Política
Asamblea Legislativa aprueba ley para reanudación de labores y del transporte en general ante anuncio de veto presidencial
Con 63 votos fue aproada la “Ley integral de protección de la salud dentro de la reanudación de labores en el marco de la pandemia COVID-19”, en la Asamblea Legislativa por parte de los congresistas salvadoreños.
En ese marco, el presidente del órgano legislativo, Mario Ponce, pidió al pleno una autorización para enviar el decreto a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; el pleno lo autorizó con 49 votos.
Esta ley establece las medidas para reanudar gradualmente las actividades laborales, económicas y administrativas, en los sectores público y privado, regulando medidas de distanciamiento, uso de mascarilla y lavado de manos en los lugares de trabajo.
La normativa permitiría la reactivación económica en cuatro fases, iniciando con una fase primera a partir del octavo día, en donde se exigiría en los centros laborales un espacio de dos metros cuadrados por cada trabajador.
De acuerdo a la normativa, los lugares de trabajo que no tengan la posibilidad de ese distanciamento podrían colocar barreras de protección como mamparas sanitarias, cabinas, cubículos, uso de lentes, mascarillas o caretas.
“Vamos a tener que aprender a vivir con esta pandemia. Tenemos que enfrentar esta pandemia, no por 15 días, no por un mes, sino por varios años”, dijo el diputado Rodrigo Ávila, de Arena.
Otra medida que se aplica con esta nueva ley, es la habilitación y circulación del transporte público, tanto en buses como microbuses, vehículos privados y servicio privado (taxis, Uber y transporte de personal) y de carga con ciertas normativas de seguridad sanitarias.
En cuanto al transporte de pasajeros se refiere, este no deberá sobrepasar su capacidad, motorista y cobrado deberán portar mascarilla obligatoria, así como los usuarios de la unidad, portar la unidad alcohol gel y desinfectar la unidad durante el día.
Para el caso de los vehículos livianos, caso selectivo de pasajeros, éstos deberán transportar un máximo de tres personas incluyendo al chofer y portar alcohol gel así como desinfectar el vehículo dos veces al día, misma línea aplica a los vehículos particulares pero con la variante que solo pondrán transportase dos personas.
Sin embargo, la nueva ley tiene anuncio de veto. El presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que la vetará y que, además, se tomará su tiempo para regresarles el decreto a los diputados de la Asamblea Legislativa. La reacción del mandatario se hizo ante un tuit con la aprobación de la ley contra la prohibición de solicitar el Documento Único de Identidad al comprar medicinas y de la prohibición de movilización entre municipios.
El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, aseguró que las empresas no entran a funcionar a un cien por ciento, “da ocho días para que el Gobierno presente un plan de apertura económica, a partir de ese momento, le da 15 días”.
La ley tendrá una vigencia de 120 días, es decir, cuatro meses.
Ponce agregó que el Gobierno será quien diseñe un plan de apertura económica.
La nueva ley incluye la prórroga de los pagos de servicios de agua, energía, cable e interne hasta junio; y le da las facultades legales al presidente de la República y al Ministerio de Salud para seguir combatiendo y evitando el contagio del COVID-19.
La normativa no exime al Ejecutivo de cumplir los procedimientos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap).
Los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) tomaron pesesión este lunes de la nueva junta directiva del foro regional para el periodo de 2024-2025. Durante la sesión el salvadoreño Carlos René Hernández Castillo, diputado por el partido de Nuevas Ideas inicio funciones como presidente del Parlacen. También fue electa como secretaria del Parlacen la diputada salvadoreña, Cecilia Guadalupe Rivera Méndez.
Hernández es diputado del parlamento regional desde el 28 de octubre del 2021. El diputado salvadoreño fue juramentado este día en sesión solemne llevada a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala y por la plataforma Zoom.
«Es innegable que el tiempo nos exige revisar nuestras fortalezas y, con espíritu constructivo y dinámico reconocer las áreas que debemos mejorar…El Parlacen debe adecuarse a los tiempos modernos, respondiendo de manera efectiva a las demandas de nuestros pueblos, para que nuestros ciudadanos puedan percibir los beneficios de la integración», dijo Hernández Castillo durante su discurso de juramentación.
