Política
Asamblea Legislativa aprueba ley para reanudación de labores y del transporte en general ante anuncio de veto presidencial
Con 63 votos fue aproada la “Ley integral de protección de la salud dentro de la reanudación de labores en el marco de la pandemia COVID-19”, en la Asamblea Legislativa por parte de los congresistas salvadoreños.
En ese marco, el presidente del órgano legislativo, Mario Ponce, pidió al pleno una autorización para enviar el decreto a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; el pleno lo autorizó con 49 votos.
Esta ley establece las medidas para reanudar gradualmente las actividades laborales, económicas y administrativas, en los sectores público y privado, regulando medidas de distanciamiento, uso de mascarilla y lavado de manos en los lugares de trabajo.
La normativa permitiría la reactivación económica en cuatro fases, iniciando con una fase primera a partir del octavo día, en donde se exigiría en los centros laborales un espacio de dos metros cuadrados por cada trabajador.
De acuerdo a la normativa, los lugares de trabajo que no tengan la posibilidad de ese distanciamento podrían colocar barreras de protección como mamparas sanitarias, cabinas, cubículos, uso de lentes, mascarillas o caretas.
“Vamos a tener que aprender a vivir con esta pandemia. Tenemos que enfrentar esta pandemia, no por 15 días, no por un mes, sino por varios años”, dijo el diputado Rodrigo Ávila, de Arena.
Otra medida que se aplica con esta nueva ley, es la habilitación y circulación del transporte público, tanto en buses como microbuses, vehículos privados y servicio privado (taxis, Uber y transporte de personal) y de carga con ciertas normativas de seguridad sanitarias.
En cuanto al transporte de pasajeros se refiere, este no deberá sobrepasar su capacidad, motorista y cobrado deberán portar mascarilla obligatoria, así como los usuarios de la unidad, portar la unidad alcohol gel y desinfectar la unidad durante el día.
Para el caso de los vehículos livianos, caso selectivo de pasajeros, éstos deberán transportar un máximo de tres personas incluyendo al chofer y portar alcohol gel así como desinfectar el vehículo dos veces al día, misma línea aplica a los vehículos particulares pero con la variante que solo pondrán transportase dos personas.
Sin embargo, la nueva ley tiene anuncio de veto. El presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que la vetará y que, además, se tomará su tiempo para regresarles el decreto a los diputados de la Asamblea Legislativa. La reacción del mandatario se hizo ante un tuit con la aprobación de la ley contra la prohibición de solicitar el Documento Único de Identidad al comprar medicinas y de la prohibición de movilización entre municipios.
El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, aseguró que las empresas no entran a funcionar a un cien por ciento, “da ocho días para que el Gobierno presente un plan de apertura económica, a partir de ese momento, le da 15 días”.
La ley tendrá una vigencia de 120 días, es decir, cuatro meses.
Ponce agregó que el Gobierno será quien diseñe un plan de apertura económica.
La nueva ley incluye la prórroga de los pagos de servicios de agua, energía, cable e interne hasta junio; y le da las facultades legales al presidente de la República y al Ministerio de Salud para seguir combatiendo y evitando el contagio del COVID-19.
La normativa no exime al Ejecutivo de cumplir los procedimientos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap).
Como parte del balance del primer año de gestión, el presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Wálter Sosa, informó que concluyeron las auditorías de todos los ministerios del Gobierno central, y están al día los procesos en cada institución.
El funcionario señaló que es la primera vez en el ente contralor estatal que se alcanza dicho resultado. Destacó que se ha procurado fortalecer la eficiencia de las acciones para transparentar el uso de los fondos públicos.
«Quiero resaltar que, por primera vez, la Corte de Cuentas de la República realizó auditorías financieras a la totalidad de los ministerios del Gobierno central, dejándolos auditados hasta el año 2024. Para lograrlo, nuestros equipos de auditoría ejecutaron más de 100 acciones de control», explicó Sosa en entrevista con «Diario El Salvador».
Agregó que, desde el 7 de febrero de 2025, el trabajo institucional se ha enfocado en tres líneas estratégicas: garantizar la independencia de las auditorías y juicios de cuentas, modernizar los procesos de fiscalización y fortalecer las alianzas para la prevención de la corrupción.
«Este esfuerzo marca un antes y un después en la fiscalización del país, ya que la CCR tendrá una presencia concurrente en estas entidades para asegurar la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos», dijo el presidente de la CCR.
También manifestó que consolidan los datos para presentar la estadística recabada en la próxima entrega del informe de labores.
Recordó que durante su primer año al frente de la institución concluyeron el Plan Masivo de Fiscalización Municipal, y confirmó que están 100 % auditadas hasta 2024.
Por otra parte, dijo que otro de los logros de la actual gestión contralora es que, de manera transversal, se fortaleció la gestión administrativa con la creación de la Dirección Anticorrupción y el trabajo articulado con instituciones como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, entre otras entidades.
Enfatizó que continuarán el trabajo para reforzar la independencia y asegurar el cumplimiento legal y técnico en todos los procesos de auditorías financieras y de gestión, exámenes especiales y juicios de cuentas.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó ayer su Memoria de Labores 2024–2025, como parte del ejercicio de rendición de cuentas y reflexión sobre el trabajo durante el período electoral. La actividad estuvo encabezada por la presidenta del TSE, Roxana Soriano.
Entre los avances destacados por la titular están la modernización tecnológica de los procesos institucionales, la creación del Ciclo Electoral Salvadoreño y la implementación de la Política Antisoborno y del Sistema de Gestión Antisoborno.
Asimismo, Soriano informó sobre los avances en la planificación del proceso electoral 2027, incluyendo la aprobación del Calendario Electoral, el Plan General de Elecciones, el Presupuesto Extraordinario y el fortalecimiento de la planificación del voto en el extranjero.
«En cada proceso ejecutado con rigor, en cada decisión responsable y en cada garantía brindada al ejercicio democrático se construye confianza pública y se fortalece el futuro de El Salvador», consideró la presidenta del organismo electoral.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
