Política
Asamblea aprueba Ley General de Recursos Hídricos
Con 65 votos, los diputados de la nueva Asamblea Legislativa aprobaron la Ley General de Recursos Hídricos que garantizará, por primera vez en la historia del país, la no privatización del líquido, el agua potable y saneamiento como un derecho humano y que el Estado asegurará el buen uso de este recurso.
“La bancada cyan se ha encargado de entregarle a los salvadoreños una verdadera Ley General de Recursos Hídricos, que pasó entrampada más de una década por los intereses de sectores, de esos mismos grupos oscuros que obstaculizaban la creación de esta ley”, afirmó la diputada de Nuevas Ideas, Sandra Martínez.
La no privatización queda sustentada en gran cantidad de artículos, entre ellos, el 1, 63, 64, 69, 133, 139 que establecen una diferenciación entre el uso doméstico del agua y la explotación para fines comerciales.
Se determina que habrá un canon diferenciado para ambos casos, se evita la sobreexplotación del recurso y se regula la contaminación por vertidos en los diferentes cuerpos de agua.
Esta ley, como nunca antes se había hecho, fue ampliamente consultada con los sectores que representan a todo el país, defienden los intereses de las mayorías y abogan por la buena administración del vital líquido.
Durante amplias sesiones de trabajo, los diputados hicieron un análisis exhaustivo de la normativa y recibieron los aportes de la academia, entidades privadas, iglesias, sociedad civil, pueblos originarios, asociaciones de mujeres, juntas de agua e instituciones de Gobierno.
Estos sectores no solo fueron escuchados, sino que, además, sus aportes fueron incorporados a la propuesta base enviada por el Presidente de la República, Nayib Bukele. De las sugerencias lresentadas por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) fueron incluidos 21 puntos.
“El tema del agua siempre fue visto como una oportunidad para cometer actos de corrupción, ha beneficiado a unos cuantos que vieron en el recurso hídrico una oportunidad de negocio. Hemos escuchado a todos los sectores de la sociedad civil que se nos acercaron, hemos estructurado cada artículo de forma transparente”, aseveró la legisladora Martínez.
La nueva normativa contiene 179 artículos que regulan las diferentes aristas que se relacionan con el uso y conservación del agua.
La gestión integral del recurso estará a cargo de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), así como el establecimiento de las tarifas por uso y aprovechamiento, y el canon por vertido (sustancias descargadas en los diferentes cuerpos de agua que causen modificación en su estructura).
La junta directiva de la ASA estará conformada por un director presidente; un representante del Ministerio de Medio Ambiente (MARN), otro del Ministerio de Agricultura (MAG), uno de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y del Ministerio de Turismo (MITUR).
También habrá representación del Ministerio de Vivienda (MIVI), Ministerio de Salud (MINSAL), Ministerio de Gobernación (MINGOB), Ministerio de Economía, Ministerio de Educación (MINED), Ministerio de Obras Públicas (MOP), así como de la Universidad de el Salvador (UES), de los Organismos Zonales de Cuenca y de la sociedad civil.
Por otra parte, la ley avalada asegura la equidad al brindar permisos para explotar el agua hasta por 15 años, tanto a las empresas privadas como a las juntas de agua.
La Ley General de Recursos Hídricos fue enviada a la Asamblea Legislativa por el Presidente Bukele, el pasado 18 de junio. Inmediatamente fue conformada la Comisión Ad hoc a cargo del tema, que conoció el proyecto e inició su estudio el 1 de julio.
Pasadas legislaturas impidieron durante 15 años que salvadoreños tuvieran acceso al agua
96 proyectos de ley y 42 reformas fueron discutidas por anteriores legislaturas sin dar un resultado a favor de las comunidades excluidas del desarrollo debido a la vieja forma de gobernar, viciada por la corrupción.
Desde el año 2006 hasta el 2020 se recibieron y presentaron diferentes iniciativas para regular el tema del agua. Los anteriores diputados se reunían en comisiones, no obstante, las verdaderas negociaciones no ocurrían de cara al pueblo.
“Ellos (anteriores asambleas) tenían un modelo de privatización pasiva unido con un modelo de corrupción a gran escala. Querían que los salvadoreños dijeran que no sirve el sistema público, que se necesitaba de un privado, eso fue lo que construyeron durante 15 años”, afirmó el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
En el pasado, nunca se discutió este tema con los sectores del país; sí se recibían sus iniciativas, pero sus aportes nunca fueron abordados, ni incorporados en una propuesta real.
