Judicial
Sala ordena libertad para Jorge Isidoro Nieto por uso de prueba ilícita en la acusación
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la libertad para Jorge Isidoro Nieto, exministro de obras públicas, quien fue condenado a 12 años de prisión por el delito de peculado doloso, luego de resolver un recurso interpuesto por la defensa.
De acuerdo con la Sala, en el proceso penal contra el exministro, hubo una vulneración al derecho de defensa, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) habría utilizado prueba ilícita en su acusación.
Por lo tanto, la resolución al hábeas corpus fue la orden de poner a Nieto en libertad.
La Sala aclaró que, aunque admitió el recurso, el proceso contra Niego debe seguir su «correspondiente trámite en la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro».
Nieto guarda prisión desde el 29 de noviembre de 2019, cuando el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador lo condenó a 12 años de cárcel por el delito de peculado.
Los jueces decidieron que guardara prisión en el penal de Metapán (Santa Ana) mientras la defensa interpone los recursos de apelación para intentar revertir la condena.
Hace unos días, la parte defensora pidió arresto domiciliar para el exfuncionario porque tiene problemas de salud crónicos y el brote de covid-19, enfermedad causada por el coronavirus convertida en pandemia, lo pone en riesgo. Pidieron que porte un brazalete electrónico que garantice que no se fugaría de su hogar.
La sentencia contra el exministro incluye pagar al Estado $12,984,953.52 como responsabilidad civil. El tribunal lo condenó porque comprobó que permitió que un tercero se apropiara de fondos públicos en la ejecución del tramo II del proyecto del bulevar Diego de Holguín (hoy bulevar Monseñor Romero).
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
