Política
Asamblea Legislativa aprueba ley para reanudación de labores y del transporte en general ante anuncio de veto presidencial
Con 63 votos fue aproada la “Ley integral de protección de la salud dentro de la reanudación de labores en el marco de la pandemia COVID-19”, en la Asamblea Legislativa por parte de los congresistas salvadoreños.
En ese marco, el presidente del órgano legislativo, Mario Ponce, pidió al pleno una autorización para enviar el decreto a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; el pleno lo autorizó con 49 votos.
Esta ley establece las medidas para reanudar gradualmente las actividades laborales, económicas y administrativas, en los sectores público y privado, regulando medidas de distanciamiento, uso de mascarilla y lavado de manos en los lugares de trabajo.
La normativa permitiría la reactivación económica en cuatro fases, iniciando con una fase primera a partir del octavo día, en donde se exigiría en los centros laborales un espacio de dos metros cuadrados por cada trabajador.
De acuerdo a la normativa, los lugares de trabajo que no tengan la posibilidad de ese distanciamento podrían colocar barreras de protección como mamparas sanitarias, cabinas, cubículos, uso de lentes, mascarillas o caretas.
“Vamos a tener que aprender a vivir con esta pandemia. Tenemos que enfrentar esta pandemia, no por 15 días, no por un mes, sino por varios años”, dijo el diputado Rodrigo Ávila, de Arena.
Otra medida que se aplica con esta nueva ley, es la habilitación y circulación del transporte público, tanto en buses como microbuses, vehículos privados y servicio privado (taxis, Uber y transporte de personal) y de carga con ciertas normativas de seguridad sanitarias.
En cuanto al transporte de pasajeros se refiere, este no deberá sobrepasar su capacidad, motorista y cobrado deberán portar mascarilla obligatoria, así como los usuarios de la unidad, portar la unidad alcohol gel y desinfectar la unidad durante el día.
Para el caso de los vehículos livianos, caso selectivo de pasajeros, éstos deberán transportar un máximo de tres personas incluyendo al chofer y portar alcohol gel así como desinfectar el vehículo dos veces al día, misma línea aplica a los vehículos particulares pero con la variante que solo pondrán transportase dos personas.
Sin embargo, la nueva ley tiene anuncio de veto. El presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que la vetará y que, además, se tomará su tiempo para regresarles el decreto a los diputados de la Asamblea Legislativa. La reacción del mandatario se hizo ante un tuit con la aprobación de la ley contra la prohibición de solicitar el Documento Único de Identidad al comprar medicinas y de la prohibición de movilización entre municipios.
El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, aseguró que las empresas no entran a funcionar a un cien por ciento, “da ocho días para que el Gobierno presente un plan de apertura económica, a partir de ese momento, le da 15 días”.
La ley tendrá una vigencia de 120 días, es decir, cuatro meses.
Ponce agregó que el Gobierno será quien diseñe un plan de apertura económica.
La nueva ley incluye la prórroga de los pagos de servicios de agua, energía, cable e interne hasta junio; y le da las facultades legales al presidente de la República y al Ministerio de Salud para seguir combatiendo y evitando el contagio del COVID-19.
La normativa no exime al Ejecutivo de cumplir los procedimientos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap).
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, sin el acompañamiento de ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que confirma la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la inversión en el área social y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.
El monto global del plan de gastos, que tiene ingresos corrientes por $8,950.6 millones y fue votado favorable por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, totaliza $10,555.5 millones, y representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para el actual ejercicio fiscal.
El ramo de Educación recibe $1,683.4 millones, con un incremento de 9.3 % respecto al presupuesto de 2025, explicaron diputados de Nuevas Ideas que participaron en la deliberación en el pleno legislativo.
De estos recursos, $170.5 millones serán para el programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por finalidad la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a escala nacional.
Otro monto significativo que ejecutará la cartera de Educación el próximo año son $100 millones para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura educativa por medio del programa del presidente Bukele, Dos Escuelas por Día. Recientemente, el mandatario inauguró en simultáneo 70 centros escolares.
