Judicial
Miembros de una familia confiesan cómo asesinaron a un pariente que se rehusó a ser miembro de la pandilla y quedan libres
Cinco miembros de una misma familia confesaron ser cómplices y verdugos de Carlos Alfaro, un hombre que por varios meses se opuso a ser parte de la Mara Salvatrucha (MS-13) que opera en un municipio de San Salvador. Se aprovecharon de la justicia al confesar y solicitar un proceso abreviado.
Carlos era un hombre trabajador que murió a las 7:45 de la mañana del 7 de julio de 2016. Él por muchos meses había sido acosado por los sujetos que lo presionaban para que fuera parte de la pandilla, pero esto era un camino que no estaba dispuesto a recorrer por lo cual se negó hasta el día que una bala le atravesó el cuerpo cuando abordaba el microbús de la ruta 37-A en Santo Tomás, antes de salir a hacia su trabajo.
“Se paró (frente al microbús) este muchacho, Carlos Alfaro, y ahí fue cuando yo le disparé con un arma de 9 milímetros. Y solo cayó y arrancamos con el carro hacia San Salvador”, dijo con tono firme y sin tambalear Juan Alberto C., de 26 años de edad.
Sus palabras fueron vertidas frente al juez del Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, luego que la representación fiscal y la defensa de los imputados pactaran un proceso abreviado así como el cambio de tipificación del delito de homicidio agravado a homicidio simple. Este delito que al ser confesado se negoció una reducción de pena a tres años de prisión hasta ponerlos bajo medidas cautelares y salir en libertad.
El testimonio de todos concordó en hora, fecha y lo que había sucedido. El grupo de pandilleros explicó que esperaron a su víctima por varios minutos a bordo de un carro amarillo de cuatro puertas. Las señales y el rumbo fueron dados por Raquel, una colaboradora de la zona.
Ángel S., de 32 años, era el encargado de manejar el vehículo mientras que Rudy C., de 23, fungió como copiloto; atrás se había sentado Josué V., y por último, Juan Alberto, quien era el encargado de disparar.
Según la FGR Juan y Rudy son primos de Josué y Raquel, quienes orquestaron la muerte, mientras que Ángel era el chofer y amigo de este grupo.
El resto de las confesiones
“Ese día andaba con Rudy, Josué, Jorge y Juan. Vimos a un joven con camisa verde con unos zapatos anaranjados. En ese momento Jorge disparó, él se conducía en el asiento de atrás mientras que Rudy iba de copiloto”, declaró Ángel.
La representación fiscal preguntó a Ángel:
-¿Todos estaban de acuerdo con este homicidio? -cuestionó.
-Sí -respondió sin titubear.
-¿Todos planearon el homicidio incluyendo a Raquel?”
-Sí -concluyó.
-No más preguntas -dijo el fiscal dándose por satisfecho.
Otros que rindieron su declaración fueron Rudy y Josué, quienes al igual que los otros dos complementaron y reforzaron la confesión del crimen.
Pero fue el primero quien mencionó, ante los cuestionamientos del ministerio público, que dos meses antes habían tenido discusiones con la víctima, ya que este no quería pertenecer a la pandilla y como modo de presión lo comenzaron a señalar de ser del bando contrario, una etiqueta que podría justificar su muerte.
-¿Cómo supieron que él iba a pasar por ahí? -cuestionó la Fiscalía.
-Porque cinco para las ocho pasa la 37-A. Practicante era el único bus que salía y que él (Carlos) tomaba -declaró en un tono pausado.
Las última en pasar fue Raquel V., de 22 años. Según su versión, fue la encargada de entregarlo a sus compinches y de avisar el momento exacto en el cual su víctima llegaría a la parada de buses. Esto significó el último detalle que hacía falta para terminar con su plan.
Minutos antes de que Juan Carlos muriera, se había encontrado con la mujer con la que había tenido una plática antes de emprender su camino.
La imputada entró a la sala de audiencias y señaló que ella había sido la responsable. “Yo vi a Juan Carlos, le fui a dar un abrazo, solo eso y me regresé a mis quehaceres. Me encerré y ya no supe más de él”, explicó.
-¿Sabías que lo iba a matar? -cuestionó nuevamente la FGR.
Raquel guardó silencio mientras se le llenaban los ojos de lágrimas.
-¿Participaste en el homicidio? -volvió a preguntar.
-Sí -aclaró de un tajo.
-¿Cuál era tu participación? -preguntó.
-De entregarlo -confesó mientras lloraba.
El veredicto
Luego de escuchar a los cinco imputados, el juez determinó que esto cumplía con las características de un proceso abreviado, el cual se había solicitado por las partes en el inicio de la audiencia. Asimismo, el juzgador aceptó la modificación del delito por lo cual su confesión les permitía ser condenados a tres años de prisión, algo que cedía a salir de la cárcel.
La única persona que no logró salir bien librado de esto fue Rudy, debido a una condena de 15 años por extorsión en otro proceso penal.
El miércoles 13 de febrero los parientes salieron triunfantes y confortables de quitarse de una vez por todas aquellos uniformes blancos y las cadenas que limitaban su libertad.
Mientras tanto la FGR señaló que de no ser así no se habría logrado una condena y “de cierta forma lograr justicia”, ya que los otros testigos no habían querido comparecer debido a que ya se habían sufrido atentados que llevaron a no presentarse ante el tribunal.
POR: El Salvador Times.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento contra el ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículo automotor, tras atropellar a una niña de nueve años en Ahuachapán.
Según el expediente fiscal, el hecho ocurrió el pasado 4 de julio en el kilómetro 114 de la carretera a Las Chinamas, cuando la menor cruzaba la vía para dirigirse a su centro escolar. Tras el atropello, el imputado intentó huir hacia Guatemala.
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán ha programado la audiencia inicial para el próximo 21 de julio.
Judicial
Condenan a 90 años de prisión a seis pandilleros por el asesinato de un agente policial en Sonsonate
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso una condena de 90 años de prisión a seis miembros de la clica San Cocos Salvatruchos, perteneciente a la MS-13, tras ser encontrados culpables de la desaparición y homicidio agravado de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido en enero de 2022 en Sonsonate.
Los condenados fueron identificados como Eduardo José Cruz Hernández, David Eduardo Hernández Zeledón y Marco Daniel Cruz Hernández, quienes estuvieron presentes durante la vista pública. En tanto, Roberto Benjamín Rodríguez Padilla, Miguel Ángel Cortez Lozano y Nelson Alexánder Chacón Rivas fueron condenados en ausencia y deberán cumplir la pena una vez sean capturados.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el agente Nahúm Elías Hernández Escobar fue privado de libertad el 2 de enero de 2022 en la colonia Sensunapán, cuando se disponía a visitar a unos familiares. En ese momento fue interceptado por los pandilleros, quienes lo obligaron a bajar de su vehículo y lo trasladaron por la fuerza en otro automóvil.
Posteriormente, fue llevado a las orillas del río Sensunapán, donde fue asesinado y enterrado en una fosa clandestina. Su cuerpo fue localizado seis días después, el 8 de enero, e identificado mediante una prueba de ADN debido al avanzado estado de descomposición.
Los seis implicados fueron encontrados culpables de los delitos de homicidio agravado, desaparición de personas y agrupaciones ilícitas. Según la resolución judicial, cada uno recibió 60 años por homicidio agravado, 25 por desaparición y 5 por pertenecer a estructuras criminales.
La FGR reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida de servidores públicos y la seguridad de los salvadoreños.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
