Política
Asamblea aprueba Ley General de Recursos Hídricos
Con 65 votos, los diputados de la nueva Asamblea Legislativa aprobaron la Ley General de Recursos Hídricos que garantizará, por primera vez en la historia del país, la no privatización del líquido, el agua potable y saneamiento como un derecho humano y que el Estado asegurará el buen uso de este recurso.
“La bancada cyan se ha encargado de entregarle a los salvadoreños una verdadera Ley General de Recursos Hídricos, que pasó entrampada más de una década por los intereses de sectores, de esos mismos grupos oscuros que obstaculizaban la creación de esta ley”, afirmó la diputada de Nuevas Ideas, Sandra Martínez.
La no privatización queda sustentada en gran cantidad de artículos, entre ellos, el 1, 63, 64, 69, 133, 139 que establecen una diferenciación entre el uso doméstico del agua y la explotación para fines comerciales.
Se determina que habrá un canon diferenciado para ambos casos, se evita la sobreexplotación del recurso y se regula la contaminación por vertidos en los diferentes cuerpos de agua.
Esta ley, como nunca antes se había hecho, fue ampliamente consultada con los sectores que representan a todo el país, defienden los intereses de las mayorías y abogan por la buena administración del vital líquido.
Durante amplias sesiones de trabajo, los diputados hicieron un análisis exhaustivo de la normativa y recibieron los aportes de la academia, entidades privadas, iglesias, sociedad civil, pueblos originarios, asociaciones de mujeres, juntas de agua e instituciones de Gobierno.
Estos sectores no solo fueron escuchados, sino que, además, sus aportes fueron incorporados a la propuesta base enviada por el Presidente de la República, Nayib Bukele. De las sugerencias lresentadas por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) fueron incluidos 21 puntos.
“El tema del agua siempre fue visto como una oportunidad para cometer actos de corrupción, ha beneficiado a unos cuantos que vieron en el recurso hídrico una oportunidad de negocio. Hemos escuchado a todos los sectores de la sociedad civil que se nos acercaron, hemos estructurado cada artículo de forma transparente”, aseveró la legisladora Martínez.
La nueva normativa contiene 179 artículos que regulan las diferentes aristas que se relacionan con el uso y conservación del agua.
La gestión integral del recurso estará a cargo de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), así como el establecimiento de las tarifas por uso y aprovechamiento, y el canon por vertido (sustancias descargadas en los diferentes cuerpos de agua que causen modificación en su estructura).
La junta directiva de la ASA estará conformada por un director presidente; un representante del Ministerio de Medio Ambiente (MARN), otro del Ministerio de Agricultura (MAG), uno de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y del Ministerio de Turismo (MITUR).
También habrá representación del Ministerio de Vivienda (MIVI), Ministerio de Salud (MINSAL), Ministerio de Gobernación (MINGOB), Ministerio de Economía, Ministerio de Educación (MINED), Ministerio de Obras Públicas (MOP), así como de la Universidad de el Salvador (UES), de los Organismos Zonales de Cuenca y de la sociedad civil.
Por otra parte, la ley avalada asegura la equidad al brindar permisos para explotar el agua hasta por 15 años, tanto a las empresas privadas como a las juntas de agua.
La Ley General de Recursos Hídricos fue enviada a la Asamblea Legislativa por el Presidente Bukele, el pasado 18 de junio. Inmediatamente fue conformada la Comisión Ad hoc a cargo del tema, que conoció el proyecto e inició su estudio el 1 de julio.
Pasadas legislaturas impidieron durante 15 años que salvadoreños tuvieran acceso al agua
96 proyectos de ley y 42 reformas fueron discutidas por anteriores legislaturas sin dar un resultado a favor de las comunidades excluidas del desarrollo debido a la vieja forma de gobernar, viciada por la corrupción.
Desde el año 2006 hasta el 2020 se recibieron y presentaron diferentes iniciativas para regular el tema del agua. Los anteriores diputados se reunían en comisiones, no obstante, las verdaderas negociaciones no ocurrían de cara al pueblo.
