Política
Diputados del PCN tildan de irresponsable a Cristina López y hacen un llamado urgente a la CSJ para que retome el tema de las escuchas telefónicas, según la abogada Bessy Ríos
La exatleta y exdiputada Cristina López sigue estando en la palestra pública tras los señalamientos hechos contra el Partido de Concertación Nacional (PCN), institución política para la cual laboró y al que ha acusado de mantener por varios años “contrataciones irregulares” al interior de la Asamblea Legislativa.
Las acusaciones de López se basan luego que se filtrara la noticia que ella cobró por 6 meses (mayo a octubre de 2019) un salario de $2,000 con el cargo de asesora administrativa del PCN, sin presentarse al órgano legislativo, un acto considerado como nepotismos (trato de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos).
Tras la noticia, López destapó la caja de pandoras al responder en su cuenta de twitter y confesar que esa modalidad de cobro, fue implementada por el mismo el jefe de fracción, José Antonio Almendáriz, a lo que ella misma ha calificado de una “una trampa” en su contra y ha acusado de ello a sus antiguos compañeros.
Las declaraciones de López como era de esperarse ya han tenido respuestas de sus excompañeros de partido de político, quienes son acusados por la exatleta de irregularidades administrativas, presunto encubrimiento en el asesinato del dirigente político Ramón Kury y de falsedad material con la “falsificación” su sello y firma en una pieza de correspondencia que favorecía al empresario Enrique Rais, pieza de correspondencia que posteriormente fue aprobada por el congreso.
Sobre este caso específico, el actual presidente de la Asamblea Legislativa Mario Ponce y exjefe de fracción del PCN en la legislatura 2015-2018, aseveró que López fue la única de su partido en firmar esa pieza de correspondencia, aunque desconoce quiénes más firmaron el documento.
“Ningún miembro a excepción de ella firmó esa pieza de la cual no estábamos de acuerdo”. ¿Quiénes participaron en la elaboración de esa pieza?, se le preguntó. “Desconozco”, dijo.
Ley Especial para la Intervención de Telecomunicaciones
Cristina López, a juicio personal hizo una interpretación auténtica de un artículo de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones (Art. 23) que beneficia al empresario Enrique Rais, la cual ella misma habría presentado en la ventanilla de recepción de documentos del órgano legislativo tres años atrás.
Fue específicamente el 31 de octubre de 2017 en que la exdiputada propuso por iniciativa propia una interpretación del artículo 23 de la ley.
Ese artículo establece que si un juez autorizó a la Fiscalía intervenir las llamadas telefónicas de un posible acusado, la FGR tendrá seis meses para presentar el requerimiento. De no hacerlo deberán destruir grabaciones y transcripciones. En diciembre de ese mismo año, previo a irse de vacaciones, los diputados aprobaron la interpretación planteada por la López a criterio personal y sin contar con la presencia y consentimiento del empresario Enrique Rais, quien al momento de la presentación se encontraba fuera del país.
La propuesta de López partió luego que la Fiscalía, según ella, estaba abusando de las escuchas telefónicas mediante el entro de escuchas telefónicas en administraciones anteriores.
Sobre ese punto, la abogada y defensora de derechos humanos en el país, Bessy Ríos, hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia y a la Sala de lo Constitucional, a que retomen el tema de las escuchas telefónicas y considere la destrucción de pruebas 6 meses después de no ser utilizadas como pruebas en un juicio, tal como la aprobó el órgano legislativo hace 3 años y medio.
Para Ríos, es un tema prioritario para los magistrados de la sala en mención, ya que según ella, anteriormente la Fiscalía General de la República (FGR) ya ha “abusado” de las escuchas telefónicas en las administraciones de Douglas Meléndez, señalado de actos de corrupción durante su gestión y de Luis Martínez, quien actualmente guarda prisión.
Sobre el mismo hecho, el diputado pecenista, Raúl Beltrán Bonilla, también ha lanzado crítica contra la exdiputada Cristina López y ha tildado sus declaraciones de irresponsable.
