Política
Asamblea Legislativa aprueba ley para reanudación de labores y del transporte en general ante anuncio de veto presidencial
Con 63 votos fue aproada la “Ley integral de protección de la salud dentro de la reanudación de labores en el marco de la pandemia COVID-19”, en la Asamblea Legislativa por parte de los congresistas salvadoreños.
En ese marco, el presidente del órgano legislativo, Mario Ponce, pidió al pleno una autorización para enviar el decreto a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; el pleno lo autorizó con 49 votos.
Esta ley establece las medidas para reanudar gradualmente las actividades laborales, económicas y administrativas, en los sectores público y privado, regulando medidas de distanciamiento, uso de mascarilla y lavado de manos en los lugares de trabajo.
La normativa permitiría la reactivación económica en cuatro fases, iniciando con una fase primera a partir del octavo día, en donde se exigiría en los centros laborales un espacio de dos metros cuadrados por cada trabajador.
De acuerdo a la normativa, los lugares de trabajo que no tengan la posibilidad de ese distanciamento podrían colocar barreras de protección como mamparas sanitarias, cabinas, cubículos, uso de lentes, mascarillas o caretas.
“Vamos a tener que aprender a vivir con esta pandemia. Tenemos que enfrentar esta pandemia, no por 15 días, no por un mes, sino por varios años”, dijo el diputado Rodrigo Ávila, de Arena.
Otra medida que se aplica con esta nueva ley, es la habilitación y circulación del transporte público, tanto en buses como microbuses, vehículos privados y servicio privado (taxis, Uber y transporte de personal) y de carga con ciertas normativas de seguridad sanitarias.
En cuanto al transporte de pasajeros se refiere, este no deberá sobrepasar su capacidad, motorista y cobrado deberán portar mascarilla obligatoria, así como los usuarios de la unidad, portar la unidad alcohol gel y desinfectar la unidad durante el día.
Para el caso de los vehículos livianos, caso selectivo de pasajeros, éstos deberán transportar un máximo de tres personas incluyendo al chofer y portar alcohol gel así como desinfectar el vehículo dos veces al día, misma línea aplica a los vehículos particulares pero con la variante que solo pondrán transportase dos personas.
Sin embargo, la nueva ley tiene anuncio de veto. El presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que la vetará y que, además, se tomará su tiempo para regresarles el decreto a los diputados de la Asamblea Legislativa. La reacción del mandatario se hizo ante un tuit con la aprobación de la ley contra la prohibición de solicitar el Documento Único de Identidad al comprar medicinas y de la prohibición de movilización entre municipios.
El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, aseguró que las empresas no entran a funcionar a un cien por ciento, “da ocho días para que el Gobierno presente un plan de apertura económica, a partir de ese momento, le da 15 días”.
La ley tendrá una vigencia de 120 días, es decir, cuatro meses.
Ponce agregó que el Gobierno será quien diseñe un plan de apertura económica.
La nueva ley incluye la prórroga de los pagos de servicios de agua, energía, cable e interne hasta junio; y le da las facultades legales al presidente de la República y al Ministerio de Salud para seguir combatiendo y evitando el contagio del COVID-19.
La normativa no exime al Ejecutivo de cumplir los procedimientos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap).
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
En un comunicado, el FMLN rechazó el operativo militar estadounidense que terminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.
«El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) expresa su más firme y fraterna solidaridad con el pueblo venezolano y su Gobierno legítimo, ante los ataques militares perpetrados por Estados Unidos en la madrugada de este 3 de enero de 2026», se lee en el documento.
Las autoridades del partido de izquierda condenaron «enérgicamente esta nueva agresión imperialista, que atenta contra la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el derecho de Venezuela a decidir su propio destino sin injerencias externas».
El partido opositor reafirmó su «compromiso antiimperialista, internacionalista y solidario, y hacemos un llamado a los pueblos del mundo a alzar la voz y a no guardar silencio ante esta escalada de violencia».
El instituto político, que gobernó El Salvador desde 2009 hasta 2019, fue un aliado incondicional del régimen venezolano, que usó la iniciativa ALBA para finan ciar un enorme consorcio empresarial del partido, que en la actualidad está bajo una investigación de la Fiscalía por lavado de dinero.
El FMLN es uno de los partidos que re conocía el controversial mandato del dictador Maduro, el cual fue rechazado interna cionalmente por la falta de transparencia en el proceso electoral.
«Vino calladito. Él no quería que se supiera que estaba aquí. Traía muy buenas noticias a Bukele. La mejor noticia que te puedo decir, Bukele, es que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es parte del movimiento mundial antifascista», aseguró Maduro ante sus seguido res en un video difundido en redes sociales en enero del año pasado, que se convirtió en un ataque verbal hacia el presidente Nayib Bukele.
Nicolás Maduro fue juramentado por tercera vez como mandatario de Venezuela luego de unas cuestionables elecciones en 2024, en las que el bloque opositor al gobernante venezolano, encabezado por Ma ría Corina Machado, con Edmundo González Urrutia como candidato presidencial, aseguró que ganó los comicios.
Pese a los cuestionamientos internos e internacionales, Maduro se negó a permitir auditorías internacionales y aseguró que el proceso lo declaró ganador. Además, las autoridades venezolanas arrestaron a varios opositores, razón por lo que González Urrutia salió del país tras las elecciones.
«Desde El Salvador expresamos nuestro respaldo al compañero presidente Nicolás Maduro Moros, a las instituciones legítimas del Estado venezolano y al camino de justicia social, autodeterminación y lucha antiimperialista», expresó el FMLN en esa ocasión.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, sin el acompañamiento de ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que confirma la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la inversión en el área social y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.
El monto global del plan de gastos, que tiene ingresos corrientes por $8,950.6 millones y fue votado favorable por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, totaliza $10,555.5 millones, y representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para el actual ejercicio fiscal.
El ramo de Educación recibe $1,683.4 millones, con un incremento de 9.3 % respecto al presupuesto de 2025, explicaron diputados de Nuevas Ideas que participaron en la deliberación en el pleno legislativo.
De estos recursos, $170.5 millones serán para el programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por finalidad la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a escala nacional.
Otro monto significativo que ejecutará la cartera de Educación el próximo año son $100 millones para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura educativa por medio del programa del presidente Bukele, Dos Escuelas por Día. Recientemente, el mandatario inauguró en simultáneo 70 centros escolares.
El Ministerio de Salud tiene $1,345.5 millones, y presenta un incremento de 14.1 % en comparación con el plan de gastos del presente ejercicio fiscal. Servirán, entre otros aspectos, para financiar la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública por $262.5 millones; mientras que $106.9 millones se destinarán al Sistema de Telemedicina en El Salvador, con la finalidad de ampliar la atención médica mediante la implementación de la plataforma DoctorSV.
Seguridad y Defensa tiene asignados $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al plan de gastos votado para 2025. La consolidación del Plan Control Territorial es parte de la apuesta principal. Se continuará con la dotación de uniformes, el equipamiento, la flota vehicular y el mejoramiento de la infraestructura policial.
También con la entrega de bonos mensuales y trimestrales para el personal operativo y administrativo. Asimismo, continuará la entrega de subsidios en favor de la población, para lo cual se destinaron $238.7 millones; $114.6 millones serán para el subsidio del gas licuado de petróleo, $60 millones para el subsidio del transporte y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.
De igual forma, $52 millones son para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para continuar con el programa de agromercados a escala nacional.
