Política
Asamblea Legislativa detiene aprobación de la Ley de Reconciliación Nacional
Los diputados de la Asamblea Legislativa desistieron de aprobar anoche una versión de la ley de reconciliación nacional que permite sustituir la prisión por delitos de lesa humanidad.
La aprobación a dicha ley fue por llamados de altos funcionarios de Estados Unidos, de embajadores de Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido y la Unión Europea, del presidente electo Nayib Bukele, y de más de 30 organizaciones de derechos humanos, junto a universidades, la Asamblea Legislativa desistió de aprobar una versión de la ley de reconciliación nacional que permite sustituir la prisión por delitos de lesa humanidad.
El proyecto fue entregado ayer a los miembros de la Comisión Política, pero ésta no emitió dictamen favorable.
Por la noche, durante la sesión plenaria, el diputado Alberto Romero (Arena) convocó a la Comisión Política, pero no para emitir un dictamen favorable, sino para acordar que recibirán y escucharán a las organizaciones que reclaman que el intento de aprobación era una amnistía disfrazada. A petición del diputado Carlos Reyes (Arena) invitarán también a representantes de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
Ayer por la mañana, los diputados Carlos Reyes, de Arena, y Schafik Hándal, del FMLN no descartaron la aprobación de la Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, el proyecto elaborado por los diputados, que permite la suspensión y la sustitución de la prisión por trabajos de utilidad pública.
Organizaciones representantes de víctimas presentaron su propuesta, el martes 21 de mayo, titulada Ley Especial de Reparación Integral y Acceso a la Justicia para Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos en el Contexto del Conflicto Armado. Esta propuesta sugiere aplicar la legislación penal actual a las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.
Los diputados decidieron pedir a sus técnicos la elaboración de un cuadro comparativo de las dos propuestas de ley que se los entregarían hoy a las 11:30 de la mañana.
Damián Alegría, del FMLN, señaló que podrían tener una propuesta lista “para la otra semana” y pidió que la Comisión quedara abierta.
El proyecto de los diputados permitiría la sustitución de prisión por trabajos de utilidad pública si hay reconocimiento de los delitos por las personas imputadas y condenadas, algo rechazado por las organizaciones.
La posible aprobación del dictamen generó rechazos de la comunidad internacional, de Estados Unidos y la Unión Europea, de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También presentaron una carta al presidente Salvador Sánchez Cerén representantes de más de 30 organizaciones de víctimas y de derechos humanos.
En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la ley de amnistía de 1993 por ser absoluta, y pidió excluir los delitos de lesa humanidad, graves violaciones y los mencionados en la Comisión de la Verdad.
El secretario general del FMLN, Manuel “El Chino” Flores, cuestionó a la población por no manifestarse en las calles como lo hacían durante las administraciones de su partido.
Durante una transmisión en vivo, Flores instó a la ciudadanía a “dejar de esconder sus sentimientos” y a “llamar a su valentía interna”.
“Así como se atrevían muchos sindicatos de maestras, de maestros y todo, a salir a protestar contra el FMLN ¡Salgan! ¡Salgamos ahora!”, expresó el dirigente de izquierda.
La Asamblea Legislativa reformó la Ley del presupuesto del Estado para incorporar $6 millones al Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario (CDCA), con el objetivo de financiar el programa «Fomento de la Siembra de Alto Rendimiento de Maíz y Frijol».
Con la anuencia de 59 diputados, fue aprobado el respectivo decreto legislativo, durante la sesión plenaria ordinaria 73.
Los recursos provienen de un financiamiento interno que hizo el CDCA con el Banco de Fomento Agropecuario, para contribuir con el incremento de la producción y productividad en El Salvador.
El decreto aprobado explica que los fondos serán destinados a la tecnificación y mecanización del proceso agrícola, lo cual contribuirá a dinamizar la economía local.
La iniciativa del Ejecutivo fue analizada por la comisión de hacienda y especial del presupuesto, tomando en cuenta la opinión de la subdirectora general del Presupuesto, Laura Michelle Arce, quien fue recibida durante la sesión de trabajo del lunes pasado.
Estos recursos permitirán lograr una modernización de las cadenas productivas por medio de la aplicación de estrategias de transformación eficientes, indicó Arce.
La funcionaria mencionó que otros de los beneficios esperados son: mejorar el rendimiento por manzana, logrando mejores cosechas y un incremento en la producción y rentabilidad; así como el incremento de la oferta que satisfaga la creciente demanda interna.
La Asamblea Legislativa aprobó este martes la 42ª prórroga del régimen de excepción, que estará vigente hasta el 2 de octubre próximo. La medida, solicitada por el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, fue avalada con los votos de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN y PDC.
Durante la sesión plenaria, la solicitud fue ingresada con modificación de agenda propuesta por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y aprobada con dispensa de trámites. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, votó en contra, mientras que los legisladores de ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no participaron en la votación.
Según la petición del Ejecutivo, la extensión del régimen busca mantener el combate contra remanentes de pandillas que aún operan en algunas comunidades y garantizar la seguridad ciudadana.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida señalando que gracias al régimen de excepción y al Plan Control Territorial, El Salvador cerró 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, y proyecta finalizar 2025 con un índice entre 1 y 1.3.
El régimen de excepción fue decretado por primera vez el 27 de marzo de 2022 y desde entonces ha sido prorrogado de manera continua.
