Política
Bessy Ríos pide a Comisión de Antejuicio cumplir antes del plazo señalado, si desaforar o no a magistrado acusado de violación
Bessy Ríos, defensora de los derechos humanos en el país, habló esta mañana de miércoles sobre el proceso de acusación que enfrente el segundo magistrado propietario de la Cámara Tercero de lo Civil de la primera sección del centro, Jaime Eduardo Escalante Díaz, acusado del delito de agresión sexual en menor incapaz y agravada contra una niña de diez años.
Para este caso, ayer en la Asamblea Legislativa quedó conformada y juramentada la Comisión de Antejuicio que valorará en no más de dos meses, si eliminar el fuero a dicho magistrado para que éste sea procesado ante los tribunales correspondientes, quienes determinarían la culpabilidad o no de Jaime Escalante.
Bessy Ríos, lanzó un mensaje a la comisión legislativa para que ésta cumpla lo antes posible con el plazo establecido, y así conocer si el magistrado Jaime Escalante Díaz es objeto de desafuero o no.
“Aquí se suelen utilizar los plazos hasta el último día. La ley dice que tienen hasta dos meses, no se pueden extender hasta ese plazo, pero esto depende de la voluntad política los diputados que conforman la comisión”, señaló.
Ríos también solicitó a los nueve diputados que integran la Comisión velar por los intereses de la parte afecta, en este caso la menor de 10 años y su familia.
“Ojalá se pongan en función de la víctima y entre más dilaten este proceso, más quedaría en el olvido y hasta hay probabilidad que esta persona huya del país, por eso los diputados deberían sacar este trámite rápido”, sostuvo Bessy Ríos en la entrevista de El Salvador ToDay de Diario Digital Cronio.
La comisión quedó conformada así: Cristina Cornejo (FMLN) presidenta; Karina Sosa (FMLN) vocal; René Portillo Cuadra (Arena) secretario; Silvia Alejandrina Castro (Arena) vocal; Eileen Romero (PCN) relatora; Lorenzo Rivas (Gana) vocal; Osiris Luna (Gana) vocal; Jorge Mazariego (PDC) vocal. Además, fue nombrada Patricia Valdivieso (Arena) como fiscal.
La invitada también no quiso dejar a un lado las supuestas irregularidades que según ella atañen por varios años a la Corte Suprema de Justicia, en especial el tema del nepotismo.
“Hay jueces que tienen protección por los magistrados y siempre ha existido nepotismo dentro de la CSJ. El nepotismo cursado siempre se ha dado con familiares de los jueces trabajando en todas las áreas del ámbito judicial”, recalcó.
El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