“El negocio de ellos era que nunca hubiera ley de agua, no fue falta de voluntad, fue algo que construyeron deliberadamente y nos ha costado millones en recurso hídrico desperdiciado”, añadió.
En la legislatura de 2012 a 2015 se discutieron y aprobaron 92 artículos, de 2015 a 2018 se realizaron cinco talleres de trabajo y se aprobaron apenas cinco artículos; y de 2018 a 2021 se acordó conformar un equipo técnico de trabajo y se aprobaron 111 artículos.
Sin embargo, hasta hoy, nunca se hizo justicia para aquellos hogares sin acceso al agua potable y saneamiento. Los lugares con mayores carencias han tenido que pagar camiones cisterna para abastecerse, o caminar largos trayectos para recoger el vital líquido en ríos.
El sello de la ANDA del pasado fue la corrupción
$30 millones de dólares fueron robados por el expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Carlos Perla, durante el Gobierno del expresidente Francisco Flores, del partido ARENA.
Los proyectos que se construirían con estos fondos eran un reservorio de agua en Nejapa y Río Lempa II, que implicaba edificar una estación para recoger agua de este cuerpo de agua y bombearla hacia San Salvador. La no ejecución de estos proyectos afectó a 1.5 millones de salvadoreños.
En 2001 se utilizaron recursos públicos de ANDA para construir un pozo en la casa del diputado del Parlamento centroamericano (PARLACEN), Norman Quijano, quien fue recientemente desaforado por la Asamblea debido a negociaciones con pandillas.
Entre otros casos, se malversaron $16 millones en los gobiernos del FMLN, provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que serían supuestamente utilizados en el mejoramiento de la planta potabilizadora Las Pavas, algo que nunca se hizo.
Por el contrario, la falta de mantenimiento en la planta provocó casi el colapso del suministro de agua en la zona metropolitana de San Salvador. Estos hechos también ocurrieron durante el Gobierno del expresidente Francisco Flores.
Además, la administración del FMLN entregó la ANDA al Gobierno del Presidente Bukele con un déficit de $19 millones derivado de la gestión de Marco Fortín, más una deuda de instituciones de Gobierno y alcaldías que supera los $40 millones.
El último estudio realizado por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), cuyos resultados fueron presentados en las últimas horas, reveló que el 77.3 % de la población entrevistada dijo que tiene esperanza de cara al futuro de El Salvador, y 19.4 % afirmó que tiene temor.
A la pregunta específica de ¿cómo cree que va a estar la situación económica del país en 2025? el 46.2 % de los consultados dijo que estará mejor. El 26.1 % declaró que la situación estará igual y el 20.7 % señaló que peor. Respecto a la situación económica familiar, casi 51 % cree que será mejor, el 35.2 % igual y 10.3 % peor.
El presidente de la república, Nayib Bukele, ha afirmado que el trabajo en su segundo mandato estará centrado en la economía, una vez resuelto el tema de la inseguridad que golpeó por décadas a los salvadoreños, logrando ahora ser el país más seguro del hemisferio occidental.
Asimismo, para el 35.1 % de los encuestados por el Iudop/UCA la situación política del país estará mejor este año respecto a 2024. El 42 % opinó que estará igual, mientras que el 15.6 % valoró que estará peor.
«Encuesta UCA revela que existe optimismo sobre la situación que habrá en el país durante el año 2025. Alrededor de 46 de cada 100 salvadoreños consideran que la situación económica del país mejorará y 77 de cada 100 siente esperanza al pensar en el futuro del país», resume el estudio realizado en diciembre pasado con 1,266 personas.
En reiteradas ocasiones, los diputados de la Asamblea Legislativa han aprobado la extensión de una herramienta de seguridad exitosa, tras implementarse desde el 27 de marzo de 2022: El régimen de excepción.
Con ella, la población ha logrado vivir con mucha tranquilidad en el territorio salvadoreño, se ha logrado recuperar espacios públicos que antes estaban invadidos por miembros de estructuras criminales y se han salvado muchas vidas.
Es por eso que nuevamente los parlamentarios aprobaron, con 57 votos, la extensión de la misma por el plazo de 30 días, por lo que será aplicada del 6 de enero al 4 de febrero de este 2025.
