a la Presidencia de la República de la Alianza por un Nuevo País, junto a su compañera de fórmula Carmen Aída Lazo dieron a presentaron su plan de gobierno denominado “Nueva Visión del País”, el cual integra las diferentes propuestas dadas a conocer durante su campaña para responder a las necesidades y anhelos de los salvadoreños sobre la base del desarrollo y la prosperidad de El Salvador.
El Plan de Gobierno “Nueva Visión del País” tiene dos objetivos:
1).-, la Reforma del Poder desde el Ejecutivo para integrar un gobierno que lidere, que sea audaz, honesto y capaz de trazarse metas ambiciosas para sacarlo adelante y trabajar incansablemente para lograrlo.
2).- Construir un país de oportunidades a través del rescate de la economía para generar trabajo, impulsar la educación como eje central de desarrollo, eliminar la corrupción y potenciar el bienestar de las personas mediante inversión social.
Calleja y Lazo proponen una reforma del Ejecutivo basada en cinco componentes: Transparencia y cero tolerancia a la corrupción, gobierno ágil, gobierno abierto y una política fiscal responsable y transparente.
Asimismo destacan una oferta programática en 8 sectores claves del que hacer nacional como son: Economía, Educación Integral para el desarrollo, Seguridad Ciudadana, Deporte y Cultura, Salud Pública, Medio Ambiente, Infraestructura, Política exterior, migración y diáspora.
Carlos Calleja enumeró 12 principios que todos los miembros del gabinete deberán acatar a la hora de ejercer sus funciones: un gobierno sujeto a metas y evaluaciones de desempeño de funcionarios en base a resultados; cercanía con las personas y apertura a la ciudadanía para promover no solo la fiscalización ciudadana sino su participación en la formulación de políticas públicas; la necesidades de establecer una cultura de diálogo y consenso para buscar soluciones integrales a los problemas más grandes del país y austeridad.
Entre las medidas anticorrupción se destacan la introducción de prácticas como: Auditoría ciudadana; eliminación de la partida secreta y mayor fiscalización de las autónomas, entre otras.
Dos de los elementos centrales del plan dado a conocer, son las estrategias para reactivar sectores claves del país y potenciar el crecimiento económico y generar 300,000 nuevos empleos a lo largo del quinquenio y los programas en materia educativa como Infancia Mil, Inglés para todos y Becas del futuro para beneficiar con 30 mil becas estudios universitarios.
En materia de seguridad, se propone un enfoque ciudadano en el que se van a fortalecer las herramientas de combate al crimen nacional y transnacional.
En este apartado se plantea combatir las causas estructurales de la violencia, por medio de la implementación de un agresivo plan de inversión pública que pretende llenar el vacío que ha dejado la falta de presencia estatal en el territorio.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