“Cada diputado es responsable de las piezas que se presentan. Todos vamos a la ventanilla, nos acompaña la prensa, nadie puede decir ‘mire aquí vino Pedro Pérez a presentar una pieza de correspondencia para don fulano o favorecer de don mengano o perengano’. ¡No! es cada uno el que asume la responsabilidad. El que sabe leer, escribir y firma sabe lo que está haciendo”, dijo tajantemente Beltrán Bonilla, poniendo en evidencia el mal proceder de López.
En una entrevista a un medio radial, Cristina López dijo el lunes estar dispuesta a devolver lo cobrado en la Asamblea Legislativa, no sin antes señalar que la modalidad de cobro fue establecida por el jefe de fracción José Antonio Almendáríz.
Sus señalamientos dejan en claro la evidencia de nepotismo que por años se ha venido señalando al interior de la Asamblea Legislativa y en los partidos políticos que la conforman, tema del que ya la FGR ha tomado cartas en el asunto por orden del fiscal general Raúl Melara, quien recientemente ha declaró una investigación abierta al PCN.
Foto: Cortesía
El concejo municipal de San Miguel Centro aprobó un incremento en los salarios de sus miembros y de cinco de los seis jefes de los distritos que lo conforman, a partir de 2025, según confirmó la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la alcaldía.
El alcalde Alex Torres, del partido PDC, ha visto un aumento de su salario de $4,200 a $6,000, lo que representa un incremento de $1,800. Sin embargo, en una publicación de Facebook del 3 de mayo de 2024, Torres había prometido que no habría aumentos salariales para él, el síndico ni los concejales, afirmando que era necesario actuar con responsabilidad y coherencia. “Ese fue un acuerdo que tomé junto a mis concejales y mi equipo técnico desde la campaña”, declaró en ese momento.
El síndico también experimentó un aumento significativo, pasando de $2,500 a $4,000, un incremento de $1,500. Por su parte, los concejales, que recibían $328.57 por reunión, ahora obtendrán $500, pasando de $1,314.29 a $2,000 mensuales, con un máximo de cuatro sesiones al mes.
En cuanto a los salarios de los directores de distrito, el director de Chirilagua pasó de $1,200 a $1,700, mientras que el de Moncagua aumentó de $1,200 a $1,600. Los directores de Comacarán y Uluazapa, que recibían $900, ahora ganan $1,000, y el de Quelepa pasó a $1,300. Cabe destacar que el director del distrito de San Miguel no recibió aumento, manteniendo un salario de $2,000.
La administración municipal emitió un comunicado de prensa el 14 de marzo de 2025, donde se justificó el aumento salarial con la promesa de reducir gastos del concejo anterior para destinar esos fondos a obras y proyectos comunitarios. Se mencionó que el concejo anterior gastaba $28,000 anuales en alimentación y otros costos asociados, mientras que la nueva administración ha eliminado estos gastos, así como el uso de vehículos y combustibles municipales por parte de los funcionarios.
La polémica sobre los aumentos salariales en el concejo municipal de San Miguel Centro continúa generando reacciones entre la ciudadanía y los partidos políticos.
El Consejo Nacional del Partido Político Nuevas Ideas ha decidido expulsar de forma inmediata al alcalde José María Chicas, medida respaldada por su Comité de Ética. La decisión responde a la mala administración del edil y a su inacción frente a problemas urgentes en el municipio, destacando la insatisfactoria gestión del refugio en Ilopango, calificada como inaceptable.
A raíz de esta situación, el partido solicita urgentemente al Concejo Municipal de la Alcaldía de San Salvador Este la destitución inmediata de Chicas de su cargo. Nuevas Ideas reitera su compromiso con la transformación de las comunidades y el bienestar de la ciudadanía, subrayando que continuará supervisando que los funcionarios públicos cumplan con sus responsabilidades de manera eficiente y transparente.
