Judicial
Juzgado programa resolución de audiencia preliminar contra exdiputado Silva Pereira
Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador emitirá el próximo 12 de febrero la resolución contra Carlos Silva Pereira, exdiputado del Partido de Conciliación Nacional (PCN), quien es acusado por la Fiscalía General de la Reública (FGR) de cohecho activo (soborno) y casos especiales de lavado de dinero y de activos.
Silva Pereira de 45 años de edad, sobornaba desde la Asamblea Legislativa, a los alcaldes para la adjudicación de obras durante los años 2002 al 2006, quien operaba desde su empresa que se dedicaba a la construcción, donde obtuvo ilicitamente $10,276,718.65, provenientes por lo menos de 26 alcaldías de el país, que, según la FGR, no cumplió con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap).
Silva Pereira, habría colocado los fondos en el sistema financiero y lo utilizó para luego adquirir bienes inmuebles, un yate, gastos suntuosos que tenía junto a su esposa. Entre esos bienes se menciona vehículos de lujo que ascienden los $50 mil.
El imputado junto a su cónyuge, Nora Emely Parada de Silva, crearon las empresas Caminos y Edificaciones S.A. de C.V. (CED) y Proveedores y Construcciones de Obras Viales, Eléctricas S.A. de C.V. (Provecom), con las cuales cometieron los delitos.
Ambas empresas se lucraron con proyectos ejecutados mayormente en las alcaldías del oriente del país, y no contaban con la experiencia necesaria, maquinaria, ni sustento legal como lo exigían los contratos y la Lacap, según señala la Fiscalía.
En octubre del 2006, Silva fue capturado en Arizona, Estados Unidos, por su ingreso ilegal; la Asamblea Legislativa le quitó su fuero como diputado suplente y después de 13 años, fue deportado en enero del 2020 a El Salvador.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
