Política
Asamblea Legislativa detiene aprobación de la Ley de Reconciliación Nacional
Los diputados de la Asamblea Legislativa desistieron de aprobar anoche una versión de la ley de reconciliación nacional que permite sustituir la prisión por delitos de lesa humanidad.
La aprobación a dicha ley fue por llamados de altos funcionarios de Estados Unidos, de embajadores de Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido y la Unión Europea, del presidente electo Nayib Bukele, y de más de 30 organizaciones de derechos humanos, junto a universidades, la Asamblea Legislativa desistió de aprobar una versión de la ley de reconciliación nacional que permite sustituir la prisión por delitos de lesa humanidad.
El proyecto fue entregado ayer a los miembros de la Comisión Política, pero ésta no emitió dictamen favorable.
Por la noche, durante la sesión plenaria, el diputado Alberto Romero (Arena) convocó a la Comisión Política, pero no para emitir un dictamen favorable, sino para acordar que recibirán y escucharán a las organizaciones que reclaman que el intento de aprobación era una amnistía disfrazada. A petición del diputado Carlos Reyes (Arena) invitarán también a representantes de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
Ayer por la mañana, los diputados Carlos Reyes, de Arena, y Schafik Hándal, del FMLN no descartaron la aprobación de la Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, el proyecto elaborado por los diputados, que permite la suspensión y la sustitución de la prisión por trabajos de utilidad pública.
Organizaciones representantes de víctimas presentaron su propuesta, el martes 21 de mayo, titulada Ley Especial de Reparación Integral y Acceso a la Justicia para Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos en el Contexto del Conflicto Armado. Esta propuesta sugiere aplicar la legislación penal actual a las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.
Los diputados decidieron pedir a sus técnicos la elaboración de un cuadro comparativo de las dos propuestas de ley que se los entregarían hoy a las 11:30 de la mañana.
Damián Alegría, del FMLN, señaló que podrían tener una propuesta lista “para la otra semana” y pidió que la Comisión quedara abierta.
El proyecto de los diputados permitiría la sustitución de prisión por trabajos de utilidad pública si hay reconocimiento de los delitos por las personas imputadas y condenadas, algo rechazado por las organizaciones.
La posible aprobación del dictamen generó rechazos de la comunidad internacional, de Estados Unidos y la Unión Europea, de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También presentaron una carta al presidente Salvador Sánchez Cerén representantes de más de 30 organizaciones de víctimas y de derechos humanos.
En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la ley de amnistía de 1993 por ser absoluta, y pidió excluir los delitos de lesa humanidad, graves violaciones y los mencionados en la Comisión de la Verdad.
El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