“Ellos (anteriores asambleas) tenían un modelo de privatización pasiva unido con un modelo de corrupción a gran escala. Querían que los salvadoreños dijeran que no sirve el sistema público, que se necesitaba de un privado, eso fue lo que construyeron durante 15 años”, afirmó el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
En el pasado, nunca se discutió este tema con los sectores del país; sí se recibían sus iniciativas, pero sus aportes nunca fueron abordados, ni incorporados en una propuesta real.
“El negocio de ellos era que nunca hubiera ley de agua, no fue falta de voluntad, fue algo que construyeron deliberadamente y nos ha costado millones en recurso hídrico desperdiciado”, añadió.
En la legislatura de 2012 a 2015 se discutieron y aprobaron 92 artículos, de 2015 a 2018 se realizaron cinco talleres de trabajo y se aprobaron apenas cinco artículos; y de 2018 a 2021 se acordó conformar un equipo técnico de trabajo y se aprobaron 111 artículos.
Sin embargo, hasta hoy, nunca se hizo justicia para aquellos hogares sin acceso al agua potable y saneamiento. Los lugares con mayores carencias han tenido que pagar camiones cisterna para abastecerse, o caminar largos trayectos para recoger el vital líquido en ríos.
El sello de la ANDA del pasado fue la corrupción
$30 millones de dólares fueron robados por el expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Carlos Perla, durante el Gobierno del expresidente Francisco Flores, del partido ARENA.
Los proyectos que se construirían con estos fondos eran un reservorio de agua en Nejapa y Río Lempa II, que implicaba edificar una estación para recoger agua de este cuerpo de agua y bombearla hacia San Salvador. La no ejecución de estos proyectos afectó a 1.5 millones de salvadoreños.
En 2001 se utilizaron recursos públicos de ANDA para construir un pozo en la casa del diputado del Parlamento centroamericano (PARLACEN), Norman Quijano, quien fue recientemente desaforado por la Asamblea debido a negociaciones con pandillas.
Entre otros casos, se malversaron $16 millones en los gobiernos del FMLN, provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que serían supuestamente utilizados en el mejoramiento de la planta potabilizadora Las Pavas, algo que nunca se hizo.
Por el contrario, la falta de mantenimiento en la planta provocó casi el colapso del suministro de agua en la zona metropolitana de San Salvador. Estos hechos también ocurrieron durante el Gobierno del expresidente Francisco Flores.
Además, la administración del FMLN entregó la ANDA al Gobierno del Presidente Bukele con un déficit de $19 millones derivado de la gestión de Marco Fortín, más una deuda de instituciones de Gobierno y alcaldías que supera los $40 millones.
Los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) tomaron pesesión este lunes de la nueva junta directiva del foro regional para el periodo de 2024-2025. Durante la sesión el salvadoreño Carlos René Hernández Castillo, diputado por el partido de Nuevas Ideas inicio funciones como presidente del Parlacen. También fue electa como secretaria del Parlacen la diputada salvadoreña, Cecilia Guadalupe Rivera Méndez.
Hernández es diputado del parlamento regional desde el 28 de octubre del 2021. El diputado salvadoreño fue juramentado este día en sesión solemne llevada a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala y por la plataforma Zoom.
«Es innegable que el tiempo nos exige revisar nuestras fortalezas y, con espíritu constructivo y dinámico reconocer las áreas que debemos mejorar…El Parlacen debe adecuarse a los tiempos modernos, respondiendo de manera efectiva a las demandas de nuestros pueblos, para que nuestros ciudadanos puedan percibir los beneficios de la integración», dijo Hernández Castillo durante su discurso de juramentación.
Durante la ceremonia también participó, a través de un video vía plataforma virtual, el vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, quien felicitó a la nueva junta directiva y mencionó que «es un doble honor porque El Salvador asume la presidencia del Parlacen».
