Política
Bessy Ríos pide a Comisión de Antejuicio cumplir antes del plazo señalado, si desaforar o no a magistrado acusado de violación
Bessy Ríos, defensora de los derechos humanos en el país, habló esta mañana de miércoles sobre el proceso de acusación que enfrente el segundo magistrado propietario de la Cámara Tercero de lo Civil de la primera sección del centro, Jaime Eduardo Escalante Díaz, acusado del delito de agresión sexual en menor incapaz y agravada contra una niña de diez años.
Para este caso, ayer en la Asamblea Legislativa quedó conformada y juramentada la Comisión de Antejuicio que valorará en no más de dos meses, si eliminar el fuero a dicho magistrado para que éste sea procesado ante los tribunales correspondientes, quienes determinarían la culpabilidad o no de Jaime Escalante.
Bessy Ríos, lanzó un mensaje a la comisión legislativa para que ésta cumpla lo antes posible con el plazo establecido, y así conocer si el magistrado Jaime Escalante Díaz es objeto de desafuero o no.
“Aquí se suelen utilizar los plazos hasta el último día. La ley dice que tienen hasta dos meses, no se pueden extender hasta ese plazo, pero esto depende de la voluntad política los diputados que conforman la comisión”, señaló.
Ríos también solicitó a los nueve diputados que integran la Comisión velar por los intereses de la parte afecta, en este caso la menor de 10 años y su familia.
“Ojalá se pongan en función de la víctima y entre más dilaten este proceso, más quedaría en el olvido y hasta hay probabilidad que esta persona huya del país, por eso los diputados deberían sacar este trámite rápido”, sostuvo Bessy Ríos en la entrevista de El Salvador ToDay de Diario Digital Cronio.
La comisión quedó conformada así: Cristina Cornejo (FMLN) presidenta; Karina Sosa (FMLN) vocal; René Portillo Cuadra (Arena) secretario; Silvia Alejandrina Castro (Arena) vocal; Eileen Romero (PCN) relatora; Lorenzo Rivas (Gana) vocal; Osiris Luna (Gana) vocal; Jorge Mazariego (PDC) vocal. Además, fue nombrada Patricia Valdivieso (Arena) como fiscal.
La invitada también no quiso dejar a un lado las supuestas irregularidades que según ella atañen por varios años a la Corte Suprema de Justicia, en especial el tema del nepotismo.
“Hay jueces que tienen protección por los magistrados y siempre ha existido nepotismo dentro de la CSJ. El nepotismo cursado siempre se ha dado con familiares de los jueces trabajando en todas las áreas del ámbito judicial”, recalcó.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