Nacionales -deportes
Ley para prevenir dopaje en el deporte garantizará competiciones en igualdad de condiciones
La salud de los deportistas y las prácticas éticas en las distintas disciplinas son un tema prioritario para el Órgano Legislativo.
Por esa razón, los legisladores aprobaron la creación de la Ley de Protección de la Salud en el Deporte y Lucha contra el Dopaje, cuyo objetivo es establecer el marco legal para la prevención y lucha contra el dopaje en el deporte nacional.
La normativa está ligada a los compromisos internacionales asumidos por El Salvador para garantizar el desarrollo de competiciones deportivas en condiciones de igualdad y adaptación a las capacidades naturales de los participantes, evitando su adulteración mediante el uso de sustancias o métodos prohibidos.
Las disposiciones plasmadas en la normativa se interpretarán de acuerdo con la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, el Código Mundial Antidopaje, los estándares internacionales aprobados por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), así como cualquier otro reglamento internacional, aplicable en esta materia.
“Estamos aquí para respaldar este esfuerzo con leyes que protejan a nuestros deportistas y promuevan un ambiente de sana competencia. Tener una Ley de Protección de la Salud en el Deporte y Lucha contra el Dopaje es crucial para garantizar que nuestros atletas puedan competir de una manera justa, saludable y en igualdad de condiciones”, afirmó la diputada Sharon Salazar.
Agregó que valores como la ética deportiva, la igualdad de condiciones de los atletas y su integridad rigen esta normativa.
Por su parte, el parlamentario Raúl Chamagua destacó la importancia de contar con esta ley, porque El Salvador no tenía regulado el tema del dopaje deportivo, pese a que el país se encuentra suscrito a acuerdos internacionales en este tema y corría el riesgo de ser sancionado.
El legislador señaló que con la nueva ley se protegerá la salud de los atletas, se reafirmará la posición del país en contra de cualquier acción que atente contra la esencia del deporte, se envía un mensaje de cambio y compromiso y sobre todo se fomenta una cultura de prevención.
Organización Nacional Antidopaje de El Salvador
La nueva ley contempla la creación de la Organización Nacional Antidopaje de El Salvador (ONAD-ESA) como el máximo órgano técnico nacional con competencias en la prevención, control y sanción del dopaje en el deporte nacional.
La ONAD-ESA estará compuesta por un Comité Supervisor; un gerente general; un Panel Independiente de Audiencia de Primera Instancia, responsable de conocer los procedimientos sobre el cometimiento de las infracciones a las normas antidopaje y garantizar el debido proceso, así como por una Comisión de Atletas que colaborará en la formulación de políticas de prevención y antidopaje en el deporte.
Esta será una entidad desconcentrada del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), con independencia técnica, administrativa y operativa, con el propósito de promover acciones destinadas a garantizar el cumplimiento del principio de juego limpio, el respeto a las normas que rigen el deporte, a los demás competidores y la protección de la salud de quienes participan directa o indirectamente en torneos o eventos deportivos.
Entre sus principales funciones se encuentran las de prevenir, controlar y sancionar el dopaje a escala nacional, además de emitir los reglamentos internos que considere necesarios para garantizar su correcto funcionamiento; promover la investigación antidopaje y la implementación de programas educativos y campañas de divulgación sobre los peligros de esta práctica negativa que atenta la salud y los valores éticos y morales del deporte.
Violaciones de las normas antidopaje
Entre las violaciones a las normas antidopaje se encuentran la presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un deportista; el uso o intento de uso de una sustancia o método prohibido; así como el evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a la toma de muestras.
También se considerará una falta la manipulación de cualquier parte del proceso de control de dopaje que haga un deportista u otra persona; además de la posesión de una sustancia o método prohibido del deportista o de su personal de apoyo.
Entre otras de las faltas se incluyen el tráfico o intento de tráfico de cualquier sustancia o método prohibido; la administración, o intento de esto, a un deportista durante o fuera de una competición y cualquier tipo de complicidad o intento de esta.