“Esta herramienta nos ha dado los resultados de esa paz que nunca habíamos vivido en este país. Esta es una gran diferencia de hacer política, el pueblo salvadoreño es y será nuestra prioridad”, expresó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.
Por ende, esta prórroga será la número 34, según lo comunicaron los diputados en el pleno legislativo, durante el desarrollo de la sesión plenaria número 37, la primera de este nuevo año. Así se le continuará brindando apoyo al Plan Control Territorial, implementada desde que el Presidente de la República, Nayib Bukele, asumió su cargo.
La diputada Alexia Rivas justificó que esta medida de seguridad debe de continuar porque aún hay remanentes de pandilleros. Recordó las últimas capturas que las autoridades han realizado de personas vinculadas a las estructuras delictivas.
“En estos últimos días hemos visto cómo las fuerzas de seguridad han realizado la captura de criminales que han estado escondiéndose en lugares subterráneos. Vimos como en Altavista, en temporada de fin de año, seis delincuentes fueron capturados por agrupaciones ilícitas y por delinquir en esa zona”, mencionó Rivas.
Los datos obtenidos con el régimen de excepción
Durante los gobiernos del Presidente Bukele se ha logrado tener un total de 800 días sin homicidios. Los datos dan cuenta hasta el 4 de enero de 2025.
Gracias a las estrategias de seguridad, El Salvador pasó a ser un país ejemplo a nivel regional, pues ha habido una caída drástica de los homicidios, que en el pasado causaron tanto dolor a muchas familias.
El presidente Castro recordó cuando se aprobó por primera vez esta iniciativa enviada por el mandatario Bukele y que contenía la herramienta constitucional del régimen de excepción.
“En esos momentos no sabíamos qué iba a suceder. Teníamos la esperanza de que iba a ayudar en algo porque estábamos pasando momentos difíciles y no era solo por ese fin de semana, esa fue la gota que derramó el vaso, fueron años de zozobra que vivimos en este país”, sostuvo Castro.
Hoy, la tasa de asesinatos por 100 mil habitantes es de 1.9. Es así que desde la implementación del régimen de excepción se suman 687 días sin muertes violentas intencionales, es decir que se contabiliza un 98% en la reducción de ataques mortales, respecto al último gobierno del FMLN.
Además, de acuerdo a las autoridades de seguridad, el 2024 cerró con 279 días sin homicidios, bajo un promedio de 0.3 asesinatos diarios.
En 2015, la tasa de asesinatos fue de 106 por cada 100 mil habitantes. Este fue uno de los años más sangrientos, debido a que las autoridades registraron 6 mil muertes violentas.
Luego, en 2016 la tasa de homicidios fue de 84; en 2017, los índices de homicidios bajaron a 83. Además, en 2018 llegó a 53.
En 2019, cuando el Presidente Bukele inició el desarrollo de su plan para rescatar el país, la tasa de homicidios fue de 38 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Además, en 2020 la tasa fue de 21.2; en 2021, bajó a 18.1; en 2022, cuando se aprobó el régimen de excepción, la tasa de homicidios bajó a 7.8.
Finalmente, en 2023 fue de 2.4 y este nuevo año ya alcanzó el punto más bajo de la historia. Enero ya suma tres días sin homicidios.
“Esto es trabajo en equipo. Las políticas de seguridad han sido claves y éxito para la mejora de la situación de seguridad que tenemos en este país. Hemos logrado desarticular la red de terroristas y ahora las instituciones garantizan justicia para los salvadoreños”, sostuvo el legislador Raúl Chamagua.
Por su parte, la diputada Elisa Rosales enfatizó en que con el voto para el régimen de excepción, los legisladores reiteran su compromiso con la seguridad del pueblo salvadoreño.
“Estoy segura que ningún salvadoreño quiere regresar a ese pasado de violencia, ni de tristeza. No debemos olvidar de dónde venimos para que sigamos construyendo el país que las futuras generaciones merecen”, dijo Rosales.
El 1.° de junio inició el segundo mandato presidencial de Nayib Bukele, tras resultar electo el 4 de febrero en comicios libres y democráticos, obteniendo 2,701,725 votos válidos de salvadoreños que residen en el territorio nacional y en el extranjero.