Durante la ceremonia también participó, a través de un video vía plataforma virtual, el vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, quien felicitó a la nueva junta directiva y mencionó que «es un doble honor porque El Salvador asume la presidencia del Parlacen».
En la sesión también fueron establecidos los demás cargos de la junta directiva, la cual quedó conformada por los vicepresidentes Edgar Antonio de León, de Guatemala; Nedis Adrián Licona, de Honduras; Guillermo Daniel Ortega, de Nicaragua; Dorindo Jayans Cortez, de Panamá y Ramón Emilio Gori, de República Dominicana.
El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) sufrió una significativa reducción en su base electoral durante las recientes elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2024. Esta caída se atribuye internamente al exdiputado Guillermo Gallegos, quien enfrenta múltiples acusaciones de corrupción y nepotismo.
Fuentes dentro del partido indican que varios de sus dirigentes habrían estado bajo la influencia de Gallegos para promover sus intereses personales, incluyendo la permanencia de individuos de su círculo cercano en posiciones de poder dentro del partido. Simultáneamente, varios miembros destacados de GANA han expresado su descontento con la permanencia de Gallegos como vicepresidente.
Uno de los principales opositores a Gallegos ha sido el alcalde de San Luis Talpa, Salvador Meléndez, quien ha exigido a Gallegos que actúe con la “ética y transparencia” que él mismo proclama y devuelva los miles de dólares que recibió del Estado para financiar la ONG de su esposa, además de cuestionar sus viajes al extranjero mientras ocupaba un cargo de relevancia en el Órgano Legislativo.
Meléndez, junto a otros tres ediles elegidos en los últimos comicios, reaccionó ante un proceso disciplinario que enfrentó por parte de la dirigencia del partido y Gallegos, tras un incremento en su salario y dietas al asumir sus cargos el 1 de mayo. En este contexto, el alcalde subrayó que Gallegos se resiste a dar paso a nuevas generaciones, reiterando su llamado junto a otros miembros de GANA a una renovación en la dirigencia para permitir que el partido “pase a manos nuevas y pueda prosperar”.
El enfrentamiento de Gallegos no es nuevo; en agosto de 2019, tuvo un conflicto con el fallecido fundador de GANA, Andrés Rovira. Gallegos afirmó en diversas ocasiones que Rovira había renunciado a la presidencia del directorio para adelantar las elecciones internas. Sin embargo, Rovira desmintió esa afirmación ante los medios, aclarando que solo había renunciado a participar en el siguiente directorio.
Los resultados electorales para GANA fueron decepcionantes. El partido logró apenas 23,229 votos en San Salvador, lo que no fue suficiente para obtener un escaño en la Asamblea Legislativa. A nivel nacional, GANA solo consiguió seis alcaldías, muy por debajo de las expectativas iniciales. Esta falta de éxito es aún más alarmante considerando que el partido hipotecó su sede para financiar su campaña electoral de 2024, hecho que fue confirmado por Gallegos.
La Magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, solicitó, como una de las primeras decisiones de su gestión, una auditoría exhaustiva de la Corte de Cuentas de la República (CCR) a la autoridad electoral de El Salvador por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 23 de septiembre de 2024.
Esta acción marca un hito en el Organismo Colegiado, siendo la primera vez que su máxima autoridad toma medidas inmediatas para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la institución. Soriano presentó una solicitud formal a la CCR, subrayando su compromiso con la mejora de la gestión administrativa y financiera del TSE.
“Queremos consolidar al Tribunal Supremo Electoral como una institución confiable, por ello, hemos solicitado la intervención de la Corte de Cuentas para que realice las auditorías correspondientes a las gestiones anteriores”, manifestó la Magistrada Presidente.
La auditoría seguirá el proceso correspondiente, y una vez se reciba el Informe de Auditoría, se tomarán las medidas necesarias para fortalecer la administración de los recursos públicos y recuperar la confianza ciudadana. Soriano destacó que esta iniciativa no solo busca corregir errores pasados, sino también establecer bases firmes para una gestión más eficiente y transparente en el futuro.
Además, la Presidente añadió que su visión de modernización se sustentará en pilares clave como la transparencia, la modernización de los procesos, la mejora continua del talento humano institucional y el fortalecimiento del trabajo territorial, con miras a consolidar al TSE como una institución ejemplar en la administración electoral del país y la región.
