Judicial
Juzgado programa resolución de audiencia preliminar contra exdiputado Silva Pereira
Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador emitirá el próximo 12 de febrero la resolución contra Carlos Silva Pereira, exdiputado del Partido de Conciliación Nacional (PCN), quien es acusado por la Fiscalía General de la Reública (FGR) de cohecho activo (soborno) y casos especiales de lavado de dinero y de activos.
Silva Pereira de 45 años de edad, sobornaba desde la Asamblea Legislativa, a los alcaldes para la adjudicación de obras durante los años 2002 al 2006, quien operaba desde su empresa que se dedicaba a la construcción, donde obtuvo ilicitamente $10,276,718.65, provenientes por lo menos de 26 alcaldías de el país, que, según la FGR, no cumplió con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap).
Silva Pereira, habría colocado los fondos en el sistema financiero y lo utilizó para luego adquirir bienes inmuebles, un yate, gastos suntuosos que tenía junto a su esposa. Entre esos bienes se menciona vehículos de lujo que ascienden los $50 mil.
El imputado junto a su cónyuge, Nora Emely Parada de Silva, crearon las empresas Caminos y Edificaciones S.A. de C.V. (CED) y Proveedores y Construcciones de Obras Viales, Eléctricas S.A. de C.V. (Provecom), con las cuales cometieron los delitos.
Ambas empresas se lucraron con proyectos ejecutados mayormente en las alcaldías del oriente del país, y no contaban con la experiencia necesaria, maquinaria, ni sustento legal como lo exigían los contratos y la Lacap, según señala la Fiscalía.
En octubre del 2006, Silva fue capturado en Arizona, Estados Unidos, por su ingreso ilegal; la Asamblea Legislativa le quitó su fuero como diputado suplente y después de 13 años, fue deportado en enero del 2020 a El Salvador.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