El Ministerio de Salud tiene $1,345.5 millones, y presenta un incremento de 14.1 % en comparación con el plan de gastos del presente ejercicio fiscal. Servirán, entre otros aspectos, para financiar la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública por $262.5 millones; mientras que $106.9 millones se destinarán al Sistema de Telemedicina en El Salvador, con la finalidad de ampliar la atención médica mediante la implementación de la plataforma DoctorSV.
Seguridad y Defensa tiene asignados $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al plan de gastos votado para 2025. La consolidación del Plan Control Territorial es parte de la apuesta principal. Se continuará con la dotación de uniformes, el equipamiento, la flota vehicular y el mejoramiento de la infraestructura policial.
También con la entrega de bonos mensuales y trimestrales para el personal operativo y administrativo. Asimismo, continuará la entrega de subsidios en favor de la población, para lo cual se destinaron $238.7 millones; $114.6 millones serán para el subsidio del gas licuado de petróleo, $60 millones para el subsidio del transporte y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.
De igual forma, $52 millones son para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para continuar con el programa de agromercados a escala nacional.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen para que el Número de Identificación Tributaria (NIT) sea digital y completamente gratuito.
La normativa también contempla que el NIT pueda tramitarse en línea y sin documentos físicos tanto para los salvadoreños dentro y fuera del país.
El objetivo de esta reforma es modernizar el sistema tributario mediante el uso de nuevas tecnologías.
De igual manera, la iniciativa responde a la necesidad de actualizar la ley vigente desde 1972 para adaptarla al avance tecnológico.
Una vez aprobada en el pleno legislativo entrará en vigencia ocho días después de publicado en el Diario Oficial.
Política
Fuerte cruce verbal entre diputadas Claudia Ortiz y Marcela Villatoro por aprobación del Presupuesto 2026
Un intenso intercambio de acusaciones entre las diputadas opositoras Claudia Ortiz (partido VAMOS) y Marcela Villatoro (ARENA) ha puesto en evidencia las fracturas recurrentes en la oposición salvadoreña, tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026 en la Asamblea Legislativa.
El desencadenante fue la conducta de la fracción de ARENA durante la votación.
Ortiz criticó duramente que los diputados areneros, pese a manifestarse en contra del presupuesto durante el debate, abandonaron el pleno legislativo justo antes de la votación, lo que calificó como una acción «contradictoria» e incoherente.
En respuesta, Villatoro rechazó las críticas y contraatacó acusando a Ortiz de ausentarse en discusiones clave, como las reformas constitucionales previas.
Además, la diputada de ARENA señaló que las posturas de Ortiz terminan «favoreciendo al oficialismo» y profundizando las divisiones dentro de la oposición.
El cruce se extendió a redes sociales, donde usuarios compartieron capturas y comentarios, calificándolo popularmente como una «pelea» entre las dos legisladoras.
Este no es el primer enfrentamiento público entre ambas
En marzo de 2025, durante una plenaria sobre minería metálica, surgió una fuerte polémica cuando Ortiz propuso una reforma constitucional para prohibir la actividad, apoyándose en firmas recolectadas por la Iglesia Católica.
Villatoro la acusó de politizar el tema y de intentar «deshacer» el esfuerzo eclesial, recordando que ARENA ya había presentado iniciativas similares meses antes.
El intercambio evidenció diferencias en estrategia y timing, con Villatoro criticando el enfoque «exprés» de Ortiz.Otros episodios incluyen críticas cruzadas sobre ausencias en debates clave, vínculos históricos de VAMOS con ARENA (expuestos por Villatoro en octubre de 2025) y percepciones de competencia política, donde Ortiz ha sido cuestionada por algunos sectores por sus posturas en seguridad y reformas.
Estas tensiones recurrentes resaltan las dificultades para un frente opositor unido en un Legislativo dominado por Nuevas Ideas.Analistas políticos señalan que estas divisiones debilitan la capacidad de la oposición para presentar alternativas coherentes frente al oficialismo.