En la sesión también fueron establecidos los demás cargos de la junta directiva, la cual quedó conformada por los vicepresidentes Edgar Antonio de León, de Guatemala; Nedis Adrián Licona, de Honduras; Guillermo Daniel Ortega, de Nicaragua; Dorindo Jayans Cortez, de Panamá y Ramón Emilio Gori, de República Dominicana.
El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) sufrió una significativa reducción en su base electoral durante las recientes elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2024. Esta caída se atribuye internamente al exdiputado Guillermo Gallegos, quien enfrenta múltiples acusaciones de corrupción y nepotismo.
Fuentes dentro del partido indican que varios de sus dirigentes habrían estado bajo la influencia de Gallegos para promover sus intereses personales, incluyendo la permanencia de individuos de su círculo cercano en posiciones de poder dentro del partido. Simultáneamente, varios miembros destacados de GANA han expresado su descontento con la permanencia de Gallegos como vicepresidente.
Uno de los principales opositores a Gallegos ha sido el alcalde de San Luis Talpa, Salvador Meléndez, quien ha exigido a Gallegos que actúe con la “ética y transparencia” que él mismo proclama y devuelva los miles de dólares que recibió del Estado para financiar la ONG de su esposa, además de cuestionar sus viajes al extranjero mientras ocupaba un cargo de relevancia en el Órgano Legislativo.
Meléndez, junto a otros tres ediles elegidos en los últimos comicios, reaccionó ante un proceso disciplinario que enfrentó por parte de la dirigencia del partido y Gallegos, tras un incremento en su salario y dietas al asumir sus cargos el 1 de mayo. En este contexto, el alcalde subrayó que Gallegos se resiste a dar paso a nuevas generaciones, reiterando su llamado junto a otros miembros de GANA a una renovación en la dirigencia para permitir que el partido “pase a manos nuevas y pueda prosperar”.
El enfrentamiento de Gallegos no es nuevo; en agosto de 2019, tuvo un conflicto con el fallecido fundador de GANA, Andrés Rovira. Gallegos afirmó en diversas ocasiones que Rovira había renunciado a la presidencia del directorio para adelantar las elecciones internas. Sin embargo, Rovira desmintió esa afirmación ante los medios, aclarando que solo había renunciado a participar en el siguiente directorio.
Los resultados electorales para GANA fueron decepcionantes. El partido logró apenas 23,229 votos en San Salvador, lo que no fue suficiente para obtener un escaño en la Asamblea Legislativa. A nivel nacional, GANA solo consiguió seis alcaldías, muy por debajo de las expectativas iniciales. Esta falta de éxito es aún más alarmante considerando que el partido hipotecó su sede para financiar su campaña electoral de 2024, hecho que fue confirmado por Gallegos.
La Magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, solicitó, como una de las primeras decisiones de su gestión, una auditoría exhaustiva de la Corte de Cuentas de la República (CCR) a la autoridad electoral de El Salvador por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 23 de septiembre de 2024.
Esta acción marca un hito en el Organismo Colegiado, siendo la primera vez que su máxima autoridad toma medidas inmediatas para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la institución. Soriano presentó una solicitud formal a la CCR, subrayando su compromiso con la mejora de la gestión administrativa y financiera del TSE.
“Queremos consolidar al Tribunal Supremo Electoral como una institución confiable, por ello, hemos solicitado la intervención de la Corte de Cuentas para que realice las auditorías correspondientes a las gestiones anteriores”, manifestó la Magistrada Presidente.
La auditoría seguirá el proceso correspondiente, y una vez se reciba el Informe de Auditoría, se tomarán las medidas necesarias para fortalecer la administración de los recursos públicos y recuperar la confianza ciudadana. Soriano destacó que esta iniciativa no solo busca corregir errores pasados, sino también establecer bases firmes para una gestión más eficiente y transparente en el futuro.
Además, la Presidente añadió que su visión de modernización se sustentará en pilares clave como la transparencia, la modernización de los procesos, la mejora continua del talento humano institucional y el fortalecimiento del trabajo territorial, con miras a consolidar al TSE como una institución ejemplar en la administración electoral del país y la región.
