Política
Asamblea Legislativa detiene aprobación de la Ley de Reconciliación Nacional
Los diputados de la Asamblea Legislativa desistieron de aprobar anoche una versión de la ley de reconciliación nacional que permite sustituir la prisión por delitos de lesa humanidad.
La aprobación a dicha ley fue por llamados de altos funcionarios de Estados Unidos, de embajadores de Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido y la Unión Europea, del presidente electo Nayib Bukele, y de más de 30 organizaciones de derechos humanos, junto a universidades, la Asamblea Legislativa desistió de aprobar una versión de la ley de reconciliación nacional que permite sustituir la prisión por delitos de lesa humanidad.
El proyecto fue entregado ayer a los miembros de la Comisión Política, pero ésta no emitió dictamen favorable.
Por la noche, durante la sesión plenaria, el diputado Alberto Romero (Arena) convocó a la Comisión Política, pero no para emitir un dictamen favorable, sino para acordar que recibirán y escucharán a las organizaciones que reclaman que el intento de aprobación era una amnistía disfrazada. A petición del diputado Carlos Reyes (Arena) invitarán también a representantes de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
Ayer por la mañana, los diputados Carlos Reyes, de Arena, y Schafik Hándal, del FMLN no descartaron la aprobación de la Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, el proyecto elaborado por los diputados, que permite la suspensión y la sustitución de la prisión por trabajos de utilidad pública.
Organizaciones representantes de víctimas presentaron su propuesta, el martes 21 de mayo, titulada Ley Especial de Reparación Integral y Acceso a la Justicia para Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos en el Contexto del Conflicto Armado. Esta propuesta sugiere aplicar la legislación penal actual a las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.
Los diputados decidieron pedir a sus técnicos la elaboración de un cuadro comparativo de las dos propuestas de ley que se los entregarían hoy a las 11:30 de la mañana.
Damián Alegría, del FMLN, señaló que podrían tener una propuesta lista “para la otra semana” y pidió que la Comisión quedara abierta.
El proyecto de los diputados permitiría la sustitución de prisión por trabajos de utilidad pública si hay reconocimiento de los delitos por las personas imputadas y condenadas, algo rechazado por las organizaciones.
La posible aprobación del dictamen generó rechazos de la comunidad internacional, de Estados Unidos y la Unión Europea, de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También presentaron una carta al presidente Salvador Sánchez Cerén representantes de más de 30 organizaciones de víctimas y de derechos humanos.
En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la ley de amnistía de 1993 por ser absoluta, y pidió excluir los delitos de lesa humanidad, graves violaciones y los mencionados en la Comisión de la Verdad.
Los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) tomaron pesesión este lunes de la nueva junta directiva del foro regional para el periodo de 2024-2025. Durante la sesión el salvadoreño Carlos René Hernández Castillo, diputado por el partido de Nuevas Ideas inicio funciones como presidente del Parlacen. También fue electa como secretaria del Parlacen la diputada salvadoreña, Cecilia Guadalupe Rivera Méndez.
Hernández es diputado del parlamento regional desde el 28 de octubre del 2021. El diputado salvadoreño fue juramentado este día en sesión solemne llevada a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala y por la plataforma Zoom.
«Es innegable que el tiempo nos exige revisar nuestras fortalezas y, con espíritu constructivo y dinámico reconocer las áreas que debemos mejorar…El Parlacen debe adecuarse a los tiempos modernos, respondiendo de manera efectiva a las demandas de nuestros pueblos, para que nuestros ciudadanos puedan percibir los beneficios de la integración», dijo Hernández Castillo durante su discurso de juramentación.
Durante la ceremonia también participó, a través de un video vía plataforma virtual, el vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, quien felicitó a la nueva junta directiva y mencionó que «es un doble honor porque El Salvador asume la presidencia del Parlacen».
