Política
Asamblea aprueba Ley General de Recursos Hídricos
Con 65 votos, los diputados de la nueva Asamblea Legislativa aprobaron la Ley General de Recursos Hídricos que garantizará, por primera vez en la historia del país, la no privatización del líquido, el agua potable y saneamiento como un derecho humano y que el Estado asegurará el buen uso de este recurso.
“La bancada cyan se ha encargado de entregarle a los salvadoreños una verdadera Ley General de Recursos Hídricos, que pasó entrampada más de una década por los intereses de sectores, de esos mismos grupos oscuros que obstaculizaban la creación de esta ley”, afirmó la diputada de Nuevas Ideas, Sandra Martínez.
La no privatización queda sustentada en gran cantidad de artículos, entre ellos, el 1, 63, 64, 69, 133, 139 que establecen una diferenciación entre el uso doméstico del agua y la explotación para fines comerciales.
Se determina que habrá un canon diferenciado para ambos casos, se evita la sobreexplotación del recurso y se regula la contaminación por vertidos en los diferentes cuerpos de agua.
Esta ley, como nunca antes se había hecho, fue ampliamente consultada con los sectores que representan a todo el país, defienden los intereses de las mayorías y abogan por la buena administración del vital líquido.
Durante amplias sesiones de trabajo, los diputados hicieron un análisis exhaustivo de la normativa y recibieron los aportes de la academia, entidades privadas, iglesias, sociedad civil, pueblos originarios, asociaciones de mujeres, juntas de agua e instituciones de Gobierno.
Estos sectores no solo fueron escuchados, sino que, además, sus aportes fueron incorporados a la propuesta base enviada por el Presidente de la República, Nayib Bukele. De las sugerencias lresentadas por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) fueron incluidos 21 puntos.
“El tema del agua siempre fue visto como una oportunidad para cometer actos de corrupción, ha beneficiado a unos cuantos que vieron en el recurso hídrico una oportunidad de negocio. Hemos escuchado a todos los sectores de la sociedad civil que se nos acercaron, hemos estructurado cada artículo de forma transparente”, aseveró la legisladora Martínez.
La nueva normativa contiene 179 artículos que regulan las diferentes aristas que se relacionan con el uso y conservación del agua.
La gestión integral del recurso estará a cargo de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), así como el establecimiento de las tarifas por uso y aprovechamiento, y el canon por vertido (sustancias descargadas en los diferentes cuerpos de agua que causen modificación en su estructura).
La junta directiva de la ASA estará conformada por un director presidente; un representante del Ministerio de Medio Ambiente (MARN), otro del Ministerio de Agricultura (MAG), uno de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y del Ministerio de Turismo (MITUR).
También habrá representación del Ministerio de Vivienda (MIVI), Ministerio de Salud (MINSAL), Ministerio de Gobernación (MINGOB), Ministerio de Economía, Ministerio de Educación (MINED), Ministerio de Obras Públicas (MOP), así como de la Universidad de el Salvador (UES), de los Organismos Zonales de Cuenca y de la sociedad civil.
Por otra parte, la ley avalada asegura la equidad al brindar permisos para explotar el agua hasta por 15 años, tanto a las empresas privadas como a las juntas de agua.
La Ley General de Recursos Hídricos fue enviada a la Asamblea Legislativa por el Presidente Bukele, el pasado 18 de junio. Inmediatamente fue conformada la Comisión Ad hoc a cargo del tema, que conoció el proyecto e inició su estudio el 1 de julio.
Pasadas legislaturas impidieron durante 15 años que salvadoreños tuvieran acceso al agua
96 proyectos de ley y 42 reformas fueron discutidas por anteriores legislaturas sin dar un resultado a favor de las comunidades excluidas del desarrollo debido a la vieja forma de gobernar, viciada por la corrupción.
Desde el año 2006 hasta el 2020 se recibieron y presentaron diferentes iniciativas para regular el tema del agua. Los anteriores diputados se reunían en comisiones, no obstante, las verdaderas negociaciones no ocurrían de cara al pueblo.
“Ellos (anteriores asambleas) tenían un modelo de privatización pasiva unido con un modelo de corrupción a gran escala. Querían que los salvadoreños dijeran que no sirve el sistema público, que se necesitaba de un privado, eso fue lo que construyeron durante 15 años”, afirmó el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
En el pasado, nunca se discutió este tema con los sectores del país; sí se recibían sus iniciativas, pero sus aportes nunca fueron abordados, ni incorporados en una propuesta real.
“El negocio de ellos era que nunca hubiera ley de agua, no fue falta de voluntad, fue algo que construyeron deliberadamente y nos ha costado millones en recurso hídrico desperdiciado”, añadió.
En la legislatura de 2012 a 2015 se discutieron y aprobaron 92 artículos, de 2015 a 2018 se realizaron cinco talleres de trabajo y se aprobaron apenas cinco artículos; y de 2018 a 2021 se acordó conformar un equipo técnico de trabajo y se aprobaron 111 artículos.
Sin embargo, hasta hoy, nunca se hizo justicia para aquellos hogares sin acceso al agua potable y saneamiento. Los lugares con mayores carencias han tenido que pagar camiones cisterna para abastecerse, o caminar largos trayectos para recoger el vital líquido en ríos.
El sello de la ANDA del pasado fue la corrupción
$30 millones de dólares fueron robados por el expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Carlos Perla, durante el Gobierno del expresidente Francisco Flores, del partido ARENA.
Los proyectos que se construirían con estos fondos eran un reservorio de agua en Nejapa y Río Lempa II, que implicaba edificar una estación para recoger agua de este cuerpo de agua y bombearla hacia San Salvador. La no ejecución de estos proyectos afectó a 1.5 millones de salvadoreños.
En 2001 se utilizaron recursos públicos de ANDA para construir un pozo en la casa del diputado del Parlamento centroamericano (PARLACEN), Norman Quijano, quien fue recientemente desaforado por la Asamblea debido a negociaciones con pandillas.
Entre otros casos, se malversaron $16 millones en los gobiernos del FMLN, provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que serían supuestamente utilizados en el mejoramiento de la planta potabilizadora Las Pavas, algo que nunca se hizo.
Por el contrario, la falta de mantenimiento en la planta provocó casi el colapso del suministro de agua en la zona metropolitana de San Salvador. Estos hechos también ocurrieron durante el Gobierno del expresidente Francisco Flores.
Además, la administración del FMLN entregó la ANDA al Gobierno del Presidente Bukele con un déficit de $19 millones derivado de la gestión de Marco Fortín, más una deuda de instituciones de Gobierno y alcaldías que supera los $40 millones.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reiteró que participará en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027 con el objetivo de buscar un tercer período como diputado del partido Nuevas Ideas.
Castro señaló que su decisión responde a que aún considera que hay muchas cosas por hacer en el país, aunque aclaró que primero deberán cumplirse los procesos correspondientes, como las elecciones internas del partido y el proceso electoral.
Indicó que mantendría su forma de trabajo con puertas abiertas a la población, comunicadores y creadores de contenido, y aseguró que no permitirá el regreso de prácticas del pasado, como la corrupción y el despilfarro.
Además, afirmó que la historia ha mostrado las razones por las que, según él, la población no apoya a la oposición en la Asamblea Legislativa.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
