Política
Asamblea Legislativa detiene aprobación de la Ley de Reconciliación Nacional
Los diputados de la Asamblea Legislativa desistieron de aprobar anoche una versión de la ley de reconciliación nacional que permite sustituir la prisión por delitos de lesa humanidad.
La aprobación a dicha ley fue por llamados de altos funcionarios de Estados Unidos, de embajadores de Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido y la Unión Europea, del presidente electo Nayib Bukele, y de más de 30 organizaciones de derechos humanos, junto a universidades, la Asamblea Legislativa desistió de aprobar una versión de la ley de reconciliación nacional que permite sustituir la prisión por delitos de lesa humanidad.
El proyecto fue entregado ayer a los miembros de la Comisión Política, pero ésta no emitió dictamen favorable.
Por la noche, durante la sesión plenaria, el diputado Alberto Romero (Arena) convocó a la Comisión Política, pero no para emitir un dictamen favorable, sino para acordar que recibirán y escucharán a las organizaciones que reclaman que el intento de aprobación era una amnistía disfrazada. A petición del diputado Carlos Reyes (Arena) invitarán también a representantes de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
Ayer por la mañana, los diputados Carlos Reyes, de Arena, y Schafik Hándal, del FMLN no descartaron la aprobación de la Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, el proyecto elaborado por los diputados, que permite la suspensión y la sustitución de la prisión por trabajos de utilidad pública.
Organizaciones representantes de víctimas presentaron su propuesta, el martes 21 de mayo, titulada Ley Especial de Reparación Integral y Acceso a la Justicia para Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos en el Contexto del Conflicto Armado. Esta propuesta sugiere aplicar la legislación penal actual a las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.
Los diputados decidieron pedir a sus técnicos la elaboración de un cuadro comparativo de las dos propuestas de ley que se los entregarían hoy a las 11:30 de la mañana.
Damián Alegría, del FMLN, señaló que podrían tener una propuesta lista “para la otra semana” y pidió que la Comisión quedara abierta.
El proyecto de los diputados permitiría la sustitución de prisión por trabajos de utilidad pública si hay reconocimiento de los delitos por las personas imputadas y condenadas, algo rechazado por las organizaciones.
La posible aprobación del dictamen generó rechazos de la comunidad internacional, de Estados Unidos y la Unión Europea, de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También presentaron una carta al presidente Salvador Sánchez Cerén representantes de más de 30 organizaciones de víctimas y de derechos humanos.
En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la ley de amnistía de 1993 por ser absoluta, y pidió excluir los delitos de lesa humanidad, graves violaciones y los mencionados en la Comisión de la Verdad.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reiteró que participará en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027 con el objetivo de buscar un tercer período como diputado del partido Nuevas Ideas.
Castro señaló que su decisión responde a que aún considera que hay muchas cosas por hacer en el país, aunque aclaró que primero deberán cumplirse los procesos correspondientes, como las elecciones internas del partido y el proceso electoral.
Indicó que mantendría su forma de trabajo con puertas abiertas a la población, comunicadores y creadores de contenido, y aseguró que no permitirá el regreso de prácticas del pasado, como la corrupción y el despilfarro.
Además, afirmó que la historia ha mostrado las razones por las que, según él, la población no apoya a la oposición en la Asamblea Legislativa.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