En la sesión también fueron establecidos los demás cargos de la junta directiva, la cual quedó conformada por los vicepresidentes Edgar Antonio de León, de Guatemala; Nedis Adrián Licona, de Honduras; Guillermo Daniel Ortega, de Nicaragua; Dorindo Jayans Cortez, de Panamá y Ramón Emilio Gori, de República Dominicana.
El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) sufrió una significativa reducción en su base electoral durante las recientes elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2024. Esta caída se atribuye internamente al exdiputado Guillermo Gallegos, quien enfrenta múltiples acusaciones de corrupción y nepotismo.
Fuentes dentro del partido indican que varios de sus dirigentes habrían estado bajo la influencia de Gallegos para promover sus intereses personales, incluyendo la permanencia de individuos de su círculo cercano en posiciones de poder dentro del partido. Simultáneamente, varios miembros destacados de GANA han expresado su descontento con la permanencia de Gallegos como vicepresidente.
Uno de los principales opositores a Gallegos ha sido el alcalde de San Luis Talpa, Salvador Meléndez, quien ha exigido a Gallegos que actúe con la “ética y transparencia” que él mismo proclama y devuelva los miles de dólares que recibió del Estado para financiar la ONG de su esposa, además de cuestionar sus viajes al extranjero mientras ocupaba un cargo de relevancia en el Órgano Legislativo.
Meléndez, junto a otros tres ediles elegidos en los últimos comicios, reaccionó ante un proceso disciplinario que enfrentó por parte de la dirigencia del partido y Gallegos, tras un incremento en su salario y dietas al asumir sus cargos el 1 de mayo. En este contexto, el alcalde subrayó que Gallegos se resiste a dar paso a nuevas generaciones, reiterando su llamado junto a otros miembros de GANA a una renovación en la dirigencia para permitir que el partido “pase a manos nuevas y pueda prosperar”.
El enfrentamiento de Gallegos no es nuevo; en agosto de 2019, tuvo un conflicto con el fallecido fundador de GANA, Andrés Rovira. Gallegos afirmó en diversas ocasiones que Rovira había renunciado a la presidencia del directorio para adelantar las elecciones internas. Sin embargo, Rovira desmintió esa afirmación ante los medios, aclarando que solo había renunciado a participar en el siguiente directorio.
Los resultados electorales para GANA fueron decepcionantes. El partido logró apenas 23,229 votos en San Salvador, lo que no fue suficiente para obtener un escaño en la Asamblea Legislativa. A nivel nacional, GANA solo consiguió seis alcaldías, muy por debajo de las expectativas iniciales. Esta falta de éxito es aún más alarmante considerando que el partido hipotecó su sede para financiar su campaña electoral de 2024, hecho que fue confirmado por Gallegos.
La Magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, solicitó, como una de las primeras decisiones de su gestión, una auditoría exhaustiva de la Corte de Cuentas de la República (CCR) a la autoridad electoral de El Salvador por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 23 de septiembre de 2024.
Esta acción marca un hito en el Organismo Colegiado, siendo la primera vez que su máxima autoridad toma medidas inmediatas para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la institución. Soriano presentó una solicitud formal a la CCR, subrayando su compromiso con la mejora de la gestión administrativa y financiera del TSE.
“Queremos consolidar al Tribunal Supremo Electoral como una institución confiable, por ello, hemos solicitado la intervención de la Corte de Cuentas para que realice las auditorías correspondientes a las gestiones anteriores”, manifestó la Magistrada Presidente.
La auditoría seguirá el proceso correspondiente, y una vez se reciba el Informe de Auditoría, se tomarán las medidas necesarias para fortalecer la administración de los recursos públicos y recuperar la confianza ciudadana. Soriano destacó que esta iniciativa no solo busca corregir errores pasados, sino también establecer bases firmes para una gestión más eficiente y transparente en el futuro.
Además, la Presidente añadió que su visión de modernización se sustentará en pilares clave como la transparencia, la modernización de los procesos, la mejora continua del talento humano institucional y el fortalecimiento del trabajo territorial, con miras a consolidar al TSE como una institución ejemplar en la administración electoral del país y la región.