Con ese histórico caudal de votos, reflejo del respaldo popular en las urnas, Bukele derrotó a las fórmulas presidenciales de ARENA (Joel Sánchez e Hilcia Bonilla), FMLN (Manuel Flores y Werner Marroquín), Nuestro Tiempo (Luis Parada y Celia Medrano), Fuerza Solidaria (José Renderos y Rafael Montalvo) y Fraternidad Patriota Salvadoreña (Marina Murillo y Fausto Carranza).
Sánchez fue el primero en reconocer el triunfo del presidente Nayib Bukele. Además, criticó la mala gestión del presidente de ARENA, Carlos Saade, a quien responsabilizó de la derrota electoral para el partido tricolor.
A causa de sus críticas, el instituto arenero abrió un proceso de expulsión contra Sánchez; sin embargo, él renunció días antes de conocerse el resultado de dicho proceso interno, no sin antes revelar que dirigentes tricolor le exigieron dinero durante la campaña presidencial para financiar la de alcaldes y diputados, y para no removerlo como candidato.
Tras ser ratificado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como el ganador de los comicios, la ceremonia de investidura presidencial de Nayib Bukele se realizó el 1.° de junio en el Palacio Nacional, en el renovado Centro Histórico de San Salvador, donde miles de personas se congregaron en la Plaza Cívica, además de la presencia del Rey Felipe VI, varios presidentes e invitados especiales.
Durante su discurso, Bukele destacó la transformación de El Salvador en materia de seguridad pública, pues pasó de ser uno de los países más inseguros del mundo a uno de los más seguros y con menos homicidios, como resultado de la guerra contra las pandillas a través del Plan Control Territorial (PCT) y el estado de excepción.
Además, ese día anunció que en su quinquenio de gestión 2024-2029 -y ante el problema de inseguridad ya resuelto-, apostaría por el crecimiento de la economía.
Un mes después de su discurso del 1.° de junio, el mandatario presentó Plan Económico, y anunció el inicio de la primera de las seis fases que lo integran: Alimentación, que consiste, entre otras medidas, en la eliminación de aranceles a más de 70 productos de la canasta básica y a otros productos alimenticios.
Como parte de esta fase, el mandatario anunció posteriormente la implementación de los agromercados a escala nacional (ya han sido instalados 55) y la construcción de la primera Central de Abastos -ya en funcionamiento- en el distrito de Soyapango, San Salvador Este, para favorecer el bolsillo de los salvadoreños con productos más baratos.
La segunda fase del Plan Económico, Tecnología, consiste en una apuesta del Ejecutivo por este sector como dinamizador de la economía; y la tercera fase, Logística, conlleva una fuerte inversión económica para la reactivación de los puertos de La Unión Centroamericana y de Acajutla.
En esta tercera fase participa la empresa de capital turco YILPORT Holding, que invierte $1,615 millones, y con la cual el Estado salvadoreño estableció una sociedad de economía mixta con el objetivo de reativar y modernizar las dos principales terminales marítimas del país.
La gestión del presidente Bukele en su segundo mandato es respaldada desde la Asamblea Legislativa por los diputados de Nuevas Ideas que fueron electos en los comicios del 4 de febrero, y que tomaron posesión de sus cargos el 1.° de mayo.
De los 60 diputados en el congreso 54 pertenecen a la banca cian; dos son del PCN y uno del PDC. Estos dos últimos partidos también acompañan con sus votos el trabajo del presidente Bukele. Los tres diputados restantes integran la oposición política, distribuidos así: dos legisladores son de ARENA y una diputada es de VAMOS. El FMLN no obtuvo ningún diputado por primera vez en su historia de participación electoral.
Los diputados de Nuevas Ideas, así como los del PCN y PDC, han respaldado desde el inicio de su periodo legislativo (2024-2027) las iniciativas del Ejecutivo, como es el caso de la aprobación del presupuesto general del Estado para el ejercicio fiscal 2025, que contempla una fuerte apuesta para atender a los sectores sociales más vulnerables, manteniendo el énfasis en la inversión para las áreas de educación, salud y seguridad.
También han dado sus votos para mantener vigente el estado de excepción, que inició el 27 de marzo de 2022, a propuesta del Ejecutivo. Desde la legislatura anterior y hasta la fecha la oposición política no acompaña con sus votos la continuidad de la medida constitucional.
En las elecciones del 3 de marzo Nuevas Ideas ganó 28 de las 44 nuevas alcaldías. GANA tiene seis comunas con su bandera, el PCN cuatro, PDC cuatro (una en coalición con PCN), Fuerza Solidaria una y ARENA ganó una.
