Judicial
Miembros de una familia confiesan cómo asesinaron a un pariente que se rehusó a ser miembro de la pandilla y quedan libres
Cinco miembros de una misma familia confesaron ser cómplices y verdugos de Carlos Alfaro, un hombre que por varios meses se opuso a ser parte de la Mara Salvatrucha (MS-13) que opera en un municipio de San Salvador. Se aprovecharon de la justicia al confesar y solicitar un proceso abreviado.
Carlos era un hombre trabajador que murió a las 7:45 de la mañana del 7 de julio de 2016. Él por muchos meses había sido acosado por los sujetos que lo presionaban para que fuera parte de la pandilla, pero esto era un camino que no estaba dispuesto a recorrer por lo cual se negó hasta el día que una bala le atravesó el cuerpo cuando abordaba el microbús de la ruta 37-A en Santo Tomás, antes de salir a hacia su trabajo.
“Se paró (frente al microbús) este muchacho, Carlos Alfaro, y ahí fue cuando yo le disparé con un arma de 9 milímetros. Y solo cayó y arrancamos con el carro hacia San Salvador”, dijo con tono firme y sin tambalear Juan Alberto C., de 26 años de edad.
Sus palabras fueron vertidas frente al juez del Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, luego que la representación fiscal y la defensa de los imputados pactaran un proceso abreviado así como el cambio de tipificación del delito de homicidio agravado a homicidio simple. Este delito que al ser confesado se negoció una reducción de pena a tres años de prisión hasta ponerlos bajo medidas cautelares y salir en libertad.
El testimonio de todos concordó en hora, fecha y lo que había sucedido. El grupo de pandilleros explicó que esperaron a su víctima por varios minutos a bordo de un carro amarillo de cuatro puertas. Las señales y el rumbo fueron dados por Raquel, una colaboradora de la zona.
Ángel S., de 32 años, era el encargado de manejar el vehículo mientras que Rudy C., de 23, fungió como copiloto; atrás se había sentado Josué V., y por último, Juan Alberto, quien era el encargado de disparar.
Según la FGR Juan y Rudy son primos de Josué y Raquel, quienes orquestaron la muerte, mientras que Ángel era el chofer y amigo de este grupo.
El resto de las confesiones
“Ese día andaba con Rudy, Josué, Jorge y Juan. Vimos a un joven con camisa verde con unos zapatos anaranjados. En ese momento Jorge disparó, él se conducía en el asiento de atrás mientras que Rudy iba de copiloto”, declaró Ángel.
La representación fiscal preguntó a Ángel:
-¿Todos estaban de acuerdo con este homicidio? -cuestionó.
-Sí -respondió sin titubear.
-¿Todos planearon el homicidio incluyendo a Raquel?”
-Sí -concluyó.
-No más preguntas -dijo el fiscal dándose por satisfecho.
Otros que rindieron su declaración fueron Rudy y Josué, quienes al igual que los otros dos complementaron y reforzaron la confesión del crimen.
Pero fue el primero quien mencionó, ante los cuestionamientos del ministerio público, que dos meses antes habían tenido discusiones con la víctima, ya que este no quería pertenecer a la pandilla y como modo de presión lo comenzaron a señalar de ser del bando contrario, una etiqueta que podría justificar su muerte.
-¿Cómo supieron que él iba a pasar por ahí? -cuestionó la Fiscalía.
-Porque cinco para las ocho pasa la 37-A. Practicante era el único bus que salía y que él (Carlos) tomaba -declaró en un tono pausado.
Las última en pasar fue Raquel V., de 22 años. Según su versión, fue la encargada de entregarlo a sus compinches y de avisar el momento exacto en el cual su víctima llegaría a la parada de buses. Esto significó el último detalle que hacía falta para terminar con su plan.
Minutos antes de que Juan Carlos muriera, se había encontrado con la mujer con la que había tenido una plática antes de emprender su camino.
La imputada entró a la sala de audiencias y señaló que ella había sido la responsable. “Yo vi a Juan Carlos, le fui a dar un abrazo, solo eso y me regresé a mis quehaceres. Me encerré y ya no supe más de él”, explicó.
-¿Sabías que lo iba a matar? -cuestionó nuevamente la FGR.
Raquel guardó silencio mientras se le llenaban los ojos de lágrimas.
-¿Participaste en el homicidio? -volvió a preguntar.
-Sí -aclaró de un tajo.
-¿Cuál era tu participación? -preguntó.
-De entregarlo -confesó mientras lloraba.
El veredicto
Luego de escuchar a los cinco imputados, el juez determinó que esto cumplía con las características de un proceso abreviado, el cual se había solicitado por las partes en el inicio de la audiencia. Asimismo, el juzgador aceptó la modificación del delito por lo cual su confesión les permitía ser condenados a tres años de prisión, algo que cedía a salir de la cárcel.
La única persona que no logró salir bien librado de esto fue Rudy, debido a una condena de 15 años por extorsión en otro proceso penal.
El miércoles 13 de febrero los parientes salieron triunfantes y confortables de quitarse de una vez por todas aquellos uniformes blancos y las cadenas que limitaban su libertad.
Mientras tanto la FGR señaló que de no ser así no se habría logrado una condena y “de cierta forma lograr justicia”, ya que los otros testigos no habían querido comparecer debido a que ya se habían sufrido atentados que llevaron a no presentarse ante el tribunal.
POR: El Salvador Times.
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
