Judicial
Sala ordena libertad para Jorge Isidoro Nieto por uso de prueba ilícita en la acusación
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la libertad para Jorge Isidoro Nieto, exministro de obras públicas, quien fue condenado a 12 años de prisión por el delito de peculado doloso, luego de resolver un recurso interpuesto por la defensa.
De acuerdo con la Sala, en el proceso penal contra el exministro, hubo una vulneración al derecho de defensa, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) habría utilizado prueba ilícita en su acusación.
Por lo tanto, la resolución al hábeas corpus fue la orden de poner a Nieto en libertad.
La Sala aclaró que, aunque admitió el recurso, el proceso contra Niego debe seguir su «correspondiente trámite en la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro».
Nieto guarda prisión desde el 29 de noviembre de 2019, cuando el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador lo condenó a 12 años de cárcel por el delito de peculado.
Los jueces decidieron que guardara prisión en el penal de Metapán (Santa Ana) mientras la defensa interpone los recursos de apelación para intentar revertir la condena.
Hace unos días, la parte defensora pidió arresto domiciliar para el exfuncionario porque tiene problemas de salud crónicos y el brote de covid-19, enfermedad causada por el coronavirus convertida en pandemia, lo pone en riesgo. Pidieron que porte un brazalete electrónico que garantice que no se fugaría de su hogar.
La sentencia contra el exministro incluye pagar al Estado $12,984,953.52 como responsabilidad civil. El tribunal lo condenó porque comprobó que permitió que un tercero se apropiara de fondos públicos en la ejecución del tramo II del proyecto del bulevar Diego de Holguín (hoy bulevar Monseñor Romero).
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
